Histórico: lanzan un plan de contingencia de prevención del suicidio en las cárceles bonaerenses

El programa estipula detectar indicios que presenten las personas privadas de la libertad que señalen situaciones de riesgo para que reciban cuidado y contención psicológica. Se trata de una iniciativa interdisciplinaria.

Por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires se elaboró un plan de contingencia de prevención del suicidio en contexto de encierro luego de un trabajo interdisciplinario que contó con la colaboración de diversos organismos, y hoy se llevó adelante un encuentro en cada una de las dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense para presentar el programa.

La iniciativa se coordinó con especialistas de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria, de Salud Mental, del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), de la Subsecretaría de Política Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata.

Durante esta jornada, donde se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, en todas las dependencias del SPB se llevaron a cabo encuentros entre las autoridades de las cárceles y de Salud Penitenciaria junto con referentes de los pabellones para presentar un video, afiches y un folleto que brindan detalles del plan de contingencia.

En las Unidades que integran el Complejo Penitenciario Centro Zona Sur, Unidad 2, 27 y 38 de Sierra Chica y 17 de Urdampilleta, la actividad convocó a una gran cantidad de internos que participaron activamente de la jornada. El Jefe de Complejo, Inspector Mayor Darío Castagnino, planteó la necesidad de brindar, especialmente en estos tiempos de pandemia, “contención a los privados de la libertad que se encuentran en una situación especial. Es un plan que merece todo el apoyo de los penitenciarios para lograr atravesar este momento de la manera más respetuosa y brindando herramientas de nuestros profesionales a los detenidos”.

El protocolo estipula un diagnóstico preventivo de las personas privadas de libertad que atraviesen situaciones de riesgo para poder brindarles contención y evitar situaciones de autodestrucción o suicidios.

En este marco es que el Jefe del SPB, Xavier Areses, pidió a los directores de todas las Unidades Penitenciarias de la Provincia un listado con las personas privadas de libertad que reúnan uno o varios factores de riesgo que permitan suponer una posible predisposición autodestructiva o de riesgo suicida a fin de establecer pautas para su prevención.

Los indicios a tener en cuenta son que la persona privada de la libertad sea sometida a aislamiento o sea rechazada socialmente, que exprese desesperanza o temor sobre el futuro, muestre señales de depresión, tales como: Ilanto, falta de emoción, falta de expresión verbal, apatía, angustia.

También incluye que se admita tener ideas actuales relacionadas con un suicidio, asumiendo que tiene planes actuales para suicidarse, o que ha tenido uno o más intentos suicidas previos o admite que el suicidio es actualmente una opción aceptable.

Asimismo, es un dato referencial que la persona privada de la libertad tenga pocos recursos de apoyo externos e internos (sociales, familiares, vinculares), que tenga antecedentes personales o familiares de suicidios, que se encuentre atravesando situaciones vitales y/o traumáticas tales como fallecimientos, procesos judiciales, conflicto familiares o ausencia de visita de su red afectiva primaria.

Otros indicios a considerar son que la persona detenida esté cursando una enfermedad crónica, grave, terminal, dolorosa o invalidante.

También que tenga un bajo rendimiento laboral y/o educacional, reiteradas faltas injustificadas y sin aviso, combinado con algún otro indicador, que tenga cambios en sus hábitos y conductas tales como: el ritmo habitual del sueño, alimentación, rechace la medicación, replegamiento, irritabilidad, agresividad, conducta desafiante con sus pares y autoridades, indefensión, entre otras.

Se deberá tener en cuenta que la persona privada de la libertad posea un trastorno cerebral orgánico como: epilepsia, daño cerebral, demencia, entre otros, o que posea un trastorno de personalidad, como: personalidad límite, antisocial, entre otros.

En esos casos el protocolo establece asistencia psicológica remota debido a la pandemia por el Coronavirus, pero antes se recomienda una contención personalizada hasta que tome intervención el profesional de la salud.

Desde que comenzó la pandemia ya fueron asistidas cerca de 200 personas privadas de la libertad por psicólogos de la Dirección Provincial de Salud Penitenciaria y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

El programa preventivo cuenta con el sostén de los profesionales de la Subdirección General de Gerenciamiento Asistencial y Tratamental del SPB y se basa en el lema “Tomate un minuto para escuchar a una persona en contexto de encierro, puedes cambiarle la vida #Hablemos”.

Habría muerto un joven por Covid 19 en en Centro de Recepción de Pablo Nogues

Se trata de un joven de 17 años que murió días después de una protesta en el instituto por contagios masivos de coronavirus.

La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) denunció la muerte de un joven en el centro de Pablo Nogués, de Malvinas Argentinas, al que consideró como “otra víctima del abandono en el sistema penal juvenil” y apuntó a la responsabilidad del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) de la provincia de Buenos Aires.

Se trata de un joven de 17 años, que murió días después de una protesta en el instituto por contagios masivos de coronavirus.

Según el organismo, la muerte del joven “evidencia la falta de políticas del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA) que desoye denuncias e incumple sentencias judiciales por las graves condiciones de detención y la falta de adecuación de este espacio a los preceptos de la ley de responsabilidad penal juvenil”.

