Tercera jura virtual del Colegio de Abogados Departamental

El Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul realizó hoy su tercera jura virtual, con la presencia, a través de la plataforma Zoom, de los 7 profesionales que integrarán la institución, a partir de la toma de juramento.

La ceremonia fue presidida por su presidente, Dr. Gastón Argeri y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli quien, desde la cabecera en Azul, dejó constancia en actas de la ceremonia realizada.

De acuerdo con lo establecido por el instructivo de matriculación y jura a distancia diseñado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COL.PRO.BA) la jura se realizó en coincidencia sincrónica por medios virtuales.

A modo de bienvenida, Argeri ratificó la importancia del acto, una instancia necesaria que completa el camino recorrido por la Universidad y, al mismo tiempo, inaugura una nueva etapa en la vida profesional. “El compromiso asumido, hoy, por cada uno de ustedes no sólo es un hecho fundamental en el desarrollo personal de la trayectoria, sino también en el camino colectivo, como integrantes de este Colegio de Abogados del cual empiezan a ser parte”, subrayó.

Luego se refirió a los servicios y capacitaciones brindadas por la institución “Este Colegio ha colocado bien alto la importancia de la capacitación permanente de nuestros colegiados y colegiadas, buscando la excelencia profesional y dignificando la misma. Y para ello esta gestión trabaja de manera continua en el diseño y coordinación de cursos que, en tiempos de virtualidad, han democratizado el acceso a lo largo y ancho de este extenso Departamento Judicial, acercando a través de las pantallas todos los servicios y beneficios que el Colegio de Abogados pone a disposición

A partir de hoy, también somos colegas en el trabajo diario y compartimos el compromiso con la institución, que hoy se compromete a acompañarlos en sus primeros pasos en la abogacía y a través de este largo camino profesional que llevaran adelante, dando cauce a cada una de sus inquietudes.

Esta jura, de modo virtual, no tiene menor rango que si fuera presencial, más aún, convalida el compromiso de todas y todos nosotros en este contexto difícil. No es una mera formalidad, es una vuelta de página, es un llegar a una meta y asumirse en la conquista de nuevos desafíos individuales y colectivos. Y, sobre todo, un acto que cuenta con las formalidades del caso, las que los convierte en nuevas matriculadas y matriculados, los habilita al ejercicio de esta profesión a la que les pedimos respetar y dignificar siempre, en cada uno de los actos que realicen en su nombre.

 El Colegio de Abogados nos nuclea a todos, la pandemia nos exigió como institución, reconvertirnos, ampliar los horizontes y las posibilidades creativas de encontrar soluciones en un mar de obstáculos”, destacó Argeri. Para finalizar, puso en relieve el carácter social del rol que desarrollan en la comunidad: “somos actores sociales importantísimos, razón más que justificada para apostar siempre a un conocimiento integral de la sociedad a la que pertenecemos. Siempre, desde el Colegio de Abogados, vamos a buscar la excelencia profesional, es nuestra línea de trabajo permanente y, a partir de hoy, los invitamos a que sea también la de ustedes”.

Nuevos matriculados y matriculadas

María Lorena García (Tandil)

Carlos Daniel Rossini (General La Madrid)

Marcelo Nicolás Piccardi (Olavarría)

Dra. Mónica Ochoa (Bolívar)

Procuradora Bárbara Cinqualbres (Azul)

Procuradora María Lorena Mandagarán (Azul)

Procurador José María Calabrese (Azul)

La estabilidad laboral en el siglo XXI: un capítulo que se escribe de manera permanente

El próximo 24 de este mes, de 16 a 18, vía Streaming, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul ofrecerá una charla virtual denominada “La estabilidad laboral en el siglo XXI”, a cargo del Dr. Enrique Precedo, un profesional con más de 30 años de trayectoria en el derecho laboral.


El universo del trabajo ha sido uno de los más afectados, desde el inicio del ASPO; basta analizar lo que sucede en lo cotidiano con un sinnúmero de sectores productivos atravesados por estos cambios. Creemos que habilitar el debate en torno a estas transformaciones nos permite visibilizar este ámbito del Derecho desde una perspectiva más amplia y actual. Sin ser menos importante, es necesario que los Tribunales de Trabajo se adapten a la situación actual y den respuesta a la ciudadanía brindando un servicio pleno de justicia con la continuidad de los procesos judiciales en su totalidad, como lo hacen los restantes fueros”, subraya Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados Departamental.


Enrique Precedo propone una premisa inicial: “de qué hablamos cuando hablamos de estabilidad laboral: fundamentalmente, nos referimos al derecho que tiene el trabajador de seguir trabajando, mientras mantenga una buena conducta y cumpla con sus obligaciones. Naturalmente, esta definición tiene su correlato desde la perspectiva del empleador, quien espera que ese trabajador lo haga durante toda su vida útil y de manera eficiente.

Cuando nos referimos a estabilidad laboral, ¿qué aspectos de la relación, de los términos de contratación y del mercado laboral son los que más han entrado en tensión en los últimos años?

En principio, podemos diferenciar dos formas de estabilidad laboral: la que domina el empleo público y la que se encuentra en el empleo privado. En el caso del empleo público, la estabilidad es absoluta: no se puede despedir sin justa causa previamente establecida. Cuando nos referimos a empleo privado, hablamos de estabilidad relativa y, en ese sentido, de diversos matices de relatividad, aunque vale consignar que todas admiten la posibilidad de establecer, desde el lado del empleador, las consecuencias puntualmente dinerarias o indemnizatorias que acarrea la extinción contractual, lo que conduce a un escenario en el cual al empleador no le resulta tan sencillo prescindir de un trabajador, en caso de que se dificulte demostrar por qué pretende ese alejamiento. Esta situación inicial se ha visto profundamente transformada en los últimos meses y, desde esos cambios propuestos, podemos plantear una serie de tensiones que, en definitiva, tornan más complejas las situaciones por las cuales se quiera considerar una puerta de salida a un contrato laboral.
Las formas tradicionales del derecho del trabajo están sujetas a la protección contra el despido arbitrario, tal como lo detalla el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin embargo, en esta situación puntual que ha configurado la pandemia de Covid 19, hay una igualación de criterios en todos los empleos, ya se trate de la esfera pública o privada. Sin lugar a dudas, y apelando a uno de los elementos que contiene el título de esta charla que voy a brindar para el Colegio de Abogados de Azul, este hecho termina de añadir al primer tramo del siglo XXI un elemento de análisis protagónico: la estabilidad absoluta o, dicho en otros términos, la prohibición o nulidad de la decisión rupturista del empleador que, en virtud de los DNU (Decretos de Necesidad y Urgencia) vigentes desde la instauración del ASPO está regulado y definido en esos términos como mínimo hasta fin de este mes.

¿Cuáles son las dificultades que ha sumado a este universo en plena transformación, la situación actual?


La situación del derecho del trabajo en tiempos de pandemia y de ASPO, convive y es consecuencia directa, al mismo tiempo, de la no apertura de un porcentaje importante de establecimientos comerciales e industriales de todo el país, lo que conduce a un escenario en el que miles de puestos de trabajo están en crisis. Esta situación generó algunas respuestas, en algún punto, atrevidas. La primera es la duplicación indemnizatoria y aquí no estamos hablando de una respuesta exclusivamente concebida en virtud de los cambios propuestos por la pandemia porque ya se había establecido unos meses antes, como una estrategia similar a la que se ensayó durante la crisis de 2001: la ley 23561 en su artículo 16, establece la duplicación de las consecuencias indemnizatorias emergentes a raíz de no cumplir con la obligación de estabilidad que es propia de un contrato de trabajo común y corriente. Con la irrupción del Covid 19 a nivel mundial, se producen algunos hechos singulares y hasta inéditos. Por mencionar un caso, se abre la posibilidad de un cuestionamiento constitucional que, en algún punto, ya estaba resuelto. Hacia fines de la década del 60, la Corte Suprema de Justicia de la Nación estableció que la estabilidad absoluta para los empleadores privados contrariaba el principio de garantía de propiedad (contenido en el artículo 17 de la Constitución Nacional) por lo tanto no era imponible. Era otro contexto: el origen de la estabilidad estaba anclado en el convenio colectivo de trabajo. Si por entonces, la estabilidad absoluta para el trabajador privado fue considerada de carácter institucional por qué ahora podría no serlo? Las razones son numerosas: estamos ante una crisis con una magnitud pocas veces vista, quizá la peor de los últimos 100 años y no sólo en nuestro país sino a una escala planetaria.

