Un informe ordenado por el juez federal Ariel Lijo a la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado confirma los cálculos de la fiscal comercial Gabriela Boquin, por los que se opuso en su momento al acuerdo entre el Estado Nacional y la empresa del Grupo Macri. Corría el año 2016, primero del gobierno de
