Caso Facundo Castro: apartan al fiscal Santiago Ulpiano Martínez

La jueza Gabriela Marrón resolvió la medida tras el planteo del acusador, que en la práctica tenía cada vez menos injerencia en la investigación. El fiscal tuvo dos recusaciones y una denuncia de la madre de Facundo, ante la Procuración.

La Plata, (Por InfoGEI).- La jueza federal N° 2, María Gabriela Marrón, aceptó la inhibición pedida por el doctor Santiago Ulpiano Martínez en la causa por la desaparición seguida de muerte de Facundo José Astudillo Castro y el fiscal ya no está más ligado al caso.

De esta manera seguirán al frente de la investigación los fiscales Horacio Azzolín y Andrés Heim, quienes habían sido nombrados por la Procuración a fines de agosto del año pasado para acompañar a Martínez en la instrucción, a partir de la complejidad del expediente y el cúmulo de trabajo que tenía el primer fiscal.

Según informó el portal Lanueva, Martínez pidió inhibirse el 12 de febrero pasado por las diversas imputaciones a su actuación de parte de las querellas, lo cual le restó “falta de confianza” a su labor, incluidas dos recusaciones  y una denuncia de Cristina Castro, madre de Facundo, ante la Procuración.

A los fundamentos sumó la dificultad de consensuar criterios de actuación con los otros fiscales, teniendo en cuenta lo que para él es “una laguna o déficit” de la norma que regula la actuación conjunta o alternada del Ministerio Público Fiscal.

A su vez, consideró que se lo había “descalificado profesionalmente” tanto dentro como fuera del proceso, hecho que le impuso “un manto de sospecha” a muchas de las medidas que había tomado para esclarecer el hecho, desde rastrillajes y secuestros hasta la toma de declaraciones a testigos de identidad reservada.

Marrón aceptó el planteo y dijo que las razones invocadas (la pérdida de confianza en su labor de los querellantes, las discrepancias con los otros dos fiscales, la denuncia en la Procuración y las manifestaciones injuriantes en su contra) “resultan bastantes en el complejo contexto expuesto por el nombrado para admitir su inhibición”. (InfoGEI) Mg

El juez Alberto Lugones se manifestó a favor de reformar el Consejo de la Magistratura

El vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, explicó su postura sobre la ampliación de ese órgano que participa en la designación de jueces.

En declaraciones a Días Distintos por Radio Provincia destacó que el tema debe tratarse como una política de Estado y señaló que “hay que aumentar el número de jueces, abogados y algún académico más”.

Además, señaló que “no es admisible que no tengamos una mirada de género” y dijo que este momento “el Consejo tiene un tercio de mujeres y aún siguen siendo minoría”.

Lugones destacó que “estoy de acuerdo con la reforma. Habrá que trabajarla un poco y reiteró que “vamos a ir al fondo y al hueso con una política de mirada de género”.

En ese marco, enfatizó que “hay que estar formados y quién no entienda que la política de género es una política de Estado, incluyendo al Poder Judicial, no estará en condiciones” de formar parte del Consejo de la Magistratura.

InformaProvincia

Cuatro detenidos se fugaron del penal de Magdalena y desplazaron a nueve penitenciarios

El jefe del Complejo Penitenciario Magdalena, el director de la Unidad 28 y siete agentes penitenciarios fueron apartados de sus cargos luego de la fuga de estos cuatro detenidos. Según las fuentes, tres de los prófugos cumplen condena por el delito de robo y uno de ellos por homicidio simple.

La Plata, 01 Mar (InfoGEI).- Este domingo a la madrugada cuatro detenidos se dieron a la fuga de la Unidad carcelaria ubicada en Ruta 11 a la altura del kilómetro 111, tras limar dos barrotes de su celda, ganar el patio y escalar un muro perimetral.

El jefe del Complejo Penitenciario Magdalena, el director de la Unidad 28 y siete agentes penitenciarios fueron apartados de sus cargos luego de la fuga de estos cuatro detenidos, informaron este domingo fuentes del Servicio Penitenciario bonaerense (SPB).

La medida fue dispuesta por la Auditoría General de Asuntos Internos, que ordenó poner a disponibilidad preventiva a los funcionarios penitenciarios e iniciaron sumarios administrativos para certificar si hubo algún grado de connivencia o negligencia en el hecho.

Voceros de esa fuerza de seguridad, informaron que esta madrugada cuatro detenidos se dieron a la fuga de la Unidad de régimen cerrado 28, ubicada en Ruta 11 a la altura del kilómetro 111, tras limar dos barrotes de la celda 17 del pabellón 9, ganar el patio y escalar un muro perimetral.

Según las fuentes, los agentes de guardia observaron las siluetas desplazándose en la oscuridad, se dirigieron hacia el lugar y realizaron rastrillajes para poder capturarlos, pero no lograron su objetivo.

Según las fuentes, tres de los prófugos cumplen condena por el delito de robo y uno de ellos por homicidio simple.

En el hecho interviene personal de Asuntos Internos junto a la fiscalía descentralizada de Magdalena, que trabajan en la realización de la investigación. (InfoGEI) Mg

Un nuevo aniversario sin Luciano Arruga: 12 años de impunidad

En el marco de un nuevo aniversario de la desapración forzada que se cumplió el 31 de enero pasado, desde el espacio “Aparición con Vida de Luciano Arruga” compartieron un texto de Vanesa Orieta, hermana del joven que fue víctima de las fuerza de seguridad bonaerense. “Los daños que ocasionaron en la causa judicial son irreparables y se traducen en el proceso de impunidad que a 12 años seguimos padeciendo”.

Por Vanesa Orieta

Las dos imágenes que agrego a este mensaje son denuncias que realicé en un papel pre-impreso en mesa de entradas de la Unidad Fiscal N°7 del partido de La Matanza, cuando la fiscal Roxana Castelli decidía no atenderme personalmente violando mi derecho a dar y recibir información en una causa que tenia como desaparecido a mi hermano, quien en ese momento tenía 16 años. Corresponden al mes de febrero de 2009.

Denuncia hecha en papel pre-impreso del 16/02/2009

“Solicitar se vuelva a consultar a instituciones tales como Comisarias y Hospitales la presencia del menor Luciano Nahuel Arruga. Haciéndole saber que mi insistencia se debe a malos tratos que en varias oportunidades ha tenido mi hermano de parte de los uniformados de las comisarias Don Bosco y Destacamento de Lomas del Mirador.”

En ambas dependencias estuvo detenido y maltratado tanto física como mentalmente. En la vía pública tenia prohíbo transitar, si lo encontraba un oficial así se lo hacia saber parándolo y pegándole. En una oportunidad se lo paró, se le puso un arma a la altura del pecho y se lo amenazó con tirar. Sepa entender mi insistencia….y conociendo los abusos de parte de muchos uniformados temo por la vida de mi hermano”

Denuncia hecha en el papel pre-impreso 19/02/2009:

“Solicitar se pida nuevamente un informe completo de Hospitales, comisarias, morgues y demás instituciones que correspondan a fin de dar con el paradero del menor. Pido también se tenga en cuenta, por favor, exigir se reporte la permanencia en alguno de estos centros de un NN con las características de Luciano Nahuel Arruga. Tenga en cuenta que la presentación de Habeas Corpus se realizó a las 48 horas de Desaparecido mi hermano y al día de la fecha llevamos 21 días sin saber nada de él. Vuelvo a repetirle, POR FAVOR, pedir nuevos informes por el paradero de mi hermano. Muchas gracias.”