¿Cómo incide esta crisis en el universo del trabajo?

Desde el punto de vista de la vinculación contractual laboral, lo más contundente que produjo esta situación es la consagración absoluta de la estabilidad laboral respecto de todos los trabajadores, no sólo los públicos (que lo fueron históricamente) sino también los privados y las distintas y múltiples derivaciones que pueden verificarse a partir de esta decisión.
Si bien es incuestionable que existe un derecho laboral, en términos de decisiones e interpretaciones que pueden hacerse, también hay miles de opiniones en relación a ese universo jurídico. Y en este punto también podemos advertir dos grandes posturas que parten de la estabilidad laboral.
Una que propone no rigorizar esos esquemas protectorios, con el fin de promover o alentar la decisión del empleador, cualquiera sea la que desea adoptar. Si tiene herramientas que le permiten una extinción unilateral contractual que no suponga una situación dificultosa ni gravosa, es muy probable que el empleador vaya a contratar con menos pruritos porque sabe, eventualmente, que la ruptura de ese contrato no va a condicionar su evolución empresarial. Cuanto más barato es el despido más sencilla es la contratación. Este razonamiento se asemeja a una mirada mercantilista, de los quienes se ajustan estrictamente a las reglas del mercado y miran el derecho del trabajo como si también fuera una disciplina del mercado económico…que en algún punto lo es

¿Cuál es el rol que ejerce el derecho laboral en un contexto como el actual, donde muchas de las nuevas formas de contratación suelen ser “precarizaciones encubiertas”?


Defiendo empleadores desde principios de mi carrera y trabajo en uno de los 5 estudios más importantes del país, destinado a patrocinar empleadores. Pero también he sido docente, durante 20 años, en Derecho del Trabajo en la UBA, una cátedra que, precisamente, tenía un discurso contrario, es decir, protectorio del trabajador. Desde esta perspectiva, me puedo permitir hablar con una mirada bastante amplia porque puedo verificar el proceso de un lado y del otro: desde la defensa de los intereses de los empleadores y de lo que se constituye, desde el punto de vista propositivo, como un derecho protectorio del sujeto débil, es decir del trabajador, a quien eventualmente se le busque restar derechos. La protección al trabajador no sólo no debería ser disminuida sino que, por el contario, debería mejorarse todo lo posible. La clave sería “retroceder nunca”, apuntar a la progresividad que caracteriza a todas las ciencias sociales y también al derecho al trabajo.

¿Cómo ha sido el ingreso al siglo XXI en esta materia?

Cuando hablamos de siglo XXI, nos referimos a un espacio temporal que apenas cubrió la quinta parte del siglo: se está escribiendo de manera permanente. No podemos dar imágenes consolidadas porque está en plena evolución y no es menos cierto que esta situación de pandemia ha modificado todas las interpretaciones al respecto, incluida la estabilidad laboral que, en virtud de los decretos presidenciales vigentes, ha sido consagrada de manera absoluta para trabajadores públicos y privados.
Las crisis suelen escribir la historia en este sentido. Recordemos que en 2001, la Ley de Emergencia Nº 25.561 rigorizó la respuesta protectoria ante la posibilidad de despido. Se duplicó la indemnización del artículo 245 y a partir de entonces lo que iba a ser provisorio por unos meses terminó extendiéndose por 4 años: se condicionó su desafectación hasta que lo que se trataba de combatir -la tasa de despidos-se redujera un dígito, lo que sucedió 4 años después.
Es una situación análoga a la actual. En la actualidad, a partir de los decretos presidenciales, desde diciembre rige la duplicación indemnizatoria, antes del ASPO y de la pandemia, porque se consideró la situación general era lo suficientemente crítica.
Ahora bien, para finalizar, este carácter protectorio se multiplicó desde el comienzo del ASPO porque ya no hablamos de duplicación, sino de la nulidad misma de la posibilidad de despido mientras se extienda esta situación excepcional. Y acá invocamos la segunda gran postura en relación a la estabilidad laboral. La consecuencia no es una mayor o menor erogación de dinero en virtud del despido: la consecuencia es la nulidad misma del despido como tal.
Mal puedo adelantar alguna innovación propia del siglo XXI; en términos definitivos no se ha escrito nada, y en los últimos meses hemos asistido a numerosos cambios. Quedamos sujetos a los fallos que puedan sobrevenir luego de esta consagración absoluta de la estabilidad laboral, habida cuenta de algunas medidas cautelares que han estado vinculadas a la situación puntual de la emergencia -y no a la evolución vincular de fondo- y esperan una sentencia definitiva.
La nueva jurisprudencia se está escribiendo y recién ha empezado a dar sus primeros pasos.

Cómo participar
La inscripción para participar en las capacitaciones virtuales se lleva a cabo vía mail – biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar- y son no aranceladas para matriculadas y matriculados del Colegio de Abogados Departamental.

E-commerce: usos y abusos de una modalidad que vino para quedarse

Dentro de la agenda de cursos virtuales que brinda el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, de manera gratuita para todos sus matriculados y matriculadas, se dictará el 15 de este mes, a las 15, “Comercio electrónico (e-commerce) y la relación de consumo”, a cargo de Cristian Luisi y Samanta Lagrutta. Se trata de una iniciativa conjunta con Fundación CIJUSO que se implementará en dos módulos, vía streaming.

La normativa que regula el e-commerce está sujeta a permanentes transformaciones. La legislación vigente hasta hoy no ha sido suficiente para abordar las problemáticas que se generaron en un sector comercial que, hasta el ASPO, generaba un impacto relativo y que, en los últimos meses, ha crecido de manera exponencial. Hoy, las transacciones on line comprenden más del 90% de las ventas agrupadas bajo esta denominación y creo que la magnitud que ha adquirido la temática bien vale que, desde el Colegio de Abogados Departamental, generemos herramientas de actualización para nuestros colegiados y colegiadas”, aseguró Gastón Argeri, presidente de la institución.

Qué es el e-commerce

Se entiende por e-commerce la distribución, venta, compra, marketing y suministro de información de productos o servicios a través de Internet, correspondencia o de manera telefónica.

Lagruta y Luisi se refirieron a los principales aspectos de esta modalidad de compra venta que vino para quedarse.

¿Cuáles son los principales aspectos normativos del e-commerce?

Samanta Lagrutta: en nuestro país, la normativa vigente sobre e-commerce o venta eléctronica no es demasiado voluminosa, de hecho, no contamos con legislación específica, sino con distintas leyes que lo abordan de diversas maneras. La principal, la Ley Nº 24.240, Ley Nacional de Defensa del Consumidor -sobre todo en los artículos 32 a 35- se refiere a la venta domiciliaria por correspondencia y otras. También explica cómo se utilizan esos medios (internet, venta por correspondencia o telefónica) amparados en una ley que tuvo sus reformas y mejoras en muchas otras sucesivas pero sobre todo en la Ley Nª 26.361, donde se especifica cuáles son los mecanismos de aceptación o revocación de la compra-venta y consigna que las personas pueden declinar la operación: para ello tienen diez días de plazo, desde que recibe el producto, no desde que hace la compra. Si lo adquirido no se parece a lo que se ofrecía o no reúne los requisitos para lo que se requería, la operación puede revocarse por los mismos medios que se realizó, en los plazos que estipula la legislación argentina.

Otra ley muy importante es la Ley Nº 25.326, de protección de datos personales, vital en las transacciones que se efectúan a través de e-commerce, es decir, cómo deben protegerse nuestros datos en cualquier operación de comercio electrónico. Luego, contamos con legislación, como la ley de tarjeta de crédito, donde se detallan aspectos financieros o informativos a tener en cuenta cuando se va a utilizar la compra-venta electrónica que, en su mayoría, se hacen con tarjetas de débito o crédito y no en efectivo.

Cristian Luisi: la normativa que regula el e-commerce está en constante evolución. Basta señalar que al momento que se creó la ley de Defensa del Consumidor (1993) y sus diversas normativas, sólo se mencionaban compras fuera del local comercial por correspondencia o vía telefónica: no incluía internet. Hoy, las transacciones on line comprenden más del 90% de las ventas agrupadas bajo esta denominación.

