Juicio a la Triple A

En este juicio están imputados Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor ángel Frcelli y Osvaldo Omar Pallero. Las víctimas son más de veinte y la demora en el juzgamiento es de más de 40 años.

La Plata, (InfoGEI).- El tribunal oral federal fijó fecha para la próxima audiencia del juicio de lesa humanidad seguido a integrantes de la Triple A de Bahía Blanca. La misma tendrá lugar el 2 julio a las 10 de la mañana y se transmitirá por canales oficiales.

Los jueces Amabile, Aguerrido y Díaz Lacava aceptaron el pedido de reanudación efectuados por el Ministerio Público y la querella de H.I.J.O.S, rechazando la oposición de las defensas oficiales de los imputados.

La continuidad de los juicios de lesa humanidad fue un planteo realizado, además de por los organismo, tanto por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y una recomendación de la Cámara de Casación Penal.

Según informaron desde Hijos Bahiablanca, en este juicio están imputados Raúl Roberto Aceituno, Juan Carlos Curzio, Héctor ángel Frcelli y Osvaldo Omar Pallero. Las víctimas son más de veinte y la demora en el juzgamiento es de más de 40 años.

La noticia fue recibida por la titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Taty Almeida, quien resaltó en comunicación con la agrupación H.I.J.O.S. Bahía Blanca, la importancia de este juicio y la cercanía que ella siente, dado que su hijo Alejandro fue desaparecido por la Triple A.

Además expresó que “por supuesto que estaré allí con mi corazón, acompañando a los familiares y a todes les militantes que seguirán exigiendo justicia y cárcel común perpetua y efectiva”. (InfoGEI) Mg

Covid derecho humano

El canciller Felipe Solá participó hoy de una nueva videoconferencia de la Alianza para el Multilateralismo organizada por sus pares de Alemania, Heiko Maas, y de Francia, Jean-Yves LeDrian donde intercambiaron ideas acerca de la necesidad de fortalecer la arquitectura sanitaria multilateral en el contexto del Covid 19.

Al hacer uso de la palabra, el canciller argentino manifestó: “La pandemia de Covid 19 es el centro de las conductas que asumen los Estados. O es un derecho humano universal o es un bien de mercado. Creemos que el trato individual tiene que ser el mismo para todas las personas que lo requieran en el planeta”.

Las secuelas que han dejado las políticas neoliberales de ajuste al gasto público en salud y otros sectores clave para el desarrollo se hacen mucho más visibles, sobre todo en América Latina, región que, según la propia Organización Mundial de la Salud, se ha transformado en el epicentro de la pandemia”, enfatizó Solá, quien estuvo acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti y el jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.

En la Argentina, nuestro objetivo fue y continúa siendo la contención del contagio, el fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y asistencial para cuando se den los picos máximos del COVID-19 y la atención de los enfermos en estado crítico con recursos suficientes”, remarcó el ministro.

Y agregó: “El presidente Alberto Fernández tiene un gabinete de crisis, donde participan los mejores especialistas en infectología y en epimediología. Sobre la base de nuestro propio desarrollo científico y tecnológico, impulsamos el diseño de producción de kits de testeo rápido desde nuestras universidades públicas”.

Argentina comparte con los países miembros de la Alianza para el Multilateralismo la preocupación por la creciente difusión de información falsa o engañosa, creada deliberadamente con el objetivo de influir y confundir a la opinión pública. Pero las iniciativas tendientes a luchar contra esta amenaza no pueden ser simples ni definitivas visto el ritmo del desarrollo tecnológico. Por lo que debemos meditar con cuidado los compromisos que vamos a asumir”, remarcó Solá.

La OMS ha prestado un servicio crucial como agencia normativa e informativa para todos nuestros países. Pero necesitamos dar un salto cualitativo en la acción multilateral, para movilizar recursos humanos, financieros y de conocimiento a fin de mejorar las capacidades en países en desarrollo”, continuó.

La cooperación sanitaria regional es fundamental. Restaurar algunos de los mecanismos políticos y técnicos del proceso de integración sanitaria latinoamericana es clave, en el abordaje de pandemias como la actual, pero también en otras patologías como el dengue, el sarampión y el Chagas”, apuntó.

Luego remarcó: “Al ‘mal público global’ al Coronavirus debemos en favor de la construcción de “bienes públicos regionales”, articulando nuestras redes de laboratorios y centros de investigación y coordinando la vigilancia epidemiológica”.

Para concluir Solá recordó: “Como argentino, me es imposible eludir una referencia a nuestro primer Ministro de Salud, Ramón Carrillo. Él fue quien dijo, en los mismos años que se constituía la ONU, que “frente a las enfermedades que genera la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los microbios, los virus, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.

En continuidad del encuentro del 16 de abril pasado y en el marco del 75° aniversario de la firma de la carta fundacional de la ONU, ministros de relaciones exteriores de diversos países del mundo analizaron los mecanismos que la comunidad internacional podría utilizar para prevenir crisis futuras, como por ejemplo la implementación de las regulaciones sanitarias internacionales y el establecimiento de un nivel intermedio de alarma.

De la videoconferencia también participaron el Director General de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus y los cancilleres de Senegal, Togo, Chile, Costa Rica, Ecuador, Paraguay, Austria, Bulgaria, Luxemburgo, Macedonia del Norte, Malta, Canadá, Países Bajos, Noruega, Chequia, Italia y Marruecos entre otros.

Nuevas perspectivas

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, ante 650 participantes, dio inicio hoy al ciclo de conferencias virtuales “Nuevas perspectivas en el ámbito penitenciario”, organizadas por el Patronato de Liberados Bonaerense (PLB), en la que participan diferentes actores del Estado Nacional, provincial, municipales y organizaciones sociales.

En la oportunidad, se analizaron políticas públicas de inclusión social, con la presencia del titular del PLB, Aníbal Hnatiuk; el presidente del INAES, Mario Cafiero; la subsecretaria de Industria Pymes y Cooperativas del Ministerio de Producción de la Provincia, Mariela Bembi; la Directora Provincial de Empleo del Ministerio de Trabajo bonaerense, Franca Venturi y del Secretario de Desarrollo Social de la Municipalidad de San Martín, Oscar Minteguía.

En ese marco, Alak ponderó “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia”, que oportunamente “convocó a una Mesa de Diálogo Interinstitucional y que fue la base para que se empiece a pensar en buscar soluciones al problema de superpoblación carcelaria y que, además, nos permitió enriquecernos entre todos y aportar ideas”.

De este trabajo conjunto surgió el objetivo de poner en equilibrio el sistema, no sólo en relación a la cantidad de plazas e internos, sino además de avanzar en iniciativas para que los internos tuvieran la mejor formación en contextos de encierro y que se puedan insertar en el mercado del trabajo”, subrayó en referencia al Programa de inclusión social “Más Trabajo, Menos Reincidencia”.

Por su parte, Aníbal Hnatiuk, expresó que la institución “hoy tiene que asistir y controlar a 40 mil personas” y puso de manifiesto el trabajo articulado que comenzó a realizarse entre las distintas áreas y jurisdicciones del Estado como así también con organizaciones sociales territoriales en el marco del Programa.

En tanto, Mario Cafiero puso en valor “el consenso entre el Ejecutivo, el Poder Judicial, los credos, las organizaciones, instituciones educativas y demás actores vinculados a este mundo que por suerte es muchísimo”, señaló al tiempo que añadió: “Fue muy bueno lo que me dijo el Ministro de convocar a los municipios en trabajo de la inclusión, él fue intendente y conoce el trabajo territorial”, destacó Cafiero.

Participaron de la conferencia que se transmitió de manera virtual, directores provinciales, directores regionales y delegados territoriales, entre otras autoridades gubernamentales; agentes del PLB y de otras dependencias públicas; referentes de organizaciones sociales, cooperativas y eclesiales.

Represor acusa a la víctima

La acusación por falso testimonio presentada por el ex militar Martín Sánchez Zinny, contra Bárbara García, la víctima que lo reconoció como integrante del grupo de tareas que hace 43 años secuestró a su madre en el partido bonaerense de San Martin, se encuentra ahora en la Cámara Federal de Casación Penal y en caso de prosperar pondría en riesgo el juicio oral por delitos de lesa humanidad que debe afrontar el represor.

La verdad es que estoy muy preocupada y extrañada. Se trata de una acusación que se presentó en varias oportunidades y siempre fue rechazada, pero ahora llega a Casación y no sé qué puede pasar con una causa que está elevada a juicio”, señaló García en diálogo con Télam.

Se trata de la causa en la que se investigan los secuestros y detenciones de militantes del ERP-PRT y la Juventud Guevaristas relacionados con la imprenta clandestina que esas organizaciones tenían en la localidad bonaerense de San Andrés, donde se imprimían publicaciones como “El Combatiente” y “Estrella Roja”.

El 10 de julio de 1976, un grupo de tareas integrado por Sánchez Zinny, entonces subteniente, secuestró en ese lugar a la madre de Bárbara, Rocío Ángela Martínez Borbolla y a otros militantes del ERP-PRT que permanecen desaparecidos, entre ellos María Cristina Cornou, hermana del cantante Víctor Heredia.

Bárbara, hermana del periodista Camilo García, padeció con 9 años todo ese operativo perpetrado por efectivos del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes y asegura que “nunca pudo olvidarse” del rostro de Sánchez Zinny.

Hace tres años, Bárbara declaró como testigo en una causa sobre este operativo que fue instruida por el juez federal Daniel Rafecas.

Me mostraron centenares de fotos de militares que estaban en actividad en 1976 y pude reconocer entre ellos a Sánchez Zinny. Ese día, en el que se llevaron a mi madre a culatazos quedó guardado por siempre en mi memoria y nunca me lo voy a olvidar”, aseveró Bárbara.

En base a esa declaración, Rafecas resolvió el procesamiento y la detención de Sánchez Zinny y otros seis o militares del regimiento de Mercedes y en octubre de 2018 elevó la causa a juicio oral y público.

Pocos días antes de ser aprehendido, el ex militar había presentado en la Feria del Libro “La Alumna del Inglés”, una novela histórica.

Sin embargo, a los pocos meses de estar en Campo de Mayo, el militar sindicado por Bárbara logró el beneficio del arresto domiciliario, al aducir que debía cuidar a su hijo, que tiene autismo.

Sánchez Zinny supo integrar en los primeros años de la recuperación democrática integró el grupo de militares denominados como “carapintadas”, que bajo las órdenes de Aldo Rico y Mohamed Alí Seineldín se sublevó contra los gobiernos constitucionales de Raúl Alfonsín y Carlos Menem.

La verdad es que no estoy tranquila sabiendo que la persona a la que identifiqué como responsable de un delito de lesa humanidad y con tantas conexiones no está detenido. Desde hace tres años que siento que mi seguridad está en riesgo”, relató Bárbara.

Los abogados de Sánchez Zinny denunciaron a la testigo por falso testimonio, al argumentar que “una niña de 9 años no es capaz de identificar a nadie”.

La apelación del militar fue rechazada por el juez Rodolfo Canicoba Corral y también por la Cámara Federal, donde fue apelado y ahora pasó a Casación Penal.

Es un trámite muy costoso y hay que tener muchos recursos para poder impulsarlo en tantas instancias. Creemos que con el rechazo que le dio al recurso Canicoba Corral alcanzaría para que esto no avanzara, pero sigue”, sostuvo Bárbara.

En ese sentido, puntualizó: “Los abogados de Sánchez Zinny parecen actuar con alguna convicción de que en algún lugar les van a dar la razón y la acusación se caerá”(Télam).

Fusilamiento

Bajo Flores: la Gendarmería fusiló por la espalda a un joven de 20 años. Tras el asesinato del joven fueron detenidos preventivamente tres uniformados de Gendarmería. La causa se encuentra radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 55, a cargo de la jueza Alejandra Allaud. 
 

Un nuevo hecho de violencia institucional trascendió en el barrio porteño del Bajo Flores contra un joven de 19 años de edad llamado Facundo Scalzo. Según denunciaron testimonios el joven fue fusilado por agentes de Gendarmería Nacional en las inmediaciones del Barrio Rivadavia. Hasta el momento fueron detenidos preventivamente tres agentes de la fuerza federal. En diálogo con Agencia Paco Urondo, Leo Demonty, militante histórico del barrio y hermano de Ezequiel Demonty, asesinado por la Policía Federal en el año 2002 señaló “la importancia del acompañamiento de los vecinos a la familia”. A su vez, pidió “que se investigue y esclarezca el hecho para que haya Justicia para Facundo”.

Además, el referente barrial también denunció en en un posteo: “El día miércoles 17 de junio por la tarde, en el Bajo Flores mataron a Facu de 19 años, otro pibe menos en el barrio. En medio de la discusión entre vecinos, apareció la Gendarmería, entre corridas y confusiones lo fusilaron de cuatro tiros, dos por la espalda y dos en los brazos. Se estuvo esperando más de una hora a la ambulancia SAME, sin permitir que la madre y los vecinos le realicen primeros auxilios, ya que estaba vivo. Al llegar la ambulancia y llevárselo, no dejaron que la madre los acompañe, agrediendola físicamente, llegando al Hospital Piñero, Facu se nos fue”.

La causa fue radicada en el Juzgado Criminal y Correccional 55, a cargo de la jueza Alejandra Allaud, que inició un expediente por “averiguación de causal de muerte”. Para la investigación de los hechos el caso se dispuso la intervención de la Policía de la Ciudad y fue separada la fuerza dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Hasta el momento el juzgado dispuso que las pericias seas instrumetnadas por la Unidad Criminalística Móvil para “intentar determinar los motivos” del presunto tiroteo que intento argumentar la versión policial. 

Asimismo, Demonty añadió como reflexión: “Reconocemos el accionar que se ha tomado al detener preventivamente a tres de los gendarmes. Venimos de un Gobierno que apoyaba a responsables de crímenes contra la ciudadanía, una ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que defendía y apoyaba la mano dura y el gatillo fácil”. Tras los hechos los vecinos protestaron y expresaron su malestar e indignación antes los fuerzas de seguridad que maltrataron a la madre del joven asesinado.

Por su parte, los curas y la comunidad de Madre del Pueblo (la parroquia del barrio), emitió un comunicado denunciando los hechos: “Ayer la Gendarmería mató a un pibe de nuestro Barrio. Se llama Facundo. Abrazamos a su familia y amigos. Y repudiamos el actuar irresponsable e inadmisible de la fuerza de seguridad que sin saber tratar los conflictos tiran a quemarropa contra los más pobres en un acto de cobardía”.

A su vez, enfatizaron: “Hace tiempo que todo Bajo Flores con sus delegados, organizaciones, líderes comunitarios, docentes, parroquia y vecinos; venimos alertando en los excesos de la gendarmería contra nuestros pibes. Piensan la relación con los chicos de nuestros barrios como una revancha permanente, cuando debería ser una relación asimétrica de cuidado y contención de jóvenes en extrema vulnerabilidad. Hace tiempo que hemos denunciado al ministerio de seguridad de la Nación estos abusos y atropellos. Pero todo queda siempre en la nada, el hilo se corta por lo más fino, los pobres terminan siendo los que sufren las consecuencias.”

La ambulancia llegó después de una hora, a la madre no la dejaron ir con él en la unidad de traslado. Todo mal hecho, siempre tarde y con las constante lejanía y frialdad con la gente. Con Facu se nos va un pibe bueno; no queremos callar ni ser cómplices de tanta injusticia. Acompañamos con nuestra oración a Andrea, su mamá, y a sus hermanos. Nosotros sabemos que el Buen Dios recibirá a Facu en el Cielo. Y la Madre del Pueblo nos sigue fortaleciendo en los caminos de Reino: la justicia y la paz”, concluyó el comunicado.

En este mismo sentido se expresó el Comité de Crisis del Bajo Flores y Observatorio de Derechos Humanos Comuna 7 que expresó: “Queremos expresar nuestra bronca, enojo y profundo repudio frente al homicidio de Facundo Scalzo en manos de integrantes de la Gendarmería Nacional”. “No estamos dispuestxs a soportar más asesinatos, ni torturas en nuestros barrios populares.