Estas notas, que constan en la causa federalizada de “Desaparición Forzada”, constituyen una prueba clara y contundente del impulso inmediato de la familia denunciando el accionar policial, así como también deja en evidencia la acción de la primer fiscal que intervino en la causa, Roxana Castelli, la cual desoyó la voz de la Familia.

En lugar de escucharnos y garantizar nuestros derechos como víctimas del proceso lo que hicieron el Juez Gustavo Banco y las Fiscales Roxana Castelli y Celia Cejas Martin es darle la investigación a la policía que denunciaba en esos papeles pre-impresos, así como también decidieron investigarnos mediante escuchas telefónicas durante 1 año y 6 meses, a nosotrxs a la familia de Lu. Los daños que ocasionaron en la causa judicial son irreparables y se traducen en el proceso de impunidad que a 12 años seguimos padeciendo.

Por todo lo dicho les presentamos a los tres funcionarios judiciales del partido de La Matanza un Jury de Enjuiciamiento hace 8 años. El jury está en etapa acusatoria y en febrero de este año el Jurado de enjuiciamiento deberá decidir la admisibilidad o no de nuestra denuncia.

Las pruebas son contundentes y declarar inadmisible nuestra denuncia dejará plasmado una vez más la impunidad a la hora de denunciar al Estado como responsable de los hechos de Represión Estatal.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

Siete expresidentes piden la libertad de Boudou

La UNASUR paralela pidió la libertad de Amado Boudou. Presidentes de la región que sufieron la guerra judicial, golpes de Estado, prisión, ordenes de detención, junto a excancilleres y exministros latinoamericanos, brindaron su apoyo al exvicepresidente de Cristina Fernández. Funcionarios de gobierno como la interventora de la AFI, el ministro Larroque y Aníbal Fernández también dieron su apoyo.

Por Santiago Gómez
Desde San Pablo

Siete expresidentes, un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, excancilleres de la región, exministros de Brasil, la presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, el líder del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, el Secretario General de La Cámpora, diputados, la intendenta de Quilmes, periodistas, artistas, intelectuales, están entre las más de cinco mil personas que firmaron una solicitada pidiendo la libertad de Amado Boudou, exvicepresidente y exministro de economía de Cristina Fernández de Kirchner, víctima de una guerra judicial que se sirvió de testigos comprados para condenarlo.  

La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política”, señala el primer párrafo de la solicitada que firmaron Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales, Rafael Correa, Dilma Rousseff, Manuel Zelaya, Fernando Lugo y Ernesto Samper.

Cabe recordar que la mayoría de esos dirigentes fueron víctimas de Lawfare, persecusión judicial, estigmatización mediática, golpes de Estado y prisiones. Zelaya en Honduras fue el primero en sufrir el golpe de Estado en 2009, sobre el que Hillary Clinton contó la participación de los Estados Unidos en un libro de memorias. Le siguió Fernando Lugo en Paraguay, destituido en 2012 por el parlamento a través de los llamados golpes de Estado blando. Le siguió Dilma Rousseff, quien también fue sacada de la casa de gobierno por un manipulado e injusto juicio político. Lula fue detenido sin pruebas por quien después de condenarlo asumió como ministro de justicia de Jair Messias Bolsonaro. Cabe recordar que Liliana Ayalde fue embajadora de los Estados Unidos durante la preparación del golpe en Paraguay y Brasil. Rafael Correa padece un absurdo pedido de captura. Evo Morales sufrió en 2019 un golpe de Estado abierto con apoyo militar, debiéndo exiliarse en Argentina, junto al exvicepresidente  Álvaro García Linera, familiares y algunos funcionarios, para garantizar sus vidas. En declaraciones a Brasil de Fato, portal de noticias brasilero, Lugo señaló que el golpe en Paraguay fue no solo contra los desposeídos de su país, cuanto contra la integración regional, el Mercosur, la UNASUR y la CELAC.

La UNASUR paralela

El apoyo de los exmandatario de la región muestra una acción conjunta de los representantes de las fuerzas políticas que crearon la UNASUR y que independientemente de estar o no en el gobierno denuncian en conjunto la guerra judicial o lawfare en la región, reconocen la persecución de la que son víctimas militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista,  y el mismo sistema de alianzas entre corporaciones internacionales con intereses financieros, con corporaciones locales, poder judicial y medios de comunicación.

El excanciller de Lula y exministro de Defensa de Dilma, Celso Amorim, también se sumó al pedido de libertad al exvicepresidente argentino, así como los excancilleres de Ecuador,  Ricardo Patiño y Guillaume Long, y el excanciller de Paraguay, Jorge Lara Castro. Desde Brasil también dieron su apoyo el líder del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y de la Vía Campesina, João Pedro Stédile, la diputada y presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann; el exministro de la Casa Civil durante el gobierno Lula, Jose Dirceu, una de las primeras víctimas de la guerra judicial en Brasil;  el exministro de Previsión Social y otras 21 personas que ejercieron el cargo de ministros durante los gobiernos del PT apoyaron la solicitada.

“La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial”, afirma la solicitada.

Apoyo local e inteligencia judicial

En el ámbito local diversos funcionarios del gobierno también pidieron la libertad de Boudou, entre ellos la actual interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño, el Ministro de Habitat, Jorge Ferraresi, el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla; Aníbal Fernández y Leandro Santoro, asesor presidencial, entre otros. La carta también cuenta con el apoyo de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, el Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires y Secretario General de La Cámpora, Andrés Larroque. Desde el ámbito sindical brindaron su apoyo Pablo Moyano, Daniel Catalano y el Secretario General de la CTA y diputado, Hugo Yasky. También fue firmada por el juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, a quien Elisa Carrió pidió que se le realice un juicio político por haber pedido el indulto de los presos políticos, luego de que la Corte Suprema de Justicia continuara con las operaciones judiciales contra el exvicepresidente. Al final de esta nota pueden leerse el nombre de algunas de las más de 5.000 personas que firmaron el pedido de libertad de Boudou y se puede acceder al formulario electrónico para firmarlo.

Es relevante el apoyo de Caamaño a Boudou, cuando hoy es público que hubo operaciones de espionaje en el penal donde estuvo Boudou así como otros ex funcionarios y militantes kirchneristas. Habían cableado el penal. Una investigación de Ari Lijalad reveló que Banderbroele cobró por ser testigo arrepentido. Una de las abogadas de Boudou, Graciana Peñafort, denunció que fue espiada por a quién defiende, también fue abogada de Cristina. Hoy trabaja en el Senado con ella. Lo mismo sucedió con los abogados de Lula, Moro mandó pincharles los teléfonos, así como el teléfono de Dilma en cuanto era Presidenta de la república y filtró la grabación a  Globo, de una charla con Lula.

El Presidente en su primer discurso en el Congreso reconoció la colaboración de los servicios de inteligencias para apoyar condenas, fortalecerlas, ensuciar procesos, ante jueces que no cumplen con lo que la ley establece, la violan deliberadamente la ley, sabiendo de la impunidad que les da el poder económico local, la Embajada, los medios, y ante ello varios funcionarios se asustan. El presidente salió del Frente Renovador luego de haber visitado a Milagro Salas en la cárcel, otra presa política. El gran problema que tienen las y los presos políticos, es que la libertad que pierden no la recuperan. Y la máxima instancia a la que puede recurrir un ciudadano para pedir que se garanticen los derechos que la propia ley establece está compuesto por 5 personas, hacen mayoría con 3. De las cinco uno es abogado de Clarín, que hacían negocios con las AFJP, el otro convalidó todo lo que hizo Claudio Bonadío, aceptó colocar las escuchas sobre la órbita de la Corte Suprema y una está ahí porque le permiten violar la ley, porque pasó los 75, debió renunciar.