Desde la instauración del ASPO y todas las restricciones aún vigentes, el incremento de la compra-venta electrónica ha aumentado de manera exponencial: en algunos casos o rubros, superó el 100%. Pero, por la misma dinámica, aparecieron algunos problemas, sobre todo para los consumidores. Creo que uno de los más importantes es la falta de cultura o educación vinculada a este tipo de operaciones. A veces, se recurren a páginas no oficiales o plataformas que no están debidamente habilitadas ni preparadas, como sucede con las redes sociales: allí no vamos a encontrar los datos necesarios (nombre, CUIT, razón social, etc.), no se entrega factura (o sea, también asistimos a un delito de evasión fiscal) y, en caso de que luego se quiera hacer un reclamo o una demanda administrativa, el consumidor no tiene modo de saber a quién se recurre.

¿Qué especial relevancia ha adquirido la práctica en este contexto económico y cuáles son las consultas habituales en relación a irregularidades y derechos del consumidor?

Samanta Lagrutta: sin duda, el e-commerce adquirió una relevancia fundamental en estos tiempos, a nivel mundial. En Argentina, todavía somos bastante noveles en este terreno, no lo utilizábamos tanto y registró una escalada, de manera masiva, con los inconvenientes consabidos que ello genera.

Por otro lado, mucha gente aún no tiene acceso a internet o al uso de tarjetas de crédito o débito, con lo cual tiene prácticamente vedada esta posibilidad de transacción. Pero, también es cierto que, desde la instauración del ASPO, sobre todo en algunos rubros, el e-commerce se convirtió prácticamente en la única vía para adquirir servicios o productos del uso cotidiano (compras en supermercados, medicamentos, indumentaria, bazar, limpieza, aseo personal, insumos de home office, etc.).

Esta situación adquirió casi un carácter generalizado, se replicó en sectores con mayor o menor poder adquisitivo, quienes quizá por primera vez recurrieron a esa modalidad de compra y venta.

Cristian Luisi: lo primero que recomendamos tener en cuenta, en relación a lo antedicho, es la confiabilidad de la plataforma o medio que se utiliza para la transacción electrónica; quizá no siempre sean las más populares pero sí la mejor opción para elegir las que cuentan con respaldo.

¿Podemos hablar de una nueva jurisprudencia creada en estos meses, donde el e-commerce adquirió excepcional notoriedad?

Cristian Luisi: claro, en la medida en que todos estos problemas trajeron aparejados numerosos correlatos legales, se está construyendo paulatinamente nueva jurisprudencia. Son muchos los ítems que ya requieren de una regulación actualizada y más completa de lo que se entiende por e-commerce.

Hasta ahora, el denominador común ha sido la novedad que supone su aplicación en el Derecho, y todo lo que ello genera. Desde hace 5 ó 6 años tenemos fallos como Claps Enrique Martín y otro c/ Mercado Libre S.A. s/ daños y perjuicios, que marcaron un hito importante en la evolución de la jurisprudencia en este campo, proponiendo dos vistas muy distintas sobre el mismo tema.

Algo similar está sucediendo en este momento, a raíz de las numerosas denuncias que se han suscitado con plataformas parecidas y de las que estamos esperando los fallos de la Corte.

 Samanta Lagrutta: comprar en las redes sociales no es aconsejable. Siempre es mejor el uso de los sitios seguros de comercio electrónico y esto es aplicable tanto a nivel nacional e internacional.

El riesgo de utilizar las redes sociales para este tipo de transacciones -Facebook, Whatsapp o Instagram- es de un amplio espectro: se puede sufrir el hurto de datos, la ausencia del producto, las estafas, la demora en la entrega y hasta el hackeo de cuentas. Por lo general, quienes operan a través de las redes sociales no facilitan datos de contacto (domicilio, razón social, CUIT, etc.) con lo cual las posibilidades de reclamar o gestionar una denuncia son prácticamente nulas.

Para saber si un sitio de compra-venta tiene filial en Argentina o está radicado a través de un importador se rastrea nombre, apellido, razón social, número de identificación fiscal y se busca en AFIP. De todos modos, siempre es aconsejable tratar de brindar la menor cantidad de datos posibles, operar rápidamente sin permanecer demasiado tiempo en la app, verificar su trayectoria en el sitio y su seguridad en cuanto la entrega, más aún en estos tiempos de ASPO.

Otro punto a tener en cuenta –sobre lo cual también hace falta mayor regulación- son las obligaciones que asume la empresa vendedora: no sólo debe cumplir con la oferta, enviar copia de factura y garantía sobre los productos vendidos, sino también disponer de un servicio técnico, asegurar que los productos alcancen las normas de calidad y seguridad que impone la legislación vigente, la protección de los datos del comprador y el envío de comunicación de la compra, tránsito y postventa, un punto sumamente endeble en el caso de nuestro país.

Si bien es una modalidad de transacción que cuenta con muchas ventajas (ofertas con entrega inmediata, una de las más extendidas) también hay que enumerar algunos de los inconvenientes habituales con que tropiezan los usuarios, entre los más comunes, la falta de stock de unidades, publicidad engañosa y altos costos del envío (que deberían regularse).

Falta regulación al respecto, una ley de comercio electrónico que incluya sanciones a las empresas que no se atienen a lo que estipula la normativa y creo que el crecimiento vertiginoso de esta modalidad está dejando mucho material para seguir trabajando al respecto.

Cómo participar

La inscripción para participar en las capacitaciones virtuales se lleva a cabo vía mail –  biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar-  y son no aranceladas para matriculadas y matriculados del Colegio de Abogados Departamental.

“La pandemia puso en relieve el rol protectorio del derecho del trabajo”

Invitado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, el Dr. Diego Guirado (UNL) brindará mañana, desde las 15, vía streaming, el curso virtual denominado “Estado actual de la jurisprudencia en torno a la prohibición temporal de despedir”, una temática de notable actualidad en la agenda impuesta por la pandemia de COVID 19.

La propuesta forma parte de los cursos virtuales y gratuitos para matriculadas y matriculados que el Colegio de Abogados Departamental ha diseñado para agosto, subrayando el compromiso con la actualización del perfil profesional de sus integrantes, con temas de interés comunitario.

Gastón Argeri, presidente de la institución, reiteró la importancia de apostar a la permanente actualización a partir de la virtualidad, un insumo que ha vuelto ágil y cotidiano el intercambio en el extenso territorio del Departamento Judicial. “La irrupción del nuevo contexto impuesto por la pandemia nos indujo a repensar las prácticas profesionales, las vías de comunicación y, por supuesto, hacer foco en las problemáticas que trajeron aparejadas nueva jurisprudencia en determinadas materias del Derecho, como es el caso del derecho laboral, donde quedaron expuestas las condiciones imperantes y las consecuencias de una situación que obligó a revisar varios aspectos claves”, sostuvo.

Por su parte, Guirado adelantó algunos puntos del análisis que brindará durante el curso, acerca del mundo del trabajo, y algunos de los términos que lo rigen, en tiempos de pandemia.

¿Qué relevancia adquiere el derecho laboral, en este escenario inédito para el universo del trabajo?

Creo que hay varios emergentes interesantes en este contexto: uno de los puntos a destacar es que salió a la luz –tal como lo reflejan los presentes jurisprudenciales- el rol protectorio del derecho del trabajo. Tomó relevancia decisiva y así lo entendieron los jueces y juezas que tuvieron que resolver en este contexto y que interpretaron de manera inmediata el peligro en la demora, haciendo alusión a los considerandos del DNU 329 que precisamente le otorga un marco a esta situación de crisis y vuelve a traer a discusión los fallos de la Corte Suprema de la Nación, de los estados internacionales y lo dicho por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) a raíz de esta situación excepcional.

Si tengo que destacar algo de esta situación excepcional es, justamente, cómo volvió a la luz, a su plena vigencia el principio protectorio respecto del trabajador y cómo quedó en evidencia, al mismo tiempo, la desprotección que tienen estos en situaciones de crisis como la actual.

En relación a lo anterior, ¿hay jurisprudencia reciente y sobre qué aspectos novedosos del derecho laboral se ha construido?