A Facundo lo mataron cobardemente por la espalda los auspiciantes de la doctrina Chocobar, los que con un arma en la mano creen que tienen derecho a acabar impunemente con la vida de un pibe en nombre de un falso estado de seguridad. Estamos convencidxs  que la seguridad social se construye respetando los DDHH, todo lo demás es violencia institucional”, sintetizó el texto del Comité. 

Aislados con Derechos

La APDH dio a conocer en una cartilla los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos en el marco del estado de excepción que rige por la propagación del COVID-19. Del Pueblo Noticias comparte esta información vital para saber como comportarnos mientras perdure la pandemia.

LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS:

1.- Las personas deben permanecer en sus residencias habituales
y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.
2.- Las personas no deben desplazarse por rutas, vías y espacios
públicos.
3.- Las personas solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza,
medicamentos y alimentos.
LA EXCEPCIÓN:
1.- Están exceptuadas del cumplimiento del aislamiento y de la
prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y
servicios declarados esenciales en la emergencia.
2.- Las personas que se encuentran exceptuadas deberán contar
con una certificación que acredite su condición frente a la
autoridad competente en el caso de ser requerido. (a fin de lograr
el certificado ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/
coronavirus/aislamiento/exceptuados
3.- Son considerados como supuestos de fuerza mayor, todas
aquellas situaciones por las cuales las mujeres y/o personas
LGBTI+ solas o junto a sus hijxs salgan de sus domicilios para
realizar denuncias penales respecto de hechos de violencia o
para pedir auxilio, asistencia o protección en razón de la
situación de violencia que se encuentren transitando. Por ello,
aquellas personas que salgan de su domicilio por tal motivo, no
podrán ser detenidas ni se les podrá prohibir circular.
EL ROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD:
1.- Procurar el máximo acatamiento del cumplimiento del
aislamiento social.
2.- Contener situaciones de conflicto y violencia.
En cumplimiento de su rol, las fuerzas de seguridad deben:
1.- Contar con gafete de identificación personal.
2.- Consultar sobre los motivos por los que la persona está
circulando, teniendo presente que existen numerosas
excepciones a la prohibición de circular.
3.- Si la persona que se encuentra en la vía pública dice estar
alcanzada por algunas de las excepciones, debe solicitar que lo
acredite.
4.- Interpretar de manera razonablemente amplia la certificación
que la persona interceptada le presente.
5.- Si la persona se encuentra transitando el espacio público y
acredita vivir por la zona, el personal policial puede
acompañarla hasta su domicilio y asegurarse que ingrese al
mismo.
6.- En caso de que se compruebe que la persona está violando la
cuarentena, transitando una zona alejada de su domicilio y sin
estar contemplado en las excepciones legalmente previstas, debe
comunicar a la justicia penal para que se evalúe la pertinencia o
no de iniciar acciones legales. Al mismo tiempo, deberá
informarse a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría
interviniente.
7.- Si la persona es trasladada a la comisaría, deben hacerle
conocer sus derechos de forma que sea comprensible. El personal
policial y de las fuerzas de seguridad deberá informar sobre:

  • La razón concreta de la privación de libertad.
  • El derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar
    del hecho de la detención y el lugar donde se encuentra
    detenido/a.
  • El derecho a designar abogado o abogada de confianza o un
    representante de la defensa pública y a solicitar su presencia
    inmediata para asistencia en las diligencias policiales o judiciales
    que correspondieren.
  • El derecho que le asiste a que se realice un reconocimiento
    médico que verifique el estado psicofísico y, en caso de ser
    necesario, a recibir en forma inmediata asistencia médica.
    Las fuerzas de seguridad NO podrán:
    1.- Alejarse de los principios fijados en los protocolos de
    actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es:
    legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad.
    2.- Realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas
    o vehículos, de grupos de personas que se encuentren en la vía
    pública.
    3.- Proceder a la detención de manera compulsiva sin antes
    recabar los motivos por los que la persona se encuentra fuera de
    su domicilio.
    4.- Realizar detenciones sin informar inmediatamente a la
    autoridad judicial interviniente.
    5.- Realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas
    de seguridad sin la intervención del Poder Judicial o el Ministerio
    Público Fiscal.
    6.- En caso que otra persona se encuentre tomando registro
    fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha
    actividad.
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