Esa Corte Suprema el 30 de diciembre, después que comenzó la feria judicial, quitó a Boudou del sistema de prisión domiciliaria, ordenó que volviera a prisión, es decir, convalidó la condena de un processo viciado, donde no se respetó el debido proceso, se usaron testimonios comprados para condenar a un ciudadano, y al que le rechazaron un recurso sin dar explicaciones de por qué la Corte hizo lo que hizo, como señaló Peñafort. La Corte no dio explicaciones de por qué legitimó la violación del debido proceso, por qué legitiman el testimonio de un testigo se benefició económica y penalmente por testimoniar. La Corte Suprema continúa contribuyendo con el descrédito social en el sistema de justicia.

“La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia. Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas”, afirma el documento que contó con un destado apoyo regional.

Solicitada completa:

Libertad a Amado Boudou

La persecución política contra militantes y dirigentes de la experiencia kirchnerista persiste en la Argentina a pesar del triunfo popular en las últimas elecciones. Estamos en presencia de una guerra que se despliega a través de medidas judiciales, fabricación de noticias que manipulan la opinión pública y el intento de crear un clima de odio e intolerancia en la población. Es una guerra que, según se va esclareciendo, floreció durante el gobierno de Mauricio Macri bajo la supervisión de varios de sus funcionarios principales, incluido el propio presidente. Medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del poder judicial han generado una estrategia común que envenena la atmósfera política.

La situación de Amado Boudou testimonia con exactitud esa estrategia de guerra. Objeto de un sistemático ataque de los medios de comunicación concentrados hasta convertirlo en un equivalente absoluto de la corrupción estatal, condenado a prisión en un juicio cuyas anormalidades tuvieron estado público por boca de sus mismos gestores (por televisión, el testigo clave en el juicio reconoció haber recibido dinero por su testimonio en calidad de “arrepentido”) Boudou es hoy prisionero en su domicilio por decisión del poder judicial. El máximo tribunal nacional desechó tratar la apelación de su condena manifiestamente nula porque era una cuestión “insustancial, carente de trascendencia” y a partir de esa decisión bochornosa se ha abierto un operativo para enviarlo nuevamente a la prisión. Un puñado de medios de comunicación son los que organizan una persecución política y moral contra quien fuera vicepresidente durante el último mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Está muy claro que se trata de una venganza por las decisiones en las que participó, y particularmente por la recuperación para los trabajadores de los fondos de pensión que habían sido enajenados a favor de grandes consorcios financieros.

Esta situación implica un profundo deterioro de la política, de las creencias sociales y del lenguaje general de una sociedad. Es una verdadera emergencia político-judicial que pone en riesgo la convivencia entre los argentinos y argentinas por afectar las bases democráticas de la constitución social al poner en marcha una interpretación de las leyes con un sentido faccioso y antirrepublicano. No es un problema excluyente de un sector de la población directamente involucrado en la práctica política; por el contrario, involucra a todos y todas quienes habitamos el país. Solamente a través de la recuperación plena de la legalidad y el fin de las presiones extralegales profusamente puestas en práctica por el gobierno de Macri, es cómo puede recuperarse en plenitud la vigencia del estado de derecho.

Lo que ahora está ocurriendo con Amado Boudou, es la forma final lograda por una agresiva y virulenta coalición formada por todo tipo de especialistas en la descalificación y destrucción de las experiencias democráticas y populares de Gobierno. Es lo que en la región conocemos como la “guerra judicial”, que hoy es el arma principal de desestabilización de la democracia. La persona de Boudou fue elegida para descargar un castigo ejemplar contra quienes se atreven a enfrentar los injustos privilegios de los que disfruta una facción local históricamente privilegiada, en sociedad con grandes corporaciones locales y extranjeras.

La lucha contra esta injusta situación es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes fácticos ligados al privilegio y la injusticia. Para que en Argentina rija en plenitud la justicia y se respeten los derechos humanos. Para eso reclamamos la libertad de Amado Boudou y de todos los presos y presas políticas.

Enero del año 2021

Firmantes:

