Lordén: debemos trabajar en la investigación y concientización sobre la fibromialgia

La diputada provincial Alejandra Lordén, presentó un proyecto de Ley para declarar de interés provincial el control del Síndrome de Sensibilización Central –Fibromialgia, reconocida como enfermedad en 1992 por la OMS, y “trabajar en su investigación y concientización”.

Esto comprende el diagnóstico, tratamiento, asistencia integral y rehabilitación, incluyendo la de sus patologías derivadas y la investigación de sus agentes causales,” explicó la diputada quien agregó que también “las medidas tendientes a evitar su propagación y la calidad de vida de los pacientes y la de sus familias, reconociendo, promoviendo, protegiendo y asegurando condiciones de igualdad, todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas personas con Sensibilidad Central”.

La Fibromialgia es una enfermedad crónica que se caracteriza por dolor muscular esquelético generalizado, con una exagerada hipersensibilidad en múltiples puntos predefinidos, sin alteraciones orgánicas demostrables. Habitualmente se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que se destacan la fatiga persistente, el sueño no reparador, la rigidez generalizada y los síntomas ansioso-depresivos.

Resulta importante destacar que la Fibromialgia afecta aproximadamente entre un dos a un cinco por ciento (2 a 5%) de la población general de diferentes países y afecta a las mujeres diez veces más que a los hombres. Se estima que alrededor del noventa por ciento (90%) de quienes deberían enmarcarse en un cuadro de Fibromialgia permanecen sin diagnóstico.

Es por ello que consideramos necesario la sanción de la presente Ley, en la cual se establecen las funciones de la autoridad de aplicación como fijar las medidas necesarias para la divulgación, concientización y sensibilización; promover el reconocimiento temprano, sus tratamientos y adecuados controles; instrumentar espacios informativos; incentivar la investigación básica y clínica; formar y capacitar recursos humanos; entre otros” citó Lordén.

La legisladora de Juntos por el Cambio aseguró que la propuesta se enmarca en el “deber como legisladores de sancionar leyes que contribuyan al bienestar y el desarrollo de todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires”.

Proponen modificar una Ley de 1958 para lograr la paridad de género en los municipios

La iniciativa fue presentada por la Red Federal de Concejalas y será ingresada en la Legislatura por la vicegobernadora Verónica Magario. La presentación fue hecha a través de un encuentro virtual.

La Plata, (InfoGEI).- La Red Federal de Concejalas realizó un encuentro virtual para presentar un proyecto que busca introducir cambios con perspectiva de género en la Ley Orgánica de las Municipalidades de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1958.

El encuentro, contó con la participación de la ex senadora pampeana María Higonet, la ministra de Gobierno Teresa García; su par de Mujer, Políticas de Género y Diversidad, Estela Díaz; la presidenta de AySA Malena Galmarini, y la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales Victoria Tolosa Paz.

Entre otros puntos, el texto pretende establecer la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género y en las comisiones de los concejos, incorporar los términos “vecinas”, “concejalas” e “intendentas” y garantizar el derecho a las licencias laborales por maternidad y paternidad.

Por medio de un comunicado, la red de concejalas sostuvo que se procura “empoderar a las mujeres políticas en gobiernos locales -es decir el ámbito de representación democrática de vecinas y vecinos- con el fin de consolidar la equidad e igualdad de oportunidades”.

El texto, que será ingresado en el Senado por la vicegobernadora bonaerense y titular de la Cámara alta Verónica Magario, tiende a buscar un equilibrio en un mapa político que tiene sólo 38 presidentas de concejos deliberantes de un total de 135 y apenas seis intendencias. 

En concreto, se plantea modificar los artículos 16, 19 y 87 de la Ley Orgánica, para lograr la igualdad a través de la asunción de concejales y concejalas respetando el principio de paridad de género. Además, se establece la modificación de los artículos 19 y 76 para observar “igualdad cuerpos deliberativos y de las comisiones”. (InfoGEI) Mg

La Ley Micaela llegó a los 135 municipios

En el día en que Micaela García cumpliría 25 años, el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual bonaerense, informó que la Ley que lleva su nombre llegó a los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires.

La Plata, (InfoGEI).- Así lo informó la titular de dicha cartera, Estela Díaz, al anunciar que el Estado bonaerense, mediante la Ley 15.134, adhiere a la Ley Nacional Ley 27.499, normas ambas, que llevan el nombre de la joven entrerriana, militante social y feminista, que fue víctima de femicidio en abril de 2017. 

Al respecto, la legislación aprobada en el primer Estado argentino, establece “la capacitación obligatoria y permanente en perspectiva de género y prevención de las violencias contra las mujeres y personas LGTB+ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia, cualquiera sea su nivel o jerarquía”.

El caso de Micaela evidenció la ausencia de perspectiva de género en el Estado y la urgente necesidad de capacitar a todo el personal para construir políticas públicas integrales que erradiquen las desigualdades de género y las discriminaciones y apunten a terminar con las violencias por razones de género hacia las mujeres y lesbianas, gays, travestis, trans, bisexuales y otras identidades no heteronormativas.

El Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires es la autoridad de aplicación de la Ley Micaela en el Poder Ejecutivo bonaerense para sus 500.000 trabajadoras y trabajadores.

Invitación a municipios

Para iniciar el trabajo en articulación con los municipios, el Ministerio, en coordinación con el Instituto Provincial de la Administración Pública (IPAP), puso en marcha el Programa de Formación de formadoras y formadores en Ley Micaela, que fortalece los procesos de adhesión a la norma y capacita a núcleos de trabajadoras y trabajadores municipales en temáticas de género para que puedan replicar los contenidos en sus respectivas localidades.

La Ley Micaela en contexto de pandemia

A partir del aislamiento social, preventivo y obligatorio, las capacitaciones municipales debieron ser adaptadas al formato virtual. En ese marco, el programa se está desarrollando en dos etapas: un curso de sensibilización en temáticas de género y un curso de formación.

En mayo, cuando los Concejos Deliberantes comenzaron a sesionar de manera continuada, creció el número de adhesiones, aumentó la demanda de información de los municipios en coincidencia con la definición y comunicación de políticas activas de parte de Ministerio.

Etapa de sensibilización

Esta semana finalizó la etapa de sensibilización en todos los municipios de la Provincia de Buenos Aires que, en total, abarcó a 1.600 trabajadoras y trabajadores. Para lograr el alcance en todo el territorio se establecieron ocho regiones. Cada curso se desarrolló en una región y se incorporó uno más, destinado a quienes no pudieron realizarlo antes. Cada capacitación tuvo una duración de una semana, con clases diarias y un acompañamiento continuo del equipo de tutoras.

En la semana del 17 de agosto comenzará la segunda etapa del Programa de Formación de Formadoras y Formadores. Esta etapa tiene como objetivo profundizar herramientas conceptuales y prácticas en materia de género, así como también brindar encuadres y lineamientos pedagógicos desde la educación popular para el diseño y desarrollo de propuestas de formación en perspectiva de género y prevención de las violencias por razones de género.

Articulación

El enlace con los gobiernos locales se realizó a través del Consejo de Articulación con los Municipios y sus coordinadoras regionales organizaron la inscripción de la capacitación con las áreas de género y las autoridades de los Honorables Concejos Deliberantes de cada distrito

La coordinación general de las capacitaciones está a cargo de Paula Belloni, titular de  la Unidad de Formación, Investigación y Políticas Culturales y de Néstor “Yuyo” García, Director de Formación y Capacitación.

Capacitadores

El equipo pedagógico lo integran Fernanda Ronconi, Sofía Lezcano, Sol Calandria y Claudia Villamayor; las contenidistas y docentes Mirta Bruno, Julieta Cano, Sofía Breccia, Verónica Misseri, Paula Soza Rossi y Nuria Insaurralde; y las tutoras Silvina Neer, Claudia Montesino, Marilina Romero, Natalia Nievas, Micaela Villa y Emilia Baucero Miotto.

Adhesiones

Al 31 de mayo habían adherido a la Ley Provincial 15.134, 54 municipios. Luego de la primera etapa del Programa de Formación de formadoras y formadores, al 31 de julio adhirieron 77 municipios. Es decir, 23 municipios adhirieron a la Ley Micaela bonaerense durante el desarrollo del curso, lo que resulta en un crecimiento de las adhesiones del 43%. (InfoGEI)Jd

Solicitan que se declare a la odontología como profesión de Alto Riesgo

Mediante un proyecto, la diputada provincial Alejandra Lordén, solicitó al Congreso Nacional, que declare a la Odontología como profesión de alto riesgo, en razón de ser una de las profesiones más expuestas al momento de su práctica, al contagio no solo del actual virus COVID-19, sino también de diversas enfermedades de distinta peligrosidad.

La diputada explicó que “El servicio odontológico es una parte del equipo básico de salud, y se considera, según estudios, que es una de las profesiones que mayor nivel de exposición y de transmisión cruzada tiene”.

El Ministerio de Salud Nacional manifestó: “…en el escenario epidemiológico actual, en términos generales deben evitarse o posponerse, todas las consultas odontológicas, que no sean consideradas de emergencia y/o urgencia”.

Actualmente, solo es posible la intervención odontológica solamente en dichos casos, y lo cual se debe realizar, por supuesto, dentro de los protocolos establecidos, lo que derivó en una notablemente disminución de la actividad, sumando a eso, la falta de insumos y el elevado el costo de los existentes.” aseguró Lordén remarcando que esta problemática no es solo actual, “ya que esta profesión se encuentra en un alto riesgo permanente”.

En otras provincias ya han presentado iniciativas en el mismo sentido, lo que demuestra que el requerimiento y la necesidad es a nivel nacional.” concluyó la legisladora de Juntos por el Cambio.

La Defensoría reclamó a las administradoras de planes de ahorro que cumplan con la ley

El organismo apuntó contra estas empresas por el aumento desproporcionado de las cuotas. También le exigió más controles a la Inspección General de Justicia.

