Rechazan la excarcelación del genocida Etchecolatz en cuatro causas

El ex comisario pidió el beneficio por haber cumplido 23 años de detención, y superar los 20 previstos en la ley vigente, sumando el tiempo de detención en cada causa. El TOCF 1 de La Plata aplicó la doctrina de la Corte Suprema en el caso “Acosta”, que indica que la detención cautelar debe computarse por separado. Los jueces receptaron los dictámenes de la Unidad Fiscal.

La Plata, (InfoGEI).- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata rechazó los pedidos de excarcelación del genocida, ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien había solicitado el beneficio en dos causas en las que fue condenado y en otras dos en las que se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. El ex policía adujo que ha cumplido 23 años de prisión si se suma el tiempo detenido de cada una de las causas en las se dispuso la privación de su libertad.

Las presentaciones de quien fuera director general de Investigaciones de la policía provincial, actualmente detenido en el hospital de la cárcel federal de Ezeiza, fueron formuladas en las causas conocidas como “Circuito Camps” y “La Cacha”, en las que recibió condenas a prisión perpetua, y en otras dos causas en las que aguarda el juzgamiento por crímenes cometidos en procedimientos realizados en jurisdicción de los juzgados federales de Lomas de Zamora y en el centro clandestino de detención “El Infierno”, que funcionó en la Brigada de Lanús.

En las tres primeras causas, los jueces subrogantes Roberto Lemos Arias y Ricardo Basílico consideraron -en línea con la postura de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad- que “no se encuentra cumplido el requisito temporal” porque de acuerdo con la doctrina del máximo tribunal del país “esa estimación deviene errónea en la medida en que la detención cautelar ha de computarse por separado, para cada expediente en que ella se verifica, tal y como lo ha dejado aclarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo ‘Acosta'”. En la causa de la Brigada de Avellaneda, el juez Basílico lideró con iguales argumentos el acuerdo al que adhirieron los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris.

Argumentos de los fiscales

Los camaristas receptaron los argumentos de los dictámenes formulados por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y, en ese sentido, remarcaron que el máximo tribunal “con claridad señaló que no han de confundirse los criterios de conexidad procesal con los que hacen a la unidad y pluralidad de delitos, contemplados en los códigos de forma y fondo, respectivamente”.

No corresponde la suma del tiempo registrado en prisión preventiva con el contabilizado en calidad de condenado ya que, proceder de esa manera importaría actuar contra legem pues, no hay normativa que así lo prevea. A su vez, significaría desconocer la única herramienta jurídica de la que dispone el ordenamiento para arribar a una única respuesta punitiva cuando, por el motivo que fuera, no se aplican las reglas del concurso, esto es, el procedimiento de unificación de condenas o penas, según corresponda”, indicaron los jueces.

Genocida múltiple

Etchecolatz fue condenado en siete oportunidades por crímenes de lesa humanidad: en 1986, a 23 años de prisión en la denominada “causa 44” o “Camps”; en 2004, a 7 años de prisión -reducida luego a 4-, por la apropiación de una hija de desaparecidos; en 2006, a reclusión perpetua en la conocida como “causa Etchecolatz”; en 2012, a prisión perpetua por el “Circuito Camps”; en 2014, a perpetua por un doble homicidio en el marco de la causa “La Cacha”; en 2016, a 25 años de prisión por el secuestro y las torturas Daniel Favero y Paula Álvarez; y en 2018, a prisión perpetua por el CCD “Puente 12”. Además, Etchecolatz se encuentra actualmente procesado en causas que tramitan en Lomas de Zamora y en La Plata, y está siendo juzgado por los crímenes en la Brigada de Investigaciones de San Justo. (InfoGEI)Jd

Unos 200 Federales realizan rastrillajes para encontrar a Facundo Castro desaparecido hace 75 días

El rastrillaje se va a centrar en los puntos que marcan los testigos que vieron por última vez al joven de 22 años. Con especial interés en la ruta 3, entre Pedro Luro y Teniente Origone, aunque sin descuidar el trayecto desde esta última localidad hasta Bahía Blanca, que era el supuesto destino de Facundo.

La Plata, (InfoGEI).- Esta tarde continuaba el rastrillaje de distintas fuerzas federales que se inició por la mañana con el objetivo encontrar a Facundo Astudillo Castro, el joven que no aparece desde el 30 de abril en sur bonaerense.

