En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el análisis del Presupuesto 2025 evidencia un preocupante retroceso en las políticas públicas destinadas a reducir las brechas de género en Argentina. A partir del informe del CEPA, queda en evidencia cómo el proyecto presupuestario profundiza las reducciones iniciadas en 2024, afectando de manera desproporcionada a mujeres y diversidades.
Políticas con perspectiva de género bajo ataque
En 2023, el 12,9% del gasto público fue etiquetado como Presupuesto con Perspectiva de Género (PPG), un indicador destinado a reducir las desigualdades de ingresos, trabajo, cuidados y salud. Sin embargo, la propuesta para 2025 reduce significativamente las asignaciones reales para estos programas:
- Solo 5 de 20 programas etiquetados como PPG muestran un aumento real en su presupuesto comparado con 2023. Entre ellos destacan la Asignación Universal por Hijo (AUH) y el Programa 1.000 días, vinculados a transferencias de ingresos.
- Ocho programas sufren una profundización del ajuste de 2024, como la eliminación de la moratoria previsional confirmada por ANSES. Esto afecta gravemente a las mujeres, quienes en su mayoría no cumplen los años de aportes para jubilarse.
- Seis programas han sido eliminados o carecen de asignación específica, entre ellos la Línea 144, la Ley Lucio y la Educación Sexual Integral (ESI). La ausencia de partidas no solo refleja falta de transparencia, sino un incumplimiento estatal hacia mujeres víctimas de violencia.
Impacto diferencial del ajuste fiscal
El ajuste fiscal propuesto no es neutro en términos de género. Al priorizar la “regla fiscal” –que obliga al equilibrio financiero mediante recortes discrecionales–, el gobierno asegura un mayor impacto sobre las políticas de género consideradas “discrecionales”. Por ejemplo:
- Programas de protección contra la violencia de género : El Programa Acompañar, vital para atender a víctimas, redujo su presupuesto un 87% entre 2023 y 2024. La Línea 144, servicio esencial de asesoramiento, enfrenta desmantelamiento operativo.
- Salud y educación sexual : La ESI y programas clave como el Desarrollo de la Salud Sexual y Procreación Responsable, registraron caídas de hasta el 99,4% en su ejecución.
Consecuencias para el futuro
De no aprobarse el Presupuesto 2025, se prorrogaría nuevamente el presupuesto de 2023, permitiendo al Ejecutivo mayor discrecionalidad en el manejo de partidas. En ambos escenarios, las desigualdades de género continuarán profundizándose.
Este retroceso no solo refleja una decisión política antifeminista, sino también una violación a compromisos internacionales de igualdad de género. El resultado: un Estado que da la espalda a mujeres y diversidades, perpetuando desigualdades estructurales y desprotección frente a la violencia.
El debate sobre el presupuesto debe ser un llamado urgente a revertir estas políticas y priorizar la equidad. Negar los recursos necesarios para cerrar brechas de género no solo afecta a las mujeres, sino que pone en riesgo el desarrollo inclusivo y sostenible de toda la sociedad.
