IOMA: “La gestión de Vidal dejó 28 muertes documentadas”

Las víctimas y familiares de violencia institucional del Ioma publicaron una carta abierta en el cual denuncian tambíen hechos de corrupción de la AMP (Agremiación Médica Platense).

Por víctimas y familiares de violencia institucional del IOMA*

Ante los hechos de público conocimiento sobre el conflicto entre el IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) y la AMP (Agremiación Médica Platense), nuestra organización se posiciona a favor de visibilizar los hechos de corrupción generados por esta agremiación, las pruebas determinan un desfalco no a la obra social en sí, sino a los afiliados. Por ende ese dinero que debe ser recuperado, es de los afiliados para sus remedios y tratamientos.

 Consideramos:

Que los 400 millones de pesos entregados a las clínicas privadas en forma de préstamo, el desfalco y el faltante declarado por el Ministro de Salud Gollan, durante la gestión Di Liscia- Vidal y la estafa generada por la AMP, determinan que los recursos económicos del IOMA son vastos para cubrir los tratamientos y las necesidades que los afiliados requieren por derecho humano de salud.

Durante las declaraciones del presidente del IOMA, Homero Giles, ante las Comisiones de Previsión y Seguridad Social, hace mención de un fallecido (no da su nombre) y responzabiliza a la AMP de la misma, nuestra organización Víctimas y Familiares de Violencia Institucional del IOMA, surge a partir de las muertes generadas en la gestión Vidal- Di Liscia – Naya y se originan por la misma razón, estafas, vaciamiento y desfalco, por eso decimos que no es una muerte, sino que son 28 muertes documentadas y cientos en investigación.

La carencia estructural se intenta recomponer pero las falencias en tiempo y forma todavía persisten y afectan con gravedad a los afiliados en su justo reclamo del derecho a la salud. 

Por todo lo expuesto reclamamos:

– Visibilidad y memoria de las víctimas del IOMA durante la gestión Vidal y durante ésta gestión.

– Efectividad en todas las prestaciones que requieran los afiliados (tratamientos, entrega de medicamentos en tiempo y forma) porque los recursos existen.

– La salud es un derecho humano, nadie es juez ni dueño de la vida del otro.

– Por eso como organización que defiende la vida y la salud de los afiliados, exigimos que ante el superávit generado por los puntos enunciados, no se dilaten más los tiempos en las prestaciones.

  – La salud es un derecho humano.

* Mirna Romagnoli, Luis Ciuffarella, Gabriela Fantin y Sergio Lucero

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

“Aranguren le costó al Estado 561 millones de dólares”

Lo aseguró Federico Bernal, actual interventor del ENARGAS, a la Agencia Paco Urondo  y habló sobre la denuncia penal que realizó en contra del ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y otros ex funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Por Álvaro Erices 

En su carácter de interventor del ENARGAS Federico Bernal, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la denuncia penal que impulso contra el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y otros funcionarios por violar, a fines del año 2017, el marco regulatorio del gas (según la Ley 24.070) mediante la implementación de un pacto de precios denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”. Según la denuncia el objetivo era garantizarles a las empresas gasíferas un ingreso superior al que supuestamente hubiese surgido de la libre negociación. 

La denuncia penal recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la jueza Elizabeth Alejandra Paisán y expresa la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal de la Nación) por parte de Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente de ENARGAS, Daniel Alberto Perrone, los ex directores del organismo, Diego Fernando Guichón, Griselda Lambertini y Marcos Pourteau, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Carlos Alberto María Casares, y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales.

La denuncia solicitó que los perjuicios económicos sean soportados por los imputados en los términos de los arts. 23 y 29 del Código Penal de la Nación, agregando el “perjuicio preliminar” generado por el Decreto 1053/2018 que en su art. 7 expresa: “Que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”. 

ENARGAS actualmente está a la espera del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que en su momento denunció penalmente al ex secretario de Energía Javier Iguacel por intentar socializar entre las usuarias y usuarios la enorme deuda de las distribuidoras para con las productoras de gas tras la megadevaluación efectuada por Mauricio Macrì desde el Poder Ejecutivo de la Nación.  Según la acusación, el perjuicio generando por las maniobras denunciadas asciende a un total de 561 millones de dólares. 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Con qué se encontró al llegar a ENARGAS? 

