“Aranguren le costó al Estado 561 millones de dólares”

Lo aseguró Federico Bernal, actual interventor del ENARGAS, a la Agencia Paco Urondo  y habló sobre la denuncia penal que realizó en contra del ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y otros ex funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.

Por Álvaro Erices 

En su carácter de interventor del ENARGAS Federico Bernal, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la denuncia penal que impulso contra el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y otros funcionarios por violar, a fines del año 2017, el marco regulatorio del gas (según la Ley 24.070) mediante la implementación de un pacto de precios denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”. Según la denuncia el objetivo era garantizarles a las empresas gasíferas un ingreso superior al que supuestamente hubiese surgido de la libre negociación. 

La denuncia penal recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la jueza Elizabeth Alejandra Paisán y expresa la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal de la Nación) por parte de Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente de ENARGAS, Daniel Alberto Perrone, los ex directores del organismo, Diego Fernando Guichón, Griselda Lambertini y Marcos Pourteau, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Carlos Alberto María Casares, y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales.

La denuncia solicitó que los perjuicios económicos sean soportados por los imputados en los términos de los arts. 23 y 29 del Código Penal de la Nación, agregando el “perjuicio preliminar” generado por el Decreto 1053/2018 que en su art. 7 expresa: “Que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”. 

ENARGAS actualmente está a la espera del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que en su momento denunció penalmente al ex secretario de Energía Javier Iguacel por intentar socializar entre las usuarias y usuarios la enorme deuda de las distribuidoras para con las productoras de gas tras la megadevaluación efectuada por Mauricio Macrì desde el Poder Ejecutivo de la Nación.  Según la acusación, el perjuicio generando por las maniobras denunciadas asciende a un total de 561 millones de dólares. 

AGENCIA PACO URONDO: ¿Con qué se encontró al llegar a ENARGAS? 

Federico Bernal: De lo que puedo decir, porque está en marcha un proceso de revisión y auditoría, es que me encontré un organismo vaciado en gerencias estratégicas que deberían haber trabajado en la protección de los usuarios y usuarias; gerencias abandonadas o con muy poco personal; otras relacionadas a ciertas cuestiones de regulación de contratos de licencia con muchísima gente, sobrepobladas. En definitiva, me encontré con un ente desmantelado, tal como el presidente Alberto Fernández se encontró el país el 10 de diciembre pasado. 

APU: ¿Tiene la Argentina la “crisis energética” que expresaba el macrismo?  

FB: Macrì al asumir como presidente planteó que había heredado una situación de “crisis energética” y también lo hizo a través de Juan José Aranguren, su ministro de Energía y Minería. Yo no comparto esa aseveración. En cambio, el presidente Alberto Fernández sí recibió una crisis energética producto de la política neoliberal en la materia, tanto tarifaria como energética en general, con paralización y demoras en las obras de infraestructura en materia de gas natural; de lo cual estoy viendo mucho en este momento. Sobre la política tarifaria, la estoy estudiando y ya hay indicios y pruebas de alejamiento del marco regulatorio de ciertas cuestiones y en otras estamos en proceso de ese trabajo. Por eso la denuncia formal. 

APU: ¿Cuál es el objeto de la denuncia realizada contra Juan José Aranguren y otros ex funcionarios? 

FB: Hay que dejar claro que no estamos denunciando aquí una política energética errónea. Lo que detectamos con pruebas es que Juan José Aranguren y sus funcionarios, tanto ministeriales como del anterior ENARGAS, realizaron una intervención ilegal para favorecer a empresas productoras de gas. Actuaron en contra de la ley 24.076 y establecieron un pacto no permitido por ella y lo trasladaron obligatoriamente a los usuarios y usuarias de nuestro país. El problema es que Aranguren violó el marco regulatorio del gas.

APU: ¿Cuál es el real perjuicio económico que expresa la denuncia?

FB: Estamos hablando de un grave perjuicio para el Fisco Nacional y para los bolsillos de los usuarios y usuarias. Por el primero, la violación del marco regulatorio generó un costo fiscal de 393 millones de dólares y, para los segundos, un costo de 168 millones de dólares. Es decir, Araguren le costó al Estado 561 millones de dólares. Esto debe ser resarcido por los denunciados. 

APU: ¿Cuál es el rol que jugó el acuerdo denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”?