La CPM había presentado un habeas corpus en marzo que fue resuelto de manera favorable “pero desobedecido por el OPNyA”, mientras que la semana pasada se registró una protesta de los jóvenes alojados en el centro de recepción Pablo Nogués, que reflejó “la crítica situación que se vivía en el instituto”, indicó el organismo.

Desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, del que depende el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia, se notificó del fallecimiento del joven alojado en el Centro Cerrado de Pablo Nogués.

En un comunicado, la cartera dijo que “las causales de su fallecimiento serán establecidas por la fiscalía en turno del Departamento Judicial San Martín” e informó que que el organismo “ya inició una investigación y las autoridades están en el lugar para conocer los detalles de este trágico deceso”.

En esa línea, agregó que “los organismos intervinientes se encuentran trabajando para la contención y las necesidades de las familias”.

Para la CPM, la muerte de Lucas, de 17 años, se enmarca en una situación de “abandono y desidia”, ya que -según se indicó- “ese mismo día otro joven detenido en el lugar, también intentó suicidarse y sobrevivió”.

La muerte de Lucas -bajo custodia del Estado- es responsabilidad del OPNyA. Es una muerte anunciada y evitable. Las condiciones de encierro, denunciadas y desoídas, fueron condiciones de posibilidad para que estos hechos ocurran y sigan ocurriendo en este u otros centros, en caso de no adoptarse medidas integrales urgentes que garanticen los derechos de niños, niñas y jóvenes”, argumentó la Comisión.

Según expresó, en la presentación ante la UFI 22 de Malvinas Argentinas, del departamento judicial de San Martín, la CPM requirió que se investiguen las posibles responsabilidades institucionales por la muerte del joven y recordó que la semana pasada el Juzgado de Garantías 2 de San Martín aceptó un habeas corpus colectivo por el agravamiento de las condiciones de detención, tras detectarse contagios masivos de coronavirus en el centro cerrado de Malvinas Argentinas.

En este contexto, marcado por la desidia y el abandono estatal, la muerte de Lucas debe marcar un punto de inflexión. De no mediar reformas urgentes y profundas, otros hechos similares volverán a suceder”, advirtió la CPM (Télam).

Lomas de Zamora: excarcelaron a un policía acusado de dispararle en la cara a un adolescente

Se trata del agente del Grupo de Apoyo Departamentales, Daniel David Antonio, que se encuentra acusado por un caso de gatillo fácil, ocurrido el 20 de junio pasado, en Villa Albertina.

El 20 de junio pasado, en el marco de un allanamiento en Villa Albertina, Lomas de Zamora, el agente del del Grupo de Apoyo Departamentales, Daniel David Antonio, disparó contra la cara de Ignacio Seijas (17) dentro de su casa familiar. Tras la imputación del efectivo policial por este hecho, trascendió la decisión de la jueza del Juzgado de Garantías Nº 5 de Lomas de Zamora, Marisa Salvo, de excarcelar al uniformado acusado en este caso de gatilló fácil.  “El policía que disparó a Ignacio, dejando ciego a mi hijo se encuentra libre. Le dieron la libertad. Esto no puede quedar en la nada. ¿Donde está la Justicia? El caso de mi hijo es un caso de gatillo fácil que la puede contar porque está vivo”, sostuvo en diálogo con AGENCIA PACO URONDO, Marina, la madre del joven.

Cabe recordar, que el padrastro del joven, Nelson Cabrera sostuvo en una entrevista anterior con este medio: “El muchacho dice que disparó y que la bala rebotó justo en el piso y le dio en el ojo. Nacho tenía todos los perdigones en la cara, le tiraron a matar”.

Además, detalló: “Fuimos agredidos no solo Ignacio sino toda la familia, Nacho se llevó desgraciadamente la peor parte, pero cuando ingresan a casa escuchamos los estruendos de la puerta porque estaban barreteando, golpeándola, nos levantamos con los oficiales apuntándonos. Estábamos durmiendo con Marina, mi señora, mi bebé se despierta, empieza a llorar.  Me empiezan a decir que me tire al piso, que ponga las manos atrás, y cuando consigo arrodillarme me patean la espalda, me tiran al piso, me esposan y me pisan la cabeza. Mi señora quiere agarrar a Ari en su cuna, nuestra nena, y los oficiales diciéndole que no se mueva y apuntándole con el arma a ella y a la bebé. Hasta ahí no había cometido ningún atropello más que patearme y pisarme la cabeza, apuntando con el arma a Marina.”

La Argentina ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

La República Argentina no comparte las explicaciones del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, en su decisión de no avanzar en el proceso de renovación del mandato del Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão, sobre la fecha del vencimiento del mismo.

Al hacerlo, el Secretario General desconoce la propuesta realizada por el pleno de la Comisión el 8 y 9 de enero del corriente año, conforme el Artículo 21 del Estatuto de la CIDH y el Artículo 11 inc.3 del Reglamento de la Comisión.

El Estatuto de la CIDH prevé mecanismos para la separación del Secretario Ejecutivo, siempre en consulta con la Comisión e informando los motivos que fundamenten dicha decisión. Queda claro que, de comprobarse algunas de las irregularidades aducidas, deberán tomarse las acciones pertinentes. No corresponde, entonces, que el Secretario General se atribuya potestades de proceder sin las consultas previstas con la CIDH.