Federico Bernal: De lo que puedo decir, porque está en marcha un proceso de revisión y auditoría, es que me encontré un organismo vaciado en gerencias estratégicas que deberían haber trabajado en la protección de los usuarios y usuarias; gerencias abandonadas o con muy poco personal; otras relacionadas a ciertas cuestiones de regulación de contratos de licencia con muchísima gente, sobrepobladas. En definitiva, me encontré con un ente desmantelado, tal como el presidente Alberto Fernández se encontró el país el 10 de diciembre pasado. 

APU: ¿Tiene la Argentina la “crisis energética” que expresaba el macrismo?  

FB: Macrì al asumir como presidente planteó que había heredado una situación de “crisis energética” y también lo hizo a través de Juan José Aranguren, su ministro de Energía y Minería. Yo no comparto esa aseveración. En cambio, el presidente Alberto Fernández sí recibió una crisis energética producto de la política neoliberal en la materia, tanto tarifaria como energética en general, con paralización y demoras en las obras de infraestructura en materia de gas natural; de lo cual estoy viendo mucho en este momento. Sobre la política tarifaria, la estoy estudiando y ya hay indicios y pruebas de alejamiento del marco regulatorio de ciertas cuestiones y en otras estamos en proceso de ese trabajo. Por eso la denuncia formal. 

APU: ¿Cuál es el objeto de la denuncia realizada contra Juan José Aranguren y otros ex funcionarios? 

FB: Hay que dejar claro que no estamos denunciando aquí una política energética errónea. Lo que detectamos con pruebas es que Juan José Aranguren y sus funcionarios, tanto ministeriales como del anterior ENARGAS, realizaron una intervención ilegal para favorecer a empresas productoras de gas. Actuaron en contra de la ley 24.076 y establecieron un pacto no permitido por ella y lo trasladaron obligatoriamente a los usuarios y usuarias de nuestro país. El problema es que Aranguren violó el marco regulatorio del gas.

APU: ¿Cuál es el real perjuicio económico que expresa la denuncia?

FB: Estamos hablando de un grave perjuicio para el Fisco Nacional y para los bolsillos de los usuarios y usuarias. Por el primero, la violación del marco regulatorio generó un costo fiscal de 393 millones de dólares y, para los segundos, un costo de 168 millones de dólares. Es decir, Araguren le costó al Estado 561 millones de dólares. Esto debe ser resarcido por los denunciados. 

APU: ¿Cuál es el rol que jugó el acuerdo denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”?

FB: Producto de todo ese acuerdo de “bases y condiciones” entre empresas amparadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación a fines de 2017 se fijó una escala ascendente de precios en dólares, lo que se llamó “la tablita de Aranguren”, que fueron trasladados a las tarifas. Este pacto de “bases y condiciones” se usó de referencia para todas las resoluciones que dictó el ENARGAS respecto de los cuadros tarifarios que empezaron a regir en abril de 2018. De esa deuda enorme generada, a Javier Iguacel se le ocurrió trasladársela a los usuarios y usuarias de red de gas en veinticuatro cuotas. De acá derivó la denuncia del fiscal Marijuan. Pero luego del escándalo, Macrì decidió que la pague el Estado en treinta cuotas.  

APU: ¿Habría que actualizar el marco regulatorio establecido por la ley 24.076?   

FB: Puede ser que la 24.076 tenga muchas cosas para ser mejoradas. Es una ley que tiene casi treinta años. Ya el hecho del tiempo transcurrido es algo que debería llevar por lo menos a una actualización. 

APU: ¿Argentina debería tener una nueva ley de hidrocarburos con una lógica adecuada a nuestro tiempo histórico? 

FB: Por supuesto que hay mucho para cambiar. La ley 17.319 es de la década del sesenta y tenemos infinidad de resoluciones, leyes, normativas de otros tiempos. Lo que sí se debe reconocer es que los dos marcos regulatorios en el caso de la energía, es decir, el del gas y el de la electricidad, son tomados en el mundo como modelo. Lo que ocurre es que la clave es hacer y cuidar que se cumplan. La intervención que presido está abocada a eso. Hay muchas cosas por mejorar, pero eso tiene que darse en el marco de una política energética soberana y que recupere todos los grados de libertad respecto de lo que ha sido la influencia y la injerencia de intereses privados locales y extranjeros. 

APU: ¿Qué es la soberanía energética?  

FB: Ser soberanos energéticamente es poder decidir una política energética sin influencias de terceras naciones o de intereses sectoriales y privados. Así como en materia industrial el Poder Ejecutivo toma decisiones soberanas favorables a la Nación y a su pueblo, en materia energética es lo mismo. 

APU: ¿Se ha recuperado la soberanía energética desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy? 

FB: Hoy la política energética volvió al Poder Ejecutivo. En la gestión anterior estaba lisa y llanamente en manos de intereses que no eran los de la sociedad argentina y, por supuesto, hay todavía mucho que desandar en materia de política energética heredada y eso tiene que ver con los resultados a los que arriben las intervenciones del ENRE y del ENARGAS y, por otra parte, de todas aquellas decisiones de política energética que emanen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación conducido por Matías Kulfas y de la Secretaría de Energía de la Nación dirigida por Sergio Lanziani; que tiendan a posicionar a la energía y a los servicios públicos derivados de ella como Derechos Humanos. 

APU: ¿Cómo sería el entrecruzamiento entre Energía y Derechos Humanos? 

FB: Pensar, razonar y ejecutar la política energética en materia de servicios públicos como Derechos Humanos significa que, por ejemplo, las tarifas sean efectivamente justas y razonables, que sean servicios públicos y no bienes de lujo, que los mayores costos de producción vinculados al servicio público no los afronte la ciudadanía ni los sectores populares, sino que sean como una política de Derechos Humanos donde el Estado cumpla un rol protagónico para cuidar y promover que ese derecho humano que es tener luz y gas pueda ser un servicio público esencial y una herramienta para el desarrollo y para el crecimiento de la movilidad social ascendente y la calidad de vida de la población, en lugar de ser un bien de lujo o un commodity o un negocio para pocos como sucedió durante la gestión de Mauricio Macrì. 

APU: Como interventor del ENARGAS se encuentra impulsando muchas mesas de trabajo como, por ejemplo, con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o con Empresas recuperadas y Cooperativas de trabajo, Inquilinas e Inquilinos, Pymes, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas? 

FB: Todo lo que tiene que ver con las comisiones de trabajo que estamos creando son para volver a empoderar al ente de ciudadanía. El ente que recibimos no solo estaba desmantelado, sino que actuaba de espaldas a los usuarios y usuarias. Nosotros ni bien entramos pusimos en marcha mesas permanentes de trabajo revalorizando a los sectores más necesitados y residenciales; inquilinos, pymes, empresas recuperadas, adultos mayores, GNC, entre otros. Lo estamos haciendo también con distintas provincias al reactivar las obras paralizadas para que el gas no sea el beneficio de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas, sino que podamos ir hacia los cerca de cinco millones de usuarios y usuarias que no tienen acceso al gas por red. Todo esto tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía en el ENARGAS; que el usuario y la usuaria estén permanentemente trabajando con las autoridades para resolver sus problemas y proponer nuevos caminos para que el servicio público vuelva a adquirir el estatus de derecho humano. 

Bolivia: Organizaciones católicas denuncian amenazas del narcotráfico

Bolivia.- A través de un comunicado, varias organizaciones católicas y de Derechos Humanos expresaron su solidaridad hacia la comunidad boliviana de Bella Vista del Iténez, ubicada en el departamento de Beni, cuyos pobladores han recibido amenazas en las últimas semanas.

El documento fue divulgado el pasado 29 de junio por parte de la Red de Congregaciones de las Hermanas de San José de América Latina y el Caribe, la Comisión JPIC de las Congregaciones de San José y CSJ/ONU.

Las intimidaciones han tenido lugar desde que varios líderes laicos y religiosos del pueblo retuvieran una avioneta presuntamente involucrada en el tráfico de drogas, con la intención de despertar la atención de las autoridades y de la comunidad internacional sobre esta problemática, muy extendida en la zona, según información de la Agencia Fides.

De acuerdo a investigaciones locales, diariamente, sólo del Departamento de Beni salen treinta vuelos diarios con cargas de hasta 500 kilos de cocaína, hacia Brasil y Paraguay.