FB: Producto de todo ese acuerdo de “bases y condiciones” entre empresas amparadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación a fines de 2017 se fijó una escala ascendente de precios en dólares, lo que se llamó “la tablita de Aranguren”, que fueron trasladados a las tarifas. Este pacto de “bases y condiciones” se usó de referencia para todas las resoluciones que dictó el ENARGAS respecto de los cuadros tarifarios que empezaron a regir en abril de 2018. De esa deuda enorme generada, a Javier Iguacel se le ocurrió trasladársela a los usuarios y usuarias de red de gas en veinticuatro cuotas. De acá derivó la denuncia del fiscal Marijuan. Pero luego del escándalo, Macrì decidió que la pague el Estado en treinta cuotas.  

APU: ¿Habría que actualizar el marco regulatorio establecido por la ley 24.076?   

FB: Puede ser que la 24.076 tenga muchas cosas para ser mejoradas. Es una ley que tiene casi treinta años. Ya el hecho del tiempo transcurrido es algo que debería llevar por lo menos a una actualización. 

APU: ¿Argentina debería tener una nueva ley de hidrocarburos con una lógica adecuada a nuestro tiempo histórico? 

FB: Por supuesto que hay mucho para cambiar. La ley 17.319 es de la década del sesenta y tenemos infinidad de resoluciones, leyes, normativas de otros tiempos. Lo que sí se debe reconocer es que los dos marcos regulatorios en el caso de la energía, es decir, el del gas y el de la electricidad, son tomados en el mundo como modelo. Lo que ocurre es que la clave es hacer y cuidar que se cumplan. La intervención que presido está abocada a eso. Hay muchas cosas por mejorar, pero eso tiene que darse en el marco de una política energética soberana y que recupere todos los grados de libertad respecto de lo que ha sido la influencia y la injerencia de intereses privados locales y extranjeros. 

APU: ¿Qué es la soberanía energética?  

FB: Ser soberanos energéticamente es poder decidir una política energética sin influencias de terceras naciones o de intereses sectoriales y privados. Así como en materia industrial el Poder Ejecutivo toma decisiones soberanas favorables a la Nación y a su pueblo, en materia energética es lo mismo. 

APU: ¿Se ha recuperado la soberanía energética desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy? 

FB: Hoy la política energética volvió al Poder Ejecutivo. En la gestión anterior estaba lisa y llanamente en manos de intereses que no eran los de la sociedad argentina y, por supuesto, hay todavía mucho que desandar en materia de política energética heredada y eso tiene que ver con los resultados a los que arriben las intervenciones del ENRE y del ENARGAS y, por otra parte, de todas aquellas decisiones de política energética que emanen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación conducido por Matías Kulfas y de la Secretaría de Energía de la Nación dirigida por Sergio Lanziani; que tiendan a posicionar a la energía y a los servicios públicos derivados de ella como Derechos Humanos. 

APU: ¿Cómo sería el entrecruzamiento entre Energía y Derechos Humanos? 

FB: Pensar, razonar y ejecutar la política energética en materia de servicios públicos como Derechos Humanos significa que, por ejemplo, las tarifas sean efectivamente justas y razonables, que sean servicios públicos y no bienes de lujo, que los mayores costos de producción vinculados al servicio público no los afronte la ciudadanía ni los sectores populares, sino que sean como una política de Derechos Humanos donde el Estado cumpla un rol protagónico para cuidar y promover que ese derecho humano que es tener luz y gas pueda ser un servicio público esencial y una herramienta para el desarrollo y para el crecimiento de la movilidad social ascendente y la calidad de vida de la población, en lugar de ser un bien de lujo o un commodity o un negocio para pocos como sucedió durante la gestión de Mauricio Macrì. 

APU: Como interventor del ENARGAS se encuentra impulsando muchas mesas de trabajo como, por ejemplo, con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o con Empresas recuperadas y Cooperativas de trabajo, Inquilinas e Inquilinos, Pymes, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas? 

FB: Todo lo que tiene que ver con las comisiones de trabajo que estamos creando son para volver a empoderar al ente de ciudadanía. El ente que recibimos no solo estaba desmantelado, sino que actuaba de espaldas a los usuarios y usuarias. Nosotros ni bien entramos pusimos en marcha mesas permanentes de trabajo revalorizando a los sectores más necesitados y residenciales; inquilinos, pymes, empresas recuperadas, adultos mayores, GNC, entre otros. Lo estamos haciendo también con distintas provincias al reactivar las obras paralizadas para que el gas no sea el beneficio de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas, sino que podamos ir hacia los cerca de cinco millones de usuarios y usuarias que no tienen acceso al gas por red. Todo esto tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía en el ENARGAS; que el usuario y la usuaria estén permanentemente trabajando con las autoridades para resolver sus problemas y proponer nuevos caminos para que el servicio público vuelva a adquirir el estatus de derecho humano. 

