La Defensoría del Pueblo de la Nación insiste en que la clave es la gestión coordinada e interjurisdiccional del Humedal

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha venido trabajando desde los primeros incendios en el Delta del Paraná, en 2008, con el apoyo de las organizaciones sociales y los científicos de los centros de investigación, analizando las causas y el accionar de las autoridades de aplicación.

En el marco del trabajo realizado desde el Área de Medio Ambiente, se ha solicitado la adecuación del Plan Nacional de Manejo del Fuego y la implementación de un sistema de prevención y acción ante emergencias y catástrofes, que incluya un mecanismo de alerta temprana y la creación de un área protegida interjurisdiccional con un plan de manejo integral y acorde a las necesidades del humedal.

A través de la Resolución 01/2015 se ha solicitado, a su vez, la puesta en marcha de un mecanismo de acción interjurisdiccional e intersectorial dotado de las facultades y las herramientas para mantener la dinámica hídrica del humedal, mejorar y fortalecer el PIECAS-DP para que se implemente efectivamente, y establecer una moratoria a nuevos emprendimientos, hasta tanto se defina un plan operativo que garantice la gestión sustentable del ecosistema.

Posteriormente, esta Defensoría fue convocada a la discusión del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos de Humedales en 2016 y nuevamente en la actualidad, donde nos encontramos analizando los numerosos proyectos presentados y elaborando un documento con aportes para nuestros legisladores, basado en la experiencia acumulada en estos 12 años y con una mirada de Derechos, propia del rol institucional.

Como en todo este tiempo, insistimos en la necesidad de gestionar el humedal como lo que es, un humedal, garantizando  la continuidad de los ciclos de crecidas y bajantes y analizando la necesaria reorganización del territorio y la adecuación de sus actividades productivas, urbanizaciones y obras de infraestructura para contemplar esta realidad. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación ha sido convocada por la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso de la Nación para trabajar sobre la necesidad de una Ley de Presupuestos Mínimos de gestión de humedales. En ese contexto, el Dr. Juan José Böckel, Subsecretario a cargo del organismo, y la Dra Lucila Taboada, Jefa del Área de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, han participado como oradores exponiendo sobre los proyectos de ley presentados, el trabajo desarrollado desde el organismo en la temática, y la experiencia acumulada en base a ello. 

El Área de Medio Ambiente inició una investigación sobre “la gestión del Delta y su relación con la incidencia de incendios”, en el marco de la cual se ha solicitado información específica a la Secretaría de Política Ambiental y Recursos Naturales, Alejandra Moreyra.  

A la fecha, y teniendo en cuenta que los incendios masivos se producen en un momento de extrema sequía, por la bajante extraordinaria del Paraná, hemos realizado una serie de eventos y capacitaciones para comprender la complejidad de este escenario particular. Entre ellos se destacan la co-organización de la mesa redonda “Cambio Global en la Cuenca del Plata, Humedales y Caudales Ambientales” junto al Ministerio de Ambiente de la Nación, la Universidad Nacional de San Martín y la Fundación Humedales; y la participado en la “Mesa de Diálogo” (Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe) y la participación en los ciclos “El Delta en la encrucijada” (Universidad Nacional de Rafaela), y “Bajante extraordinaria cuenca del Plata” (Administración de Parques Nacionales).

Adicionalmente nos encontramos realizando –junto a expertos en sensores remotos- un seguimiento espacial y temporal de los focos de incendios, contrastándolos con las exigencias de la normativa vigente y los informes que proveen las autoridades de aplicación y las organizaciones sociales.

Esperamos que este análisis provea un insumo clave para realizar las mejoras necesarias en las políticas públicas, que abordan la alerta, prevención y control del fuego.

Los Defensores del Pueblo fueron a la Corte por los incendios en el Delta del Paraná

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nación ante el impacto que provocó en el ambiente el humo de los incendios en el Delta del Paraná, que afectó a diferentes municipios de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos y exigieron que se los sume a la causa en la que se investigan las responsabilidades de este hecho.

La iniciativa estuvo a cargo del presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto.

Puntualmente, ADPRA se postuló como amicus curiae ante el máximo tribunal y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema.

“Ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde ADPRA tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”, aseguró Amor y agregó: “El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas. Pero la decisión de intervenir es unánime. Los devastadores incendios en el Delta del Paraná son inaceptables, por eso ponemos a disposición de la justicia todas las herramientas de nuestros organismos de Derechos Humanos para la defensa de nuestra casa común”, concluyó el Presidente de ADPRA.

Por su parte, Lorenzino indicó que “no sólo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense.

En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”, dijo y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.

Entre los argumentos de las Defensorías estuvo la experiencia en materia medioambiental que tienen estos organismos y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación.

Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente.

“De un tiempo a esta parte las Defensorías potenciamos el trabajo sobre el medio ambiente. Nuestro pedido a la Corte tiene que ver con que podemos dar un valioso aporte a la hora de enriquecer el debate sobre este tema preocupante”, sostuvieron los Defensores.

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