La Cámara Nacional Electoral, máximo organismo nacional en materia de elecciones, analizó hoy con “preocupación” los controles de financiamiento de campaña a nivel provincial, dado que este año habrá gran cantidad de comicios anticipados que no serán alcanzados por la ley de Financiamiento de los partidos políticos, dijeron a Télam fuentes judiciales.
Esa “preocupación”, precisaron los voceros, fue expresada por los integrantes de la CNE en una reunión realizada hoy con los apoderados partidarios nacionales en la sede de ese organismo judicial, ubicado en Leandro N. Alem 232 de la ciudad de Buenos Aires.
“Se les hizo saber de la preocupación que tiene el tribunal con respecto a los controles de financiamiento de campaña a nivel provincial”, señalaron las fuentes a esta agencia, y aclararon que la inquietud se tiene “sin soslayar el federalismo”.
En paralelo, puntualizaron que “se controle a nivel nacional las campañas y que por falta de normativas no se haga en las provincias que desdoblan sus elecciones es una cuestión que la CNE viene poniendo el foco desde hace años”.
“Ya en el 2014 -remarcaron-, a través de una acordada y posteriormente con otras más, se había alertado de la situación y se había pedido que se profundicen los lazos de cooperación entre las entidades estatales nacionales y provinciales para que resulte útil el intercambio de información para prevenir, detectar y sancionar el uso de fondos de origen ilícito, proveniente del lavado de activos, el narcotráfico u otras fuentes ilegales de financiamiento”.
Ese tema fue abordado en la reunión del mediodía de la Cámara Electoral, encabezada por el juez Alberto Dalla Vía, en la que se convocó al Consejo Consultivo de Partidos Políticos.
“Estuvieron presentes los apoderados partidarios y se abordaron diversos aspectos relacionados a las Elecciones Presidenciales 2023”, detallaron los informantes.
En esa reunión, dijeron que se convocó a los partidos políticos de orden nacional a una audiencia, en el marco del Consejo Consultivo de Partidos Políticos creado por el Tribunal en el año 2007, con el objeto de considerar cuestiones operativas, logísticas y organizativas del proceso electoral 2023 como también medidas destinadas a “optimizar la transparencia” de los comicios.
También se analizó -de acuerdo a un comunicado oficial- la organización de los Debates Presidenciales que se llevarán a cabo los domingos 1 y 8 de octubre y, ante la posibilidad de una eventual segunda vuelta, un tercer debate el 12 de noviembre.
Además, se informó sobre las distintas tecnologías a utilizar, como es el caso de las pruebas piloto de biometría y el control fronterizo.
Con respecto al proceso electoral, se informó la fecha en que cerrará el padrón provisorio, programado para el próximo 25 de abril, y se definieron aspectos legales y patrimoniales de las campañas electorales y promoción de figuras públicas.
La ley de Financiamiento de los Partidos Políticos (ley 26215) reglamenta cómo se pueden financiar los partidos políticos y las campañas electorales: establece, entre otros puntos, que aquellos partidos que presenten candidaturas a cargos nacionales estarán obligados a rendir balances de sus ingresos y egresos durante la campaña, lo que deberán entregar a la Justicia federal.
En su artículo 4º la ley 26215 establece un modelo mixto por el cual los partidos políticos obtendrán sus recursos mediante el financiamiento público y privado para el desarrollo de sus actividades y campañas electorales.
El artículo 6º establece la creación del Fondo Partidario Permanente, administrado por el Ministerio del Interior de la Nación.
Los artículos subsiguientes regulan la constitución del Fondo y la distribución de los recursos entre los diferentes partidos políticos.