La CIDH al tanto del espionaje macrista

Ayer 1° de julio, Edison Lanza, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), recibió una nota del diputado Pablo Carro (FdT – Córdoba), y se comprometió al seguimiento de los numerosos testimonios que han salido a la luz en nuestro país respecto a una red de espionaje sistemático a periodistas, políticos y referentes de organizaciones sociales, entre 2017 y 2019.

Esta red ilegal operó a través de funcionarios y agentes de la ex Agencia Federal de Inteligencia, en presunta relación con responsables de diferentes áreas del Poder Ejecutivo Nacional del anterior Gobierno.

Foto: Edison Lanza

El virus llegó a Diputados

Un diputado que estuvo el jueves en la sesión dio positivo de coronavirus. El legislador nacional Julio Sahad, presidente del PRO en La Rioja, informó su contagio a través de Twitter. Es el tercer diputado en contagiarse con Covid-19.

El diputado Julio Sahad (Juntos por el Cambio), quien estuvo presente en el recinto en la sesión que realizó el pasado jueves, informó hoy que dio positivo de coronavirus, por lo que se convierte en el tercer legislador en padecer la enfermedad.

Quiero contarles que hace unas horas me confirmaron el diagnóstico de covid-19 positivo. Siempre tomé los recaudos necesarios para ir y volver y cada vez que ingresé a mi provincia me puse a disposición de las autoridades correspondientes, siguiendo el protocolo”, escribió Sahad (PRO-La Rioja) en su cuenta de Twitter.

A diferencia de los otros dos legisladores que dieron positivo (Walter Correa y Federico Fragoli), Sahad estuvo presente en el recinto en la sesión que realizó la Cámara de Diputados el jueves pasado para debatir el proyecto sobre donación de plasma para recuperados de coronavirus, la ley de economía del conocimiento y la regulación del teletrabajo (Télam).

Intendente Corrupto?

Una cámara de seguridad registró al intendente de la localidad correntina de Mburucuyá, Pablo Kelo Guastavino, y a su hermano José Miguel, cuando atacaron a golpes y le robaron el celular a un periodista en plena calle, según la querella criminal en la que pidieron la detención del jefe comunal por los delitos de robo simple, lesiones y amenazas.

El periodista se encontraba filmando el momento en el que los hermanos Guastavino bajaban mercaderías enviadas por el Gobierno nacional en la casa familiar, lo que podría demostrar otro grave delito de corrupción vinculado al manejo de alimentos para comedores.

Con la prueba del video y testimonios de testigos, la Justicia de Instrucción de Corrientes estaría en condiciones de ordenar la detención del intendente Guastavino, que legamente no tienen fueros, por el grabe delito de robo en la vía pública.

En pleno centro de Mburucuyá y en medio de una calle, el video muestra al periodista Marcelo Florindo defendiéndose de las lesiones que recibía de los hermanos Gustavino, además del momento en el que uno de ello le quita el teléfono celular con el que filmaba y nunca más se lo devolvió. El aparato fue encontrado por la Policía recién al día siguiente y totalmente destruido.
Florindo trataba de correr por el pavimento mientras recibía golpes de puño y patadas por las piernas, espalda y cabeza, además de sufrir el salvaje robo de su teléfono que nunca más recuperó.

Todos estos delitos fueros asentados en una querella criminal contra el intendente Guastavino y su hermano en el juzgado de Instrucción de Saladas el miércoles pasado, escrito en el que además se pidió la detención del jefe comunal.

Lo grave del caso también es que la jueza de Saladas, María Mareco, se negó este viernes a recibir otro escrito que solicita medidas de protección para testigos y denunciantes, además de la contundente prueba del video que muestra el ataque y el robo. La magistrada argumentó en forma absurda que la emergencia por coronavirus no le permite comenzar con el trámite.

La querella la realizó Florindo con el patrocinio del abogado Juan Manuel Cubilla Podestá. El caso es gravísimo para la vida institucional de Mburucuyá porque el periodista estaba filmando al intendente cuando bajaba en su domicilio familiar mercaderías enviadas por el Gobierno nacional para comedores comunitarios.

El supuesto manejo irregular de los alimentos que el Municipio recibe del Gobierno nacional podría comprobar también otro grave delito de funcionario público, con el agravante de que el país se encuentra en emergencia sanitaria por coronavirus y las necesidades de la población aumentan.

Momento en que el Intendente le arrebata el celular al periodista

Internet Para Todes

Proyecto de ley para declarar a Internet como derecho humano y servicio universal es para el acceso a servicios de conectividad e Internet, en sus modalidades de banda ancha fija, móvil y satelital.

