“Bolivia ha recuperado la democracia”, dice Luis Arce tras ganar la Presidencia y promete un gobierno de “unidad nacional”

Bolivia “ha recuperado la democracia, quiero decirle sobre todo a los bolivianos, hemos recuperado las esperanzas”, dijo Luis Arce en rueda de prensa junto a su vicepresidente David Choquehuanca

El candidato del MAS  Luis Arce, afirmó que Bolivia “ha recuperado la democracia” tras ganar este domingo las elecciones presidenciales en primera vuelta, y prometió que conformará un gobierno de “unidad nacional”.

Vamos a trabajar para todos los bolivianos, vamos a construir un gobierno de unidad nacional”, agregó Arce, quien agradeció en Twitter “el apoyo y confianza del pueblo boliviano”.

El economista Luis Arce, que fue artífice del milagro económico de Evo Morales y era su hombre en los comicios del domingo, será el próximo presidente de Bolivia, según dos proyecciones privadas.

Según el canal de televisión Unitel, Arce, candidato del Movimiento al Socialismo (MAS), se impuso en la primera vuelta de las elecciones con 52,4% de los votos, muy por encima del 31,5% de su inmediato rival, el centrista Carlos Mesa.

La fundación Jubileo dio a Arce el 53% de los votos y a Mesa el 30,8%.

Evo Morales celebró anoche la victoria del candidato de su partido: “Lucho (apodo del candidato del MAS) será nuestro presidente (…) el devolverá a nuestra patria el camino del crecimiento económico”, dijo Morales en una declaración leída a la prensa en Buenos Aires.

La presidenta de facto que llego al gobierno a través de un golpe de estado, Jeanine Añez, enemiga acérrima del MAS, también admitió su victoria.

“Aún no tenemos cómputo oficial, pero por los datos con los que contamos, el Sr. Arce y el Sr. Choquehuanca han ganado la elección. Felicito a los ganadores y les pido gobernar pensando en Bolivia y en la democracia”, escribió en Twitter.

Posición Argentina ante las elecciones en BID

Argentina agradece especialmente a los países regionales y extra-regionales que acompañaron su postura de abstención en la Asamblea Extraordinaria de Gobernadores que eligió hoy al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo.

La postura de abstención cosechó el 31,23% de los votos emitidos, guarismo que se obtuvo a partir de la decisión de Chile, México, Perú y Trinidad y Tobago, más los países de la Unión Europea, lo que representa un total de 16 países en la misma posición, sobre los 30 que obtuvo en su favor el único candidato presentado, Mauricio Claver Carone, a quien saludamos en su nuevo rol en la institución.

Nuestro país, como socio relevante y estratégico del BID, continuará bregando por una agenda de inclusión social y desarrollo humano sostenible de la institución, que exprese los intereses de América Latina y el Caribe.

Fuerte repudio de las organizaciones sociales a las declaraciones de Duhalde

El expresidente había sugierido que no habrá elecciones legislativas el año próximo, e incluso mencionó la posibilidad de “un golpe de Estado”. “No hay lugar para esos presagios golpistas” en Argentina, aseguraron.

Dirigentes del amplio abanico de las organizaciones sociales del país repudiaron hoy las declaraciones del expresidente Eduardo Duhalde que sugirió que no habrá elecciones legislativas el año próximo, e incluso mencionó la posibilidad de “un golpe de Estado”, y aseguraron que “no hay lugar para esos presagios golpistas” en Argentina.

Manifestamos nuestro repudio absoluto a los dichos de (Eduardo) Duhalde. La democracia en nuestro país está garantizada por el compromiso de toda la ciudadanía. No hay lugar para esos presagios golpistas. Todo el arco político desde el oficialismo a la oposición debe sumarse a rechazar sus palabras”, dijo a Télam el subsecretario de Políticas de Integración y Formación de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social y coordinador nacional de Somos-Barrios de Pie, Daniel Menéndez. .

Desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), en diálogo con Télam, el presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo Evita, Gildo Onorato, calificó a Duhalde de “irresponsable” y a sus declaraciones “fuera de la realidad” y “poco serias” y recordó que “no muestra ningún tipo de documentación que las respalde”.

Jonathan Thea, director general de Coordinación Institucional en Jefatura de Gabinete de Ministros y secretario general del Movimiento Evita-CABA, afirmó a Télam que lo que dijo Duhalde “es un disparate” y consideró que “pretende convertirse en vocero de los sectores concentrados de la Argentina” ya que “no hay condiciones en la Argentina para un golpe de Estado”.

El diputado y líder de la Corriente Clasista y Combativa, Juan Carlos Alderete, relacionó en diálogo con esta agencia “las declaraciones de sectores de la oposición durante la manifestación del 17 de agosto y las declaraciones de Duhalde” y consideró que indican que “en Argentina hay sectores que trabajan para generar desestabilización”.

Gastón Harispe, diputado del Parlasur (FdT), y titular del Movimiento Octubres, afirmó que “en Argentina no hay peligro de golpe de Estado, ya que no hay Fuerzas Armadas que estén en sintonía con esa estrategia”, como ocurrió en otras épocas, y dijo que la de Duhalde es “una expresión antinacional y antipopular, que expresa el deseo propio y de un sector minoritario”.