En el texto, las organizaciones también exigen a las autoridades locales y nacionales de Bolivia otorgar acciones de protección a quienes han recibido amenazas de muerte, además de adoptar medidas urgentes para contrarrestar el narcotráfico en la zona y en el país.

La iniciativa del pueblo de Bella Vista es un grito hacia la comunidad internacional contra un sistema que está robando la vida de niños y jóvenes”, quienes, según los firmantes del texto, serían permanentemente reclutados para adherirse a actividades de narcotráfico y prostitución.

A esta denuncia se sumó el Presidente de la Red Eclesial Panamazónica-Bolivia, Mons. Eugenio Coter, quien insistió en que el llamado proviene “de una comunidad entera”.

Que el pueblo de Bella Vista tenga a su lado la fuerza divina para afrontar la irresponsabilidad y la inmoralidad de aquellos que, con la muerte, oprimen la vida y la dignidad del pueblo boliviano”, concluye la nota de apoyo.

Lea el comunicado completo aquí.

Redacción: SIGNIS ALC 

Intimidación e incitación a la violencia

La Dra. Valeria Carreras denunció ante la Justicia a Patricia Bulrrich, en su rol de Presidenta de la Agrupación Política PRO , y solicita que se extienda a los firmantes del Comunicado de Juntos por el Cambio, por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art 211 y 212 CPN) por la difusión del Comunicado hecho público ayer cuando se conociera el deceso de Fabián Gutierrez.

Según la letrada en dicho Comunicado “se incita a la violencia política . Siendo que sus términos siembran una acusación velada, pero directa hacia la Vicepresidenta de la Nacion Dra Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte de Fabián Gutierrez. Apuntando con el mentado Comunicado profundizar “la Grieta”.

En el texto de la denuncia se agrega que “Debe subrayarse que el contenido del mismo no solo exaspera a gran parte de la sociedad Argentina, ávida de marcar diferencias, sedienta de repetir acusaciones, casi propiciando una ataque en redes contra la Vice Presidenta de la República rgentina, Dra Cristina Fernandez de Kirchner y contra todos los que acompañamos el sector político atacado, y como ciudadana vengo a denunciarlo”.

La Dra Carreras señala algunos párrafos: “…UN CRIMEN DE EXTREMA GRAVEDAD INSTITUCIONAL” Cómo a escasas 24 hs del hallazgo del cuerpo de quien en vida fuera Fabian Gutierrez , puede sostenerse que se relaciona con un tema “institucional”?; “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabian Gutierrez…” Se utiliza con liviandad la figura del secuestro y desaparición, que no solo no se dio en el caso, sino que ha sido el modus operandi de la peor dictadura genocida que padeció la Argentina. Sin embargo no se dudó un instante en iniciar el comunicado, de ese modo Con el claro efecto en quien lo lee, de generar desde miedo hasta indignación , porque creen que realmente se trata de aquel flagelo nuevamente pero en democracia .

También manifiesta en la denuncia que el párrafo: “…que en 2008 confesó ante la justicia haber sido testigo,de los circuitos de corrupción del kirchnerismo”. Más allá de señalar que el difunto “declaró no confesó”, vuelve a inyectar a través de verdades a medias, que no es otra cosa que falsedades, que no hacen otra cosa que DIVIDIR A LOS ARGENTINOS afirmando que “Lo hace como quien tira ácido en la herida, porque vuelve a recargar las tintas con la corrupción kirchnerista. Mas allá que este hombre fallecido solo dijo que vio bolsos pero no sabia su contenido”.


En otra parte del Comunicado de Juntos por el Cambio reza: “Pedimos que por la posible conexión de su muerte, con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal. Y que no haya familiares de la Vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso” al respecto la denunciante expresa “Esta es una de las partes más graves que causó una infinidad de INSULTOS, AGRESIONES, TAQUES, en reden sociales contra la Vice Presidenta de la Nacion Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Que puede pensar el ciudadano común, que se siente identificado y representado por la denunciada y la agrupación política que preside, cuando le dicen desde este párrafo del comunicado, “que se traiga la investigación a Comodoro Py, y que no haya familiares de la Vicepresidente”.