Trabajan en el operativo un helicóptero, dos drones, una camioneta multitecnología, una unidad de comando de enlace satelital, 30 equipos trunking y el software UFED, destinado al análisis telefónico, a cargo de dos peritos, fueron puestos a disposición por la Federal. Además 150 efectivos (unos 40 de Bahía, otros 45 de Mar del Plata y unos 50, en total, de subdelegaciones como Azul, Olavarría, Dolores, Chascomús, Tandil, Pinamar y Necochea). También personal especializado de Buenos Aires, 4 canes adiestrados y un grupo de Prefectura y otro de Gendarmería, así como los perros K9 de Punta Alta.

En las primeras horas de la tarde el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez seguía de cerca las imágenes que se tomaban desde el helicóptero de la Policía Federal, acompañado por el comisario inspector Fabián Caponnetto, jefe de la fuerza en Mar del Plata.

Fuentes oficiales informaron a La Nueva, que el rastrillaje se va a centrar en los puntos que marcan los testigos que vieron por última vez al joven de 22 años.  Con especial interés en la ruta 3, entre Pedro Luro y Teniente Origone, aunque sin descuidar el trayecto desde esta última localidad hasta Bahía Blanca, que era el supuesto destino de Facundo.

La idea es marcar puntos en concreto, que salgan de las declaraciones ya existentes, y reforzar en la zona”, ratificó uno de los jefes de grupo. “Un grupo partirá desde Origone hacia Bahía y el otro, en dirección opuesta”, agregó otro vocero

Cabe recordar que Facundo mide 1.60 metros, es de contextura delgada, tez trigueña, pelo corto y oscuro, y ojos marrones. Al momento de su desaparición vestía un pantalón de joggin negro, campera deportiva negra, zapatillas azules y una mochila azul con letras blancas. (InfoGEI) Mg

Arribas declara como imputado en la causa por espionaje ilegal

Al ordenar las citaciones de Majdalani y de Arribas, el juez Auge sostuvo que ambos habrían tenido responsabilidad en el espionaje ilegal que hicieron ex agentes, entre ellos el ya procesado Ruiz.

El ex jefe de la AFI durante el gobierno macrista, Gustavo Arribas, arribó esta mañana al juzgado de Lomas de Zamora para declarar como imputado en la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal sobre el Instituto Patria y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2018.

Arribas llegó a las 8.40 al juzgado de Lomas, adonde ingresó sin realizar declaraciones a los periodistas que lo aguardaban en el ingreso.

Luego de que ayer fuera el turno de la ex número dos de la AFI, Silvia Majdalani, convocada a indagatoria por el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Auge tras el requerimiento formulado por los fiscales Cecilia Incardona y el fiscal Santiago Eyherabide; hoy estaba prevista la declaración de Arribas.

Al ordenar las citaciones de Majdalani y de Arribas, el juez Auge sostuvo que ambos habrían tenido responsabilidad en el espionaje ilegal que hicieron ex agentes, entre ellos el ya procesado Ruiz, mediante “vigilancias, observaciones”, almacenamiento de datos, generación de informes sobre personas “por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural”, según la resolución.

En concreto, sobre Majdalani y Arribas el magistrado sostuvo que ambos firmaron una nota desde la AFI para ser entregada a la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Control y Actividades de Inteligencia del Congreso, en la que negaron la existencia de espionaje ilegal alguno, el 9 de agosto de 2018.

En su declaración de ayer, Majdalani, -quien fuera subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en el gobierno de Mauricio Macri- negó haber ordenado o participado de maniobras de espionaje ilegal en 2018 contra Fernández de Kirchner e intenta apartar a la fiscal del caso, a quien acusa de haber perdido la objetividad.

La ex “señora 8”, como se conoce en el mundo de los espías al número dos de la AFI, prestó declaración indagatoria ante el juez Auge en el marco de la causa en la que se investigan maniobras de inteligencia ilegal sobre la expresidenta y el Instituto Patria, que funcionaba por entonces como base política del kirchnerismo (Télam).

Canicoba Corral: “Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos”

El juez aclaró que seguirá en el cargo hasta que le acepten la renuncia y adelantó que demandará a los medios que informan que se va “al borde del juicio político, lo cual es falso”.

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral anticipó hoy que demandará a los medios de comunicación que lo ubican al “borde del juicio político”, algo que tildó de “falso”, y explicó que renunció al cargo con fecha 29 de julio tras cumplir 27 años como magistrado, pero seguirá en funciones hasta que se acepte su dimisión.

Los medios dicen que me voy al borde del juicio político, lo cual es falso y me voy a dedicar a demandar a esta gente”, advirtió el juez en declaraciones a El Destape Radio, tras haber presentado ayer su renuncia para jubilarse debido a que el 29 de julio cumplirá 75 años.

Canicoba Corral aclaró que seguirá en el cargo hasta que le acepten la renuncia y cuestionó las críticas hacia su persona: “Si algunos diarios dicen que es de noche y es de día igual, algunos prenden la linterna”, graficó al respecto.

Estoy hastiado de los últimos cuatro años de la erosión permanente de los medios hegemónicos de aquellas personas que no les caemos simpáticos”, agregó el magistrado al adelantar que planea demandar a todos aquellos que lo ubican al borde del juicio político por las denuncias que tiene abiertas en el Consejo de la Magistratura.

“Cumplí 27 años en Comodoro Py. Yo empecé cuando todavía estábamos en el Palacio e inauguramos Comodoro Py”, recordó, y se refirió a las críticas por la investigación del atentado a la AMIA, a su cargo desde 2003: “La causa AMIA es parte de la campaña de difamación y desprestigio de varios medios”, dijo en lo que definió como “parte de una campaña de esmerilamiento” contra su persona.

Había intención de los iraníes de dejar sin efecto la alertas rojas (de Interpol), pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo”

Dijeron que la Cámara me había ordenado en términos duros que avance en la causa AMIA y es falso, ni me menciona”, agregó al recordar que como juez del caso resolvió que el Memorandum de entendimiento entre Argentina e Irán “no era inconstitucional” y que al dictar ese fallo recordó que “el único que podía pedir las bajas de las alertas rojas” de las órdenes de captura a ciudadanos iraníes por el caso era él como magistrado.

Había intención de los iraníes de dejar sin efecto la alertas rojas (de Interpol), pero siempre estuvieron vigentes y el único que podía pedir el cese era yo”, afirmó.

Canicoba Corral presentó ayer su renuncia con fecha 29 de julio próximo, cuando cumplirá 75 años, edad límite que establece la Constitución Nacional para ejercer la magistratura y con su decisión quedarán vacantes tres de los doce juzgados de instrucción del fuero federal porteño, que funciona en Comodoro Py 2002 y concentra las causas por corrupción abiertas a funcionarios públicos nacionales.

El magistrado está actualmente a cargo de su juzgado, el federal 6 y del 12, subrogado por él desde que su anterior titular Sergio Torres fue nombrado en la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Además, en los tribunales de Retiro está vacante el juzgado federal 11 tras el fallecimiento de su titular Claudio Bonadio.

El magistrado tiene varias denuncias abiertas en el Consejo de la Magistratura de la Nación vinculadas a su patrimonio y desempeño en causas judiciales.

Un subcomisario de la Polícia Bonaerense amenazó al abogado de la familia de Facundo Castro

La Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de PBA relevó al funcionario policial de su cargo. La Justicia Federal investiga bajo la caratula de “desaparición forzada” qué sucedió con el joven que fue visto por última vez, el 30 de abril pasado.

Por Juan Borges

El sábado 11 de julio pasado, Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Castro Asturdillo denunció que recibió amenazas por parte del subcomisario Pablo Reguillon, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Bahia Blanca por la “desaparición forzada” del joven oriundo de Pedro Luro, Partido de Villarino. Cabe recordar que la fuerza bonaerense fue apartada de la causa tras el pedido del fiscal Rodolfo de Lucía.

Según detalló el abogado en declaraciones a la prensa, ese sábado recibió un llamado y mensajes provenientes de un vecino de Pedro Luro quien relató que un grupo de jóvenes habían encontrado restos óseos que podrían pertenecer a un ser humano, en un basural de la localidad de Mayor Buratovich. La hipótesis mencionada fue descartada posteriormente. Sin embargo, al llegar al lugar del hallazgo, Peretto se encontró con el subcomisario Pablo Reguillon y el agente Gonzalo Choque, a los que le solicitó que “debían retirarse de allí porque la policía Bonaerense se encontraba apartada de la investigación”.

Vos quédate tranquilo que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, sostuvo el agente en tono amenazante. Por su parte, Peretto realizó la denuncia por la amenaza del subcomisario y la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad confirmó el relevamiento del funcionario policial.

Cabe recordar que Facundo Castro Asturdillo fue visto por última vez el 30 de Abril cuando decidió marchar haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia con quien se había peleado. Ese mismo día testigos afirman haberlo visto en el asiento trasero de una camioneta de la Policía Bonaerense. Según la versión policial habría sido detenido por violar la cuarentena, le labraron un acta y después lo liberaron. Sin embargo, ese mismo día a mediodia, la madre recibió una llamada telefónica de su hijo Facundo que le dijo “Mama, no tenes idea donde estoy” y después cerro la llamada con “no me vas a volver a ver más”. Ese fue el último contacto que recibió de su hijo.

Logramos intervenir y allanar las comisarias que se llevaron los móviles, pero tuvimos que hacer mucho ruido. Si no hubiéramos tenido la ayuda de la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) no nos hubieran escuchado”, sostuvo Cristina Castro, madre del joven desaparecido. Además, la CPM se presentó como querellante junto a Cristina Castro ante el juzgado Federal de Bahía Blanca sosteniendo que se investiguen bajo la caratula “desaparición Forzada”. En esta marco, la CTA de Bahía Blanca convocó para mañana, martes 14 de julio, a un “plantón” frente al juzgado Federal el cual será acompañado por la familia y los abogados.

Familiares de Lucas Verón pidieron que el fiscal sea apartado de la causa

Familiares de Lucas Verón, el joven que en su cumpleaños fue asesinado durante una persecución en el partido bonaerense de La Matanza y por cuyo crimen detuvieron a dos policías, solicitaron hoy a la justicia que el fiscal del caso sea apartado de la investigación, informaron fuentes judiciales.

Cintia Verón, hermana de Lucas, dijo a Télam que esta mañana sus padres, Graciela Aguilar y Cristian Verón, estuvieron reunidos en los Tribunales de La Matanza con la fiscal general Patricia Ochoa, a quien le solicitaron que sean apartados de la investigación la policía bonaerense y el titular de la Unidad Funcional de Homicidios Juan Pablo Tahtagián.

Pedimos que se aparte el fiscal porque él, junto al comisario de la comisaría Segunda de González Catán, apretaron a un testigo para que diga que fue un homicidio en ocasión de robo”, aseguró Cintia, en relación al amigo de su hermano, con quien iba al momento del hecho.

Fuentes judiciales aseguraron a Télam que la policía provincial ya está separada de los peritajes que se realicen en el marco de la causa, ya que por protocolo no pueden ser realizados por la misma fuerza cuando hay un efectivo involucrado.

En tanto, la recusación del fiscal Tahtagián deberá ser resuelta en las próximas horas por la jueza de Garantías 1 de La Matanza, Mary Castillo.

La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense emitió un comunicado en el cual aseguró que continúa acompañando a la familia de Lucas y de su amigo, el joven de 17 años con el que volvía tras festejar su cumpleaños.

Además, agregó que en la reunión de la fiscal general Ochoa con los padres de la víctima se solicitaron otras medidas de prueba, como rastrillajes, los monitoreos de los vehículos policiales (AVL) y las modulaciones radiales de los agentes que esa noche estaban en funciones, tanto en la comisaría interviniente como del Comando de Patrullas y la Policía Local.

Por otra parte, los familiares y amigos del joven asesinado realizaron esta mañana una manifestación en la puerta de los Tribunales de La Matanza en la que reclamaron el esclarecimiento del hecho y protagonizaron una serie de incidentes con efectivos policiales que custodiaban el lugar.

La hermana de Verón pidió que los policías detenidos, Ezequiel Benítez y Cinthia Duarte, sean condenados a prisión perpetua.

Tranquila voy a estar cuando le den perpetua a los asesinos de mi hermano”, señaló la joven, quien agregó que los incidentes en la puerta de los tribunales se originaron porque fueron “provocados por los policías”.

“La policía se nos burlaba, se reía de todos nosotros”, afirmó la mujer, que a su vez desmintió las versiones de los familiares de los policías detenidos que indicaban que fueron amenazados por los amigos de Lucas.

Solo queremos justicia, que le den cadena perpetua para los asesinos de Lucas y que se pudran en la cárcel”, dijo Cintia.

Lucas Verón fue asesinado el pasado viernes por la madrugada tras recibir un disparo de arma de fuego cuando circulaba en moto junto a un amigo y eran perseguidos por dos policías.

Según las fuentes, el patrullero impactó por detrás al rodado en el que iban los jóvenes, quienes cayeron al piso y comenzaron a correr en dirección a su casa ubicada a una cuadra y media.

Aparentemente, el policía Benítez, quien iba manejando, descendió del vehículo y efectuó entre dos y tres disparos con su arma reglamentaria, uno de los cuales impactó en la víctima.

De acuerdo a los voceros, Lucas continuó corriendo pero a unos 20 metros cayó al piso gravemente herido, por lo que su amigo fue a avisarle a la familia de la víctima, a una cuadra y media del lugar, quienes lo llevaron al hospital, donde finalmente falleció.

Según la autopsia al cuerpo del joven, el disparo ingresó por el torax y salió por la espalda.

Los policías Benítez y Duarte están imputados por “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”.

Apartan a la Bonaerense de la investigación por la desaparición de Facundo

Se apartó a la Policía Bonaerense de la causa que investiga el paradero de Facundo Astudillo Castro, según lo anunció el fiscal Rodolfo de Lucía a cargo de la causa.

La Policía Bonaerense fue apartada de la causa que investiga el paradero de Facundo Astudillo Castro, el joven que se encuentra desaparecido desde el 30 de abril, según lo anunció este mediodía el fiscal Rodolfo de Lucía a cargo de la causa.

Se dispuso que la investigación en el marco de la búsqueda de Facundo Astudillo continúe con el auxilio de Fuerzas Federales”, aseguró De Lucía, de la Unidad Funcional de Instrucción 20 de Bahía Blanca.

Luego de los reiterados pedidos de la familia para apartar a la policía bonaerense de la investigación, el fiscal, aseguró que “hemos resuelto que, más allá de no encontrar elementos objetivos que nos permitan pensar en una actuación ilegal policial o que sea el determinante de que no podamos hallar a Facundo, que la investigación continué preventivamente con el auxilio de Fuerzas que dependan del ministerio de Seguridad de la Nación”.

Según indicó en declaraciones a la prensa la resolución se tomó a partir de “una presentación de la Secretaría de Derechos Humanos y basándonos en normativas de la provincia como la de la Procuración General a la que respondemos”.

El funcionario judicial señaló que de ahora en más, la investigación quedará a cargo de integrantes de la Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía Aeroportuaria que son “las fuerzas de seguridad las que podemos trabajar en reemplazo de la Policía Bonaerense preventivamente y hasta tanto veamos cómo sigue el desarrollo de la causa”.

Hoy por la mañana, el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, había dicho que, hasta el momento, en la causa que investiga el caso “no surge ninguna evidencia” de una posible responsabilidad policial en el hecho (Télam).

Inhibición de bienes

Fiscal federal pidió la inhibición de bienes a González Fraga, ex directivos del Nación y empresarios de Vicentin. La medida solicitada por Gerardo Pollicita también alcanza al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a las empresas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, en la causa penal que investiga el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma.

El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió hoy que se ordene la inhibición de bienes a Javier González Fraga, ex titular del Banco Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, a ex directivos y gerentes de la entidad y a empresarios de Vicentin, en la causa penal que investiga la supuesta defraudación en el otorgamiento de créditos multimillonarios a esa firma por parte de la entidad bancaria.

En un dictamen entregado al juez federal Juliián Ercolini, el fiscal también pidió que se disponga la inhibición general de bienes al ex vicepresidente del Nación Lucas Llach y a otros 24 investigados. Entre ellos están los ex miembros del Directorio del Nación y de su planta gerencial, y empresarios, según el dictamen al que accedió Télam.

Además, pidió la inhibición general de bienes respecto de las personas jurídicas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, y que se dicte la “prohibición de innovar sobre su composición accionaria”.

Los elementos probatorios recabados hasta el momento permiten sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, incumplieron deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicaron los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria”, advirtió Pollicita en el dictamen.

Para ello “otorgaron irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitieron ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, agregó.

El fiscal tiene delegada la investigación y explicó que “las constancias recolectadas hasta el momento posibilitan afirmar que, del otro lado, los empresarios de la firma Vicentin, en connivencia con los funcionarios, solicitaron los empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones, con el objetivo de que, finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo”.

Tanto el exceso de endeudamiento de la firma Vicentin como el aumento de la deuda impaga no solamente fue detectado y advertido por el BCRA en el mes de septiembre de 2019 sino que también fue replicado durante los meses de noviembre y diciembre, sin que tal circunstancia impidiera que durante el mes de noviembre se volviera a financiar a la compañía, decisión que corrió bajo la órbita gerencial y directiva del banco”, agregó en base a documentación probatoria recibida en la causa.

Pollicita investiga el presunto otorgamiento irregular por parte del Nación de préstamos a la firma Vicentín, que acumuló una deuda de 18.500 millones de pesos con la entidad oficial, “los cuales actualmente serían de cobro incierto puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos, dado que el pasado 10 de febrero solicitó la apertura de su concurso preventivo”, recordó el fiscal.

La semana pasada el fiscal ordenó medidas de prueba para investigar la “posible ruta del dinero con el fin de determinar si se trató de una crisis autogenerada por los responsables de VICENTIN S.A. con el objeto de que una vez obtenida irregularmente la refinanciación por parte de los funcionarios, no pagaran la deuda al Banco de la Nación Argentina, y solicitó la producción de 13 medidas de prueba, así como también, la recolección de toda la documentación de interés vinculada a los hechos denunciados”, recordó ahora.

Espionaje ilegal en la gestión de Vidal

La AFI bajo el mando de Gustavo Arribas no fue el único ámbito donde se generó el espionaje ilegal impulsado por la gestión macrista. También la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal fue una de las usinas de la persecución a dirigentes de la oposición. 

Por Fernando Latrille

Así como a nivel nacional la ex secretaria de Documentación Presidencial Susana Martinengo y el Secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, eran alfiles del espionaje ilegal, en la provincia de Buenos Aires, lo era el titular de Asuntos Internos Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña.

El 15 de mayo de 2018, la entonces diputada Elisa Carrió entrevistaba en el Instituto Hannah Arendt a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ambas heroínas republicanas elogiaban a Berra (escuchar audio). “Con Guillermo éramos vecinos en Morón”, sostuvo Vidal. “Él trabajaba en la Auditoría de la ciudad con Paula Oliveto”, recordó y contó como estableció la relación. “Cuando me tocó ser gobernadora necesitábamos que el área de Asuntos Internos- que es la que controla la policía de la provincia-, dejara de estar en connivencia con la policía y fuera independiente”, señaló. “Así fue como lo convoqué a Guillermo en una tarea que era bien difícil”. La tarea difícil que hoy sale a la luz fue la de espionaje ilegal. En otro tramo de loas a Berra dijo que “había que resguardar su seguridad”, porque “se metió en allanamientos, en las comisarías, en municipios acusados de corrupción”, expresó con pasmosa naturalidad, elogiando la ilegalidad de sus actos.

Las heroínas republicanas sobre Guillermo Berra

Nunca bajó los brazos y sigue investigando como el primer día. Él es uno de los del equipo que hizo que cambiaran las reglas de juego”, aseguró Vidal sobre Berra. Las reglas de juego que fueron cambiadas fueron la de la democracia al montarse toda una estructura de espionaje ilegal desde la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense cuyo titular era Berra. Desde ese organismo administrativo encargado de analizar la conducta del personal policial se realizaron tareas de espionaje. Si durante la dictadura existió el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que se encargaba del seguimiento y persecución de ciudadanos durante el gobierno de Vidal se reinauguró esa modalidad delictiva.

Creo que ella (por Vidal) tenía tan naturalizado que confiesa conocer que el Auditor investigaba municipios bajo su frase: ‘investigaba municipios acusados de corrupción’, le faltó decir K. Un auditor no tiene facultades para investigar un municipio. Ella lo está reconociendo en esa exposición. Tampoco tiene facultades para ir a un allanamiento porque sus facultades son administrativas. Sus investigaciones son administrativas, no tiene carácter jurisdiccional”, señala sobre la descripción del trabajo que realizaba Berra- según la propia confesión de Vidal-, la diputada bonaerense Susana González en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “Ella lo dice tan livianamente como si fuera normal que un auditor de asuntos internos investigue municipios, investigue intendentes acusados de corrupción. Ahí hay una ‘confesión de parte, relevo de pruebas’, decimos en derecho, muy importante”, indica.

En la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que tiene a Berra como imputado y a su esposa Sardiña, que estuvo a cargo de Auditoria Patrimonial donde hacía tareas investigativas de seguimiento con un oficial de policía que tenía a cargo. Berra y Sardiña se ocupaban de obtener información y almacenar datos sobre personas que nada tenían que ver con el contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial. Es una causa que debería avanzar si en verdad se pretende salir de los sótanos de la democracia. “Berra y Sardiña son alfiles de esta situación. Como en el orden nacional Susana Martinengo o Nieto son simples instrumentos de un autor intelectual que en el orden nacional es Macri, es Arribas, es Peña y que en el orden provincial es Vidal y Ritondo”, expresa Susana González que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense.

La conexión Vidal-Berra

Guillermo Berra (izquierda)

Alex Campbell, actual diputado bonaerense y vicepresidente del bloque Juntos por el Cambio, fue subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de Vidal entre 2015 y 2019, y quien recibió informes de agentes de Inteligencia en el marco del espionaje ilegal, entre ellos del obispo Jorge Lugones y del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera. Como se sabe, en el celular de uno de los ex agentes de la AFI, se encontró un intercambio de mensajes con Campbell. María Rosario Sardiña, casada con Guillermo Berra y que cumplía funciones bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, solicitó un pedido de comisión de servicios a la Cámara de Diputados en mayo de este año. Al asumir Kicillof ella solicitó licencia por psiquiatría, luego una licencia por Covid-19 y el 6 de mayo el diputado Campbell pidió el pase a comisión de Sardiña a su público despacho. Ese pase a comisión fue denegado y Sardiña renunció.

Berra reportaba directamente a Vidal pasándolo de largo a Ritondo, que se disgustaba con esa actitud, según señala un ex funcionario de Vidal que era espiado. A diferencia de la causa del espionaje en Nación, donde existía un órgano de inteligencia-que violaba permanentemente el artículo cuarto de la Ley 25.520-, en la provincia de Buenos Aires no existe organismo de inteligencia y la Auditoría de Asuntos Internos es un organismo administrativo para investigar faltas de efectivos policiales. “Las provincias no tienen potestad para generar agencias de inteligencia. Las provincias solamente tienen direcciones de inteligencia dentro de lo que es la policía provincial. En nuestro caso, la policía bonaerense tiene una dirección de investigaciones que es la denominada DDI, que es la que investiga delitos en el marco de un proceso ordenado por un juez y un fiscal”, explica Susana González para que se entienda la magnitud de la ilegalidad del espionaje montado desde Asuntos Internos durante el gobierno de Vidal.

La gravedad del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires radica en que la Auditoría General de Asuntos Internos es un organismo administrativo que depende del Ministerio de Seguridad, cuya función es investigar faltas o constatar delitos de efectivos policiales en ejercicio de función”, explica la diputada bonaerense señalando que la función administrativa de ese organismo es la de constatar faltas de los uniformados y sancionar a aquellos efectivos que incurrieron en delitos hasta con exoneración, si es que se constata el delito haciendo la denuncia en el fuero penal que quien tiene a cargo su comprobación y su posterior condena. “Pero el organismo administrativo Asuntos Internos no tiene facultad para hacer investigación de ninguna otra persona que no sea un efectivo policial y éste es el punto más grave del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Un organismo administrativo investigaba diputados, senadores, miembros de la Corte, al ex Gobernador, empresarios, etc. La cadena de ilícitos en esta investigación es completamente grave”, expresa González.

La diputada bonaerense González sostiene que el espionaje montado desde la estructura de Asuntos Internos en la provincia de Buenos Aires tenía una pata judicial y también mediática. “Una estrategia del poder judicial a través de ciertos actores, como el Procurador de la Corte de la provincia-Julio Conte Grand-, que junto al Ministerio de Seguridad y a través de seguimientos ilegales que se hacían desde la Auditoría de Asuntos Internos con efectivos policiales- constatado en la causa que lleva adelante la fiscal Corfield- ,y la existencia de una pata mediática, dado que Berra tenía dentro de su gabinete a una funcionaria, la señora Agustina María Aguinaga, esposa del señor Javier Mozo, productor del programa de Luis Majul”. Susana Gonzáles expresa que fue así como se produjeron un montón de programas dedicados a lo que los operadores catalogaban como mafia policial y judicial.

Informes que luego aparecían en programas de operadores mediáticos de Cambiemos y que provenían de la Auditoría de Asuntos Internos, que hizo un trabajo de investigación ilegal para carpetear funcionarios, empresarios, jueces y para extorsionar en base a la información que obtenían mediante datos obtenidos por Nosis, la empresa que brinda información financiera, tributaria y comercial de cada una de las personas y que el gobierno de Vidal utilizó los recursos de los bonaerenses para pagar 48.600 informes de personal que no era policial. “En la causa hay constataciones de que había oficios liberados a la Dirección de Migraciones. Oficios administrativos firmados por Berra, no por un juez, donde preguntaban y querían constatar entrada y salida de determinadas personas del país, situación que es completamente ilegal”, dice González.