En algunas jurisdicciones como CABA o provincia de Buenos Aires se pudo apreciar claramente cómo se accedió al reclamo y se fue directamente al núcleo del problema, es decir, a garantizar la subsistencia y mantenimiento de la relación laboral. Pero también, se ha podido apreciar cómo se decidieron cuestiones respecto al período de prueba, o en relación a despidos que no cumplían con los requisitos del artículo 243 (el despido debe comunicarse por escrito con expresión clara de los motivos) y además cómo se tuvieron en cuenta específicamente situaciones vinculadas a las cuestiones de género, sobre todo en el caso de las licencias de trabajadoras de servicios esenciales, de lo cual contamos con dos casos a partir de los cuales el sistema, en situaciones extraordinarias, tuvo que contemplar esas particularidades y otorgar licencias. Ante esta crisis, diversos institutos adquirieron una especial relevancia y hubo que debatir los fundamentos, orígenes y diferenciaciones, a raíz de las nuevas perspectivas que generó este escenario.

¿Cuáles fueron los cambios más importantes en el derecho laboral (nacional e internacional) que impuso esta contingencia inédita y cómo impactó en esa especialización?

Una de las cuestiones más relevantes es la vinculada a trabajadores exceptuados y esenciales, sobre todo en trabajadores de la salud, luego de las resoluciones del Ministerio de Trabajo donde, justamente, sacaba de servicio a aquellas figuras no laborables (locación de servicios, médicos residentes, becas, pasantías) como fue el caso de la Resolución 207 y luego de la Resolución 279, en las cuales consta que no obstante no haber una relación de dependencia se los insta a seguir prestando tareas, quedando de manifiesto la existencia de una relación laboral y, ante una situación de crisis, la necesidad de proteger a esas personas y de invocar su presentación a prestar servicios. En relación a lo antedicho, se cuenta con dos fallos de la Corte Suprema respecto a dos médicos en los que se deja constancia de que no había relación laboral pero que, en un contexto de crisis, son muy necesarios y es necesario promover una regulación más protectoria y específica, porque están en la línea de fuego respecto de la enfermedad y hay toda una sociedad que depende de esos trabajadores esenciales.

Más cursos para agendar

Martes 18, a las 15: “Restitución internacional de niños, niñas y adolescentes”, a cargo de María Andrea Esparza.

Miércoles 19, a las 17:30: “Cómo calcular la legítima”, a cargo de Gonzalo Pérez Pejcic (en forma conjunta con CIJUSO)

Jueves 20, a las 15: “Capacitación en uso de Microsoft Teams para audiencias virtuales”, a cargo de Gabriel Franchini

Viernes 21, a las 15: “Hecho y derecho del paisaje””, a cargo de Claudio Morel

Martes 25 y jueves 27, a las 15: Curso de Actualización Pericial Calígrafa”, a cargo de Walter Ledesma y Andrés Peronccini.

Los interesados e interesadas en solicitar mayor información e inscribirse podrán enviar mail a biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar.

Los cursos son no arancelados para matriculados y matriculadas del C.A.A.

“Vamos a capacitar a los y las colegas en los últimos criterios jurisprudenciales”

Gonzalo Rodríguez es el director del curso de actualización en Jurisprudencia Civil y Comercial que el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul pondrá en marcha este miércoles (5 de agosto) vía streaming y de manera gratuita para todos los matriculados y matriculadas del territorio departamental.

Con el Colegio de Abogados venimos trabajando hace bastante en el diseño de esta propuesta y hemos obtenido muy buenos resultados en otras que ya hemos implementado de manera conjunta, sobre todo en las vinculadas al derecho privado (conferencias sobre entorno fintech y derecho bancario o protección del consumidor digital, por ejemplo).

La actual conducción del Colegio que preside Gastón Argeri ha demostrado su permanente interés por la capacitación a colegas, la difusión de derechos y de diversas instancias que permiten generar ámbitos de debate y especialización: el C.A.A es una institución que trabaja de manera constante para promover este tipo de ámbito que favorece, sobre todo, al trabajo cotidiano de los y las colegas”, señala el abogado que también tendrá a su cargo algunos tramos de la actualización que se extenderá hasta mediados de noviembre.

¿A quiénes está dirigido este curso?

El curso de actualización está dirigido a abogadas y abogados que ejerzan la profesión libremente y que tengan como principal práctica la tribunalicia; también a quienes integren el Poder Judicial o los Ministerios Públicos.

¿Cuáles son los principales objetivos de la propuesta?

El principal propósito es establecer cuáles son los criterios jurisprudenciales más actuales en las diferentes materias que hemos propuesto.

Los ejes de trabajo trazados parten de la materia civil y comercial, tratando de abarcar muchas de sus ramas, desde el título preliminar hasta cuestiones concernientes a derecho de daños o cuantificación de daños, por citar algunos ejemplos. Otro de los ejes que vamos a analizar –de indiscutible actualidad- es la protección jurídica de consumidores y usuarios, al igual que derecho de seguros.

Vamos a analizar fallos sobre el derecho procesal, sobre todo pertenecientes al ámbito tecnológico, más aún en este contexto de pandemia donde la digitalización ha asumido un rol fundamental. También elaboramos algunos segmentos destinados al derecho bancario y financiero, en la relación que tienen los bancos con los usuarios y las empresas.  El último módulo será dedicado al derecho sucesorio, abordando las reformas del Código Civil y Comercial: resulta medular entender cómo se imbricaron esas modificaciones en el ámbito judicial.

¿Se analizarán fallos ejemplares o emblemáticos de la materia civil y comercial?

Sí, además los fallos que se van a analizar en cada uno de los ejes que se proponen no tienen más de un año y medio de antigüedad, lo cual garantiza su actualidad y su reciente divulgación para dar cuenta de los últimos criterios jurisprudenciales en cada uno de los ejes. Por supuesto, se van a tratar fallos emblemáticos en diferentes materias, como en el caso del acreedor involuntario en el ámbito concursal, al igual que en el ámbito del consumo.

Todos los ejes van a contar con fallos de relevancia por su actualidad y fundamentalmente de todas las instancias, poniendo el foco en los fallos de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como así también de diferentes Cámaras, no sólo de la Provincia sino de otras partes del país.

Siendo el fuero Civil y Comercial dos especialidades del Derecho tan dinámicas ¿qué importancia tiene este tipo de iniciativas?        

Tienen una relevancia indiscutible porque, justamente, busca analizar los últimos criterios jurisprudenciales sobre materias muy significativas del quehacer cotidiano, de mucha judicialización: los tribunales del país tienen gran cantidad de causas en trámite que se vinculan con los ejes que propone este curso.

Es de fundamental importancia porque, a cinco años de la sanción del nuevo Código Civil y Comercial, ya contamos con un corpus significativo de casos como para evaluar cómo se ha construido la jurisprudencia a partir de esa recodificación.

Las temáticas y los docentes

5 de agosto: ”La nueva jurisprudencia del Derecho Civil y Comercial. Diálogo de fuentes. Principios. Buena fe. Abuso del derecho. Fraude a la ley. Orden público”, a cargo de Federico Álvarez Larrondo.

12 de agosto: “Derecho a la salud: incumplimiento de empresas de medicina prepaga y obras sociales. Cláusulas abusivas. Amparo”,  a cargo de Gabriela Nucciarone.

26 de agosto: “Daños y perjuicios de la circulación. Prioridad de paso. Maniobra riesgosa. Causalidad. Culpa grave. Responsabilidad. Rubros indemnizatorios”, a cargo de Julián Jalil

2 de septiembre: “Responsabilidad de los profesionales. Mala praxis médica. Consentimiento. Estudios preparatorios. Intervención quirúrgica. Responsabilidad del establecimiento médico asistencial. Infección intrahospitalaria”, a cargo de Alejandro Chamatrópulos.

9 de septiembre: “Cuantificación del daño. Pautas y exigencias. Obligaciones de valor. Daño psicológico. Incapacidad sobreviniente. Fórmulas matemáticas. Cuantificación del daño punitivo”, a cargo de Walter Krieger.

16 de septiembre: “Seguros. Suspensión de cobertura. Límites. Cláusulas. Deber de cumplimiento. Prescripción”, a cargo de Candelaria Sappia.

23 de septiembre: “Derecho del consumo. Contrato de consumo. Deber de Seguridad. Vicios y defectos. Cláusulas abusivas. Cargas probatorias dinámicas. Daño punitivo”, a cargo de Gonzalo Rodríguez.

30 de septiembre: “Protección del consumidor en internet: responsabilidad de los intermediarios. Factor de atribución. Conexidad contractual. Principio de confianza. Eximentes”, a cargo de María Constanza Garzino.

14 de octubre: “Ejecución hipotecaria: créditos UVA. Contrato de ahorro previo. Medidas cautelares”, a cargo de Rafael Luena.