Resulta lamentable que el Secretario General insista en basar sus acciones en sus propias afirmaciones, en este caso con referencias generales a un informe de acceso restringido. Ello denota falta de transparencia y de compromiso de diálogo con la Comisión sobre situaciones que están previstas para su tratamiento por la normativa propia de la Organización.

Nuestro país reconoce especialmente el rol esencial que cumple la CIDH en la promoción y protección de los derechos humanos de los ciudadanos de las Américas, y estará eternamente agradecido por su papel fundamental en la historia argentina.

La Argentina manifiesta su profunda preocupación frente a una decisión que puede tener consecuencias en la legitimidad y efectividad de las labores de protección y promoción de los derechos humanos en la región del  órgano principal de la OEA en la materia e insta a que se tomen todos los recaudados necesarios para garantizar la autonomía y la independencia de  CIDH y que la misma no esté sujeta a presiones políticas en una tarea que resulta esencial para los Derechos Humanos en el hemisferio.

Chaves en Seminario contra la Tortura: “Hemos recuperado la política de derechos humanos”

El jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, inauguró hoy el seminario Agenda de Prevención de la Tortura – Rol de los Organismos Internacionales ONU/OEA que contó con la presencia del candidato argentino al Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU, Mario Coriolano, y de desatacadas personalidades del derecho internacional.

A partir del  10 de diciembre de 2019 nuestra agenda de política exterior recuperó algo que hace a nuestra identidad: la política de Derechos Humanos. Simboliza una cuestión central en la idiosincrasia de nuestro  pueblo. Nuestra historia así lo amerita y ratifica. Es parte de nuestra constante militancia sobre estos temas y las destacadas personalidades que la Argentina ha dado a los DDHH en el mundo hacen que sea un mandato de Estado”, resaltó Chaves.

“En el marco de esta política que impulsan el presidente Alberto Fernández y nuestro canciller Felipe Solá, hemos avanzado en políticas de Derechos Humanos y en temas de igualdad de género, que son lo mismo, creando así a nivel nacional el Ministerio de Mujeres, Diversidad y Géneros, al igual que la jerarquización de nuestra área específica, la Dirección de la Mujer y Asuntos de Género”, añadió Chaves al tiempo que destacó a Federico Villegas Beltrán como representante argentino en Ginebra, a Carlos Raimundi como embajador en la OEA y al jurista Mario Coriolano como  candidato argentino para volver a ser parte del Subcomité de Prevención contra la Tortura de la ONU.

Chaves puntualizó que “la pandemia es una oportunidad y un reto para las sociedades para generar así más vínculos de cooperación, solidaridad, protección de vida y salud de las personas. Allí aparecen las diferencias con sociedades que han optado por el individualismo y el egoísmo. La violencia institucional genera autoritarismo. En estos momentos en el mundo se generan condiciones para conductas autoritarias, por eso este seminario es un mecanismo de alerta temprana para que esté siempre el llamado de atención sobre la violencia institucional a través de las políticas de prevención y lucha contra estas prácticas degradantes”.

Trabajaremos fuertemente con todos nuestros representantes y las naciones hermanas para el ansiado sueño de una sociedad donde la vigencia, la protección y la militancia de los DDHH hagan una sociedad más justa e igualitaria”, concluyó Chaves.

Disertaron en la videoconferencia: Raúl Zaffaroni, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Juan Méndez, Profesor Residente de DDHH, WCL-AU y ex Relator Especial ONU sobre Tortura; Claudio Grossman, Instituto Interamericano de Derechos Humanos; Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva del CEJIL, y Paula Litvachky, Directora Ejecutiva del CELS.

El seminario organizado por la Cancillería argentina contó con la presencia de la Representante Permanente ante las Naciones Unidas, Embajadora María del Carmen Squeff, el Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Ginebra, Federico Villegas Beltrán y una numerosa audiencia de participantes de Armenia, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Uruguay, México, Italia, España, Tailandia, Canadá, Honduras, Mozambique, El Salvador, Bélgica, Noruega, Guatemala, Perú, Francia, Palestina, Panamá y Paraguay.

Norita Cortiñas: maestra imprescindible

Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como una maestra zen de nuestro tiempo, cuando nos habla, nos interpela, nos desestructura y nos deja pensando. En sus charlas articula el pasado con el presente, lo singular con lo social, toma ejemplos del ayer y los actualiza. 

Por Pablo Melicchio | Ilustración: Matías De Brasi

Si hay algo de lo que no carecen las sabias y los sabios de todos los tiempos, es de ese poder para desestructurar a quienes se les aproximan para intentar adquirir la sabiduría, o al menos cierto saber. Cuentan antiguas leyendas orientales que ante la pregunta del discípulo acerca de cómo alcanzar la iluminación, el maestro zen daba rodeos, no ofrecía la respuesta esperada sino que solía responder con un koan, que sería algo así como el planteo de una idea o problema absurdo, al modo de: “piensa en eso y lo perderás”, o “¿de qué color es el lado oculto de la luna?”. Dicho el koan, el iniciado se retiraba a su ermita y continuaba profundizando en su interior, en busca de esa respuesta que lo llevaría a alcanzar la ansiada sabiduría.

