Caso Facundo Castro: familiares de la ex novia del joven denuncian amenazas y hostigamiento policial

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), presentó un habeas corpus preventivo a favor de Marcelo González, ex cuñado de Facundo y testigo de la causa. La jueza Marrón aceptó tratar el recurso y dispuso una custodia permanente de la Prefectura. Por temor ante los reiterados hechos de amedrentamiento y hostigamiento por parte de la Policía de Buenos Aires, la familia decidió dejar su casa en Mayor Buratovich.

La Plata, (InfoGEI).- La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querellante institucional en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro, presentó ante el juzgado federal N° 2 de Bahía Blanca un habeas corpus preventivo a favor de Marcelo González, ex cuñado de Facundo y testigo de la causa. La jueza Marrón aceptó tratar el recurso y dispuso una custodia permanente de la Prefectura.

Desde que tomó estado público la desaparición de Facundo Astudillo Castro, la familia de su ex novia viene sufriendo diferentes episodios de hostigamiento y amenazas por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Recientemente, el ex cuñado de Facundo, Marcelo González denunció públicamente que patrulleros oficiales con las luces apagadas lo seguían durante su rutina diaria, que merodean su vivienda y que, en algunas oportunidades, se estacionaron frente a su casa sin ningún motivo. Además, el 26 de junio pasado, Marcelo fue sometido a un interrogatorio ilegal en la comisaría de Mayor Buratovich.

Ese día, sin citación ni notificación de ningún tipo, dos agentes de la policía bonaerense fueron a buscarlo a su casa, requiriendo su presencia en la estación policial. Una vez allí, lo hicieron ingresar a una habitación junto a cuatro policías: tres estaban vestidos de civil y el cuarto, que ocupa el rol de jefe durante el interrogatorio, estaba con el uniforme pero sin la insignia del cargo.

Durante el interrogatorio, los cuatro agentes policiales le pedían que declare que Facundo estaba en Bahía Blanca, que ellos ya sabían que era así, pero que él tenía que “cantar”, mientras amenazaban con golpearlo e inculparlo.

Pocas semanas después, cuando fue citado a declarar como testigo en la causa que investiga la presunta desaparición forzada de Facundo, Marcelo González narró este hecho ante el fiscal general adjunto Andrés Heim. Mediante oficio a la Fiscalía Federal N 1 de Bahía —que interviene en la causa—, se inició una investigación penal por apremios ilegales.

En todo este tiempo, los actos de hostigamiento no cesaron. Después de prestar declaración, Marcelo comenzó a recibir una serie de llamados intimidatorios y mensajes de teléfonos con identificación bloqueada y números desconocidos que le reiteraban en líneas generales la misma amenaza que recibiera por parte de los agentes de policía durante el interrogatorio ilegal.

Frente a estos actos de amedrentamiento, que generan un profundo temor en Marcelo y su familia, la CPM presentó el habeas corpus donde reclamó que se tomen medidas urgentes de protección. En ese sentido, el organismo recordó que, en casos de violaciones a los derechos humanos, el Estado debe garantizar la seguridad de las víctimas, sus familiares y testigos.

A raíz de esta situación, Marcelo decidió dejar su casa en Mayor Buratovich y mudarse a Bahía Blanca con su esposa y cinco niños.

 “Los hechos que se sucedieron resultan ciertamente ilegítimos, por no encontrar fundamento alguno en ninguna causa judicial en trámite que justifique alguna sospecha en su contra, ni mediar ningún motivo que funde la medida, la forma, y las condiciones en que esta especie de ´monitoreo policía constante´ se viene llevando a cabo”, aseguraron desde la CPM. (InfoGEI) Mg

La Comisión Provincial por la Memoria denunció hacinamiento record en comisarías bonaerenses

Actualmente hay 5.480 detenidos cuando las comisarias bonaerense tiene cupos disponibles para 1199 personas. Además los establecimientos no cumplen con estándares internacionales de derechos humanos y representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas.

La Plata, (InfoGEI).- Una nueva denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las comisarias bonaerenses después de realizar inspecciones las comisarías 3ª de Quilmes y la 2ª de Virrey del Pino. Ambas dependencias se encuentran alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, siguen alojando personas “en condiciones que generan riesgo de vida crítico”.

En su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la CPM pudo determinar un primer dato que sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesa a las comisarías bonaerenses: en agosto se registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357%. 

Los 5.480 detenidos en 1199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, “representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas”, señalaron.

Sobre los espacios inspeccionados se describió que la comisaría 3ª de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CIDH que en 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada entre la CPM y el CNPT, se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación. 

Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso. Según informó el comisario sólo hay 10 colchones. Así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo”, detallaron desde la CPM sobre las condiciones de detención.

En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento”, remarcaron. 

El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino es similar: si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión había cupo para 8 detenidos, pero durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación.

Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo.

Cabe señalar que en ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías, según detallaron desde la CPM.

Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del grave estado estructural en que se encuentran las comisarías en la provincia de buenos Aires. La continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte”, remarcaron. (InfoGEI) Mg

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