DE BONAFINI, Hebe  – LULA DA SILVA, Luiz Inácio –  MORALES, Evo – CORREA, Rafael ROUSSEFF, Dilma – LUGO, Fernando –  SAMPER, Ernesto – ZELAYA, Manuel  – AMORIM, Celso –  MENDOZA, Mayra – FERRARESI, Jorge – GIOJA, José Luis –  PARRILLI, Oscar –  PIETRAGALLA, Horacio – MORALES, Victor Hugo – BARRANCOS, Dora – FERNANDEZ, Anibal  –  SANTORO, Leandro – CASTRO, Alicia –  MOYANO, Pablo –  YASKY, Hugo  – DI TULLIO, Juliana –  LARROQUE, Andres – ZAFFARONI, Eugenio Raul –  VALDÉS, Eduardo Felix – CAAMAÑO, Cristina – BRIEVA, Ruben Enrique “Dady” – QUIETO, Manuel – CATALANO, Daniel  –  ALEMÁN, Jorge – PENACCA, Paula – DURAÑONA, Francisco – VOLNOVICH, Luana –  RAVERTA, Fernanda – HOFFMANN, Gleisi – SANTA MARIA, Victor  – GONZALEZ, Horacio – FORSTER, Ricardo – ROJKÉS, Silvia – ARONSKIND, Ricardo – MOCCA, Edgardo – FONTDEVILA, Pablo – LABORDE, Oscar – SABATELLA, Martín – JUSTICIA LEGÍTIMA, Agrupación – DÍAZ, Estela –  DE JESÚS, Juan Pablo –  SAPAG, Silvia –  NAVARRO, Roberto  – GOLLAN, Daniel – MOREAU, Leopoldo – MANTEGA, Guido – TARSO, Genro – CERRUTI, Gabriela – PARY, Diego – MARTINEZ, Hugo – LIJALAD, Ari – ALIVERTI, Eduardo – MIRKIN, Beatriz – GIARDINELLI, Mempo – TOGNETTI, Daniel – PILATTI VERGARA, Maria – FIGUERAS, Marcelo –  RODRIGUEZ, Maria Cecilia – LÓPEZ, Eduardo –  ROMERO, Javier “El Profe” – LÓPEZ, Artemio – DE VICENTI, Cecilia –  MASSONI, José – ARENA, Mayra – DEVOTO, Jorge “Topo” – ALESSO, Sonia – RECALDE, Hector Pedro SCHULMAN, José – FERNANDEZ, Hector – SIGAL, Eduardo – SAID, Judith – ATE CAPITAL – FERNÁNDEZ, Sebastian “Rinconet” – SAINTOUT, Florencia –  QUINTRIQUEO, Carlos Enrique – PUIGGRÓS, Adriana – RACHID, Jorge –  DE VIDO, Julio – DURANGO, Norma – HELLER, Carlos  – LUZZANI, Telma – BORÓN, Atilio – CORREA, Walter –  CONTI, Diana –  ULANOVSKY, Carlos –  MAZURE, Liliana – DELUPI, Max –  KUNKEL, Carlos – GABBA, Carlos Eduardo – GARCIA, Cynthia – BARADEL, Roberto – ROJKES, Beatriz – APO, Alejandro – BELLOTA, Araceli – LONG, Guillaume – FERNANDEZ PASTOR, Miguel  – SERRANO MANCILLA, Alfredo – GILS CARBÓ, Alejandra – OLIVEIRA, Francisco “Paco” – BORRONI, Fernando – MARIOTTO, Gabriel  – CABRAL, Juan Carlos – OSUNA, Blanca – DE FEO, Carlos –  BRAWER, Mara – FERNANDEZ, Maximiliano “El Bosnio” – RUSSO, Sandra  –  SABORIDO, Pedro – DEPETRI, Edgardo – BARRAGÁN, Carlos – LOPEZ FIORITO, Pablo – RUIZ FLORES, Martha – PACO URONDO, Agencia – SCALETTA, Claudio  – MÉNDEZ, Lía  – NICOLETTI, Nelson – PARILLI, Nanci – DUPLÁA, Quique  –  CHOLVIS, Jorge Francisco – CAO, Horacio –  ALPEROVICH, Sara  – DORIO, Jorge  –  GIROTTI, Carlos  –   SEOANE, María –  ELBAUM, Jorge – MARINO, Sergio “Nagus”  – MINNICELLI, Alessandra – LOPEZ, Gustavo – SBATELLA, José –  – CAMPANA, Gustavo – GLEZER, Marina – GALENDE, Luciano – CARBONE, Rocco –  HERRERO, Liliana – KOENIG, Marcelo – MERA, Carolina – VACA NARVAJA, Camilo – RAIMUNDI, Carlos – D’AURIA, Nancy – ROTH, Cecilia –  ROMANO, Gerardo – GRANDINETTI, Darío – MORGADE, Graciela – BATAKIS, Silvina – MONTERO, Federico – POSTOLSKI, Glenn –  BASCHETTI, Roberto – RUSCONI, Maximiliano – ONETTO. Victoria – BONIN, Arturo – PREGO, Florencia –  SANTORO, Osvaldo  – JAIME, Ricardo – LARA CASTRO, Jorge – PICCHIO, Ana María – CALCAGNO, Eric – MERLIN, Nora  – ROMAROVSKY, Gabriel –  STEDILE, Joao Pedro – HARISPE, Gaston – CRISTÓFALO, Américo – ROSSETTO, Cecilia – CARAMELLO, Carlos – FANEGO, Daniel –  PAPALEO, Osvaldo –  CANESE, Ricardo – CELENTANO, Ana –  BRIZUELA, Damian – BARRIENTOS, Paola – TOER, Mario –  SOCOLOVSKY, Yamile – GRECO, Leonardo – BANEGAS, Cristina – NOHER, Jean Pierre – CASALS, Rodolfo –  RUIZ FLORES, Martha – PRANDINI, Roberto – COLOMBO, Ariel – PALOMINO, Juan – ZIEMBROWSKI, Luis – PATIÑO, Ricardo –  VARELA, Adriana – MARTINEZ, Enrique – VAZQUEZ, Mariana – GODOY, Ruperto – ONETTO, María – ORTEGA, Saul – KULIOK, Luisa – METAZA, Mario – CEJAS, Jorge – FERNANDEZ, Patricia – FURLAN, Abel – PARDES, Jorge – LETTIERI, Alberto – REP, Miguel – NUÑEZ, Osmar –  ROCA, Horacio – FERRADAS, Marcela –  MELINGO, Marcelo – MELAMUD, Viviana –   GARCIA PINTOS, Alejo – IBARRETA, Maria – VALLERGA, Juan – JUNIO, Juan Carlos – CORREA, Gabo – VANELLI, Alejandro – GARCÍA, Martin – TEJEDOR, Cristina – VACA NARVAJA, Fernando –  MENDOZA LEIGUE, Adolfo – LARRESE, Ernesto – FIORENTINO, Maria – VARELA, Susana – GABIN, Maria José – MACHA, Mónica – TORRI – SOUTO, Gustavo – PAVLOVSKY, Martin – VICENTE, Manuel – GEIGER, Conrado – CAREAGA, Mabel – VERA, Coni – GONZALO, Norberto – BUSTOS, Mario “El Pelado” –

Durante los cinco días que se recolectaron apoyos para esta iniciativa, más de 5.000 personas dieron su acuerdo. Actualmente seguimos juntando adhesiones.

Para manifestar su adhesión al documento siga los siguientes pasos:

    1. Ingrese al siguiente link: http://bit.ly/LibertadAmadoBoudou

    2. Complete el formulario, ingresando su nombre y apellido, seguido de su correo electrónico y lugar de residencia.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

Facundo Castro: La cámara Federal ordena a la jueza Marrón reconsiderar las medidas de prueba que denegó

La Cámara Federal de Bahía Blanca aceptó un recurso de queja presentado por los fiscales Andrés Heim y Horacio Azzolín –acompañado por las querellas particular e institucional– y ordenó a la jueza María Gabriela Marrón revisar su decisión de denegar medidas de pruebas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal y las querellas, en la causa por la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

La Plata, (InfoGEI).-En su fallo, los jueces de Cámara sostuvieron que la decisión de la jueza podría acarrear un daño irreparable en la instrucción porque afectaría el avance de la línea de trabajo que investiga la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro, principal hipótesis de la parte acusadora. El allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares relacionados con los policías vinculados a la causa, entre las medidas de prueba en debate.

Según recuerda la Agencia Andar, el pasado 15 de octubre, la titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, rechazó masivamente medidas de pruebas solicitadas por los fiscales Andrés Heim de la Procuvin y Horacio Azzolín de la Unidad Especializada en Ciberdelincuencia, la querella particular y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), querella institucional en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura.

La decisión fue cuestionada por la parte acusadora y casi diez días después, el 26 de octubre, la jueza declaró inadmisible el recurso de apelación. En ambos casos, Marrón desestimó los planteos del Ministerio Público Fiscal y las querellas, quienes advirtieron que el rechazo de las diligencias solicitadas ponía en serio riesgo el avance de la investigación de lo que, hasta el día de hoy, siguen considerando la hipótesis más robusta de la causa: la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro.

Recurso de queja

Ante el rechazo de la apelación, los fiscales Heim y Azzolín presentaron un recurso de queja que fue aceptado por la Cámara Federal de Bahía Blanca.  Con el voto de los dos magistrados, el fallo declaró que la apelación estuvo mal denegada y, por lo tanto, obliga a la jueza Marrón a volver a considerar lo pedido por fiscalía y querellas.

El cable de Andar señala que, al momento de rechazar la apelación, Gabriela Marrón había argumentado que, si bien las partes pueden proponer diligencias investigativas, el juez tiene la potestad de practicar sólo las que considere pertinentes y que su resolución es irrecurrible. Sin embargo, los dos jueces de Cámara le recordaron que la potestad de dirigir el proceso no es un principio irrestricto y cede cuando se ven afectado intereses superiores.

La magistrada podrá compartir o no los pedidos que formulen las partes, pero en modo alguno puede definir e indicar qué hipótesis y qué elementos de la misma deben seguir y considerar los acusadores”, habían sostenido los fiscales en el recurso de queja.

