En el último año, los medicamentos esenciales para las personas mayores en Argentina se han convertido en un símbolo del impacto de las políticas de desregulación económica implementadas tras la asunción de Javier Milei. Desde noviembre de 2023, los precios de los medicamentos que las personas mayores utilizan habitualmente han registrado un incremento acumulado del 210,7%, superando incluso a la ya elevada inflación general del mismo período, que alcanzó el 201,5%.
La disparada de precios afecta tanto a los medicamentos con cobertura del PAMI como a los de venta libre. Por ejemplo, medicamentos como el Daflon 500, utilizado para la insuficiencia venosa, aumentaron un 228% en un año, mientras que la Aspirina Prevent, clave en la prevención de enfermedades cardiovasculares, aumentó un 217%. Este panorama resulta devastador para un sector de la población que depende de medicamentos para mantener su calidad de vida.
El programa de medicamentos esenciales gratuitos de PAMI, implementado en 2020, había significado un alivio para millones de jubilados al garantizar tratamientos para las patologías más frecuentes. Sin embargo, en 2024, este programa sufrió recortes significativos. Durante el año se redujo la cantidad de moléculas cubiertas y se endurecieron los requisitos de acceso. En noviembre, los medicamentos con cobertura PAMI acumularon un aumento del 340,7% desde la victoria de Milei, cifra que exponen la magnitud de la crisis para las personas mayores.
Mientras tanto, el poder adquisitivo de las jubilaciones continúa en caída libre. La jubilación mínima con bonos experimentó una disminución del 39,6% en términos de la canasta de medicamentos PAMI entre diciembre de 2023 y noviembre de 2024. Sin los bonos, la pérdida es aún más alarmante: 43% en el mismo período.
El caso de medicamentos excluidos del vademécum del PAMI es aún más crítico. Medicamentos como el Lanzopral, el Dermaglos y el Pantus 40 sufrieron incrementos de hasta un 71,7% en apenas tres meses. Estos ajustes, combinados con la exclusión de la cobertura, han dejado a muchos jubilados en una situación de vulnerabilidad extrema.
La política de desregulación ha priorizado los intereses del mercado sobre las necesidades de la población, en particular las personas mayores. Lo que debería ser un derecho básico —el acceso a la salud— se ha transformado en un desafío económico insostenible. La falta de una intervención efectiva no solo pone en riesgo su salud, sino también su dignidad.
Fuente: CEPA (Centro de Economía Política de la Argentina)