El proyecto, presentado ayer por Pablo Carro y Blanca Osuna, presidentes de las comisiones de Comunicaciones e Informática y de Educación, respectivamente, restablecer la vigencia del art. 15 de la Ley 27.078, Argentina Digital –suspendido por el decreto 267/15–, que dispone que el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones es un servicio público en competencia, “esencial y estratégico”. De esta manera el Enacom, como autoridad de regulación, podrá regular sus tarifas.. 

El proyecto, que lleva la firma de 29 diputadas y diputados, dispone también la creación de un Plan Nacional de Conectividad para articular las políticas y recursos públicos con las inversiones de los prestadores. Sus objetivos serán maximizar la cobertura geográfica, la accesibilidad a toda la población, la inclusión digital y la asequibilidad de paquetes de servicios esenciales determinados por la autoridad de aplicación. El Enacom establecerá la gratuidad del acceso y navegación por dispositivos móviles en sitios web oficiales de salud y educación para toda la población; y en sitios web con contenidos educativos para los y las estudiantes y docentes.

Entre sus fundamentos, el proyecto expresa que la salida de la pandemia priorizó en la agenda del desarrollo sostenible con equidad distributiva la necesidad de superar las “desigualdades estructurales” de Internet y plantea brindar una mínima calidad de servicio con tarifas “justas y razonables”.

Existen más de veinte proyectos legislativos sobre conectividad y pandemia-postpandemia en Diputados, algunos alcanzan también a los servicios de telefonía y audiovisuales.

Negri quiere ir

El presidente del interbloque Juntos por el cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró hoy que “un debate de envergadura”, como el de la expropiación de la cerealera Vicentin, “no puede hacerse de forma remota y debe ser de forma presencial”.

El presidente del interbloque Juntos por el cambio de la Cámara de Diputados, Mario Negri, aseguró hoy que “un debate de envergadura”, como el de la expropiación de la cerealera Vicentin, “no puede hacerse de forma remota y debe ser de forma presencial”, lo que genera diferencias con el oficialismo, que no descartaba la posibilidad de tratarlo con el sistema mixto.

Un debate de esa envergadura no puede hacerse de forma remota. No se le puede retacear el uso de la palabra a nadie. Porque acá se debatirá la inconstitucionalidad de una medida, las consecuencias sobre la economía. Este debate debe ser de forma presencial”, afirmó hoy el dirigente opositor en declaraciones periodísticas.

Negri anticipó que le planteará al presidente de la Cámara, Sergio Massa, que “un debate de ese tipo no se puede llevar adelante virtualmente; porque en una discusión de esa profundidad no se le puede retacear la palabra a ningún legislador, ya que será un debate de 14, 15 o 16 horas”.

Esta postura de Juntos por el Cambio se da ante el inminente ingreso del proyecto de expropiación de Vicentin -que se haría por el Senado- y cuando se encuentra vencido el plazo para trabajar mediante sesiones remotas en la Cámara baja”

Las sesiones remotas son excepciones y son para discutir temas donde se está de acuerdo, por eso habría que buscar una forma presencial en algún lado”, sugirió el cordobés.

Ante la posibilidad de que otros bloques opositores apoyen el debate remoto y el proyecto en cuestión, sentenció: “espero que expresen el grado de sensatez que se necesita”.

Esta postura de Juntos por el Cambio se da ante el inminente ingreso del proyecto de expropiación de Vicentin -que se haría por el Senado- y cuando se encuentra vencido el plazo para trabajar mediante sesiones remotas en la Cámara baja.

La posibilidad de emitir dictámenes de comisión y de sesionar en forma telemática fue aprobada el pasado 13 de mayo y tenía vigencia de un mes, por lo que se requiere una prórroga para volver a utilizarlo.

Fuentes parlamentarias señalaron que en las próximas horas Massa convocaría a una reunión de residentes de bloque para intentar acercar posiciones, ya que en la redacción original del protocolo se había precisado que para prorrogarlo se debía contar con el “consenso” de todas las bancadas.

Rebelión

El presidente de la Convención de la Unión Cívica Radical, Jorge Sappia, consideró las iniciativas del oficialismo de expropiar a Vicentin y un impuesto a las grandes fortunas, como “positivas”. Además criticó a la dirección de la UCR y pidió refundar el partido.

