La Justicia porteña ha ordenado que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se abstenga de intervenir en el operativo de seguridad de la próxima marcha de jubilados programada para el miércoles 9 de abril frente al Congreso Nacional. Esta decisión responde a múltiples denuncias sobre el accionar represivo de las fuerzas federales en manifestaciones previas de jubilados.
El juez Roberto Gallardo, del Juzgado de 1º Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº2 de la Ciudad de Buenos Aires, resolvió que el operativo de seguridad quede bajo la responsabilidad exclusiva de la Policía de la Ciudad. Esta medida busca preservar la autonomía de la jurisdicción porteña y evitar la participación de fuerzas federales en manifestaciones de carácter local.
La Confederación General del Trabajo (CGT) y la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) habían presentado recursos legales solicitando que se impida la intervención de fuerzas federales en estas movilizaciones, argumentando que su accionar en protestas anteriores resultó en detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza.
Desde la asunción del presidente Javier Milei en diciembre de 2023, se han implementado políticas de ajuste económico que han afectado significativamente a los sectores más vulnerables, incluyendo a los jubilados. Estos recortes han generado un incremento en las manifestaciones y protestas sociales.
La ministra Patricia Bullrich ha sido señalada por su enfoque de mano dura en la gestión de la seguridad. Bajo su dirección, las fuerzas federales han sido acusadas de reprimir con violencia las manifestaciones pacíficas de jubilados que se realizan semanalmente frente al Congreso. Incidentes recientes incluyen el uso de gases lacrimógenos y balas de goma, resultando en numerosos heridos y detenidos.
La decisión judicial de limitar la participación de las fuerzas federales en la próxima marcha de jubilados es vista por diversos sectores como un freno a las políticas represivas del gobierno nacional y un respaldo al derecho a la protesta pacífica. Organizaciones de derechos humanos y gremiales han celebrado la medida, esperando que contribuya a garantizar la seguridad de los manifestantes y a evitar nuevos episodios de violencia institucional.
La marcha del 9 de abril servirá como termómetro para medir la relación entre el gobierno y los sectores sociales en un contexto de creciente tensión política y económica en Argentina.