Para Susana González, que Vidal haya sido espiada responde a la interna que había en Cambiemos y a la decisión de la gobernadora que aparecía como posible plan B de Cambiemos ante la caída estrepitosa de Macri en las encuestas. Ese espionaje hacia los propios formaba parte de esa interna que tuvo también operaciones por la posible decisión a que Vidal adelantara las elecciones para no hacerla en forma conjunta con Nación. A partir de ahí, fue que surgió la operación contra el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Manuel Mosca, quien pidió licencia y fue denunciado solamente a nivel administrativo en la oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema por presunta violencia de género que nunca fue plasmada en una acción penal. Hasta ellos mismos reconocían por aquel entonces que se trataba de fuego amigo liderado por Laura Alonso con otros actores de su propio bloque. “Terminó su mandato y por supuesto que está muerto políticamente a través de una causa que nunca se inició. No hay acción penal respecto de su supuesta violencia de género y acoso sexual efectuada por Manuel Mosca”, señala la diputada González.

En 2018 (entre el sábado 11 de agosto y el domingo 12), barretearon la puerta del despacho que la diputada González tiene en la legislatura. No sé sabe con qué fines, dado que la investigación- luego de formulada la denuncia-, se encuentra en la unidad fiscal de instrucción a cargo de Alvaro Garganta, sin movimiento. Nunca se pudo determinar, durante esas 24 horas en la que irrumpieron en su despacho, el motivo del corte de suministro eléctrico y el fallo generalizado de las cámaras de monitoreo, que debieron funcionar igual a pesar del corte de energía, por cuanto tienen una UPS, sus siglas en ingles significa sistema de corriente ininterrumpido. Lo curioso del caso es que el corte solamente se produjo en el primer piso donde se encuentra el despacho de Susana González. “Creo que el ataque no fue hacia mi persona sino fue hacia mi conductor político, el intendente de Ensenada Mario Seco”, expresa la legisladora quien se presentó como presunta víctima ante la causa de espionaje que investiga la fiscal Cecilia Corfield.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

Desaparecido en cuarentena

La Plata, 02 Jul (InfoGEI).- Facundo Castro tiene 22 años, es de contextura delgada y mide 1.60 mts. Tiene cabello oscuro, tez trigueña y ojos marrones. El día 30 de abril salió a dedo desde Pedro Luro hacia la casa de su ex novia residente en la ciudad de Bahía Blanca (125 km de distancia), donde nunca llegó. Desde ese día está desaparecido y su familia, amigos y organizaciones de Derechos Humanos lo buscan intensamente.

Hasta el momento, la reconstrucción que se hace es que a 30 km. de la localidad de Mayor Buratovich, es parado por un control policial por estar sin permiso de circular en cuarentena. Lo mismo pasaría en la próxima localidad de Teniente Origone, donde supuestamente también siguió viaje. Facundo fue visto por última vez el 4 de junio, a más de un mes de su desaparición, en el cruce de las rutas 3 y 22 por un testigo que declaró ante la policía. Perros del escuadrón canino K9, de Punta Alta, determinaron que el joven pasó por ese lugar, pero no pudieron indicar una pista sobre su destino posterior.

Desde entonces no se ha comunicado por ningún medio y tampoco se lo ha podido contactar. Su teléfono se encuentra apagado”, indicaron desde la organización H.I.J.O.S Bahía Blanca.

Según publicó el portal Infoluro, Cristina la madres del joven manifestó que se reunió con el fiscal, con quien plantearon pasos a seguir. Se ha solicitado analizar la antena del celular de facundo, para saber dónde se apagó el teléfono.  En cuanto al aporte de datos, Cristina aseguró “sigo apelando a la gente: quien lo vio, quien lo tuvo, donde estuvo, que por favor se comunique conmigo o con cualquier amigo de Facundo”, manifestó su madre.

Al momento de ausentarse vestía pantalón jogging color negro, campera deportiva color negra, zapatillas azules, y mochila marca Wilson color azul con letras blancas. Para aportar datos sobre Facundo, se puede mandar mensajes al 02928 420120 o al 911.  Además, hay una página de Facebook Buscamos a FACU donde los allegados comparten información. (InfoGEI) Mg

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