Sospechemos de quienes nos den las respuestas servidas. Pero tan difícil como alcanzar la sabiduría, es hallar, entre la gente común y los manochantas de turno, a las maestras y los maestros que verdaderamente nos orienten para ser mejores personas. Hay demasiados profetas del egoísmo que propician “el sálvese quien pueda”, focalizando solamente en el trabajo interior. Estamos escasos de esa estirpe de guías que estimulan la superación personal articulada con el trabajo social, sabiendo que la salvación es colectiva.

Norita Cortiñas, Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, como una maestra zen de nuestro tiempo, cuando nos habla, nos interpela, nos desestructura y nos deja pensando. En sus charlas articula el pasado con el presente, lo singular con lo social, toma ejemplos del ayer y los actualiza. No habla de memoria, trasmite desde la memoria con un objetivo fundamental: que podamos abrirnos al diálogo y reflexionar. Y que de este modo no volvamos a caer en los errores del pasado, condición necesaria para que evolucionemos como sociedad y seamos un poquitín mejores. ¿Cómo superar los golpes que da la vida? ¿Cómo seguir? ¿Cómo sostener la lucha de cada día? Preguntas existenciales, profundas, que suelen dirigirse a quienes, como Norita, han sabido reponerse sin quedar enajenados en el dolor.

En las presentaciones del libro El lado Norita de la vida, que suelen ser multitudinarias, del mismo modo que en una cena íntima en el bodegón La Tarzán de Castelar, o en su hogar, en cierto momento, cuando el desaliento podría capturar la escena, Norita apela a sus recuerdos y nos convida con alguna anécdota para cambiar el clima, pero por sobre todo para invitarnos a pensar:

Suele contar, por ejemplo, que en tiempos de la última dictadura militar, cada tanto la policía detenía a un grupo de Madres en la Plaza de Mayo, las trasladaba hasta la comisaría más cercana, las demoraba durante varias horas y luego llegaba el clásico interrogatorio:

-¿Qué hacía en la plaza?

-Estaba esperando a una amiga para ir de compras –mentía la Madre.

-¿No sabe que en la plaza no puede estar, que rige el estado de sitio?

-No, no sabía –mentía nuevamente.

-Bueno, elija, ¿una multa de 30 centavos, o el calabozo?

Alguna Madre, esperanzada, ingenua, pensaba en elegir el calabozo porque quizá allí se reencontrara con su hijo desaparecido. Pero las otras Madres la disuadían diciéndole: “No seas tonta, nuestros hijos están en otro lado. Pagá la multa y nos vamos”. Entonces pagaba la multa para regresar con sus compañeras a la calle, a la búsqueda, porque efectivamente esas hijas y esos hijos no se encontraban en ninguna cárcel, estaban en centros clandestinos de detención, tal vez ya muertas o muertos, engrosando esa larga lista de desaparecidas y desaparecidos que conocemos en la actualidad.

Y así, el ciclo de cada jueves de aquellos días terroríficos: La Plaza de Mayo. La ronda. La detención policial. El traslado a la comisaría. La multa de 30 centavos. La libertad condicionada, siempre. Y la perseverancia. Resistiendo los embistes del autoritarismo. Soportando durante años la angustia de no saber qué pasó con sus hijas y con sus hijos. Una de esas tardes, le tocó a Norita. Fue detenida, trasladada a la comisaría y luego interrogada. Como era de esperar, mintió en su declaratoria argumentando que estaba en la plaza esperando a una amiga para hacer unos trámites. Y entonces el policía le pronunció el mismo discurso: que en la plaza no podía estar, que, si no estaba al tanto, le informaba que regía el estado de sitio. Y, finalmente, la elección: “¿El calabozo, o 30 centavos de multa?”. Norita, sin dudarlo, eligió la sanción material, pero no le dio 30 sino 60 centavos.

-Me está dando de más, señora –dijo el agente. Y separó el dinero sobrante.

-No, los otros 30 déjelos para la semana que viene –respondió Norita. Dejó las monedas y regresó a la calle.

Esta anécdota de los 30 centavos, como tantas otras, define el carácter combativo, pero también la creatividad de Norita para sostenerse en la lucha cotidiana. Como dice el Flaco Spinetta en Agua de río: “…no pares de crear, cambiando lo que anda mal puedes elevarte de aquí…”. Cambiar lo que anda mal desde una lucha creativa.

Sin ese toque inventivo, la realidad de Norita hubiese sido mucho más alienante aún. Las Madres de Plaza de Mayo  construyeron un modo original de ser y de actuar: el pañuelo blanco, las rondas y mil recursos para no claudicar. El dolor singular, que muchas veces resulta asfixiante y arrasador, fusionado en lo grupal, en una asociación de Madres, les dio vitalidad y les permitió el accionar. Y así fueron haciendo camino al andar, docencia de la militancia. Nos enseñaron a no bajar los brazos. A transformar el dolor en lucha. Que la dolencia compartida es menos dolorosa. Y que la creatividad, muchas veces, es la única vía posible para abrir espacios de resistencia en la brutal realidad.

Norita dejó 30 centavos de más, un pago por adelantado para el incierto mañana. Sospechaba que Gustavo, su hijo, no aparecería la semana siguiente y que entonces seguiría yendo a la plaza una y dos mil veces más, si fuera necesario; y fue necesario. Se la juega, redobla la apuesta, 30 centavos más. Norita no renuncia, paga y sigue. Su apuesta es por la vida, es un jugarse creyendo que va a ganar, que un día se sabrá la Verdad de todo lo sucedido, que aparecerán las hijas y los hijos, las nietas y los nietos que arrancaron de la vida. Se adelanta a la multa de la semana siguiente porque sabe que seguirá trasgrediendo a la ley caprichosa. Norita, maestra de los Derechos Humanos, predica con el ejemplo y nos enseña cada vez que está donde hay que estar, en la calle, junto al pueblo sufriente y no sentada detrás de un escritorio; que la lucha es activa, pacífica y conjunta. Parafraseando a Bertolt Brecht: hay mujeres, como Norita, que luchan toda la vida, esas son las maestras imprescindibles.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

La otra pandemia: Amnistía Internacional relevó más de 30 casos violencia institucional en Argentina

Amnistía Internacional presentó en un informe el registro de más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento en Argentina. El asesinato de Luis Espinoza en Tucumán y la desaparición de Facundo Astudillo Castro en Buenos Aires son algunos de los casos más trascendentes.

La Plata, (InfoGEI).- Amnistía Internacional presentó un informe titulado “El uso de la fuerza en el contexto de COVID-19. La violencia como respuesta del Estado”, donde registra más de 30 casos de violencia institucional y uso excesivo de la fuerza ocurridos durante las medidas de aislamiento en Argentina.

Los casos descriptos en el informe se vinculan directamente o indirectamente con las medidas de control del aislamiento social, preventivo y obligatorio a raíz de la pandemia. A su vez, todos reproducen prácticas abusivas extendidas en las fuerzas de seguridad. También se da como constante que la mayoría de los casos se produjeron en contextos de vulnerabilidad y/o pobreza.

En una emergencia sanitaria, es necesario proteger a la población. No obstante, a pesar de la excepcionalidad que impone el contexto, la actuación de las fuerzas siempre deben darse en el marco del respeto absoluto a los derechos humanos y debe estar acompañada de una debida rendición de cuentas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina. “El ejercicio de las facultades de control de las fuerzas de seguridad no debe traducirse en el ensañamiento o disciplinamiento de personas o grupos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad social”, aseguran desde la institución.

Amnistía Internacional señala que “la repetición de estos hechos de violencia es de suma gravedad institucional y genera preocupación sobre el carácter violento y desmedido de la respuesta que brinda el Estado al control y resolución de conflictos. Justamente, el Estado es responsable de garantizar que el uso de la fuerza sólo será utilizado como último recurso y con estricto apego a los estándares internacionales y el respeto de los derechos humanos”.

Los casos fatales

El 1 de mayo, Mauro Coronel, de 22 años, fue detenido en la Comisaría Décima de Santiago del Estero por una denuncia de violencia de género. Inmediatamente después de la detención del joven, su madre se dirigió a la comisaría, donde escuchó los gritos de Mauro mientras lo golpeaban. Esa misma madrugada fue ingresado por la policía en el Hospital regional, sin avisar a sus familiares. Cuatro días después de la detención Mauro falleció. El informe médico habría constatado lesiones en las vías respiratorias.

El 15 de mayo, Luis Espinoza fue asesinado y desaparecido durante 7 días por parte de funcionarios de la policia de la comisaria de Monteagudo, Provincia de Tucumán50. Luis y su hermano Juan se encontraban cabalgando cerca de donde se estaba realizando una carrera ilegal de caballos, en violación de las medidas de ASPO. Al menos cuatro de los efectivos policiales forcejearon con Juan, al involucrarse Luis en la disputa, cayó de su caballo y corrió, siendo impactado -por la espalda- por un proyectil disparado por un policía. La bala ingresó por su omóplato izquierdo, perforándole el pulmón. De acuerdo a la causa judicial, el cuerpo fue trasladado a la comisaría de Monteagudo, donde permaneció cuatro horas, siendo atado a la base de un mástil, desnudado, y preparado para su posterior desaparición. Se envolvió su cuerpo en una frazada, bolsas de residuos y cintas de embalar, además de una soga que fue utilizada para manipularlo. Falleció en algún momento entre el disparo y el traslado a la dependencia policía. Salió de la comisaría en el baúl del auto del subcomisario de la dependencia, y se lo trasladó 120 kilómetros a un barranco en la frontera con la provincia de Catamarca, donde fue arrojado.

El 17 de junio, Facundo Scalzo, de 20 años, recibió 4 disparos, dos por la espalda y dos en el brazo55 por miembros de la Gendarmería, en el barrio 1-11-14 en el Bajo Flores de la Ciudad de Buenos Aires. Testigos relatan que tras discusión entre vecinos, un grupo de gendarmes persiguieron a Facundo y a otro joven que se encontraba con él. Los testigos agregan que no se permitió que Facundo recibiera los primeros auxilios cuando estaba agonizando, que esperaron más de una hora al SAME y que cuando llegó la ambulancia no dejaron que la madre lo acompañe al Hospital Piñero, donde finalmente falleció.