La Plata, 12 Jun (InfoGEI).- En diálogo con el programa Reporta Caput, el titular de la Convención Nacional de la UCR, se refirió a la expropiación de la empresa Vicentin y a la posibilidad de crear un impuesto a las grandes fortunas: “Me parece queson dos iniciativas que deben ser consideradas desde un punto de vista positivo.

Respecto de su crítica a la conducción partidaria, y la necesidad de refundar el partido, Sappia dijo que “hay que definirlo de una buena vez y terminar con Juntos por el Cambio, aseguró.

El caso de Vicentin –continuó el dirigente-, no puede ser una situación ajena al Estado,el Estado tiene que comprometerse en el rescate de una empresa de esa envergadura, porque los problemas que genera con su personal y sobre todo con los productores agropecuarios es inaceptable”.

Consideró que la medida de expropiación podría servir “para que se instrumentara un sistema de supervisión de la cadena agroalimentaria, que en la Argentina está sometida a vaivenes absolutamente fundados en el lucro. Acá no hay soberanía alimentaria. Si Vicentin se plantea en esos términos, puede ser un click para que el país progrese seriamente en tema de alimentación, afirmó.

Y el impuesto por única vez puede ser otro click, porquehay que dar vuelta la página de la política tributaria. Hay que ver cómo puede hacerse el tributo sobre los que tienen la mayor y mejor posibilidad de tributar y no que se desparrame a tontas y locas entre toda la gente”.

Sobre los ataques de la oposición sostuvo que “no hay ninguna condición objetiva para decir que esto es un régimen comunista o que vamos camino a Venezuela,es un total disparate. Me parece que se están distanciando de lo que es la tradición política del radicalismo. LamentablementeMario Negri está equivocado, ha asumido una posición que para mí no se compadece con lo que debería ser la oposición radical en el Congreso”, señaló.

Además afirmó que Alfredo Cornejo “está teñido de un color conservador, él no tiene nada que ver, hay que refundar el radicalismo, hay que recuperar la identidad ideológica del partido. Quienes nos llevaron a la alianza con un partido neoliberal y conservador como el PRO se confundieron, no se justificaba la entrega sumisa a esa conducción política. Me parece quehay que definirlo de una buena vez y terminar con Juntos por el Cambio, finalizó.(InfoGEI)Jd

Acuerdos

Luego del anuncio oficial realizado por el Gobernador y el Ministro de Salud Pública  Bonaerense, la diputada provincial Alejandra Lordén, presentó un pedido de informes para conocer los alcances del acuerdo, así como los datos con los que cuenta el Ejecutivo, que lo motivaron.

Se trata de las medidas que está llevando adelante el Ejecutivo Provincial en relación al Programa de Sustentabilidad Económica de efectores de salud del sector privado.

Se habla de un monto mensual de 400.000.000 de pesos con el fin de paliar la abrupta disminución de las prestaciones en el marco de la pandemia” remarcó Lordén y solicitó que se brinde información estadística respecto de la expresión del Gobernador “las clínicas privadas empezaron a extinguirse y quebrar”.

El acuerdo se realizó entre la obra social de la provincia IOMA, la asociación de clínicas (ACLIBA) y la federación de clínicas y sanatorios (FECLIBA), por lo que la legisladora se preguntó el motivo por el cual se ha dejado de lado “uno de los pilares de la salud como son los médicos, odontólogos, bioquímicos y demás profesionales de la salud que terminan siendo los primeros en la línea de lucha contra la enfermedad y los convidados de piedra a la hora de la toma de decisiones”.

Nos preocupa sobremanera la situación ante la hipótesis del no cumplimiento por parte de los receptores de los créditos financiados por el IOMA y el Programa de sustentabilidad económica, qué tipo de garantías de recupero de la inversión dispondría el Estado, si ha tomado o tomará seguros de caución”, aseguró Lordén quien se preguntó ante la hipótesis de conflicto por el no pago, ¿IOMA perdería esos recursos?, ¿Sería IOMA propietario de clínicas y sanatorios?, ¿Participaría del gerenciamiento?.

Respecto de la expresión del Sr Ministro de Salud, “trabajar en una reformulación de un sistema que le estaba sirviendo desde el punto de vista económico a muy pocos” la diputada dijo que la pueden compartir pero solicitó que se explicite mejor.

Finalmente Lordén dijo que la inquietud que subyace es “si el IOMA debe actuar como financiador del sistema de salud con los aportes de todos los trabajadores y trabajadoras de la Provincia de Buenos Aires. Pero sobre todo lo que más preocupa ante esta gestión, es el asegurar la libre elección del afiliado, ya sea de su médico como de la institución donde desee atenderse”. 

1 3 4 5
A %d blogueros les gusta esto: