Desaparecido en cuarentena

La Plata, 02 Jul (InfoGEI).- Facundo Castro tiene 22 años, es de contextura delgada y mide 1.60 mts. Tiene cabello oscuro, tez trigueña y ojos marrones. El día 30 de abril salió a dedo desde Pedro Luro hacia la casa de su ex novia residente en la ciudad de Bahía Blanca (125 km de distancia), donde nunca llegó. Desde ese día está desaparecido y su familia, amigos y organizaciones de Derechos Humanos lo buscan intensamente.

Hasta el momento, la reconstrucción que se hace es que a 30 km. de la localidad de Mayor Buratovich, es parado por un control policial por estar sin permiso de circular en cuarentena. Lo mismo pasaría en la próxima localidad de Teniente Origone, donde supuestamente también siguió viaje. Facundo fue visto por última vez el 4 de junio, a más de un mes de su desaparición, en el cruce de las rutas 3 y 22 por un testigo que declaró ante la policía. Perros del escuadrón canino K9, de Punta Alta, determinaron que el joven pasó por ese lugar, pero no pudieron indicar una pista sobre su destino posterior.

Desde entonces no se ha comunicado por ningún medio y tampoco se lo ha podido contactar. Su teléfono se encuentra apagado”, indicaron desde la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca.

Según publicó el portal Infoluro, Cristina la madres del joven manifestó que se reunió con el fiscal, con quien plantearon pasos a seguir. Se ha solicitado analizar la antena del celular de facundo, para saber dónde se apagó el teléfono.  En cuanto al aporte de datos, Cristina aseguró “sigo apelando a la gente: quien lo vio, quien lo tuvo, donde estuvo, que por favor se comunique conmigo o con cualquier amigo de Facundo”, manifestó su madre.

Al momento de ausentarse vestía pantalón jogging color negro, campera deportiva color negra, zapatillas azules, y mochila marca Wilson color azul con letras blancas. Para aportar datos sobre Facundo, se puede mandar mensajes al 02928 420120 o al 911.  Además, hay una página de Facebook Buscamos a FACU donde los allegados comparten información. (InfoGEI) Mg

La mano amarilla

El suspendido juez Contencioso Administrativo de La Plata Luis Federico Arias ve la mano de Conte Grand en la postergación de la declaración de Berra. Habló de lo que el procurador puede llegar a hacer para que la causa no avance. “Lo que ha hecho Berra no tiene justificativo alguno y el vínculo con Vidal está más que probado”, dijo.

Parece imparable el avance de la investigación en la causa por el espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires, de la mano del exauditor de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense, Guillermo Berra, más allá de que su defensa haya interpuesto un incidente de nulidad para postergar la declaración del sospechoso, y que no sea finalmente este martes cuando tanto él como su esposa, María Rosario Sardiña, lo hagan ante la fiscal Cecilia Corfield.

En ese marco, Luis Federico Arias teme ver la mano del procurador general de la Suprema Corte, Julio Conte Grand, detrás de este retraso: “Es el procurador, tiene a cargo el Ministerio Público y en consecuencia los fiscales reciben instrucciones de parte de él, y puede tratar de incidir para que la causa no avance; puede estar la mano oculta del procurador en esta postergación, con el fin de proteger a María Eugenia Vidal”, dijo.

En este sentido, recordó el accionar de Conte Grand “con el fiscal Sebastián Sclaera (al no responder a un pedido de desplazamiento por parte del fiscal general de Lomas de Zamora, Enrique Ferrari), y con Luis Carzoglio (hubo en 2018 una filtración de datos que se adjuntaron a la foja para tramitar la destitución del juez de Avellaneda), por eso no resultaría extraño que estuviera incidiendo para que la causa no avance”.

Según la visión de Arias, está más que probado el vínculo de Berra con Vidal: “Es una persona de su entera confianza, de su entraña”, sostuvo, y enfatizó que la exgobernadora “quiso presentarse como querellante y particular damnificada en la megacausa de las escuchas ilegales de la AFI durante la gestión macrista, mostrándose como víctima, y resulta que ella mandaba a espiar a sus oponentes en la provincia de Buenos Aires. Se le cayó la máscara”, enfatizó.

La finalidad de todo esto no es más que la impunidad de los delitos cometidos por Vidal, que durante su gestión ha tenido protección mediática y judicial. Pero reitero, para mí se le cae la máscara con todo esto, porque es querer tapar el sol con una mano, lo que ha hecho Berra no tiene justificativo alguno y el vínculo con Vidal está más que probado”, subrayó luego.

El otrora juez Contencioso Administrativo agregó que “es para especialistas en salud mental lo de toda esta causa, y hablo de metodología tanto desde lo político, como de cierta paranoia desde su impronta personal”, pero recalcó que “más allá de lo que ocurra con la causa penal, desde el punto de vista político es suficientemente grave y ha tomado estado público; día a día se va conociendo su verdadera identidad política y forma de gobernar, algo similar sucedió con Mauricio Macri”.

Del exmandatario, Arias recordó que “asumió la presidencia con una causa en curso por espionaje, la famosa de Ciro James, y terminó su mandato envuelto en un escándalo de espionaje; parece una obsesión la de gobernar utilizando esta metodología irregular, absolutamente ilegal, de poner los recursos del Estado al servicio del espionaje, que además tiene como metodología incidir en la voluntad del espiado, condicionarlo, encarpetarlo y eventualmente exhibirlo públicamente, y es una situación generalizada tanto del Gobierno de Macri como del de Vidal”.

Tarde o temprano la mentira salta a la luz, y la hipocresía de esa máscara de Vidal de persona casta y pura se viene cayendo desde hace rato, nos damos cuenta que detrás de esa máscara está Cruella De Vil”, concluyó con un recurso absolutamente gráfico Luis Federico Arias.

Espionaje ilegal

Avanza sobre el entorno de Macri la investigación por presunto espionaje ilegal. El último jueves se realizaron allanamientos a cuatro domicilios vinculados con Dario Nieto, secretario privado del ex mandatario, quien se desempeñó como secretario Privado Administrativo de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales.

La investigación por el supuesto espionaje ilegal desarrollado desde la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos avanza sobre el entorno del ex presidente Mauricio Macri, según surge de los últimos movimientos registrados en el expediente que se tramita en Lomas de Zamora.

El dato político judicial de la semana fueron los allanamientos realizados el último jueves a cuatro domicilios vinculados con Dario Nieto, secretario privado del ex mandatario, quien durante su gestión se desempeñó como secretario Privado Administrativo de la Coordinación General de Asuntos Presidenciales.

El nombre de Nieto, a quien el diario La Nación supo definir en 2016 como “la sombra del primer mandatario en actos protocolares y viajes”, apareció en el expediente en diálogos entre uno de los espías investigados por supuesto espionaje ilegal y la ex directora de Documentación Presidencial de la Casa Rosada, Susana Martinengo.

La ex directora de documentación presidencial apareció en el expediente a partir de mensajes que le mandaban los ex espías pero también luego de que se detectaran una docena de reuniones entre ellos en la Casa Rosada durante el gobierno de Macri.

Bueno, si tenés un informe que no los comprometa a ustedes pásamelo, que yo se lo paso a Nieto, al secretario privado, como hice la vez anterior, ¿viste?”, dice la voz de una mujer que sería Martinengo en una charla con un hombre que sería el ex espía Jorge Sáez, según consta en la causa que lleva adelante el juez Federico Villena.

El diálogo se habría producido en diciembre de 2017 y el informe solicitado por Martinengo estaba vinculado a los supuestos preparativos de distintas manifestaciones populares contra el proyecto de reforma previsional.

El allanamiento a Nieto generó preocupación entre los integrantes de Cambiemos: circuló, entre ellos, la molestia por el hecho de que Macri no le facilitara a su secretario privado la representación legal de su abogado Alejandro Pérez Chada, según pudo saber Télam.

La primera reacción de Nieto en el expediente fue presentar un escrito, acompañado por el abogado Gervasio Fraga, en el que sostuvo que “cualquier construcción de imputación que se pretenda fabricar sobre mi persona resultará por completo falsa de principio a fin”.

En el mismo acto, la defensa de Nieto solicitó su eximición de prisión, algo que hasta última hora de ayer no había sido resuelto, según pudo saber esta agencia de fuentes judiciales.

Otras presentaciones en la investigación

Otros de los indicios del expediente que podrían complicar directamente al ex presidente tiene que ver con el supuesto espionaje desplegado por la AFI bajo la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sobre la hermana de Macri, Florencia, y su novio Salvatore Pica.

Varios de los ex agentes espías citados a declarar ante la comisión bicameral de inteligencia confirmaron el espionaje a la hermana del ex mandatario e incluso uno de ellos, Facundo Melo, sostuvo que para saber por qué se habían realizado esas tareas de espionaje “habría que preguntárselo a quién fue el Presidente o a quien estuvo a cargo de esta situación”.

En la última semana, también se multiplicaron en el expediente las presentaciones de los dirigentes políticos de Cambiemos que habrían sido víctimas del espionaje ilegal durante la gestión de Macri y que solicitaron ser tenidos por querellantes, algo que les será concedido sin excepción.

