6.127 nuevos casos de COVID-19

Hoy fueron confirmados 6.127 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 148.027 positivos en el país.

Del total de esos casos, 1.101 (0,7%) son importados, 45.026 (30,4%) son contactos estrechos de casos confirmados, 76.114 (51,4%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en investigación epidemiológica.

Desde el último reporte emitido, se registraron 85 nuevas muertes. 43 hombres, 30 residentes en la provincia de Buenos Aires; 9 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 3 residente en la provincia de Chaco; uno residente en la provincia de Mendoza; y 42 mujeres; 29 residentes en la provincia de Buenos Aires; 13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Al momento la cantidad de personas fallecidas es 2.702.

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 4.300 | 84.919
Ciudad de Buenos Aires 1.267 | 50.817
Catamarca 0 | 61
Chaco 51 | 3.155
Chubut 1 | 254
Córdoba 102 | 1.566
Corrientes 4 | 134
Entre Ríos 31 | 711
Formosa 1 | 77
Jujuy 158 | 1.197
La Pampa 0 | 8
La Rioja 9 | 205
Mendoza 52 | 674
Misiones 2 | 43
Neuquén 25 | 983
Río Negro 54 | 1.486
Salta 1 | 197
San Juan 2 | 19
San Luis 1 | 18
Santa Cruz 24 | 263
Santa Fe 34 | 836
Santiago del Estero 4 | 43
Tierra del Fuego** 4 | 262
Tucumán 0 | 99***

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).
***La provincia de Tucuman reclasificó un caso a la provincia de Buenos Aires y uno a CABA.

Coronavirus: El Presidente recibió a directivos del laboratorio AstraZeneca que desarrolla una avanzada vacuna junto a la Universidad de Oxford

El presidente Alberto Fernández se reunió esta tarde en la residencia de Olivos con directivos de la empresa farmacéutica AstraZeneca, que junto a la Universidad de Oxford trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 que mostró buenos resultados en los ensayos clínicos de fase I y II.

Acompañado por el ministro de Salud, Ginés González García, el Presidente se reunió con Agustín Lamas, Gerente General para Cono Sur de AstraZeneca; Germán de la Llave, Director de Acceso y Asuntos Corporativos en la Argentina y Uruguay para la compañía, y Agustina Elizalde, Directora Médica para Cono Sur.

El pasado lunes, se publicó en la revista científica The Lancet un estudio hecho con 1077 voluntarios (adultos sanos de entre 18 y 55 años) que muestra que una dosis generó en el 95 por ciento de los participantes un aumento en los anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2, que provoca la COVID-19.

Durante el encuentro en Olivos, Fernández manifestó la voluntad de garantizar el acceso rápido y equitativo a la potencial vacuna, priorizando a las poblaciones de riesgo.

Los resultados de las pruebas realizadas hasta el momento muestran que los anticuerpos aumentaron cuatro veces un mes después de aplicada la dosis de esta vacuna basada en vectores adenovirales. Además, la dosis generó reacciones similares a las de otras vacunas del mismo tipo, sin eventos adversos serios.

Nuevos ensayos se están llevando a cabo en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, y deben comenzar en los Estados Unidos, para determinar qué tan bien protegerá la potencial vacuna contra COVID-19 y para medir la seguridad de su uso, así como las respuestas inmunes en diferentes rangos de edad y en varias dosis.

AstraZeneca ya se comprometió a que, en caso de que los ensayos clínicos tengan éxito, impulsará el acceso amplio y equitativo a la vacuna, sin rédito económico mientras dure la pandemia. Hasta ahora la empresa firmó compromisos para suministrar más de dos mil millones de dosis con el Reino Unido, Estados Unidos, la Alianza de Vacunas Inclusivas de Europa, la Coalición para la Preparación de Epidemias, GAVI la Alianza de Vacunas y el Instituto SERUM de la India.

Movilización contra el vaciamiento de Pol-Ka y en defensa de los puestos de trabajo y la ficción nacional

El Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID) realizó una movilización este jueves a Canal 13 ARTEAR contra el vaciamiento de Pol-Ka y en defensa de los puestos de trabajo y la ficción nacional.

Redacción por Erika Eliana Cabezas

Reclamamos el debe del aguinaldo y los pagos de salarios de todos los compañeros de Pol-Ka”, manifestó Horacio Arreceygor, secretario general de SATSAID, para Radio Gráfica.

Y agregó: “Después de haber recibido la carta de uno de sus dueños de haber mantenido reuniones con la gente que tiene el 55 por ciento, que es canal 13, ya con una chance muy grande de que el futuro de la empresa sea el cierre, empezamos a tener un camino de lucha y de protesta”.

La mayor parte del paquete accionario de la productora fundada en 1994 (55%) pertenece al Grupo Clarín. El resto (45%), se divide entre Adrián Suar y Fernando Blanco.

El secretario general de SATSAID aseguró que Pol-Ka tiene “un problema de accionistas” y que, en principio, lo que está buscando es “un achicamiento grande” y, en otras posiciones, avanzar “en el cierre para poder abrir una empresa nueva con otras condiciones laborales”.

Acá está faltando una responsabilidad social empresaria, no sólo en el Grupo Clarín sino en bastos sectores. Lo habíamos visto con Techint al comienzo de la pandemia, con el despido de 1400 trabajadores. Las grandes empresas tienen que trabajar en el sostenimiento de las fuentes de trabajo y el planteo productivo del pais”, remarcó.

Desde varios sectores apoyaron el reclamo de las y los trabajadores de Pol-Ka.  “Repudiamos la actitud de aquellos licenciatarios o productoras que tienen espaldas financieras, producto del buen desempeño de sus negocios antes de la pandemia o de la ramificación de las actividades societarias en otras actividades coyunturalmente más rentables, y dejan sus obligaciones incumplidas ante los trabajadores de la televisión y ramas afines”, expresaron en un comunicado los diputados y diputadas del Frente de Todos.

Por su parte, la Multisectorial Audiovisual expresó “su apoyo al legítimo reclamo de las trabajadoras y los trabajadores de Pol-Ka, que se movilizan en defensa de sus derechos, de su fuente de trabajo y del futuro de sus familias, amenazados por la actitud irresponsable de una empresa que desconoce sus responsabilidades y abandona a sus empleados y empleadas”.

Fuente: https://radiografica.org.ar/

Programa para la atención de pacientes leves de COVID en albergues extrahospitalarios

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó esta tarde junto al ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par bonaerense, Daniel Gollan, el programa “Acompañar”, que busca incentivar a pacientes con síntomas leves de COVID-19 a cumplir el período de aislamiento en albergues extrahospitalarios, con el fin de evitar la cadena de contagios entre sus contactos estrechos.

Este programa es una medida sanitaria fundamental para la atención y aislamiento de pacientes leves de COVID, que reconoce que aquel que se aísla pierde algo, sacrifica algo, y entonces la Provincia le da un subsidio que permite compensar el esfuerzo con este acompañamiento”, expresó el Kicillof y agregó: “El Gobierno de la provincia de Buenos Aires no va a escatimar recursos e inversión para que se contagie la menor cantidad de bonaerenses posible”.

De la presentación realizada en Tecnópolis, también participaron el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer; el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, Andrés Larroque; el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak y la directora ejecutiva del parque sanitario, Laura Braiza.

El programa “Acompañar” establece un fondo especial de subsidio por desarraigo y solidaridad para pacientes con COVID-19 leves, que cumplan su aislamiento en albergues extrahospitalarios.  Se trata de un aporte de $500 diarios por persona durante los diez días de aislamiento. Esta asistencia se complementa, además, con la asistencia financiera de 2 mil pesos por cama utilizada, que la Provincia otorga a los municipios para la atención de dichos pacientes en los establecimientos municipales.

En este sentido, Kicillof aseguró que “hoy Tecnópolis se convierte probablemente en el espacio de aislamiento más grande del país, con dos mil camas y atención sanitaria, social y psicológica para que los pacientes pasen lo mejor posible los días hasta su recuperación”.

Por su parte, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García explicó que la instalación de estos centros sanitarios para pacientes leves, tienen que ver con “una diagramación y una planificación muy importante del Gobierno nacional, provincial y municipal, que es un ejemplo mundial”.

En tanto, Daniel Gollan, aseguró que el programa va a “dar un incentivo para que mayor cantidad de gente pueda cursar su aislamiento en estos establecimientos en los que hay un absoluto respeto por la dignidad humana y un tratamiento integral”.

Para finalizar Kicillof resaltó: “Es una decisión que hace presente al Estado para generar igualdad y brindar un lugar de aislamiento a las personas que por diversas razones no pueden cumplirlo en sus casas, y una respuesta sanitaria muy efectiva para tener el menor número de contagios posible”.

Felipe Solá: “la vacuna tiene que ser accesible para todos”

El canciller Felipe Solá realizó hoy declaraciones en las que hizo referencia a las gestiones que viene realizando el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto para que la vacuna para el Covid- 19 “sea accesible para absolutamente para todos”.

Los cancilleres de América Latina tuvimos anoche una videoconferencia con nuestro colega chino y allí él, respecto del Covid 19, nos manifestó que los descubrimientos y la vacuna de China iban a estar accesibles absolutamente para todos. Es algo que no se dice todos los días, lo planteó como un bien común y además defendió el multilateralismo”, afirmó el Canciller en diálogo con radio La Red.

Solá señaló que durante las múltiples reuniones por videoconferencias con cancilleres de todo el mundo “se habla mucho de cooperación con América Latina, especialmente desde Europa”. En cuanto al mundo luego de la pandemia, se esperanzó que haya “una carrera entre potencias para ver quién coopera más, quién es más generoso””.

En el ámbito nacional indicó: “No creo que lo que deje la pandemia se parezca a la crisis de 2001, allí no hubo cambios internacionales sino un problema endógeno. Teníamos un tipo de cambio altísimo, con un dólar que se había devaluado 240 por ciento, una inflación de 40 por ciento anual, salario en dólares muy bajo y el gasto público diluido. Había buenos precios internacionales de las materias primas, así que Argentina resolvió de a poco ese piso tan bajo, primero con exportaciones. Había un envión hacia arriba, todo el mundo miraba al futuro. Ahora veo una situación social compleja pero cuando se está preparado mentalmente el impacto es menor; es una situación generalizada; algunos se van a enojar con todo derecho y otros, con la obligación de ayudar, van a poner y ayudar”.

Luego afirmó: “No hay interna entre Cristina y Alberto. Cuando se dice que hay problemas parece que Cristina fuese de afuera, pero es la vicepresidenta de la República, está totalmente unida y tiene todo el derecho de opinar”.

“Hay ‘fuego amigo’ de una cantidad de gente que cree que pertenece a un colectivo pero no pertenece ni a una combi, son monoplaza de las redes. Algunos quieren distinguirse, no quieren que nada del gobierno los toque, eso es inmaduro. Dicen ‘yo soy yo y mis ideas’. Pero lo que veo es que ninguna organización importante protesta contra el gobierno, ni los trabajadores organizados, ni la Iglesia ni lo empresarios. Sólo veo gente que quiere hacerse ver, quieren ser título y aparecer, son seis o siete”, añadió.

¿Por qué tenemos que hablar de Napalpí?

La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Por Marcelo Musante * (Chaco)

Los gendarmes y la policía montada estaban al acecho. Los Qom y Moqoit reunidos en la zona de El Aguará no lo sabían. La policía rondaba la reducción desde hacía dos meses. La Gendarmería de Línea, desde hacía una semana. Sus nombres, armas y municiones quedaron registrados prolijamente en listados oficiales.

Mientras tanto, el gobernador del Territorio Nacional del Chaco, Fernando Centeno, entablaba el supuesto diálogo con los líderes indígenas que reclamaban por las condiciones de explotación a las que eran sometidos. Pero era una trampa: al mismo tiempo que desde el Estado se proponía a las comunidades indígenas canales de negociación, se preparaban las acciones punitivas. Fórmulas del pasado y del futuro. El castigo como figura siempre omnipresente.

La Masacre de Napalpí era algo que iba a suceder en algún momento. Y pasó. Centenares de Qom y Moqoit fueron asesinados el 19 de julio de 1924 por las fuerzas represivas estatales. Fue una consecuencia de las características del sistema de disciplinamiento impuesto desde el Estado y los sectores privados de la región a los pueblos indígenas.

Iba a pasar porque los asesinatos masivos sobre personas indígenas ya se habían llevado a cabo antes, en las diversas campañas militares a Pampa, Patagonia y la región chaqueña.

Iba a pasar porque se continuarían repitiendo en el futuro, como en el caso de La Bomba, en Formosa en 1947, entre muchas otras.

Iba a pasar porque era un lugar de confinamiento para controlar los cuerpos y someterlos violentamente al trabajo. Los cuerpos como objetos. Como meras herramientas.

Iba a pasar porque esos cuerpos iban a revelarse colectivamente.

Iba a pasar porque no tenían permitido ninguna acción de resistencia allí adentro.

Y cuando esos cuerpos se sublevaron en la escena pública, fueron reprimidos y asesinados.

La violencia en el espacio y los cuerpos

La masacre se llevó a cabo en la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí. Un espacio de control social que formaba parte de un sistema más amplio. Un proyecto que implementó el Estado argentino en Chaco y Formosa a espejo de las que ya existían en Estados Unidos con múltiples denuncias por las consecuencias sobre las familias indígenas.

Acá llegaron a coexistir cuatro reducciones. Funcionaron entre 1911 y 1956. Hubo años en los que estuvieron concentrados más de siete mil indígenas de las etnias Qom, Moqoit, Vilela, Wichí y Pilagá.

Los presidentes de la Nación del momento se pronunciaban sobre las reducciones como un sistema ejemplar y exitoso para la “incorporación del indígena a la civilización”. Pero las condiciones eran otras. “Siempre palo, palo y palo. Nosotros sufrimos mucho. No teníamos ropa”, se acordaba Juan Ballesteros en Bartolomé de las Casas, lugar donde funcionó una de esas reducciones en Formosa.

El “proceso de civilización del indígena” implicó el trabajo a destajo, con paga en mercadería del almacén del lugar, manejada por el propio Estado nacional, y con deudas que se acumulaban con el administrador de la reducción. La deuda como forma de disciplinamiento.

Un sistema de explotación basado fundamentalmente en el desmonte de cientos de miles de toneladas de árboles nativos para proveer a la industria maderera y al propio Estado para la construcción de vías férreas. Vías que se construían abriendo picadas en monte cerrado. ¿Quiénes lo hacían? Los propios indígenas bajo control del Ejército.

Las mujeres, los niños y las niñas eran sometidxs al trabajo de la cosecha y violentadxs por quienes trabajaban para la administración. Las enfermedades no tenían modo de ser curadas en las salas de primeros auxilios desabastecidas.

El control era ejercido con extrema violencia. “Los indígenas eran estaqueados toda la noche como castigo”, recuerda Bernardino Paz en Colonia Aborigen, lo que antes era Napalpí.

Resistencia y represión

Pero en un momento, en la Reducción de Napalpí, se llevó a cabo una acción de resistencia. Los caciques Dionisio Gómez y José Machado entre los Qom, y Pedro Maidana y la cacica Mercedes Dominga entre los Moqoit, son los nombres que lxs sobrevivientes mencionan como los referentes de la protesta.

Se reunieron centenares de personas en la zona del Aguará, dentro de la reducción, para reclamar por una quita que le impusieron al precio de la cosecha del algodón, por las condiciones de salud y alimentación, por la explotación laboral y por un decreto que prohibía que puedan ir a trabajar donde quisieran, entre otras.

Mientras los líderes indígenas negociaban con las autoridades estatales las fuerzas policiales se iban organizando.

Entre el gobernador Fernando Centeno, el jefe de Policía Diego Ulibarrie, el comisario Roberto Sáenz Loza, el sargento Alejandro Verón y Mario Arigó, administrador de la reducción, se definió la represión. El ministro del Interior de la Nación era Vicente Gallo y el Presidente, Marcelo T. de Alvear.