El 24 de junio, Walter Ceferino Nadal resultó muerto tras ser detenido por la Policía de Tucumán. De la información e imágenes difundidas y de los relatos de testigos surge que el 24 de junio Walter Nadal fue detenido en la capital provincial y un agente de la fuerza de seguridad lo habría asfixiado al presionar la rodilla contra su nuca.

El 10 de julio, Lucas Nahuel Verón, de 18 años, fue con un amigo a comprar gaseosas al kiosco y al regresar a su casa en Villa Scaso, González Catán, partido de La Matanza, Provincia de Buenos Aires, una patrulla policial los habría perseguido y disparado contra ellos, sin motivo alguno. Una bala atravesó el pecho de Lucas y falleció.

Un desaparecido

Facundo Astudillo Castro, de 22 años de edad, desapareció el 30 de abril de 2020, en la Provincia de Buenos Aires, tras ser detenido por la policía a la entrada de la localidad de Mayor Buratovich, por violar la cuarentena. Cuatro miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires están bajo sospecha después de una serie de contradicciones en sus declaraciones. Se dice que uno de ellos afirmó que Castro se fue en un auto después de ser detenido por los agentes, aunque más tarde cambió su historia para decir que el joven de 22 años se fue a pie. Tres testigos, sin embargo, afirman que el joven fue subido a un vehículo policial. El 2 de julio la familia de Facundo denunció los hechos ante la justicia federal bajo la carátula de “desaparición forzada” y solicitó que la policía bonaerense sea apartada de la investigación. Hasta el momento aún se desconoce el paradero de Facundo.

El informe completo puede verse en: https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2020/08/Informe-Violencia_Policial_final_00-modificado.pdf. (InfoGEI) Mg

La Comisión Provincial por la Memoria denunció hacinamiento record en comisarías bonaerenses

Actualmente hay 5.480 detenidos cuando las comisarias bonaerense tiene cupos disponibles para 1199 personas. Además los establecimientos no cumplen con estándares internacionales de derechos humanos y representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas.

La Plata, (InfoGEI).- Una nueva denuncia fue presentada por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) sobre las comisarias bonaerenses después de realizar inspecciones las comisarías 3ª de Quilmes y la 2ª de Virrey del Pino. Ambas dependencias se encuentran alcanzadas por medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero sin embargo, siguen alojando personas “en condiciones que generan riesgo de vida crítico”.

En su carácter de Mecanismo local de Prevención de la Tortura, conjuntamente con el Comité Nacional de Prevención de la Tortura, la CPM pudo determinar un primer dato que sirve para ilustrar la grave crisis humanitaria que atraviesa a las comisarías bonaerenses: en agosto se registró un récord de sobrepoblación y hacinamiento extremo en comisarías de la provincia de Buenos Aires que ascendió al 357%. 

Los 5.480 detenidos en 1199 cupos disponibles, que tampoco cumplen con estándares internacionales de derechos humanos, “representan un déficit estructural complejo que promueve la violencia y habilita la vulneración sistemática de los derechos de las personas detenidas”, señalaron.

Sobre los espacios inspeccionados se describió que la comisaría 3ª de Quilmes está actualmente alcanzada por una medida cautelar de la CIDH que en 2019 prohibió su funcionamiento y además se encuentra clausurada por una orden judicial de junio de 2020. Antes de esta clausura el cupo disponible era de 12; en la inspección realizada entre la CPM y el CNPT, se constató que había 52 personas detenidas, lo que implica un 333 % de sobrepoblación. 

Las 52 personas detenidas conviven en dos celdas colectivas y cuatro individuales. Comparten un sector común que es un espacio cerrado, sin ingreso de luz natural ni ventilación. El encierro y la humedad densa dificultan la respiración. Todos comparten un único inodoro. Para dormir se reparten entre camastros de cemento y el piso. Según informó el comisario sólo hay 10 colchones. Así que la mayoría duerme sobre mantas o deben turnarse para hacerlo”, detallaron desde la CPM sobre las condiciones de detención.

En estas condiciones, la alimentación adecuada prácticamente no existe y la comunicación con el exterior depende de un único teléfono que es llevado a los internos a requerimiento”, remarcaron. 

El caso de la comisaría 2ª de Virrey del Pino es similar: si bien no tiene clausura judicial, sí se encuentra alcanzada por una medida cautelar de la CIDH de 2016 que prohíbe el alojamiento de personas. Antes de esta decisión había cupo para 8 detenidos, pero durante la inspección conjunta se constató que había 33 personas detenidas, es decir un 312 % de sobrepoblación.

Además de la sobrepoblación, hacinamiento y condiciones inhumanas de detención, se comprobó particularmente la evidente ausencia de mecanismo de control y cuidado respecto de situaciones de riesgo vinculadas con la pandemia de COVID-19. Las personas que ingresan detenidas son alojadas en celdas donde ya hay otras personas sin que se les aplique ningún protocolo preventivo.