La Defensoría del Pueblo bonaerense le exigió a las empresas que administran planes de ahorro para la compra de autos 0 kilómetro que se abstengan de realizar prácticas por fuera de la ley, y que respeten los intereses y derechos constitucionales que protegen a los usuarios y consumidores.

El pedido del organismo que conduce Guido Lorenzino apunta a las sociedades anónimas de ahorro para fines determinados y a las administradoras de planes de ahorro para  la adquisición de automóviles, a quienes les pidió que cumplan con las resoluciones dictadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) que regulan su funcionamiento.

Nuestro reclamo es en apoyo a la gran cantidad de usuarios que se acercaron a la Defensoría para denunciar el aumento desproporcionado de las cuotas de sus planes de ahorro, un problema común a la inmensa mayoría que eligieron esta modalidad para comprar un auto. Son incrementos que están por encima de la inflación o el aumento del dólar y que los deja en una situación de vulnerabilidad económica”, sostuvo Lorenzino.

Entre los puntos denunciados por los usuarios aparecen el incumplimiento por parte de las administradoras de planes de la obligación de avisar sobre la suba de las cuotas, no brindar la posibilidad a los adherentes de elegir entre continuar dentro del plan contratado oportunamente o resolver su contrato, y no aplicar las bonificaciones o descuentos que se ofrecen al público en general en las concesionarias por autos del mismo modelo, entre otros.

Además, en su recomendación la Defensoría le pidió a la IGJ, que es el organismo estatal encargado controlar el funcionamiento de las administradoras, que cumpla con sus tareas de inspección para que no siga permitiendo que se produzcan estos aumentos desmedidos y desproporcionados, y que ofrezca soluciones equitativas para terminar con el perjuicio contra los suscriptores de los planes de ahorro.

Esta situación hace que se pierda la finalidad del sistema de ahorro y que el usuario quede desprotegido, porque las administradoras sólo garantizan que las automotrices sigan vendiendo a costa de los esfuerzos de los ahorristas. Es necesario el respeto de la ley y todos los controles posibles para que esto se termine”, sostuvo Lorenzino.

Buena noticia para inquilinos

El Gobierno promulgó la Ley de Alquileres. Los principales puntos de la ley aprobada el 11 de junio, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación y establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos.

El Gobierno promulgó hoy la Ley de Alquileres -sancionada el 11 de junio por la Cámara alta-, que establece nuevas reglas para los contratos de locación que benefician a los inquilinos, como el aumento de los años de duración de los convenios y la obligación de proponer dos garantías a elegir por el propietario.

La Ley 27.551, que modifica el Código Civil y Comercial de la Nación, quedó promulgada a través del Decreto 580/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial. Había sido aprobada por 41 votos del oficialismo y sin la presencia de la oposición.

Los puntos principales de la nueva legislación

• El mes anticipado y el depósito de garantía no pueden ser mayores al equivalente a un mes de alquiler, respectivamente.

• El reintegro del mes de garantía debe realizarse en efectivo al momento de la restitución del inmueble, al valor del último mes de alquiler.

• El plazo mínimo del contrato se amplía de dos a tres años, con las excepciones del artículo 1199 del Código Civil y Comercial de la Nación.

• Aquellas expensas que deriven de gastos habituales, es decir, vinculados a los servicios normales y permanentes a su disposición quedan a cargo del locatario. Las expensas extraordinarias debe pagarlas el locador.

• Los gastos a cargo del locador pueden ser compensados por el locatario con el importe de los alquileres, previa notificación fehaciente.

• La intermediación solo puede estar a cargo de un profesional matriculado para el corretaje inmobiliario.

• En cuanto a la garantía, el locatario debe proponer al menos dos alternativas entre título de propiedad inmueble, aval bancario, seguro de caución, fianza o garantía personal del locatario (recibo de sueldo, certificado de ingresos, etc.).

• Sobre el valor de la garantía, el locador no puede requerir garantía que supere el equivalente a cinco veces el valor mensual de la locación, salvo el caso de que la garantía sea de ingresos, en cuyo caso puede elevarse a diez veces.

• Respecto a la actualización monetaria/indexación, la nueva ley excluye a los contratos de locación de los arts. 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad 23.928.

• En la fijación del valor de los alquileres solo se admiten ajustes anuales, que deben seguir un índice conformado en partes iguales por el IPC (índice de precios al consumidor) y el RIPTE (remuneración imponible promedio de los trabajadores estables).

• Se establece la obligatoriedad de declarar los contratos de locación ante la AFIP.

• Se crea el Programa Nacional de Alquiler Social para la adopción de medidas que faciliten el acceso a la vivienda digna en alquiler mediante contratación formal; entre ellas: la especial consideración de las personas en situación de violencia de género, la regulación de la actividad de las entidades que otorgan garantías de fianza o seguros de caución, la promoción de un seguro obligatorio para cubrir las faltas de pago de alquileres y las indemnizaciones por daños y ocupación indebida de inmuebles.

• Se dispone el desarrollo de mecanismos de bajo costo o gratuitos para la resolución de conflictos derivados de los contratos de locación (Télam).

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