Después de que lo hiciera el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, en los últimos días se presentaron su vicejefe Diego Santilli, el diputado Waldo Wolff, y los ex diputados Emilio Monzó y Nicolás Massot.

Aunque ninguno cuestionó públicamente al ex presidente Macri ni lo vinculó con las escuchas, luego de que vieron las pruebas del espionaje en su contra algunos de ellos comenzaron a convencerse de que las maniobras ilegales se desplegaron indefectiblemente desde el aparato del Estado.

Medicina Cannábica

La Dra. en Bioquímica Susana Pasquare y la Médica Marisol Bocetti brindarán una de las charlas previstas por la agenda de junio del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

“Cannabinoides, un recorrido desde la investigación básica hasta su utilidad clínica” es la propuesta para el martes 30 de este mes, a partir de las 15, a través del sistema Streaming. Acerca de la injerencia social de la medicina cannábica y de la inmediata regulación que reclama en el terreno jurídico, su aplicabilidad y utilidad, ofrecieron un pantallazo de los principales ejes que atraviesan el amplio debate sobre la temática.

¿Cuáles son los aspectos más relevantes de la investigación en medicina cannábica que abrieron un nuevo escenario en la clínica bonaerense?

Susana Pasquare: desde 2007, dirijo el Laboratorio de Cannabinología en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas que funciona en el Centro Científico Tecnológico de la Ciudad de Bahía Blanca y que depende del CONICET y de la Universidad Nacional del Sur, donde me desempeño como docente en la carrera de Bioquímica.

Desde ese año, trabajamos en el metabolismo de los cannabinoides endógenos que son moléculas que nuestro organismo fabrica  y  que son similares, en muchos aspectos, a los principios activos  presentes en la planta de cannabis. Nuestro grupo estudia cómo estas moléculas  funcionan en procesos neurodegenerativos como el envejecimiento y en un modelo de enfermedad de Alzheimer, empleando para este fin modelos animales.

Tuve la suerte de hacer una instancia post doctoral en el Departamento de Enfermedades Neurodegenerativas del Instituto Ramón y Cajal de Madrid, donde se estudió el sistema cannabinoide en cerebros post mortem de individuos que habían padecido esas enfermedades.

Esta experiencia nos permitió volcar gran parte de lo aprendido en la ONG Cannabis Medicinal de  Bahía Blanca, con la que trabajamos mancomunadamente desde hace unos años junto con la Dra. Marisol Bocetti, quien acompaña a pacientes con diferentes patologías que, por decisión propia, deciden seguir alguna terapia cannábica.

En nuestro país, hay distintos grupos que trabajan con derivados de esta planta tratando de establecer qué es lo que ocurre en diversos modelos de diferentes patologías Como en toda investigación básica, es ésta la plataforma sobre la que se construye la investigación clínica y aplicada. Somos un granito de arena dentro la amplia comunidad científica mundial que tiene a su cargo la hermosa tarea de ver qué es lo que produce el  cannabis en distintas patologías o procesos. Si bien a través de nuestras charlas, abordaremos fundamentalmente aspectos moleculares y  terapéuticos, no dejaremos de dar una mirada al aspecto social y legal que van de la mano de lo previamente mencionado.

En relación a lo anterior, ¿consideran que ha habido avances significativos en la salud pública?

En nuestro país, no contamos con una salud pública focalizada hacia el empleo de cannabis como terapia. Hablar de terapia cannábica no es bien recibido aún en algunos ámbitos; en parte, esto obedece a la falta de conocimiento pero también es cierto que tenemos una legislación mínimamente reglamentada al respecto y que no cumple con todas las expectativas que el amplio espectro de usuarios medicinales de cannabis requiere.

Nosotras formamos parte de un grupo multidisciplinario, donde intervienen ingenieros agrónomos, bioquímicos, abogados, médicos, es decir, integrantes de una diversa comunidad científica, donde cada quien realiza sus respectivos aportes. Este conglomerado tiene un único objetivo: la legalización del cannabis como medicina. Sin embargo, no contamos con una política de salud pública que aliente el empleo del cannabis como medicina. Son muchos los esfuerzos que estamos haciendo y que mucha gente hace en distintas partes del país, dialogando con autoridades municipales, provinciales y nacionales, para avanzar en ese sentido.