Cabe señalar que en ambas comisarías, la mayoría de las personas se encuentran allí por delitos menores y han permanecido detenidas más tiempo del que se establece por ley; varias de ellas durante muchos meses llegando a casos que superan el año de detención en comisarías, según detallaron desde la CPM.

Lo constatado ayer en Quilmes y Virrey del Pino no es una excepcionalidad sino una muestra del grave estado estructural en que se encuentran las comisarías en la provincia de buenos Aires. La continuidad del alojamiento de personas violando lo que establece la justicia y recomiendan los organismos internacionales no sólo constituye una grave ilegalidad sino que se impone como una política que habilita la vulneración sistemática de los derechos humanos y expone a las personas detenidas al deterioro de sus condiciones de vida y las ubica en un serio riesgo de muerte”, remarcaron. (InfoGEI) Mg

Caso Maldonado: tres años de injusticia e impunidad

A tres años de la desaparición forzada, seguida de muerte, de Santiago Maldonado, la única respuesta de la justicia fue un “loop” de encubrimiento. En diálogo con APU, Verónica Heredia, abogada de la familia, analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería y el papel de los medios.

Por Diego Moneta | Foto: Daniela Morán

Se cumplieron tres años de aquel 1 de agosto de 2017, en el que se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado en la localidad de Cushamen, Chubut, luego de un accionar represivo ilegal por parte de Gendarmería Nacional. Casi 80 días después encontrarían su cuerpo sin vida, río arriba desde el epicentro de la represión, en un lugar que ya había sido rastrillado.

Tres años después no hay ningún responsable, nadie investiga y ni siquiera hay un juez a cargo. La familia sigue exigiendo respuestas mientras la justicia se debate entre la imputación o el sobreseimiento del gendarme Emmanuel Echazú, sospechoso principal, y, sobre todo, por la designación de un juez y la definición de las líneas de investigación.   

Agencia Paco Urondo dialogó con Verónica Heredia, abogada de la familia, quien analizó el estado de la causa, el espionaje ilegal de Gendarmería Nacional durante el gobierno anterior y el papel de los medios a lo largo del caso.

Agencia Paco Urondo: ¿Cuál es el estado actual de la causa?

Verónica Heredia: Hoy la causa está paralizada por dos cuestiones. La primera es que no hay juez. El Dr. Gustavo Lleral fue designado el 22 de septiembre de 2017, después de que se apartara al Dr. Guido Otranto por parcial. Lleral investigó lo que él consideró y concluyó el 29 de noviembre de 2018 que no había nada que investigar. Él entendió que Santiago murió porque ingresó voluntariamente a las aguas heladas del Río Chubut, por lo tanto determinó que no había ningún delito que investigar y archivó la causa. Durante todo 2019 trabajamos para revertir la decisión, lo que llevó a que la Cámara de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, el 5 de septiembre, dijera que efectivamente había que seguir investigando, exceptuando la desaparición forzada. Nosotros recurrimos a la Cámara de Casación Penal diciendo que había que investigar todas las posibilidades, pero, en un fallo de dos contra uno, se consideró que no. Ahí recurrimos a la Corte Suprema de Justicia, donde todavía está sin resolver este planteo.

Mientras tanto, cuando la cámara indica que hay que seguir investigando, remite la causa a Lleral, quien dice que no puede, por ya haber dado su opinión fundada que no iba a cambiar. La causa pasa al juez Hugo Sastre. Este último también alega que no puede investigar porque, ante la denuncia contra Patricia Bullrich por encubrimiento, ya consideró que no había nada que investigar, por lo que se la envía a la jueza Eva Parcio, que a diferencia de los dos anteriores, es de Comodoro Rivadavia y no de Rawson. La jueza consideró que quien debía investigar era Lleral, entonces la cámara, presidida por Leal de Ibarra, volvió a designarlo. En ese momento lo recusamos porque como juez, cuya característica principal es la imparcialidad, alega que no va a serlo. La cámara lo rechazó. Presentamos un recurso de casación y el Dr. Mariano Borinsky decidió rechazar el planteo, por lo que la causa volvió otra vez a Lleral. Nosotros recurrimos y ahora estamos ante la Corte Suprema para que resuelva qué juez va a actuar y qué se va a investigar.

APU: Considerando que desde la familia lo vienen denunciando desde hace tiempo, ¿Cómo analiza la situación del espionaje ilegal del gobierno anterior?

VH: Todo el espionaje ilegal que se está verificando demuestra que el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal detentan del poder político de turno. Esto realmente nos tiene que preocupar. Más allá de lo que se está conociendo, cometido desde el mismo Estado, esta es una causa estatal porque gente designada desde las estructuras estatales se dedicó al espionaje ilegal. Es muy preocupante en el aspecto de un poder que investiga lo que hizo el Estado, y un propio Estado que, desde el poder político, utiliza todo su aparato para cometer ilegalidades.

En lo particular de la causa se notaba que era así, tanto en el proceso como en los medios de comunicación. Esto forma parte del crimen de desaparición forzada, que comienza con la desaparición de una persona y continua con el ocultamiento y la negativa a reconocerlo. Para ello se necesita al propio Estado funcionando, incluyendo la implantación de pruebas y falsas pistas. Toda esta situación va a servir para demostrar las falsedades que se dijeron en la causa y la instalación de la mentira histórica de que Santiago se había muerto solo y que su cuerpo quedó ahí. Nadie explicó por qué no se encontró el cuerpo antes si ya se había rastrillado ese lugar. Además demuestra que si Santiago estuvo en ese lugar durante 78 días, y si el lugar ha sido monitoreado con drones y se lo conocen de memoria, ¿Cómo pudo pasársele a esta gente que sabía, investigaba y tenía controlado todo?