Perjuicio de imposible reparación ulterior

Para los jueces Pablo Candisaro Mera y Pablo Larriera, la denegatoria de las medidas de prueba solicitadas podría afectar el avance de una de las vías de investigación que, por imperio de ley, se encuentra a cargo del Ministerio Público Fiscal. Y podría traducirse en un perjuicio de imposible reparación ulterior.

Entre las medidas de prueba que están en debate, se encuentra el pedido de allanamiento del puesto de vigilancia de Teniente Origone, donde ya se encontró un amuleto que pertenecía a Facundo Astudillo Castro, y el secuestro de unos 50 teléfonos celulares de policías vinculados con los agentes que tuvieron contacto con Facundo el día de su desaparición.

Rechazos recurrentes

Sobre el puesto policial en Origone, cabe recordar que la jueza Marrón ya rechazó tres veces el allanamiento. A pesar de los reiterados pedidos de la querella para que se preserve el lugar, tampoco dispuso ninguna medida cautelar que ordene la inalterabilidad del edificio y sus adyacencias.

Tal como vienen sosteniendo los fiscales y las querellas, la demora de estas diligencias atenta contra la posibilidad de encontrar elementos de pruebas valiosos para la investigación. La misma situación ocurre con los teléfonos celulares; esto último, incluso, ya fue corroborado en la causa: los informes realizados por DATIP sobre los celulares secuestrados a las y los policías que tuvieron contacto con Facundo el 30 de abril dan sobrada cuenta de los intentos por eliminar información del día de la desaparición y los días posteriores.

El fallo de la Cámara abre una nueva posibilidad para que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro se siga investigando. Coincida o no la jueza con la hipótesis de la parte acusadora. (InfoGEI)Jd

Los Etchevehere, a indagatoria en causa por estafa

El titular del Juzgado de Transición N° 1, Carlos Ríos, citó a declaración indagatoria al exministro de Agroindustria de Mauricio Macri, Luis Miguel Etchevehere, en el marco de una causa por estafa que se abrió en 2011 a partir de la denuncia presentada por su hermana Dolores Carmen Etchevehere.

El magistrado también citó a indagatoria a la madre del exministro, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, y a los otros dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego Etchevehere.

Luis Miguel Etchevehere fue citado para el 18 de noviembre, a las 10; sus hermanos Arturo Sebastián, para el 19; Juan Diego, para el 24; y la madre de los tres, Leonor María Magdalena Barbero Marcial, para el 26 de noviembre “bajo apercibimiento de ley”, según la disposición del juez Ríos a la que accedió Entre Ríos Ahora.

También fue citado el empresario santafesino Walter Grenón, dueño de Red Mutual, que tuvo parte de las acciones de Sociedad Anónima Entre Ríos (SAER), la empresa editora de El Diario. Grenón ingresó a El Diario en 2010, cuando los hermanos Ivar y Arturo Roosvelt Etchevehere venden su parte, un año después de la muerte de Luis Félix Etchevehere, último director del matutino con apellido Etchevehere.

Grenón está citado a indagatoria para el próximo 2 de diciembre, también a las 10. En tanto, Germán Buffa, implicado en la causa por distribución de publicidad amañada durante el gobierno de  Sergio Urribarri –su causa se incorporó al megajuicio que todavía está sin fecha y que sentará en el banquillo al gobernador-, que fue parte del directorio de SAER, fue citado para el 9 de diciembre.  Y Luis Alberto Guevara, un personaje menor en el manejo de El Diario, irá a indagatoria para el 21 de diciembre. En la lista también figura Viviana Grenón, citada para el 30 de noviembre.

Desde 2011 hasta ahora los Etchevehere nunca fueron indagados, aún cuando el Ministerio Público Fiscal había impulsado esa declaración. La causa estuvo primero en manos de la jueza Susana María Paola Firpo, después de Pablo Zoff, y ahora de Carlos Ríos.

Como reflejó Entre Ríos Ahora, la causa se inició por una denuncia de Dolores Etchevehere en la guerra sin cuartel con su hermano Luis Miguel y a la que sumó también a sus dos hermanos, Arturo Sebastián y Juan Diego, y a su madre, Leonor Barbero Marcial. La carátula fue por estafa, aunque a la causa después se agregó un ítem peculiarísimo: el de vaciamiento de la empresa editora de El Diario a partir de una investigación que hizo hasta 2018 el entonces fiscal y hoy juez de juicio Alejandro Joel Cánepa.

Un dictamen que firmaron en 2018 los fiscales Alejandro Cánepa y Viviana Ferreyra resume el andamiaje de la estafa que denunció Dolores Etchevehere y los resultados de la pesquisa de Cánepa sobre el vaciamiento de El Diario.

Que conforme ya fuera oportunamente solicitado (fs. 252/254) y dispuesto por V.S. (255/256), venimos por el presente a solicitar se fije fecha de indagatoria para Luis Miguel Etchevehere,; Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere, , por el hecho que a continuación se describirá.

Respecto de esto último, y atento a que – también oportunamente – se dispuso la suspensión  de  la indagatoria fijada para el pasado 21/02/2017 en función de la numerosa prueba que restaba producirse, es que se reformula el hecho por el cual los referidos deberán prestar declaración, quedando redactado como sigue:

 Se le atribuye a Leonor María Magdalena Marcial de Etchevehere, Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere y  Juan Diego Etchevehere, a la primera en su carácter de Presidente, y a los demás en su carácter de directores de la sociedad Las Margaritas S.A., haber solicitado préstamos al Banco Itaú por U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil), los que le fueron otorgados en fechas 29/07/2011 (U$S 200.000) y 12/08/2011 (U$S 50.000), bajo los términos de la Comunicación A4851 pto. 2.1.2 del Banco Central de la República Argentina, a tasa subsidiada y con el fin preciso de ser destinados a actividades productivas que, en lugar de ello, fueron distribuidos entre los miembros del Directorio de la firma referida, para fines personales y distintos del solicitado al Banco. Todo ello surge de la certificación contable de fs. 112/113, donde constan los montos registrados en el Libro Diario General del Ejercicio Nº 34 de Las Margaritas S.A., cerrado al 31/12/2011, en las cuentas «Préstamos Banco Itaú» y «Cuentas Particulares Directores», por un monto de $1.066.000. La devolución de tales créditos, por parte de la sociedad al Banco, fue pactada en dólares americanos, a una tasa del 8% anual, mientras que – paralelamente – los nombrados devolvían a la sociedad el dinero distribuido, mediante valores a cobrar – cheques de pago diferido -, en pesos argentinos y a una tasa fija anual más beneficiosa, por lo que mientras el valor del dólar subía, al igual que – consecuentemente – el valor de las cuotas a pagar al Banco Itaú, las que debían devolver los Directores y la Presidenta de la sociedad se mantenían incólumes e incluso perdían valor frente a aquella moneda, al punto tal que la sociedad debió destinar parte de otro crédito tomado por la misma con el Banco de la Nación Argentina por un monto total de $900.000  otorgado mediante Resolución del Banco de la Nación Argentina del 07/09/2016, y también a tasa subsidiada para afrontar una situación de emergencia agropecuaria para pequños productores – para saldar las cuotas pendientes de los créditos del Itaú, conforme fuera decidido mediante Acta de Directorio de fecha 01/11/2016.