21 de octubre: “Concursos y quiebras. Verificación de créditos. Desproporción monetaria con la liquidación. Inflación. Quiebra indirecta. Nuevo cómputo de crédito insoluto. Acreedor involuntario. Verificación tardía. Prescripción”, a cargo de María Soledad Casazza.

28 de octubre: “Desalojo. Reivindicación. Legitimación. Emergencia sanitaria. Interés superior del niño. Legitimación pasiva. Posesión”, a cargo de Gonzalo Rodríguez.

4 de noviembre: “Cuestiones procesales. Beneficio de gratuidad. Medidas cautelares. Contracautela. Acción colectiva. Determinación de la clase. Publicidad. Cosa juzgada”, a cargo de Rodrigo Bionda.

11 de noviembre: “Proceso sucesorio. Fuero de atracción. Acción de colación. Prueba de la donación”, a cargo de María de los Ángeles Muntaner.

18 de noviembre: “Derecho bancario. Tarjeta de crédito. Cuenta corriente. Cierre injustificado. Pagaré. Secuestro prendario”, a cargo de Gonzalo Rodríguez.

El curso otorga un certificado que será enviado en formato digital, con el 80% de la asistencia.

Para mayor información e inscripciones podrán hacerlo al mail biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar

Institutos del C.A.A: espacios de debate e intercambio en pos de perfeccionar y dignificar la profesión.

Catorce son los institutos que funcionan en el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, espacios de encuentro profesionales nucleados en diversas ramas del Derecho, donde se investiga y estudia nueva jurisprudencia, generando doctrina actualizada.

En esta segunda parte referida a su labor, se subraya el trabajo de dos de ellos: el Instituto de Derecho Cooperativo y el Instituto de Mediación.

Instituto de Derecho Cooperativo

El abogado azuleño Claudio Minellono es quien se encuentra a cargo del Instituto de Derecho Cooperativo, que funciona en el Colegio Departamental desde hace poco más de un año. “El Instituto integra a abogadas y abogados de todo el Departamento Judicial, vinculados al cooperativismo desde distintas áreas del ejercicio profesional, como el ámbito académico; también comprende a quienes se desempeñan como asesores de cooperativas e integrantes de las mismas, además de miembros de organismos estatales de control.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo?

El principal propósito que nos hemos trazado apunta al análisis y compilación de la normativa vinculada a las cooperativas, al análisis y compilación de jurisprudencia vinculada al tema, como también la realización de eventos académicos que tengan por fin divulgar y promover el cooperativismo, entre otros.

¿Cuáles son los puntos más importantes de la agenda 2020?

Hubo que readecuar la agenda 2020 a la situación impuesta por la pandemia; si bien desde el principio veníamos utilizando las herramientas virtuales, desde marzo profundizamos estas prácticas.

Por el momento, seguimos con reuniones periódicas mensuales vía streaming, tratando fallos relativos a cooperativas, analizando normativa reciente dirigida a las cooperativas y con el desafío vigente de que se incorpore un mayor número de colegas que puedan aportar y enriquecer nuestro trabajo.

Por otra parte, con la puesta a punto de contenidos que venimos desarrollando desde el Instituto serán incorporados en la página web del Colegio –www.colegioabogadosazul.org.ar- para que pueda tener acceso cualquier persona que desee interiorizarse sobre los aspectos mencionados.

Instituto de Mediación

“El Instituto de Mediación del Colegio tiene dos fechas de inicio. En 2012, cuando estábamos por empezar a realizar mediaciones prejudiciales -anterior a esa fecha no había instituto ni comisión de mediación dentro del Colegio- y en 2018, cuando restablecimos su estructura, incluyendo nuevos objetivos y una agenda de trabajo”, sostiene la abogada tandilense Luciana Fernández, a cargo del espacio.

¿A quiénes congrega?

A todos los abogados y abogadas del Colegio de Abogados Departamental, en principio a aquellos que obtuvieron la matrícula para ser mediadores prejudiciales. Pueden realizar su formación como mediadores a través de diferentes entidades prestadoras, como Fundación CIJUSO o Universidad de Mar del Plata, si hablamos de puntos geográficos cercanos a nuestro territorio. Finalizada la formación, se tramita y se rinde ante el Ministerio de Justicia de la Provincia una evaluación que permite acceder a la matrícula y que otorga la capacidad de mediar en materia prejudicial. Actualmente, el territorio departamental comprende unas 120 matrículas otorgadas.

¿Cuáles son los principales objetivos de trabajo?

Desde 2018, hemos desarrollado un conjunto de lineamientos y objetivos que para nosotros son de vital importancia. Establecimos tres ejes de trabajo: práctica profesional para construir criterios comunes de intervención, en virtud de que la extensión geográfica del Departamento Judicial de Azul promueve una idiosincrasia propia en cada localidad pero necesita algunos lineamientos compartidos.

Otro de los objetivos es visibilizar nuestro rol de abogados mediadores, incluyéndonos dentro de la grilla de servicios y actividades que propone el Colegio, con cuestiones atinentes a nuestra práctica.

El tercero de los lineamientos es el armado de una agenda que permita la vinculación entre abogados y abogadas mediadores: es importante sostenernos dentro de la institucionalidad del Colegio y empezar a construir vínculos desde nuestro rol de abogados mediadores.

El restablecimiento del Centro de Mediación Voluntaria fue un gran logro del espacio, habilitando también la posibilidad de promover capacitaciones y jornadas específicas dentro del Colegio.

¿Tienen vinculación con pares de otros Colegios?

Sí, actualmente, estamos teniendo contacto con institutos de otros Colegios. Habíamos elaborado una agenda de trabajo mancomunado para este año. Sin embargo, la cuarentena y todas las consecuencias derivadas de ella nos pusieron a trabajar en otro orden de prioridades, como fue la creación del servicio de mediación voluntaria on line (formato virtual) siendo Azul uno de los primeros colegios que implementó la práctica.

La cuarentena nos activó de manera creativa y conjunta, consolidando la construcción colectiva. Hoy el Instituto congrega a un 40% de los mediadores matriculados, un alto porcentaje de adhesión que denota el trabajo consensuado, constructivo y de servicio para la colegiación y para la sociedad.

Retomando la vinculación con otros Institutos, estamos manteniendo un contacto muy estrecho con Avellaneda/Lanús, otro Colegio que está innovando con mediación voluntaria on line.

Luego, por una cuestión geográfica, estamos en contacto directo con el Instituto de Mediación del Colegio de Abogados de Necochea, de Mar del Plata y de Bahía Blanca, por citar algunos ejemplos.

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Íbamos a trabajar en una jornada inter institutos, con el fin de vincularnos, encontrarnos y abordar las problemáticas y seguir trabajando juntos. Pero, por el momento, hemos concentrado todo el esfuerzo en la creación del servicio de mediación voluntaria on line y su puesta en marcha. Lo que resta de la agenda es dar a conocer este servicio, que los profesionales sepan de qué estamos hablando, que la comunidad sepa de su existencia, hacerlo circular y crecer.

Los otros objetivos iremos retomándolos en la medida en que se restablezcan las oportunidades que restringió la situación sanitaria, fomentando capacitaciones y encuentros que, por el momento, estamos llevando a cabo de manera virtual y que han puesto de manifiesto el compromiso y la construcción creativa que ha tenido el Instituto de Mediación frente a este contexto excepcional para la práctica profesional.

Institutos del C.A.A: espacios de debate e intercambio en pos de perfeccionar y dignificar la profesión.

Los Institutos son uno de los principales pilares de la labor institucional que lleva adelante el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul; se trata de espacios de encuentro de los abogados y abogadas matriculados del Colegio en los que también participan funcionarios del Poder Judicial y se definen por la elección de una rama del Derecho en la que indagan y estudian nueva jurisprudencia y generan doctrina actualizada.

El presidente del Colegio Departamental, Gastón Argeri, subraya que los Institutos “fueron creados con el propósito de promover una instancia de intercambio y debate sobre temáticas que tienen una incumbencia profesional en la especialidad pero también constituyen una oportunidad eficaz para generar mayor conocimiento y herramientas, que luego son puestas al alcance de todos los profesionales”. Durante los encuentros que se desarrollan –de manera virtual, desde la instauración de la cuarentena obligatoria- los Institutos también se han encargado de continuar con la agenda diseñada para este año que supone actividades académicas, capacitaciones y actualizaciones en la materia en cuestión.