APU: ¿Cuál fue el papel de los medios de comunicación a lo largo del caso?

VH: Dentro de la estructura de la desaparición forzada los medios de comunicación juegan un papel imprescindible. Instalan, reproducen y amplifican el efecto demonizador sobre la persona desaparecida y sobre la utilización política, cuando fueron ellos desde los medios quienes utilizaron el caso de Santiago. Que hayan instalado que yo era abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) fue al solo efecto de desacreditar la denuncia, desacreditándome a mí, por relacionar al CELS con el kirchnerismo. Todo para decir que el caso era un invento del kirchnerismo.

Sin embargo, nunca dijeron que yo fui la abogada que llevó el primer y único caso de condena contra el estado argentino, durante el gobierno de Néstor Kirchner, por la detención ilegal, tortura y desaparición forzada de Iván Eladio Torres. La condena fue en 2011, es decir que yo litigué contra el estado, durante gobiernos kirchneristas. Por eso, quienes utilizaron políticamente la causa fueron ellos. Recordemos que el allanamiento de la casa de Santiago en El Bolsón fue el día anterior a las PASO de 2017, el cuerpo aparece el 17 de octubre, cuatro días más tarde el juez Lleral salió rápidamente a decir que Santiago se había ahogado, y al día siguiente fueron las elecciones legislativas. Se instaló la utilización política y los medios de comunicación sirvieron para este fin, como sirvieron en la dictadura. La responsabilidad de los medios debe ser cuestionada e interpelada.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

La Comisión Provincial por la Memoria denunció que un joven fue picaneado y golpeado por la policía

Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio alrededor de la 5 de la madrugada en el barrio de Tolosa. Además de radicar la denuncia en la justicia, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.

La Plata, (InfoGEI).- La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la tortura, presentó una denuncia penal por torturas, que incluye la aplicación de descargas eléctricas con una picana, contra un joven de 17 años. La víctima tiene, además, múltiples lesiones en todo el cuerpo que no fueron constatadas durante el reconocimiento médico tras su detención ni a su ingreso al centro cerrado Almafuerte. La CPM también denunció que el joven fue interrogado de manera ilegal y amenazado para que no contara lo que pasó.

Los hechos que se denuncian ocurrieron en la madrugada del pasado sábado 25 de julio alrededor de la 5 de la madrugada, cuando agentes de la Policía de la provincia de Buenos Aires que patrullaban el barrio Tolosa de La Plata persiguieron durante algunas cuadras al joven. Al momento de la detención lo golpearon y le propinaron una serie de culatazos con el arma reglamentaria. Luego fue trasladado a la comisaría 6ª.

En la dependencia policial, lo alojan en un calabozo sin ningún mobiliario, lo obligan a permanecer de pie durante más de 9 horas al mismo tiempo que tres policías, de manera sistemática, le aplican descargas eléctricas con una picana para sacarle información. Mientras esto ocurría, los mismos policías filmaban las sesiones de tortura, imágenes que ellos mismos difundieron por las redes sociales.

El interrogatorio ilegal buscaba que el joven no sólo declarara contra sí mismo sino que incrimine también a más personas. A pesar de ser menor de edad y de estar imputado de un delito, durante todas esas horas, las declaraciones se realizaron sin presencia de un abogado o un defensor oficial y sin la compañía del padre, madre o tutor del adolescente. Se violaron así garantías constitucionales esenciales, incluyendo la Convención de derechos del niño.

Recién en la tarde del sábado, los policías lo llevan a reconocimiento médico; durante el traslado en el patrullero, siguieron aplicándole descargas con la picana. Ninguna de las lesiones que tenía fue registrada. Casi diez horas después de su detención, interviene por primera vez un funcionario judicial, sin embargo no se generaron las condiciones para que pueda contar lo sucedido.

Finalmente, fue alojado en el centro cerrado Almafuerte. Al momento de ingresar, por temor a represalias, el joven no dio cuenta de las lesiones que tenía producto de los golpes y torturas en la comisaría, y el personal médico hizo una revisión superficial y registró sólo algunas de las múltiples y visibles lesiones que tenía en el cuerpo.

Tras la detención del joven, intervino la UFI 3 de La Plata que, a pesar de la ilegalidad del operativo, convalidó desde el primer momento todo lo actuado por la policía.

Además de radicar la denuncia en la justica, la CPM denunció estas torturas a la Auditoría General de Asuntos Internos.

Ante este nuevo hecho, la CPM reclama el cese de estas graves violaciones de derechos humanos ejecutadas por la policía de la Provincia, agravadas en este periodo de cuarentena dónde se incrementaron los índices de letalidad policial y denunciaron gran cantidad de casos de gatillo fácil, uso letal de los patrulleros y torturas y malos tratos. (InfoGEI) Mg

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