De esta forma, en violación a sus deberes, los nombrados obligaron abusivamente a la firma Las Margaritas S.A., que dirigen y administran, ya que ni los créditos del Banco Itaú, ni tampoco el del Banco Nación – antes referidos – fueron destinados a sus fines y destinos específicos y que hacen al objeto social de la misma, sino que fueron desviados hacia otros objetivos, obteniendo de los primeros un lucro personal indebido».

 Como medida adicional de prueba, solicito se requiera del Juzgado Federal Nº 1 de Paraná, Secretaría Criminal y Correcional Nº 1, ad effectum videndi, los autos caratulados «Barbero Marcial Leonor María y otros s/Infracción Ley 24.769», conjuntamente con su documentación anexa.

Por último – en lo referente a este pto. – dando contestación a la vista conferida a fs. 529, respecto de la precisión del rango de fechas interesado para la producción del informe solicitado a la AFIP mediante Oficio Nº 376 del año 2017, refiero que la información solicitada debe abarcar el período 2010/2016.

 Que por otro lado, atento a lo denunciado por Dolores Etchevehere -hoy querellante- vengo a formular requerimiento de instrucción formal contra Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere,; y Luis Alberto Guevara,  con domicilio en la calle Esteves Saguí Nº 31, piso 2, depto «b», Liniers, CABA; en su calidad de integrantes del Directorio de la firma SAER (Sociedad Anónima Entre Ríos, CUIT Nº 30-50009231-5, con domicilio en la calle Urquiza Nº 1.100 de Paraná), durante el período 2011/2015, por el presunto delito de administración fraudulenta (art. 173 inc. 7 del Código Penal), el que se verificaría a partir del vaciamiento patrimonial denunciado por la venta simulada de numerosos inmuebles de su propiedad, en perjuicio tanto de la denunciante como de terceros vinculados laboral y/o comercialmente con las empresas de la firma en cuestión.

Debo agregar que atento a que resulta de público y notorio conocimiento – ya que ha sido objeto de numerosas versiones periodísticas – que tanto el Directorio como los accionistas de SAER han variado en los últimos años, es posible que oportunamente varíe también el requerimiento de instrucción formulado, en la medida en que alguno de los referidos no lo haya integrado (al Directorio) al momento de las operaciones cuya investigación se requiere, o  sean otras las personas quienes – por su calidad funcional – se vean involucrados en las mismas.

 Aquello último también se relaciona directamente con el hecho por el cual se requiere (en el pto. anterior) la indagatoria de los nombrados – salvo, aún, de Guevara – dado que existen indicios suficientes que surgen tanto de la denuncia en cuestión, como de la Resolución de la Procelac (Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos – Ministerio Público Fiscal de la Nación) que diera inicio a las actuaciones ya citadas radicadas en el Juzgado Federal de Paraná, de que contemporáneamente a que los miembros del Directorio de Las Margaritas S.A. se repartieran para sí mismos el dinero proveniente del crédito del Banco Itaú, también conformaron la sociedad Construcciones del Paraná S.A., de la cual la denunciante no es socia, y a la que fueron transferidos – mediante contratos de compraventa que en realidad simulaban otras operaciones financieras – numerosos inmuebles de propiedad de SAER, con el objetivo de desapoderarla o, como comúnmente se dice, ´vaciarla´.

 La operación de vaciamiento significaba no solo la asunción de un mayor endeudamiento de SAER, sino también la venta a precios muy inferiores a los de mercado de sus bienes, entre ellos, inmuebles de un valor histórico y patrimonial trascendente.

Dado que los denunciados no podían adquirir por sí mismos tales propiedades, ni tampoco a través de aquellas sociedades en las cuales la denunciante es socia (SAER y Los Vascos S.A.), crearon la firma Construcciones del Paraná S.A. – cuyo paquete accionario recae en las mismas personas denunciadas – con el fin de transferirle tales inmuebles; pero como – a la vez – esa sociedad no contaba con fondos para abonar el exiguo precio pactado por los inmuebles, tuvieron que elaborar una singular ingeniería financiera con distintas mutuales (Asociación Mutual Solidaria – AMUS – y Mutual 10 de Abril, entre otras) por las cuales estas le entregaban préstamos a la insolvente Construcciones del Paraná SA. por el importe que ésta debía entregar como precio por las propiedades. 

 Entonces, más concretamente, la maniobra habría sido perpetrada de la siguiente manera: por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por  una mutual que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble; luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos.

Es decir, que el dinero volvía a su ´dueño´ – u original prestamista – mientras que los inmuebles cambiaban de titular (de sociedad), que a la postre terminaban siendo las mismas personas físicas que integraban su Directorio.

Así habrían sido objeto de tales operaciones, las transferencias hacia la firma Construcciones del Paraná S.A., los inmuebles sitos en:  1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4);8) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano.

 Otro ejemplo de una maniobra similar se observa claramente también de los testimonios de los autos ´Asociación Mutual 10 de Abril de Paraná c/Sociedad Anónima de Entre Ríos – Monitorio Ordinario – Escrituración´, que remitiera el Juez en lo Civil y Comercial Nº 7 de Paraná a este Ministerio Fiscal, donde se solicita la escrituración de un inmueble sito en la esquina de calles Urquiza y Buenos Aires de Paraná, que fuera de propiedad de SAER y que fue vendido a la Mutual 10 de Abril, por la suma de $2.000.000, con pacto de retroventa.

 Tal valor resulta, cuando menos, llamativo por lo bajo – y sin dudas encubre un tipo de operaciones financieras como las descriptas – en función del indudable valor comercial, patrimonial e histórico del inmueble en cuestión, en donde funciona nada menos que la sede administrativa de El Diario de Paraná – empresa ícono de la firma SAER -, lo que no deja de dar verosimilitud no solo a la denuncia en sí misma, sino también a las medidas que a continuación se solicitarán, sobre todo porque la misma operación se reitera en el Expte. Nº 19036, caratulado ´Asociación Mutual 10 de Abril c/Sociedad Anónima Entre Ríos – Ordinario – Escrituración´, que tramita por ante el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 8 de Paraná, y que se adjunta a la presente.

Lo que quedaría claro, a partir de los ejemplos citados, es que los denunciados han realizado actos por los cuales descapitalizan la firma SAER y la endeudan, desprendiéndose de gran parte de su patrimonio, e insolventándose a sabiendas de que tal resultado que podría llevarlos – por lo menos – a la imposibilidad de asumir compromisos comerciales y/o laborales con terceros, o incluso con los propios socios, o con la querellante – existen no menos de 10 causas civiles, que fueron solicitadas ad effectum videndi a lo largo de la presente investigación, en donde se tramitan reclamos de carácter patrimonial de Dolores Etchevehere hacia el grupo familiar sindicado -.

