“Cada 13 horas, se abre una investigación penal por grooming”

Así lo afirmó el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, al disertar como invitado en el seminario virtual “Niñez, Adolescencia y Juventud”, organizado por la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Foro por la Niñez y la CTA Autónoma.

Tras exponer las últimas estadísticas oficiales, Martello advirtió que las denuncias se incrementan año tras año y que la mayor conectividad derivada del aislamiento implica riesgos de proliferación de este tipo de ciberdelitos. “En la última década se registraron algunos avances en materia legislativa, pero aún queda mucho por hacer.

Esperamos una pronta aprobación de la Ley Mica Ortega, que ya tiene media sanción, que permitirá poner en marcha un programa nacional de prevención y capacitación”, explicó el Defensor del Pueblo Adjunto.

También destacó que niñas, niños y adolescentes tienen el derecho a ser protegidos tanto en el mundo real como en el digital que es creado a partir de las redes sociales y sus interacciones. “Es responsabilidad indelegable del Estado la obligación de implementar políticas publicas capaces de ofrecer información, prevención, control y sanciones”, añadió Martello.

Los últimos datos disponibles del Ministerio Público bonaerense muestran que en 2019 se iniciaron 657 Instrucciones de Penales Preparatorias (IPP) vinculadas al grooming, solamente en la Provincia, lo que arroja un promedio de una IPP cada 13 horas. En total, entre 2016 y 2019, suman 2006 los casos judicializados por este ciberdelito, que crece año tras año.

En la Provincia, el mayor número se registra en los departamentos judiciales de Lomas de Zamora y La Matanza, producto de su densidad poblacional, pero hubo aumento de casos en Junín, Mercedes, Zarate-Campana, Bahía Blanca, San Isidro y Quilmes.

El grooming es el acoso sexual de un adulto a un niño/a o adolescente a través de internet o de cualquier tecnología de transmisión de datos. Se trata de un delito reprimido con pena de prisión.

Martello detalló algunas acciones que se vienen realizando desde el Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría de Pueblo parta la prevención de ciberdelitos. Por ejemplo, en julio pasado, se elaboró una guía práctica para que padres y madres conozcan en profundidad distintas herramientas de las aplicaciones más usadas por jóvenes -TikTok, Instagram y Whatsapp- que permiten resguardar la privacidad.

El Defensor del Pueblo Adjunto fue de uno los invitados que participó del seminario virtual, que contó con la participación de Flavio Sarmiento, referente del Programa Preventivo municipal “Bullying, Grooming y Uso responsable de Redes” de Mar del Plata; Paula Meschini y Leticia Ciriza, decana y secretaria de Buen Vivir de la Facultad de Ciencias de la Salud respectivamente; Rosario Hasperué, referente del Foro de la Niñez; Diego Lencinas, Secretario General de la CTA Autónoma Mar del Plata, y el moderador Gabriel Zibechi.

Los Defensores del Pueblo fueron a la Corte por los incendios en el Delta del Paraná

La Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) se presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Nación ante el impacto que provocó en el ambiente el humo de los incendios en el Delta del Paraná, que afectó a diferentes municipios de Buenos Aires, Santa Fé y Entre Ríos y exigieron que se los sume a la causa en la que se investigan las responsabilidades de este hecho.

La iniciativa estuvo a cargo del presidente de ADPRA y Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Amor; y sus pares de la Provincia de Buenos Aires, Guido Lorenzino, y de Santa Fe, Raúl Lamberto.

Puntualmente, ADPRA se postuló como amicus curiae ante el máximo tribunal y pidió que se realice una audiencia pública para abordar todas las aristas que conlleva este tema.

“Ante la ausencia de la Defensoría del Pueblo de la Nación, una vez más desde ADPRA tomamos la iniciativa, porque es necesaria nuestra intervención en defensa de la salud de quienes viven en nuestro país y del ambiente”, aseguró Amor y agregó: “El medio ambiente es uno, y todas las Defensorías del país coincidimos en la necesidad de participar. Por el momento nos presentamos sólo estas tres, porque representamos los derechos de las jurisdicciones directamente afectadas. Pero la decisión de intervenir es unánime. Los devastadores incendios en el Delta del Paraná son inaceptables, por eso ponemos a disposición de la justicia todas las herramientas de nuestros organismos de Derechos Humanos para la defensa de nuestra casa común”, concluyó el Presidente de ADPRA.