Valeria Carreras considera que “piensan que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, fue la asesina o tuvo que ver en el hecho. No lo dice literalmente, pero lo sugiere directamente.

Lo que sigue es más y más de lo mismo. Cada palabra está dirigida a generar la convicción que en este homicidio está metida la Vice Presidenta, la familia, las autoridades de Santa Cruz (enquistados en el poder, dice el libelo, menospreciando incluso a los que votan en aquella provincia).

Así entonces has generado con sus palabras y desde la difusión pública replicada una y otra vez por redes sociales y medios masivos de comunicación, que los Argentinos se enfrenten”.

La profesional expone en su denuncia que “Una vez más la acusación aviesa, la intimidación, la incitación al odio político vuelve a ganar y a instalarse, pero no es un momento cualquiera, al contrario Se abalanza la incitación en plena pandemia, con una ciudadanía vulnerable, porque estamos cansados, estamos empobrecidos, y no dudan en atacar y no dudan en acusar y no dudan en llevarse por delante todo aquello que en Democracia defendemos como intocables

Me refiero a los derechos constitucionales de independencia de los tres poderes del Estado, al derecho al debido proceso, al derecho a no ser perseguidos por ideología política o pertenencia política” y considera que “No puedo dejar pasar un ataque tan artero al orden público”.

Según la Dra Carreras esos dichos tienen diversos significados frente a figuras del Código Penal, ya que “podríamos hallarnos ante un supuesto de intimidación pública (art. 211 del CP) o una incitación a la violencia colectiva (art. 212), entre otras figuras de posible aplicación, cuya pertinencia surgirá con el devenir de la investigación”.

Reapareció Macri

El ex presidente mantuvo un encuentro con la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió y aseguró: “Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo”.

El ex presidente Mauricio Macri y la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió coincidieron en declarar su preocupación por “los atropellos institucionales” en el país e hicieron llamados a la unidad y el crecimiento de la coalición Juntos por el Cambio.

Macri y Carrió tuvieron una charla de la que informaron en forma simultánea a través de sendos posteos en sus cuentas de Twitter, en ambos casos acompañados por una antigua fotografía en la que se ve a los dos dirigentes junto a la esposa del ex presidente, Julieta Awada.

Macri comentó que estuvo “hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre”.

También coincidimos en la importancia de consolidar Juntos por el Cambio y ampliarlo a todos aquellos que comparten nuestros valores de libertad y trabajo para todos los argentinos”, añadió.

Hablamos -siguió- del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo”.

Carrió, por su parte, señaló: “Tuve una larga y linda charla con @mauriciomacri, fue con mucho respeto, sinceridad y el afecto de siempre”.

Compartimos nuestra visión sobre el difícil momento que atraviesa nuestro país y nuestra preocupación por los graves atropellos institucionales”, sostuvo.

La dirigente de la Coalición Cívica afirmó que le expresó al ex presidente que “ninguna pandemia era excusa para suspender la República”.

Ambos coincidimos en sostener y poner en valor la unidad de Juntos por el Cambio, y que teníamos el gran desafío de construir con la mayor cantidad de argentinos que defienden nuestros valores y principios”, escribió Carrió.

Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich, volvió a cuestionar la presentación “a diario” de causas contra funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, y consideró que la anterior gestión fue “totalmente constitucionalista”

Con sus denuncias, el oficialismo busca “igualar los casos de corrupción del kirchnerismo. Es evidente que la vicepresidenta (Cristina Kirchner) está detrás de esta ofensiva, con el lawfare. El gobierno de Macri fue totalmente constitucionalista”, afirmó la dirigente de Juntos por el Cambio, en diálogo con radio Mitre.

En ese marco, agregó: “No sé si quieren meter preso a Macri, porque de darse eso estaría en la teoría que enarbolan el lawfare que ellos platean para que nadie de su espacio vaya preso por corrupción”.

Este viernes se conoció un documento de Juntos por el Cambio, titulado “Firme rechazo al plan de impunidad” , firmado por dirigentes del espacio, así como abogados, intelectuales y personalidades de la cultura, en el que se cuestiona las acciones del oficialismo adoptadas en las últimas semanas, que según el texto, están destinadas a “cobrar venganza” con el gobierno anterior.

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