De esa forma, entiendo que – prima facie – y atento el estadío procesal en que nos encontramos, puede atribuírseles a los nombrados Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere, Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere y Luis Alberto Guevara, que ´durante el período comprendido entre los años 2011 a 2015, en su carácter de miembros del Directorio de la firma Sociedad Anónima de Entre Ríos, realizaron la venta simulada de los inmuebles ubicados en la ciudad de Paraná, sitos en: 1) Urquiza Nº1119/23 – subsuelo – (partida DGR 120.979/03); 2) Urquiza Nº 1119/23, P.B. (partida DGR 10-6638-08); 3) Urquiza Nº 1119/23, piso 1º (partida DGR 10-120861-01); 4) Urquiza Nº 1119/23, piso 2º (partida DGR 10-120862-00); 5) Camoirano Nº 63 (partida Nº 13-11463801); 6) Caseros Nº 9898 (partida DGR 09-107636-4); 7) Etchevere s/n (partidas DGR 03-102359-03 y 03-102358-4); hacia la empresa Construcciones del Paraná S.A. – cuyos socios resultan Luis Miguel Etchevehere, Arturo Sebastián Etchevehere, Juan Diego Etchevehere y Leonor María Magdalena Barbero Marcial de Etchevehere -, a precio vil y por debajo de los de mercado, que en realidad encubrían préstamos de dinero otorgados por ésta última hacia SAER, y – a su vez – de las firmas Asociación Mutual Unión Solidaria y Asociación Mutual 10 de abril hacia aquella, obligando así de manera abusiva y desapoderando patrimonialmente a la sociedad cuyos intereses y bienes dirigen y administran, en perjuicio de los socios y de otros terceros que se vinculan laboral y/o comercialmente con la misma. La maniobra de vaciamiento consistía en que por cada escritura se confeccionó un mutuo, emitido por  una de esas mutuales que hacía de prestamista, y un cheque a nombre de Construcciones del Paraná S.A; esta sociedad endosaba dichos cheques en favor de SAER por la escritura de cada inmueble y luego SAER derivaba los cheques a los acreedores en cancelación de cada uno de los mutuos. De esa forma, el dinero tenía un movimiento circular por el cual volvía al prestamista original, mientras que los bienes involucrados en tales operaciones cambiaban de titular, que a la postre eran las mismas personas físicas que administraban SAER, despojando a esta última de tales bienes. Por otro lado, también durante el período sindicado, los nombrados simularon la venta de los inmuebles sitos en 1) Urquiza Nº 1100 – esq. Bs. As. – matrícula 182.814, sección dominio urbano; y 2) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.154, plano de mensura Nº 10558; y 3) Pedro Zanni s/n, matrícula Nº 114.155, plano de mensura Nº 40108 – todos de la ciudad de Paraná – hacia la firma Asociación Mutual 10 de Abril a partir de la suscripción de los respectivos boletos de compra y venta, con pacto de retroventa, por valores muy por debajo de los de mercado, encubriendo otro tipo de operaciones financieras – préstamos de dinero – en detrimento de SAER, de sus socios, y  de los terceros que se relacionan comercial y/o laboralmente con aquella´”.

Fuente: Ricardo Leguizamón De la Redacción de Entre Ríos Ahora

Ante el juez federal: Dolores Etchevehere mencionó a todos los funcionarios que, enviados por su hermano Luis Miguel, ejercían presión y violencia sobre ella.

Dolores declaró ante el Juez Delgado sobre la causa de violencia económica por más de dos horas y media. Pudo detallar los aprietes de todo tipo que sufrió en todos estos años, en particular cuando su hermano, Luis Miguel Etchevehere, era Ministro de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. Además, mencionó a todos los funcionarios que, enviados por su hermano Luis Miguel, ejercían presión y violencia sobre ella.

No se dio lugar a la recusación pedida por el abogado de los Etchevehere, por lo tanto, Flores seguirá siendo el juez de primera instancia.

Apoyos y movilización

Lucy De Cornelis, Movimiento de Mujeres en Lucha dio su apoyo al Proyecto Artigas.

Desde el espacio Mujeres Peronistas, le hicieron llegar su apoyo a Dolores muchísimas diputadas y senadoras nacionales https://bit.ly/3kyZrew. Nora Cortiñas, Madre de Paza de Mayo, y Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobal de la Paz, manifestaron su adhesión al Proyecto Artigas. En tanto, para estos momentos están dispuestas varias manifestaciones en apoyo a Dolores y el proyecto Artigas. Las más importantes serán en la Sociedad Rural Argentina, en Capital Federal, y en simultáneo, vecinos y vecinas de Entre Ríos y Santa Fe irán al ingreso de la estancia a acompañar a Dolores y los integrantes del proyecto. Un grupo de mujeres de diversos espacios van a realizar un abrazo símbolico a Dolores, para mostrarle que no está sola, y que su lucha es la lucha de muchas otras que sufren la opresión de la sociedad patriarcal que se expresa con crueldad en la actitud violenta y negacionista de los Etchevehere corruptos.

No puede salir ni entrar nadie a la estancia

El ingreso a la estancia sigue controlado por los hermanos Etchevehere, por lo que no se permite el ingreso de personas, ni herramientas para poder trabajar mejor. La novedad es que están limitando el ingreso de los empleados, se supone que para intentar generar una crisis en relación al ganado, lo cual quedó demostrado en el tuit de Luis Miguel Etchevehere con la foto de un carnero muerto. “Nosotros nunca impedimos el ingreso del personal ni el cuidado de los animales, todo lo contrario, nos pusimos a disposición para ayudar y respetamos todas las decisiones que tomaron estas personas”, explicaron los integrantes del proyecto Artigas.

Cronología de los últimos sucesos

El día 15 de octubre, los Etchevehere presentaron una denuncia por usurpación y amenazas en la Justicia de La Paz, luego de que Dolores Etchevehere llegara junto a Proyecto Artigas a Estancia Casa Nueva.

Al día siguiente, fue el propio fiscal Oscar Sobko quien aseguró que no hubo violencia y por lo tanto, no hubo usurpación. Sin embargo, en los días posteriores adaptó su discurso público para pedirle al juez Raúl Flores una medida cautelar que ordene el desalojo de Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas.

El juez analizó toda la documentación y las pruebas presentadas, y el día viernes 23 de octubre emitió su fallo. Explicaremos los puntos principales del fallo, pero también pueden leerlo completo en https://bit.ly/3dSrBi9.

  1. La misma fiscalía constató que el ingreso fue absolutamente pacífico y por lo tanto, no hubo usurpación.
  2. El juzgado civil nº 7 de Paraná, donde tramita el expediente de la sucesión aseguró que no hay partición ni inventario de la herencia, por lo tanto Dolores es tan dueña de los bienes heredados como sus hermanos varones.
  3. Los documentos que aportó el abogado de mis hermanos no tienen escritura pública y además son objeto de investigación del fiscal federal Federico Delgado en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión. Esta mañana del lunes 26/10 Dolores dio declaración testimonial a Delgado.
  4. Por último, el juez recomendó una solución pacífica y armónica.

Además, ese mismo día –viernes 23 de octubre- dispuso medidas de protección https://bit.ly/3otyV8U para Dolores Etchevehere y los integrantes del Proyecto Artigas. Luis Miguel Etchevehere y sus hermanos tienen una restricción perimetral que violan sistemáticamente y puede constatarse en los medios de comunicación. Es por eso que presentamos una denuncia por privación ilegítima de la libertad: https://bit.ly/3e0dWFV

Los abogados de los hermanos Etchevehere apelaron el fallo del juez, por lo tanto ahora es la Cámara de Apelaciones de Paraná la que debe expedirse. La Cámara de Apelaciones llevará adelante una audiencia oral y pública que será emitida por YouTube en una fecha a definir. Se estima que la decisión tardará entre 10 y 15 días.