Por su parte, Lorenzino indicó que “no sólo estamos ante un hecho que afecta a la flora y fauna de esa región, sino que también provoca un daño a la salud pública de miles de personas. Hay un riesgo sanitario que debemos dimensionar y actuar para que no se repita en el futuro”, aseguró el Defensor del Pueblo bonaerense.

En la misma línea, Lamberto recordó que en un primer momento “la Defensoría del Pueblo de Santa Fe solicitó ante la Corte Suprema ser amicus curiae en este causa y que se convoque a una audiencia pública”, dijo y agregó: “Hoy con satisfacción nos sumamos a este pedido conjunto, frente al daño a la salud de las poblaciones y la afectación manifiesta al ecosistema”.

Entre los argumentos de las Defensorías estuvo la experiencia en materia medioambiental que tienen estos organismos y que puede ser indispensable para ofrecer aportes a la investigación.

Además, la solicitud para la realización de una audiencia pública, donde se garantice la participación ciudadana, apunta a que todos los actores involucrados ofrezcan su punto de vista para enriquecer las medidas adoptadas ante este episodio y establecer una planificación que contribuya a evitar que suceda nuevamente.

“De un tiempo a esta parte las Defensorías potenciamos el trabajo sobre el medio ambiente. Nuestro pedido a la Corte tiene que ver con que podemos dar un valioso aporte a la hora de enriquecer el debate sobre este tema preocupante”, sostuvieron los Defensores.

“Cada año, más de 2.300 niñas son madres”

Así lo advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. El dato se desprende de las últimas estadísticas de natalidad difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación. De cada 292 nacimientos que se registran en nuestro país, uno tiene como madre a una niña que no supera los 14 años de edad, lo que equivale a un nacimiento cada 4 horas.

En los últimos días, esta problemática fue puesta nuevamente en la escena pública a partir de campañas que fueron realizadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil, a través de plataformas digitales, en el marco del Día de las Infancias. La instauración de lo que en su momento se denominó Día del Niño (también llamado en los últimos años Día de la Niñez y ahora considerado por el Estado nacional como Día de las Infancias), en sus comienzos fue pensada como una iniciativa global para concientizar sobre los derechos que le asisten a todas las niñas y niños.

Principalmente, salud, educación y protección. “Tomando como base esas premisas, y el verdadero sentido que hace 64 años le dieron desde las Naciones Unidas a esta jornada, entendemos que la problemática del embarazo infantil y adolescente no puede ser considerada como algo secundario. Por el contrario, merece ser ponderada como prioridad en materia de derechos humanos. Y debe reconocerse que es una cuestión pendiente que atraviesa transversalmente a los diferentes poderes del Estado, en todos sus niveles jurisdiccionales”, destacó Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.

Ejemplo de esta situación es que, en los últimos años, los propios datos oficiales muestran que en la Argentina la tasa de recién nacidos con madres que no superan los 14 años se ha mantenido prácticamente inalterable. Solo se registran pequeñas variaciones.

¿Cuáles son las posibles soluciones? La respuesta tiene varias aristas. Por un lado, es indudable que se debe insistir en el fortalecimiento de las campañas de prevención del embarazo adolescente y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, haciéndola abarcativa al conjunto de todo el sistema educativo, tanto de gestión pública como privada. Pero también es necesario apuntar al desarrollo de otro conjunto de medidas de prevención, detección y abordaje de la problemática en ámbitos sociales y comunitarios”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.

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Campaña sobre desinformación e infodemia

Alumnos y alumnas de la casa de altos estudios realizaron piezas para redes sociales vinculadas a la problemática de las Fake News y el COVID-19. La iniciativa se llevó a cabo teniendo en cuenta que uno de los principales impactos negativos de la pandemia está vinculado con la infodemia masiva. Es decir, una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y una orientación fidedigna.

Alumnos y alumnas de la casa de altos estudios realizaron piezas para redes sociales vinculadas a la problemática de las Fake News y el COVID-19. La iniciativa se llevó a cabo teniendo en cuenta que uno de los principales impactos negativos de la pandemia está vinculado con la infodemia masiva. Es decir, una cantidad excesiva de información ‒en algunos casos correcta, en otros no‒ que dificulta a las personas encontrar fuentes confiables y una orientación fidedigna.