Desde el Frente Nacional Campesino (FNC), su presidente Benigno López, consideró también que “no existe tal clima” porque “las Fuerzas Armadas están integradas al sistema democrático” y su rol es “la defensa de la soberanía nacional” en un marco de democracia.

Entendemos que (Eduardo) Duhalde no es un profeta sino que hace de vocero de las corporaciones multinacionales”, apuntó López a Télam.

Para la dirigencia nacional del Frente Popular Darío Santillán (FPDS) las palabras de Duhalde “son institucionalmente graves y atentan contra el sistema democrático” y recordó que el expresidente es el mismo que “después de 18 años sigue sin dar explicaciones sobre los asesinatos de Dario Santillán y Maximiliano Kosteki durante su gobierno, habla con liviandad, ejerce presión y continúa sentándose con funcionarios, políticos y periodistas”.

Por otra parte, el dirigente de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, consideró que lo dicho por Duhalde demuestra que “poco le interesa la democracia” y reafirmó la “unidad” de los movimientos sociales y su “repudio total” y “defensa absoluta de la democracia en la Argentina”.

El secretario de DDHH de la UTEP y coordinador nacional de la Organización Los Pibes, Angel Lito Borello, se expresó en el mismo sentido e interpretó en diálogo con Télam que “existen fuertes intereses desestabilizadores que buscan condicionar o arrinconar al Gobierno Nacional”.

En tanto, la referente nacional del Movimiento Popular La dignidad, Laura Bitto, dijo a Télam que “la contradicción es corporaciones versus democracia” y dijo: “Que no inventen fantasmas de golpes de Estado. Justo en nuestro país, con la historia de dictaduras que arrastramos y la lucha por la memoria, la verdad y la justicia que supimos construir. Cuando la oligarquía y el poder ven amenazados sus intereses inventan golpes de Estado”.

Eduardo Belliboni, referente nacional del Polo Obrero (PO) también cuestionó los dichos de Duhalde, por considerar que “la política más activa” durante su gobierno fue “la represión a los movimientos sociales”, al igual que lo hizo Luis Espinosa, referente del Frente Villero Peronista (FVP), quien consideró que lo que hizo fue “una clara apología a las dictaduras militares”.

Bolivia movilizada con carreteras bloqueadas y con paro indefinido en defensa de la democracia

El lunes 3 de agosto a partir de las 00:00 horas comienzó el paro indefinido a nivel nacional en defensa de la vida y la democracia en Bolivia. El paro se lleva a cabo en conjunto con bloqueos en todas las carreteras del país. Por este motivo, la central obrera boliviana (C.O.B.) pidió a la población tomar su provisiones.

Por Verónica Zapata, periodista y psicóloga boliviana

La decisión fue tomada el 28 de julio mediante un gran cabildo realizado en El Alto, La Paz, donde se convocaron mediante una gran marcha multitudinaria todas las organizaciones sociales de los 9 departamentos del país.

El pueblo boliviano se siente burlado con las sucesivas postergaciones de la fecha electoral y reclama que se realicen las elecciones el 6 de septiembre, como estableció el Tribunal Supremo Electoral (T.S.E.) en conjunto con las diferentes fuerzas políticas.

Los movimientos sociales rechazan que la elección se postergue hasta el 18 de Octubre como anunció unilateralmente Salvador Romero, presidente del Tribunal Supremo Electoral con la excusa de la pandemia.

Las elecciones debieron llevarse a cabo el 22 de enero que venció el mandato del presidente constitucional y legítimo de Bolivia, Evo Morales, pero se postergaron por “falta de tiempo” para el 3 de mayo, luego para 6 de septiembre y finalmente para el 18 de Octubre con la excusa de la pandemia.

Las elecciones en Bolivia se postergaron por tercera vez, con la escusa de que el pico de contagios coincidiría con la fecha electoral. Dichas proyecciones vienen corriéndose cada vez que se anuncia una nueva fecha electoral, en un país donde no hay una política de contención de los contagios por Covid-19, los contagios y las muertes van en aumento, bajo un macabro plan de provocar contagios y profundizar la crisis sanitaria que atraviesa el país.

Bolivia necesita elecciones para reencauzar al país a la vía democrática y elegir un gobierno legítimo que pueda enfrentar la crisis social, sanitaria y económica que se atraviesa y que promete agravarse en el tiempo.

El gobierno de facto se enfoca en la persecución, la judicialización y el encarcelamiento de dirigentes, militantes, y todo aquel que piense diferente.

Y ha dejado a la deriva al pueblo boliviano frente a la pandemia lo que está provocando un genocidio en el país con el silencio cómplice de los medios de comunicación.

Argentina sigue con “atención” y “preocupación” los procesos electorales en Bolivia y Ecuador

El Gobierno nacional observa con “preocupación” y sigue con “atención” los procesos electorales que se desarrollan en Bolivia y en Ecuador, convencido en rechazar cualquier “maniobra que intente afectar la voluntad popular”, en esos países​.

Siempre sobre la base del respeto a la autodeterminación de las Naciones y la no injerencia en asuntos internos de otros Estados -algo que Argentina reclama para la superación de la crisis en Venezuela-, la Casa Rosada no está dispuesta a ignorar las recientes denuncias hechas por los expresidentes Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador) sobre los intentos de “proscripción” de esos líderes y de sus fuerzas políticas, de cara a los próximos comicios generales en esos países.

Desde la Cancillería seguimos con atención y vemos con preocupación maniobras que intenten afectar la voluntad popular, a través de acciones, como la manipulación del calendario electoral, la intención de proscripción de dirigentes políticos o de impedir la participación de fuerzas políticas”, declaró a Télam, el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

En los últimos días, los tribunales electorales de Bolivia y Ecuador tomaron decisiones que generaron un fuerte rechazo de organizaciones sociales, sindicatos y fuerzas de izquierda y que fueron denunciadas como un intento de “proscripción” por Correa (desde Bélgica) y Morales, quien reside en Argentina en condición de refugiado político, tras el golpe de Estado y un breve exilio en México.

En un clima de creciente tensión política, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia anunció el pasado jueves una nueva postergación de los comicios generales por la pandemia de coronavirus, y los convocó para el próximo 18 de octubre, en una decisión que Morales calificó como un “nuevo golpe a la democracia”, y encendió luces de alarma en el Movimiento al Socialismo (MAS), que lidera el exmandatario y en la COB, principal central obrera.

Las elecciones presidenciales habían sido programadas inicialmente para mayo, pero con la irrupción del Covid-19, primero fueron postergadas al 6 de septiembre y ahora al 18 de octubre, con la anuencia del Gobierno de facto de Jeanine Áñez.

La contienda electoral reemplazará así a los comicios del año pasado, en los que Evo Morales logró su reelección, pero que luego fueron anulados por denuncias de fraude nunca comprobadas.

Bolivia elige

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que fijara un nuevo plazo para realizar las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora  informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de septiembre.

Por Verónica Zapata * para Del Pueblo Noticias

El T.S.E.  Informo que en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales.

Por otra parte, el secretario general de la O.N.U. realizo un pedido a los partidos y autoridades para que cooperen con el T.S.E. en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas: “A solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles”, sostuvo.

La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones generales

El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria. De esta manera, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez.

El primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se auto prorrogó el mandato junto a la asamblea legislativa hasta el 3 de mayo, en un accionar de avasallamiento al derecho jurídico. La intención de los golpistas es de volver a auto prorrogarse el mandato, pero esta vez, de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.

 El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo para convocar a cada sector de la sociedad con el fin de enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

Hasta el momento el gobierno de facto no ha podido garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero no se conoce el destino de los fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario.

El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al T.S.E. que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90 días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales hasta el 3 de agosto.

Áñez rechazo la medida y presentó un amparo de inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.

Para lograr que se vuelva a retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena.

Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país. El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos  10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas.

Durante el primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de comunicación funcional al golpe de estado, distorsionaban la realidad y afirmaban que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del M.A.S.

Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en kara kara, ciudad situada al sur de Cochabamba donde se desató una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines.

También, en El Alto se reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.

Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como una “noche de festejo de año nuevo” en Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza.

Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades económicas para sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción del gobierno de facto, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, etc., fueron  caldeando densamente el clima político y social en el país las últimas semanas.

Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si estos continuaban con los bloqueos, el pedido de elecciones, y como contrademanda exigieron el cierre de la asamblea legislativa y la postergación de las elecciones.

Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia le realizó fuertes criticas. El 10 de mayo el presidente de la conferencia episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no dedicarse con eficiencia  a cuidar la salud de las y los bolivianos. 

Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar elecciones.

La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en jefe  de las F.F.A.A. de Bolivia general Sergio Orellana ingresó a la asamblea legislativa  para dar un ultimátum con plazo de una semana con el fin de que se apruebe una lista de ascensos de militares presentada a la asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara rechazó el 18 de mayo siguiendo la normativa constitucional que establece que: “La propuesta de ascensos debe ser enviada por el ejecutivo al senado para que esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”.

Eva Copa, la presidenta del senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse posterior a  la elección de un gobierno democrático.

Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe, el primero contra su persona el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Áñez se auto prorrogó el mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se presento como candidata presidencial para una próxima elección.

Y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar como única opción con cierre de la asamblea legislativa de la cual dos tercios pertenecen al M.A.S., la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola la de 1994 con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente  exclusión de la vida política y de la distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.

Anteriormente el 10 de mayo Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué  los norteamericanos entregaron en el estado mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50 mil dólares por día”.  

Esta situación de ofensiva militar a la asamblea legislativa, último bastión democrático e  institucional en pie dentro del país pos golpe d estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de los fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales, medios de comunicación, etc., que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019.

Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos del jefe de las F.F.A.A.  Sergio Orellana a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar la constitución nacional que en su Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del presidente”.

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