El domingo 25/10 a las 9hs, el juez Flores citó a las partes a una audiencia. Se presentó la Fiscalía y los abogados de Dolores Etchevehere, pero estuvieron ausentes los abogados de los hermanos Etchevehere. Allí, la defensa de Dolores presentó una propuesta de convivencia que puede leerse completa aquí: https://bit.ly/3kwhIJA

Los principales puntos de la propuesta son:

  1. Lugar neutral de conversación
  2. Determinar ingresos y egresos distintos en el inmueble a los fines de respetar la propiedad privada de ambas partes.
  3. Que sea el director de Catastro quien establezca los límites dentro de la propiedad.
  4. Que haya custodia policial permanente para preservar la integridad física de Dolores y del Proyecto Artigas.
  5. Que una oficina de género estatal esté presente en el lugar.

Sobre ésta propuesta, aún no se ha expedido el Juez Flores ni los abogados de los Etchevehere.

Vale aclarar que no hubo un cambio de juez. Flores rechazó el pedido de recusación porque el abogado Rubén Pagliotto no mencionó en su escrito ninguna causal en el marco de la ley para dar lugar a tal recurso. Además, consideró que Pagliotto utilizó frases injuriosas e injustificadas, las cuales fueron informadas al Colegio de Abogados. Por lo tanto, Flores sigue siendo el juez de primera instancia. El pedido de recusación y la respuesta pueden leerse aquí: https://bit.ly/3ouLnoM

Por otro lado, es importante aclarar que HOY lunes 26/10, Dolores Etchevehere declaró testimonialmente ante el Fiscal Federal Federico Delgado en el marco de la causa por violencia económica y extorsión, denuncia que puede leerse completa aquí: https://bit.ly/3kwjFWq. Dolores pudo detallar los aprietes de todo tipo que sufrió en todos estos años, en particular cuando su hermano, Luis Miguel Etchevehere, era Ministro de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri. Además, mencionó a todos los funcionarios que, enviados por su hermano Luis Miguel, ejercían presión y violencia sobre ella.

ENTONCES, ¿cuáles son las novedades?

  • Hay que esperar se fije fecha de audiencia en la Cámara de Apelaciones de Paraná para que se expida sobre el fallo del Juez Flores que le da la razón a Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas.
  • No se dio lugar a la recusación del juez Flores solicitada por los Etchevehere, por lo tanto sigue siendo el juez de primera instancia.
  • Hay que esperar que el juez Flores y los abogados de los Etchevehere respondan sobre la propuesta de convivencia que hizo la defensa de Dolores.
  • Hoy Dolores declaró ante el fiscal federal Federico Delgado por más de dos horas y media.

“Etchevehere nos secuestró en la estancia”

Luis Miguel Etchevehere no acata la decisión de la Justicia y la desafía públicamente. Secuestró a su hermana Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas en la Estancia Casa Nueva colocando cadenas sobre la puerta impidiendo el ingreso y egreso de personas. Además, incumple con las medidas de protección que el juez dispuso para Dolores y los integrantes de Proyecto Artigas por tratarse de un caso de violencia de género.

“Ante ésta situación, presentamos una denuncia penal por privación de la libertad, coacción agravada, extorsión y usurpación agravada, en la que pedimos la detención de Luis Miguel Etchevehere. Pueden verla en: https://www.proyectoartigas.ar/wp-content/uploads/2020/10/Denuncia_privación_ilegitima_de_la_libertad_y_coacción_agravada.pdf

Les pedimos racionalidad, que acaten los fallos de la Justicia y procedan a un diálogo pacífico y humano.

A los hombres y mujeres de campo, les pedimos que también entren en razón. Etchevehere no los representa, es un señor mafioso que intenta utilizarlos como fuerza de choque para resolver sus problemas particulares. Proyecto Artigas respeta sus derechos y su propiedad, pedimos que también respeten los nuestros.

Recordamos que en el día de ayer, el juez Flores a través de un fallo ejemplar reconoció el derecho de Dolores Etchevehere y los integrantes de Proyecto Artigas de permanecer en Estancia Casa Nueva y dispuso medidas de protección, motivo por el cual Luis Miguel Etchevehere no puede acercarse a Casa Nueva y debe retirar a su patota de la puerta”.

Dolores declara el lunes

El fiscal federal Federico Delgado le tomará declaración testimonial a Dolores Etchevehere el próximo lunes 26 de octubre a las 10hs de forma virtual, en el marco de la denuncia por violencia económica y extorsión que presentó la defensa de Dolores y está cursando en el Juzgado Criminal y Correccional Nº 3 a cargo del Dr. Rafecas . Ver denuncia: https://bit.ly/2HpDgZR

La denuncia está encuadrada en la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres y pide, entre otras cosas, que se investigue la validez de los documentos donde la firma de Dolores Etchevehere fue falsificada u obtenida bajo el ejercicio de violencia por parte de Luis Miguel Etchevehere.

Asimismo, Delgado le solicitó al fiscal de La Paz, Entre Ríos Oscar Sobko una copia del expediente de la denuncia por usurpación contra Dolores Etchevehere presentada el pasado jueves luego de que Dolores volviera a su casa, la Estancia Casa Nueva junto a los integrantes de Proyecto Artigas. El fiscal Sobko fue debidamente informado por Delgado acerca de la declaración testimonial que tomará el próximo lunes.

Ver oficio del fiscal Delgado: https://bit.ly/3dPZAaZ

El Juzgado Civil Nº 7, donde se encuentra el juicio sucesorio de Luis Félix Etchevehere, aportó una prueba fundamental: asegura que NO HAY PARTICIÓN de la herencia y que tampoco hay INVENTARIO. Entonces, Dolores es tan dueña como sus hermanos de una cuarta parte del acervo hereditario. Luis Miguel Etchevehere miente descaradamente. “Para dividir la herencia, primero hay que inventariar, saber cuánto hay. ¿Cuánto hay? Los Etchevehere tendrán que rendir cuentas. Vamos a investigar para encontrar todo el patrimonio que tienen escondido”, sostienen los abogados del
Proyecto Artigas.

Dolores Etchevehere: “Soy una militante contra la cultura del descarte”

Dolores Etchevehere, enfrentada desde hace años a su familia, decidió ceder el 40% de las tierras que le corresponden de su herencia natural al Proyecto Agroecológico Artigas que fundó junto al dirigente social, Juan Grabois.
Además denunció a sus hermanos por violencia económica y administración fraudulenta.

Uno de ellos es Luis Miguel Etchevehere, ex presidente de la Sociedad Rural y ex ministro de Agricultura de Mauricio Macri.

En declaraciones a Todo Este Ruido por Radio Provincia dijo que sus demandas siempre fueron silenciadas “porque ese es el modos operandi de los Etchevehere corruptos, que también tienen de su lado una justicia corrupta en Entre Ríos”.

Asimismo explicó que “no puedo omitir las prácticas irregulares y ubicarme en una zona de confort porque si hay un ilícito, se tiene que denunciar” y añadió que “soy una militante contra la cultura del descarte”.

En ese marco, destacó que “no se animaron a decirme nada, porque son cobardes. No tuve contactos con mi familia y la verdad es imbatible” y añadió que “en estos años estuve más que presionada con amenazas por escrito, por WhatsApp, cláusulas mordaza para que no hable, y siempre realicé las denuncias”.

Dolores Etchevehere relató que el Proyecto Artigas está conformado por un grupo de campesinos sin tierra, militantes y organizaciones ambientales que recuperaron la Estancia Casa Nueva, ubicada en La Paz, Entre Ríos.

Al respecto, explicó que “he decidido ceder el 40% de mi herencia para construir un proyecto agroecológico sobre las tierras que me corresponden, que es un cuarto de la sucesión de los Etchevehere”, 

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