Tras presentar el nuevo mapa que demarca el límite exterior de la plataforma continental argentina, y que buscará ser convertido en ley por el Gobierno, el canciller Felipe Solá explicó las medidas para desalentar la pesca furtiva.
Tenemos muchas especies que nos interesan, pero hay una en especial, el calamar, que se desplaza, y entonces lo que no capturamos nosotros lo capturan los buques que le pagan licencia de pesca a la administración usurpadora de Malvinas”, explicó en diálogo televisivo con el periodista Rolando Graña por la señal de noticias A24.
Añadió Solá: “Para proteger nuestros derechos, también decidimos interrumpir algo: que todos los años debíamos intercambiar información, entre otras cosas, sobre pesca. Era para demostrar que la Argentina se llevaba bien con el Reino Unido y que no interrumpiría el desarrollo de las islas. Decidimos suspender el intercambio de información y no les vamos a informar más cuánto calamar tenemos: cuando les dábamos información a ellos les estábamos diciendo cuántas licencias de pesca podían dar los que usurpan las islas”.
Informó Solá que el Gobierno resolvió cambiar la situación derivada del arreglo de 2016 entre el entonces vicecanciller Carlos Foradori y su par británico Alan Duncan. “No fue una hoja de ruta como dice Cambiemos sino un acuerdo según el que Malvinas no es el centro de la cuestión”, dijo el canciller. “El gobierno anterior no tuvo en cuenta la manda constitucional según la cual la soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur es imprescriptible, lo mismo que los espacios marítimos correspondientes, y que la recuperación de los territorios es un objetivo irrenunciable.”
El ex presidente Mauricio Macri desplegó sobre Malvinas una política de baja intensidad”, dijo Solá. “¿Qué es baja intensidad? Disimular la cuestión de las Malvinas. Era como decirle al Reino Unido: ‘Nos llevamos bien, qué lástima lo de Malvinas’.”
Se quiere hacer creer que si uno no colabora con información actúa contra el objetivo de evitar la depredación de la pesca”, afirmó el canciller. “En 2005 las autoridades ilegales en Malvinas dieron licencias por 20 años para capturar en la zona usurpada. Si a una potencia capaz de hacer eso le damos información, ¿es cooperación o colaboración?”.
Dijo que el Gobierno busca mediante una ley aumentar las multas por pesca no autorizada, que todavía tienen los valores de 1997. “La multa más baja será de un equivalente a 300 mil litros de gasoil, más el valor de toda la pesca que haya en la bodega, más lo que sería el gasto de acarreo hasta el puerto más cercano en la costa”, anunció.
Además de la ley sobre la nueva demarcación y la norma para disuadir a los pesqueros de incurrir en la captura ilegal, Solá destacó otro proyecto para crear un consejo sobre Malvinas con participación de parlamentarios, juristas, académicos, ex combatientes y representantes de la provincia de Tierra del Fuego. “Es para diseñar, proyectar estrategias y garantizar consensos a mediano y largo plazo”, dijo.