Afortunadamente, a partir de este año, hemos logrado consolidar una red muy importante –integrada por investigadores del CONICET, usuarios, ONGs y médicos- que ha podido acordar regularmente reuniones con el Ministerio de Salud. Hemos tenido muy buena recepción de nuestras propuestas que incluyen, en líneas generales, una reformulación de la ley vigente sobre el uso del cannabis en investigación y aplicación médica. Habíamos registrado notables avances en el debate sobre este tema pero, lamentablemente, la emergencia sanitaria que impuso el COVID 19, estableció otras prioridades en materia de salud pública. No obstante, es importante destacar el interés genuino que despertaron estos planteos en las autoridades del Ministerio de Salud. Sin duda, nos encontramos con la decisión política necesaria para abordar el tema desde otra perspectiva y estamos muy conformes con esos avances.

¿Consideran que es insuficiente el diálogo entre las leyes vigentes y la regulación del uso medicinal del cannabis?

Sí, de hecho, la ley promulgada hace unos 3 años sólo reglamenta 2 ó 3 artículos respecto a sus usos y aplicaciones. No se aborda el autocultivo, por ejemplo y, si bien se refiere brevemente a quiénes serían los organismos responsables del cultivo, quedó en una mera formulación. Las autoridades salientes, me refiero al gobierno anterior, hicieron caso omiso, a pesar de todas las marchas, movilizaciones y pedidos que se formularon en reclamo de una mayor reglamentación.

En nuestro país, se sigue permitiendo el ingreso de cannabis, no como medicamento sino como suplemento dietario, para el tratamiento de la epilepsia. Se trata de un fármaco que tiene su origen en Canadá o Estados Unidos a precio dólar, inalcanzable por el usuario común y con un único componente. Pero también hay que tener en cuenta que no es sólo la epilepsia la receptora de la respuesta con esta terapia y no solo un principio activo, sino todos los componentes de la planta. Hay un sin número de patologías que son perfectamente tratables con cannabis, complementando a otros tipos de terapias. Este aspecto no está contemplado en la ley, como tampoco lo está el control y la regulación del autocultivo, lo cual  ha generado un mercado negro inescrupuloso del cannabis como medicina. Basta con hacer una búsqueda en la web “cannabis medicinal” para encontrarse con todo tipo de ofertas.

Hace un tiempo, hicimos un estudio estadístico cuyo trabajo final ganó un premio en la Expo Cannabis del año pasado. Consiste en un relevamiento en Bahía Blanca sobre la gente que accedía a este tipo de tratamientos, del origen y la calidad de los productos utilizados. Muchos eran de origen desconocido, otros de cultivadores ajenos a la persona que aportaba la muestra, otros eran propios…no había control de ninguna naturaleza y la gente se administraba esos compuestos derivados de cannabis sin saber lo que estaban tomando y, por lo general, no era lo que necesitaban para la patología que pretendían tratar.

Mientras no esté bien regulado este escenario, sobre todo por las autoridades sanitarias competentes, vamos a seguir lamentando este tipo de imprudencias

¿Cómo definirían la demanda social en relación al tema? ¿Consideran que existe un vacío legal en la implementación y que ello configura un escenario donde conviven todo tipo de discursos?

El debate sobre cannabis ocupa el lugar que ocupa en la actualidad y se está discutiendo básicamente por la demanda social. Es la gente quien con sus necesidades acude al médico y le cuenta lo que está tomando, cómo se resuelve, averigua si está contraindicado, si puede continuar o no. Afortunadamente, a pesar de que cada uno responde a los parámetros de su propia comunidad científica, no perdemos de vista que la mirada multidisciplinar nos enriquece a todos. Para nosotros, es fundamental acercarnos desde la investigación básica a la aplicabilidad que analizan los médicos clínicos y para ellos es enriquecedor ver lo que sucede a nivel molecular.

El relevamiento anteriormente mencionado también fue presentando ante la Sociedad de Farmacología Experimental y reafirma muchos de estos aspectos que configuran la realidad actual. La gente, en la mayoría de los casos desconoce el origen del producto al que accede y mucho menos tiene poca idea de su composición y contenido.

Sin embargo, la demanda social y los movimientos sociales que alientan esta demanda es extrapolable a lo largo y ancho del país. El Instituto al cual pertenezco cuenta con la tecnología y los recursos humanos idóneos para llevar adelante la cuantificación de los derivados de cannabis, razón por la cual, presentamos un pedido al CONICET para contar con un STAN que fue aprobado en febrero de este año. Desde entonces hacemos las cuantificaciones de derivados de cannabis sobre cogollos, aceites, tinturas y cualquier otro tipo de derivados. Creemos que se trata de dar una respuesta a esa demanda y que desde la investigación se le brinde a la gente la solución a una necesidad social concreta. En definitiva, es la sociedad quien sostiene la investigación con el pago de sus impuestos y creo que vale la pena abrir el juego en este sentido, ya se trate de esta temática o de otras de interés público.