La labor que llevan adelante los directores de cada uno de ellos es vital: trabajan en la coordinación de los encuentros, en la convocatoria y en la puesta en valor de algunas reflexiones que invocan nuevas perspectivas de análisis, jurisprudencia y doctrina”, sostiene Argeri. Además de la agenda interinstitucional, los integrantes de los Institutos mantienen encuentros regulares que forman parte de la habitual agenda del C.A.A, en aras de sumar en cada una de las ramas del Derecho en las cuales se especializan.

Instituto de Derecho Laboral

Lucas Miriuka lleva adelante el Instituto de Derecho Laboral. “El principal objetivo de este espacio es compartir inquietudes entre los colegas y generar más conocimientos respecto a esta rama, que suele contar con mucho movimiento y es bastante dinámica, de modo que es constante el intercambio de opiniones entre los integrantes, respecto a la nueva legislación, fallos recientes y otros avances. Nos ocupamos de mantenernos actualizados y socializar esta información”, señala el abogado olavarriense, quien puso en valor la herramienta fundamental de trabajar en red y conectados: “somos unos 80 colegas y siempre estamos actualizando y compartiendo las experiencias profesionales vinculadas al campo del Derecho Laboral”

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Estamos atravesando un año muy particular por la situación de público conocimiento; en el difícil contexto que impuso la cuarentena, quisimos poner el foco en dar a conocer cómo se realizan las presentaciones electrónicas (expedientes y audiencias, por ejemplo) cómo están trabajando los tribunales, cómo se realizan los traslados de demandas vía carta documento o de funcionarios ad hoc, entre algunas cuestiones que hacen al día a día de nuestro ejercicio profesional. El objetivo principal fue tratar de que la situación de poco trabajo en los Tribunales no se tradujera en altos perjuicios para el trabajo en nuestros estudios. Nos propusimos mantenernos en movimiento y exigir que los Tribunales cumplan con la ley.

Instituto del Derecho del Deporte

Blas Pugliese conduce el Instituto del Derecho del Deporte. “El espacio está abierto a todos los matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados de Azul que tengan interés en cuestiones vinculadas al derecho del deporte. En nuestros encuentros –ahora virtuales- abordamos temas de interés, en función de las realidades que se registran en las ciudades del Departamento Judicial, vinculadas al ámbito deportivo y analizadas desde un abordaje jurídico”, destaca Pugliese, quien ejerce como abogado en Tandil.

¿Realizan actividades con otros pares de la Provincia?

Si y no sólo de la Provincia, sino también del país; somos parte de una Red de Institutos de Derecho de Deporte que abarca Mendoza, Córdoba, CABA, Santa Fe y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.

¿Cuáles son los principales puntos de la agenda 2020?

Hemos querido avanzar en el tratamiento de diversos temas, como deporte y género y en cuestiones que vinculan a nuestra temática con otras de índole laboral, administrativa o federativa. También analizamos fallos en la materia y, en la actualidad, estamos trabajando sobre la práctica deportiva en los casos transgénero y de género autopercibido.

Instituto de Derecho Animal

El Instituto de Derecho Animal es relativamente nuevo, fue creado en mayo de 2018 y congrega a todos los matriculados y matriculadas del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul que están interesados en esta materia reciente del Derecho, aunque también está en permanente contacto con colegas de otros Colegios de la Provincia y a nivel nacional: “la creación temprana de Institutos de otros colegios nos guiaron en el camino por recorrer y a desarrollar. Pero, afortunadamente, al tratarse de una rama relativamente nueva estamos todos intrincados en una misma red”, subraya Florencia Vignau, quien está a cargo del mismo. “Las personas  convivimos con otras especies, desde nuestros orígenes. Actualmente, los animales están presentes prácticamente en todos los ámbitos y, cada vez más, la comunidad científica ha demostrado que los animales no humanos (como los denominamos) son seres vivos capaces de experimentar dolor, angustia, ansiedad, miedo como también alegría, placer o deseo y, a  pesar de ello, la legislación actual los tiene definido como “cosas”, señala la abogada azuleña.

El Instituto del Derecho Animal tiene como fin contribuir en la defensa de los animales para la constitución de un adecuado rango protectorio,  promoviendo la urgente incorporación a la legislación como sujetos de derecho no solo por su interés moral sino también por el jurídico indispensable, con el propósito de adecuar tanto la normativa como la jurisprudencia.

¿Cuáles son los principales ejes de trabajo?

Los temas esenciales de estudio son la protección contra el maltrato y abandono de animales domésticos, el tráfico de mascotas exóticas, la problemática de aquellos que son utilizados para entretenimiento, alimento o trabajos abusivos (como la tracción a sangre) y/o cualquier tipo de explotación que pese y que comprende también la experimentación científica por parte de la industria cosmética y textil, entre otras.

¿Desarrollan actividades con otras entidades?

Sí, de manera permanente, al trabajar en conjunto con abogados, abogadas y ONGs con reconocida trayectoria vinculadas a la defensa de los derechos de los animales, estamos apostando a la actualización constante. Intentamos colaborar con organismos oficiales o cualquier otra entidad  que tenga intereses afines a los del Instituto. También buscamos generar mayor incumbencia en el ámbito municipal, con proyectos de leyes y/o decretos y/o resoluciones administrativas que se encuadren con la finalidad de este espacio.

La discapacidad en la agenda pública

El Dr. Claudio Espósito es el actual director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Invitado por el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul, aceptó la propuesta de brindar una conferencia virtual, “El mundo jurídico de las personas con discapacidad”, mañana martes, desde las 15, en el marco de las capacitaciones virtuales que brinda el Colegio Departamental para todos sus matriculados y matriculadas y la comunidad en general, de manera gratuita.

La apertura estará a cargo del presidente del Colegio de Abogados Departamental, el Dr. Gastón Argeri y la Dra. Gabriela Marti, directora del Instituto de Discapacidad y Derechos Humanos de la institución.

De acuerdo con los datos que arroja el Censo 2010, viven en nuestro país 5 millones de personas con discapacidad en Argentina; sin embargo, sólo la mitad cuenta con certificado único de discapacidad (CUD) lo cual deja al descubierto la relativa invisibilización de este sector.

El Colegio de Abogados Departamental promovió, en 2016, la creación del Instituto de Discapacidad que, en la actualidad, encabeza Gabriela Marti. La charla del martes es un punto clave en su agenda.

“El Dr. Espósito se ha especializado en derechos de personas con discapacidad, es Magíster en Derechos Humanos y desde enero pasado, titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo descentralizado y el principal en esta materia, dependiente de la Secretaría General de Presidencia de la Nación”, señala Marti.

Contar con su presencia en este curso es un lujo para nuestro Colegio y también en lo personal: ambos somos abogados interiorizados en la temática y papás de hijos con discapacidad. A partir de nuestras experiencias, nos hemos puesto a trabajar particularmente en ese campo, en principio para desbrozar el complejo marco jurídico que la comprende y, en relación a ello, para brindar herramientas a las familias que atraviesan una situación similar y tienen problemas o inconvenientes con los organismos públicos y privados que vulneran los derechos de las personas con discapacidad. El curso es una magnífica oportunidad que nos brinda el Colegio de Abogados de Azul: el Dr. Argeri invitó al Dr. Espósito, quien aceptó de inmediato la invitación de nuestro Presidente.

La discapacidad no es un tema empático, de modo que cada invitación a reflexionar con profesionales especializados es una gran noticia para nuestro Instituto y para todos los abogados y abogadas del Departamento Judicial”, agregó.

 ¿Cuáles son los principales ejes que abordará en la conferencia?

 Ante todo, informar y conversar sobre lo concerniente al mundo jurídico de la discapacidad, un universo donde el no cumplimiento de la ley suele ser la regla general, con lo cual es muy difícil el panorama para una persona con alguna discapacidad en este país.

Cuando nos formamos como abogadas y abogados, en la Facultad no se analizaban las leyes que existían, en materia de discapacidad. Había muy pocas, de hecho. En la actualidad, contamos con la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad  que tiene rango constitucional pero sigue siendo insuficiente el respeto de los términos que reglamenta. La idea, entonces, es acercar a las y los colegas, con ganas de participar, de interiorizarse en la temática vinculada a los derechos de las personas con discapacidad.

¿Cuál es la labor que desarrolla el Instituto de Discapacidad del C.A.A?

El objetivo del Instituto es informar y vislumbrar desde qué lugar y cómo podemos ayudar a las personas que tienen alguna discapacidad o atraviesan algún problema vinculado con su salud o, en líneas generales, se vulnera alguno de los derechos humanos.