Las/os estudiantes se organizaron en grupos y, supervisados por el docente Jonatan Nini, desarrollaron proyectos para distintas plataformas digitales. Tras un proceso de evaluación, el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello, comunicó que se incorporó al área de comunicación del organismo las propuestas realizadas por Felipe Cerda Campano y Juana Drittanti. “A través de un intercambio de opiniones con la Universidad se ajustaron detalles para que la campaña sea lo suficientemente abarcativa y contemple a distintos sectores de la población”, explicó Martello.

La mencionada campaña será pública y comenzará a difundirse próximamente. En tanto, se extendieron certificados de participación para todos los alumnos y alumnas de la Universidad del Este que participaron de la iniciativa.

¿Qué es la infodemia y la información?

 El concepto infodemia refiere a un gran aumento del volumen de información relacionada con un tema particular, que puede volverse exponencial durante un período corto debido a un incidente concreto, como puede ser el brote de COVID-19. En este tipo de situaciones prolifera la desinformación y los rumores, junto con la manipulación de datos con intenciones dudosas, que se amplifican mediante las redes sociales.

En tanto, la desinformación es la información falsa o incorrecta con el propósito deliberado de engañar. En una pandemia, puede impactar negativamente la salud humana y el sistema sanitario global. En ese sentido, muchas historias falsas o engañosas se inventan y difunden sin comprobar su veracidad ni calidad. Así se pudo constatar, por ejemplo, con la circulación masiva, en redes sociales, de información inexacta sobre numerosos aspectos de la enfermedad: origen del virus, causas, tratamientos y propagación, etc.

Datos a tener en cuenta

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los últimos 30 días, se subieron 361 millones de videos en YouTube en las categorías de “COVID-19” y “COVID 19”. Desde que comenzó la pandemia se publicaron cerca de 19.200 artículos en Google Scholar.

Otro indicador por demás significativo fue que solo durante el mes de marzo, cuando en la Argentina se decretó por primera vez la cuarentena, se registraron unos 550 millones de tuiteos que incluyeron los términos coronavirus, corona virus, covid19, covid-19, covid_19 o pandemia.

Acciones contra la violencia de género

El Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, y la ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual provincial, Estela Díaz, acordaron llevar adelante una serie de acciones relacionadas a la defensa y promoción de los derechos de las mujeres e identidades disidentes para aplicar en todos los municipios de la Provincia.

Se trata de una agenda de trabajo que incluye la aplicación de los cursos de capacitación y sensibilización en género propuestos por la Ley Micaela, la atención de situaciones de riesgo, las acciones con poblaciones particularmente vulnerables como las mujeres cis y trans en prisión.

La violencia de género es una problemática urgente que requiere el mayor esfuerzo de todos. En el caso de los organismos del Estado, debemos llevar una acción coordinada para ofrecer las mejores herramientas a la hora de la concientización y la intervención cuando suceden estos tipos de hechos”, sostuvo Lorenzino al momento del resaltar el acuerdo con el Ministerio.

Para Díaz, “que instituciones como la Defensoría asuman la perspectiva de género al momento de llevar adelante su trabajo es fundamental, porque tienen un alcance que permite que el mensaje llegue a todos lados. Nuestra tarea es hacer una política de Estado todo lo que desde el movimiento de mujeres y diversidades hace tiempo se demanda con fuerza, como el primer ‘Ni una menos’, los paros internacionales de mujeres cada 8 de marzo o el ‘Mirá cómo nos ponemos’”.

El convenio apunta a desarrollar en forma conjunta proyectos relacionados con la defensa de los derechos fundamentales de las mujeres y personas LGBTI+, la prevención y erradicación de la violencia por razones de género y de las herramientas para llevarlos a la práctica.

También promueve el intercambio de información, documentación de interés, investigación, informes, trabajos de campo, de transferencia de conocimientos y asesorías en temas específicos que resulten de interés para uno u otro organismo.

A su vez, tiene entre sus objetivos diseñar mecanismos que faciliten el desarrollo de actividades de formación sobre temáticas de interés común destinadas a los municipios, como así también a generar campañas de promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos humanos de los habitantes de la Provincia.

De la firma del documento también participaron el Defensor ante el Tribunal de Casación Penal de la Provincia, Mario Coroliano, y la secretaria de Políticas de Género, Niñez y Adolescencia de la Defensoría, Sandra Cruz.

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