Caso Maldonado: tres años de injusticia e impunidad

A tres años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, la única respuesta de la justicia fue un “loop” de encubrimiento. En diálogo con APU, Verónica Heredia, abogada de la familia, analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería y el papel de los medios.

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Morán

Se cumplieron tres años de aquel 1 de agosto de 2017, en el que se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la localidad de Cushamen, Chubut, luego de un accionar represivo ilegal por parte de Gendarmería Nacional. Casi 80 días después encontrarían su cuerpo sin vida, río arriba desde el epicentro de la represión, en un lugar que ya había sido rastrillado.

Tres años después no hay ningún responsable, nadie investiga y ni siquiera hay un juez a cargo. La familia sigue exigiendo respuestas mientras la justicia se debate entre la imputación o el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, sospechoso principal, y, sobre todo, por la designación de un juez y la definición de las líneas de investigación.   

Agencia Paco Urondo dialogó con Verónica Heredia, abogada de la familia, quien analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería Nacional durante el gobierno anterior y el papel de los medios a lo largo del caso.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es el estado actual de la causa?

Verónica Heredia: Hoy la causa está paralizada por dos cuestiones. La primera es que no hay juez. El Dr. Gustavo Lleral fue designado el 22 de septiembre de 2017, después de que se apartara al Dr. Guido Otranto por parcial. Lleral investigó lo que él consideró y concluyó el 29 de noviembre de 2018 que no había nada que investigar. Él entendió que Santiago murió porque ingresó voluntariamente a las aguas heladas del Río Chubut, por lo tanto determinó que no había ningún delito que investigar y archivó la causa. Durante todo 2019 trabajamos para revertir la decisión, lo que llevó a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el 5 de septiembre, dijera que efectivamente había que seguir investigando, exceptuando la desaparición forzada. Nosotros recurrimos a la Cámara de Casación Penal diciendo que había que investigar todas las posibilidades, pero, en un fallo de dos contra uno, se consideró que no. Ahí recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, donde todavía está sin resolver este planteo.

Mientras tanto, cuando la cámara indica que hay que seguir investigando, remite la causa a Lleral, quien dice que no puede, por ya haber dado su opinión fundada que no iba a cambiar. La causa pasa al juez Hugo Sastre. Este último también alega que no puede investigar porque, ante la denuncia contra Patricia Bullrich por encubrimiento, ya consideró que no había nada que investigar, por lo que se la envía a la jueza Eva Parcio, que a diferencia de los dos anteriores, es de Comodoro Rivadavia y no de Rawson. La jueza consideró que quien debía investigar era Lleral, entonces la cámara, presidida por Leal de Ibarra, volvió a designarlo. En ese momento lo recusamos porque como juez, cuya característica principal es la imparcialidad, alega que no va a serlo. La cámara lo rechazó. Presentamos un recurso de casación y el Dr. Mariano Borinsky decidió rechazar el planteo, por lo que la causa volvió otra vez a Lleral. Nosotros recurrimos y ahora estamos ante la Corte Suprema para que resuelva qué juez va a actuar y qué se va a investigar.

APU: Considerando que desde la familia lo vienen denunciando desde hace tiempo, ¿Cómo analiza la situación del espionaje ilegal del gobierno anterior?

VH: Todo el espionaje ilegal que se está verificando demuestra que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal detentan del poder político de turno. Esto realmente nos tiene que preocupar. Más allá de lo que se está conociendo, cometido desde el mismo Estado, esta es una causa estatal porque gente designada desde las estructuras estatales se dedicó al espionaje ilegal. Es muy preocupante en el aspecto de un poder que investiga lo que hizo el Estado, y un propio Estado que, desde el poder político, utiliza todo su aparato para cometer ilegalidades.

En lo particular de la causa se notaba que era así, tanto en el proceso como en los medios de comunicación. Esto forma parte del crimen de desaparición forzada, que comienza con la desaparición de una persona y continua con el ocultamiento y la negativa a reconocerlo. Para ello se necesita al propio Estado funcionando, incluyendo la implantación de pruebas y falsas pistas. Toda esta situación va a servir para demostrar las falsedades que se dijeron en la causa y la instalación de la mentira histórica de que Santiago se había muerto solo y que su cuerpo quedó ahí. Nadie explicó por qué no se encontró el cuerpo antes si ya se había rastrillado ese lugar. Además demuestra que si Santiago estuvo en ese lugar durante 78 días, y si el lugar ha sido monitoreado con drones y se lo conocen de memoria, ¿Cómo pudo pasársele a esta gente que sabía, investigaba y tenía controlado todo?

APU: ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación a lo largo del caso?

VH: Dentro de la estructura de la desaparición forzada los medios de comunicación juegan un papel imprescindible. Instalan, reproducen y amplifican el efecto demonizador sobre la persona desaparecida y sobre la utilización política, cuando fueron ellos desde los medios quienes utilizaron el caso de Santiago. Que hayan instalado que yo era abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue al solo efecto de desacreditar la denuncia, desacreditándome a mí, por relacionar al CELS con el kirchnerismo. Todo para decir que el caso era un invento del kirchnerismo.

Sin embargo, nunca dijeron que yo fui la abogada que llevó el primer y único caso de condena contra el estado argentino, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres. La condena fue en 2011, es decir que yo litigué contra el estado, durante gobiernos kirchneristas. Por eso, quienes utilizaron políticamente la causa fueron ellos. Recordemos que el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón fue el día anterior a las PASO de 2017, el cuerpo aparece el 17 de octubre, cuatro días más tarde el juez Lleral salió rápidamente a decir que Santiago se había ahogado, y al día siguiente fueron las elecciones legislativas. Se instaló la utilización política y los medios de comunicación sirvieron para este fin, como sirvieron en la dictadura. La responsabilidad de los medios debe ser cuestionada e interpelada.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

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