El actual presidente del Colegio de Abogados de Azul, Gastón Argeri, ha sido muy generoso interactuando y ayudando para fortalecer institucionalmente el espacio, aconsejando desde el Instituto y fomentando el intercambio de experiencias con pares de otros Colegios Departamentales.

El Instituto de Discapacidad del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Azul reafirma su compromiso de trabajar por un mundo más inclusivo y equitativo, defendiendo los derechos de todas las personas con discapacidad. Por esa razón, el año pasado estuvimos presentes en todas las localidades que componen el territorio judicial del Colegio, brindando charlas a colegas y abiertas a la comunidad, abordando cuestiones vinculadas a los derechos de las personas con discapacidad y la defensa de cada uno de ellos.

En relación a lo anterior, ¿cómo es la vinculación del C.A.A –a través del Instituto- con sus pares de otros Colegios Departamentales de la Provincia?

El Instituto tiene permanente vinculación con aquellos de misma temática que funcionan en el resto de los departamentos judiciales de la Provincia, con los cuales mantenemos reuniones periódicas. También contamos con un calendario anual de actividades. Desde el Colegio, a través del Instituto, tratamos de ayudar y brindar información: la única manera de caminar por este complejo camino de la discapacidad es contando con el conocimiento necesario, estando actualizado de la última jurisprudencia y de los trabajos de doctrina que realizan importantes juristas.

Como mamá primero, como abogada después, entiendo de inmediato el enojo y la frustración que experimentamos muchas veces ante la falta de información al respecto. La labor fundamental que tenemos los institutos de Discapacidad es poner en eje lo importante: mensurar qué se ha podido y qué permanece pendiente en esta materia.

Estas charlas están pensadas para eso. Si desde el diálogo y este tipo de propuestas podemos brindar ayuda, nuestro trabajo está más que reconocido.

Inscripción:

Quienes deseen participar del curso podrán enviar mail a  biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar.

Abogados: Gastón Argeri y Mauro Grandicelli encabezaron el retorno de las juras

Luego de casi cuatro meses, el Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul realizó, hoy, la toma de juramento a nuevos matriculados y matriculadas. El acto se llevó a cabo a través de la modalidad virtual y estuvo encabezado por el presidente de la institución, Dr. Gastón Argeri  y el secretario del Consejo Directivo, Dr. Mauro Grandicelli.

En las palabras de bienvenida a los 13 flamantes profesionales y a una procuradora del territorio departamental, Argeri subrayó el carácter impostergable y trascendental de un acto que trascendió la modalidad y marcó un punto de partida en sus trayectorias: “el compromiso que asumen a partir de hoy es igual de importante, como si estuviéramos realizando esta ceremonia de manera presencial. Lo mismo nos sucede a nosotros, como autoridades del Colegio de Abogados; a partir de hoy, estamos en el mismo camino,  empezamos a transitar y convivir dentro de la institución, física y virtualmente, con muchas actividades a desarrollarse de manera conjunta, como así también un camino profesional que nos encontrará en muchas oportunidades, seguramente. En minutos nos convertiremos en compañeros de trabajo, en colegas, en esta modalidad virtual que vino a acercarnos en el escenario complejo que impuso el COVID 19”.

Luego, el Presidente del C.A.A destacó la relevancia de la injerencia profesional y de la permanente oferta de servicios, beneficios y capacitaciones que la entidad acerca a cada uno de sus colegiados y colegiadas. “Siempre, desde el Colegio de Abogados, vamos a buscar la excelencia profesional, es nuestra línea de trabajo permanente y nuestro horizonte, lo que supone, en el orden institucional, el compromiso constante a seguir capacitándonos y dignificar la profesión. Tenemos que ser un ejemplo para la sociedad, cumpliendo con las normas de ética profesional, cumplir con la defensa de nuestros clientes, pero también con la defensa y patrocinio gratuito que también está consignada en nuestra norma. Estos son algunos de los postulados a tener en cuenta en un futuro inmediato. Ya ustedes comienzan a transitar este camino profesional junto con los que somos parte de este Colegio”, subrayó.

De acuerdo con lo establecido por el instructivo de matriculación y jura a distancia diseñado por el Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (COLPROBA) la jura se realizó en coincidencia sincrónica por medios virtuales. “Seguramente, detrás de ustedes están sus familias, amigos, quienes los acompañaron a lo largo de toda su carrera. Quiero felicitar también a ellos: nadie imaginó este día en un contexto de toma de jura bajo sistema virtual, pero lo esperaron tanto como ustedes, estuvieron presentes en todo el proceso, los apoyaron durante los años de Facultad. Por eso, es un día de logros colectivos”, continuó Argeri.

Ser parte del Colegio

Finalmente, el Presidente del Colegio de Abogados Departamental cerró su discurso de bienvenida poniendo el valor el sentido de pertenencia a la institución. “Ser parte del Colegio no se agota sólo en el acto de jura: el compromiso es tanto de ustedes como de quienes ya somos parte y les damos la bienvenida. Es una relación en la cual corresponde el 50% de responsabilidad a cada parte. Somos un Colegio muy grande territorialmente y siempre hemos querido estar cerca de nuestros matriculados y matriculadas de todas las localidades: hemos trabajado mucho para afianzar esa red virtual que nos mantiene conectados. Pero del lado de ustedes, les pedimos el compromiso de informarse, de leer todo lo que se comunica desde el Colegio; la información es clave para el ejercicio profesional, por eso hemos mejorado nuestras vías de comunicación, a través de la páginas web, las redes sociales y el boletín informativo.

Queremos ser parte del día a día del ejercicio profesional de ustedes, siempre que nos dejen acompañarlos. Por esa razón, en este día tan especial en sus trayectorias profesionales, los invitamos a asumir ese compromiso y participación en el Colegio, con un sentido de pertenencia constante.

Las herramientas para ejercer la profesión están en este Colegio, a través de sus insumos profesionales y servicios. Hoy, contamos con una institución casi virtual, lo que nos ha permitido sobrellevar este difícil marco que configuró nuevas dificultades pero también nuevas oportunidades.

Les pido que se sumen, que participen de los Institutos, de las comisiones, que sean innovadores en todas las incumbencias donde definan su participación.

Hoy se abre un nuevo camino que empiezan a transitar, a vivir como abogadas y abogados. Seamos parte del mismo equipo para defendernos entre nosotros, defender la abogacía y el ejercicio profesional, buscando la excelencia profesional”, concluyó Argeri, para dar paso a la toma de juramento.

Nuevos matriculados y matriculadas

Agustina Gaytan (Rauch)

Gabriela Argentina Cámara (Tandil)

Laura Edith Díaz (Tandil)

María Emilia Pato (Bolívar)

María Eugenia Liliana Notar Rodríguez (Tandil)

Natalia Santa María (Olavarría)

Lorena Valentina Quevedo (Quevedo)

Daniel Alonzo (Tandil)

Esteban Omar Gandolfo (Azul)

Jerónimo Fusé (Tandil)

Juan José Maicá (Azul)

Kevin Daniel Amigó (Tandil)

Dr. Renzo Ricciuto (Azul)

Procuradora Mariana Eliseiri (Tandil)

Medicina Cannábica

La Dra. en Bioquímica Susana Pasquare y la Médica Marisol Bocetti brindarán una de las charlas previstas por la agenda de junio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

“Cannabinoides, un recorrido desde la investigación básica hasta su utilidad clínica” es la propuesta para el martes 30 de este mes, a partir de las 15, a través del sistema Streaming. Acerca de la injerencia social de la medicina cannábica y de la inmediata regulación que reclama en el terreno jurídico, su aplicabilidad y utilidad, ofrecieron un pantallazo de los principales ejes que atraviesan el amplio debate sobre la temática.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la investigación en medicina cannábica que abrieron un nuevo escenario en la clínica bonaerense?

Susana Pasquare: desde 2007, dirijo el Laboratorio de Cannabinología en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que funciona en el Centro Científico Tecnológico de la Ciudad de Bahía Blanca y que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, donde me desempeño como docente en la carrera de Bioquímica.

Desde ese año, trabajamos en el metabolismo de los cannabinoides endógenos que son moléculas que nuestro organismo fabrica  y  que son similares, en muchos aspectos, a los principios activos  presentes en la planta de cannabis. Nuestro grupo estudia cómo estas moléculas  funcionan en procesos neurodegenerativos como el envejecimiento y en un modelo de enfermedad de Alzheimer, empleando para este fin modelos animales.