 Hay un marcado déficit legal porque no tenemos reglamentada la ley en los términos que lo requiere esta problemática. Se sigue arrestando a individuos que cultivan para sus patologías o las de un familiar, porque la ley vigente no contempla todos los aspectos que tiene que contemplar: es una ley que maltrata a los usuarios de cannabis medicinal.

A pesar del abordaje multidisciplinario que realizamos desde nuestra ONG los aspectos insuficientes del marco legal naturalmente admiten la multiplicidad de discursos y de versiones en relación al cannabis medicinal. De todas maneras, creemos que estamos mucho mejor respecto al año anterior y mucho más al momento en que se implementó la ley. La apertura mental de los funcionarios que están a cargo de las instituciones públicas es totalmente diferente, ya no parece tan lejana la posibilidad de regular y legalizar el uso medicinal del cannabis, del autocultivo, las condiciones de mantenimiento y de extracción todo lo cual modifica los contenidos de los compuestos.

Cómo inscribirse

Los matriculados y matriculadas del Colegio Departamental interesados en participar de esta propuesta podrán inscribirse vía mail a biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar. La actividad es no arancelada para abogados y abogadas colegiados en este Departamento.

No se pueden casar

La Cámara Nacional en lo Civil resolvió hoy que se tramite en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires la demanda que presentó una pareja para poder casarse pese al aislamiento social preventivo obligatorio y otras restricciones vigentes por la pandemia de coronavirus.

Según trascendió, la decisión la tomó la Sala J de la cámara, tras evaluar que el pedido de A.D. y P.I.C.C.. justificaba la habilitación de la feria judicial extraordinaria dispuesta por la Corte Suprema de la Nación para evitar el contagio del coronavirus.

Al resolver sobre la competencia de la Justicia en lo contencioso administrativo porteña, esa sala tuvo en cuenta que la acción de amparo presentada por la pareja está dirigida contra el Gobierno de la Ciudad de la Ciudad de Buenos Aires.

El tribunal evaluó también que los demandantes atribuyeron la vulneración de su derecho a contraer enlace a la “falta de servicio” del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cabe concluir en que la materia de discusión es propia del derecho público local, cuando el objeto de pretensión es que se ordene a dicho organismo que celebre el matrimonio”, sostuvieron las camaristas Beatriz Verón y Gabriela Scolarici.

Más aún -agregaron- cuando se desprende de los términos de la demanda, que la falta de servicio en que se basa el amparo, encuentra motivo en las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio dictadas por el Gobierno de la Ciudad en el marco de la actual situación sanitaria”.

Para las camaristas “solo de esta forma encuentra adecuada tutela el efectivo ejercicio de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, reconocida por el artículo 129 de la Constitución Nacional, que le reconoce facultades exclusivas y excluyentes de auto-determinación, auto-administración y auto-organización” (Télam).

Vientos de Cambio

La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori en diálogo con #LaMecha explicó la situación actual del Sistema Penitenciario Federal y en ese marco contó el objetivo principal que se plantea en este rol: “Quiero adecuar nuestro sistema penitenciario a los requerimientos de Naciones Unidas, ya con eso me daría por contenta”.

Las cárceles no pueden ser para castigos. Para poder reinsertar a la gente que sale en libertad, se trabaja con el Patronato de Liberados y con organizaciones sociales que nos van a poder dar una mano. Toda persona que pueda estar detenida en su domicilio, en casos de delitos leves, debería estarlo porque hay métodos electrónicos de control”, agregó.

Por otro lado, detalló cómo se vienen desarrollando las tareas prevención sanitaria en medio de la pandemia, y contó que hoy “hay 11 mil presos en el sistema penitenciario en la actualidad. Estamos trabajando con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación  porque todos estamos aprendiendo, hoy no se ingresa a la unidad penitenciario si no hay 14 días previos de revisión, se le está tomando la temperatura y hay controles médicos previo al ingreso y a los internos que ya están detenidos; también se realizan controles médicos y construcciones de cubículos para tratar a los contagiados”, indicó la funcionaria.

Al consultarla por la causa de espionaje ilegal que derivó en la intervención del Servicio, Garrigós de Rébori indicó que “la Ministra y el Secretario de Justicia me pusieron al tanto y nosotros lo que podemos hacer es en principio un sumario administrativo que controle la situación para que no se siga reproduciendo y eso es lo que vamos a hacer”.

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