Tuve la suerte de hacer una instancia post doctoral en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, donde se estudió el sistema cannabinoide en cerebros post mortem de individuos que habían padecido esas enfermedades.

Esta experiencia nos permitió volcar gran parte de lo aprendido en la ONG Cannabis Medicinal de  Bahía Blanca, con la que trabajamos mancomunadamente desde hace unos años junto con la Dra. Marisol Bocetti, quien acompaña a pacientes con diferentes patologías que, por decisión propia, deciden seguir alguna terapia cannábica.

En nuestro país, hay distintos grupos que trabajan con derivados de esta planta tratando de establecer qué es lo que ocurre en diversos modelos de diferentes patologías Como en toda investigación básica, es ésta la plataforma sobre la que se construye la investigación clínica y aplicada. Somos un granito de arena dentro la amplia comunidad científica mundial que tiene a su cargo la hermosa tarea de ver qué es lo que produce el  cannabis en distintas patologías o procesos. Si bien a través de nuestras charlas, abordaremos fundamentalmente aspectos moleculares y  terapéuticos, no dejaremos de dar una mirada al aspecto social y legal que van de la mano de lo previamente mencionado.

En relación a lo anterior, ¿consideran que ha habido avances significativos en la salud pública?

En nuestro país, no contamos con una salud pública focalizada hacia el empleo de cannabis como terapia. Hablar de terapia cannábica no es bien recibido aún en algunos ámbitos; en parte, esto obedece a la falta de conocimiento pero también es cierto que tenemos una legislación mínimamente reglamentada al respecto y que no cumple con todas las expectativas que el amplio espectro de usuarios medicinales de cannabis requiere.

Nosotras formamos parte de un grupo multidisciplinario, donde intervienen ingenieros agrónomos, bioquímicos, abogados, médicos, es decir, integrantes de una diversa comunidad científica, donde cada quien realiza sus respectivos aportes. Este conglomerado tiene un único objetivo: la legalización del cannabis como medicina. Sin embargo, no contamos con una política de salud pública que aliente el empleo del cannabis como medicina. Son muchos los esfuerzos que estamos haciendo y que mucha gente hace en distintas partes del país, dialogando con autoridades municipales, provinciales y nacionales, para avanzar en ese sentido.

Afortunadamente, a partir de este año, hemos logrado consolidar una red muy importante –integrada por investigadores del CONICET, usuarios, ONGs y médicos- que ha podido acordar regularmente reuniones con el Ministerio de Salud. Hemos tenido muy buena recepción de nuestras propuestas que incluyen, en líneas generales, una reformulación de la ley vigente sobre el uso del cannabis en investigación y aplicación médica. Habíamos registrado notables avances en el debate sobre este tema pero, lamentablemente, la emergencia sanitaria que impuso el COVID 19, estableció otras prioridades en materia de salud pública. No obstante, es importante destacar el interés genuino que despertaron estos planteos en las autoridades del Ministerio de Salud. Sin duda, nos encontramos con la decisión política necesaria para abordar el tema desde otra perspectiva y estamos muy conformes con esos avances.

¿Consideran que es insuficiente el diálogo entre las leyes vigentes y la regulación del uso medicinal del cannabis?

Sí, de hecho, la ley promulgada hace unos 3 años sólo reglamenta 2 ó 3 artículos respecto a sus usos y aplicaciones. No se aborda el autocultivo, por ejemplo y, si bien se refiere brevemente a quiénes serían los organismos responsables del cultivo, quedó en una mera formulación. Las autoridades salientes, me refiero al gobierno anterior, hicieron caso omiso, a pesar de todas las marchas, movilizaciones y pedidos que se formularon en reclamo de una mayor reglamentación.

En nuestro país, se sigue permitiendo el ingreso de cannabis, no como medicamento sino como suplemento dietario, para el tratamiento de la epilepsia. Se trata de un fármaco que tiene su origen en Canadá o Estados Unidos a precio dólar, inalcanzable por el usuario común y con un único componente. Pero también hay que tener en cuenta que no es sólo la epilepsia la receptora de la respuesta con esta terapia y no solo un principio activo, sino todos los componentes de la planta. Hay un sin número de patologías que son perfectamente tratables con cannabis, complementando a otros tipos de terapias. Este aspecto no está contemplado en la ley, como tampoco lo está el control y la regulación del autocultivo, lo cual  ha generado un mercado negro inescrupuloso del cannabis como medicina. Basta con hacer una búsqueda en la web “cannabis medicinal” para encontrarse con todo tipo de ofertas.

Hace un tiempo, hicimos un estudio estadístico cuyo trabajo final ganó un premio en la Expo Cannabis del año pasado. Consiste en un relevamiento en Bahía Blanca sobre la gente que accedía a este tipo de tratamientos, del origen y la calidad de los productos utilizados. Muchos eran de origen desconocido, otros de cultivadores ajenos a la persona que aportaba la muestra, otros eran propios…no había control de ninguna naturaleza y la gente se administraba esos compuestos derivados de cannabis sin saber lo que estaban tomando y, por lo general, no era lo que necesitaban para la patología que pretendían tratar.

Mientras no esté bien regulado este escenario, sobre todo por las autoridades sanitarias competentes, vamos a seguir lamentando este tipo de imprudencias

¿Cómo definirían la demanda social en relación al tema? ¿Consideran que existe un vacío legal en la implementación y que ello configura un escenario donde conviven todo tipo de discursos?

El debate sobre cannabis ocupa el lugar que ocupa en la actualidad y se está discutiendo básicamente por la demanda social. Es la gente quien con sus necesidades acude al médico y le cuenta lo que está tomando, cómo se resuelve, averigua si está contraindicado, si puede continuar o no. Afortunadamente, a pesar de que cada uno responde a los parámetros de su propia comunidad científica, no perdemos de vista que la mirada multidisciplinar nos enriquece a todos. Para nosotros, es fundamental acercarnos desde la investigación básica a la aplicabilidad que analizan los médicos clínicos y para ellos es enriquecedor ver lo que sucede a nivel molecular.

El relevamiento anteriormente mencionado también fue presentando ante la Sociedad de Farmacología Experimental y reafirma muchos de estos aspectos que configuran la realidad actual. La gente, en la mayoría de los casos desconoce el origen del producto al que accede y mucho menos tiene poca idea de su composición y contenido.

Sin embargo, la demanda social y los movimientos sociales que alientan esta demanda es extrapolable a lo largo y ancho del país. El Instituto al cual pertenezco cuenta con la tecnología y los recursos humanos idóneos para llevar adelante la cuantificación de los derivados de cannabis, razón por la cual, presentamos un pedido al CONICET para contar con un STAN que fue aprobado en febrero de este año. Desde entonces hacemos las cuantificaciones de derivados de cannabis sobre cogollos, aceites, tinturas y cualquier otro tipo de derivados. Creemos que se trata de dar una respuesta a esa demanda y que desde la investigación se le brinde a la gente la solución a una necesidad social concreta. En definitiva, es la sociedad quien sostiene la investigación con el pago de sus impuestos y creo que vale la pena abrir el juego en este sentido, ya se trate de esta temática o de otras de interés público.

 Hay un marcado déficit legal porque no tenemos reglamentada la ley en los términos que lo requiere esta problemática. Se sigue arrestando a individuos que cultivan para sus patologías o las de un familiar, porque la ley vigente no contempla todos los aspectos que tiene que contemplar: es una ley que maltrata a los usuarios de cannabis medicinal.

A pesar del abordaje multidisciplinario que realizamos desde nuestra ONG los aspectos insuficientes del marco legal naturalmente admiten la multiplicidad de discursos y de versiones en relación al cannabis medicinal. De todas maneras, creemos que estamos mucho mejor respecto al año anterior y mucho más al momento en que se implementó la ley. La apertura mental de los funcionarios que están a cargo de las instituciones públicas es totalmente diferente, ya no parece tan lejana la posibilidad de regular y legalizar el uso medicinal del cannabis, del autocultivo, las condiciones de mantenimiento y de extracción todo lo cual modifica los contenidos de los compuestos.

Cómo inscribirse

Los matriculados y matriculadas del Colegio Departamental interesados en participar de esta propuesta podrán inscribirse vía mail a biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar. La actividad es no arancelada para abogados y abogadas colegiados en este Departamento.

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