El 19 de julio de 1924 el Regimiento de Gendarmería de Línea y la Policía Montada avanzaron sobre las y los indígenas reunidos.

La represión incluyó la utilización del avión Chaco II que despegó del Aero Club Chaco al mando del sargento Emilio Esquivel y del piloto estadounidense Juan Browis. El historiador y piloto Alejandro Covello afirma que fue justamente esa la primera vez en la historia argentina que se utilizó un avión para reprimir desde el aire a población civil.

La foto del avión -que se encuentra en el Instituto Iberoamericano de Berlín- tiene al dorso una referencia escrita por Lehmann Nitsche, antropólogo alemán que estaba por esos días en Chaco: “avión contra levantamiento indígena”. Él nunca mencionará la masacre en sus futuros textos. El silencio de la ciencia.

La matanza continuó los días siguientes con la policía persiguiendo a la gente por el monte. Los relatos de las personas sobrevivientes son el espanto y la crueldad. Asesinatos de niño/as y anciano/as, violaciones, mutilaciones y cuerpos quemados en fosas comunes. Quienes pudieron sobrevivir y luego contar la masacre lo hicieron escondidos en el monte durante varios días.

Durante mucho tiempo, la Masacre de Napalpí fue encerrada al olvido. Un parte policial de ese mismo año clausuró la investigación. De nada sirvió el debate abierto en la cámara de diputados y el pedido de una comisión investigadora.

Recién en 2004 se inició una demanda civil por Genocidio contra el Estado Nacional que aún no tiene resolución final. Y en 2014 se inició un proceso de investigación por parte de la Fiscalía Federal de Resistencia que es llevado adelante por el fiscal Diego Vigay y por el que solicita la realización de un Juicio por la Verdad considerando las normas de imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.

La violencia por otros medios

Cuando la masacre terminó, la Reducción Estatal para Indígenas de Napalpí siguió funcionando. Incluso doce años después fueron creadas otras dos reducciones y puestas bajo el control de la Gendarmería de Línea. Quizás a modo de reconocimiento por los servicios prestados ese 19 de julio de 1924.

A pesar del asesinato de cientos de personas dentro de una institución estatal realizada por sus propias fuerzas de seguridad, las reducciones para indígenas continuaron funcionando durante 32 años más. Hasta 1956.

En Napalpí el control se profundizó. Se continuó con la utilización de brazaletes para diferenciar a quienes se consideraba “pacíficos” de los que no.

La administración de la reducción elaboró documentos oficiales con listados que incluían el nombre y apellido de quienes se sugería expulsar y se lxs categorizaba en columnas de “concepto y observaciones”. Allí se definía a las personas como “inadaptable”, “vago”, “propagandista insidioso contra la administración”, “inepto”, entre otras.

Y una definición muy explícita era: “formó parte de la sublevación”. Esta forma de marcación negativa de las personas indígenas sometidas en la reducción traía peligrosas consecuencias.

Quienes eran expulsados de la reducción, lo eran a un territorio chaqueño en el que todavía operaban las fuerzas militares y en el que para transitar, al ser indígena, se requería un salvoconducto, “un papel firmado” por alguna autoridad estatal o ingenio privado. No tenerlo implicaba que ese sujeto había fracasado en el intento estatal civilizatorio.

Noticias de ayer, discursos de hoy

Las construcciones discursivas sobre el indígena también son centrales para comprender la Masacre de Napalpí y los discursos que circulan aún hoy con componentes racistas.

Los medios de comunicación fueron centrales en la preparación de la masacre, produciendo discursos de malón y de peligro para la población blanca de los alrededores. Y luego, también lo fueron invisibilizándola.

Antes de la masacre aparecían en los medios los pedidos de “acción” (léase represión) sobre los indígenas de Napalpí. Pero después de la matanza, la noticia desapareció por completo. Salvo en una edición especial, exclusivamente sobre la masacre, que realizó el diario El Heraldo del Norte un año después, en 1925. Edición que, como explica la investigadora Mariana Giordano para entender los silencios sobre Napalpí, debió hacerse desde Corrientes ya que había sido censurada por el gobierno territoriano del Chaco.

Los medios de comunicación operaron a favor de los sectores económicos más importantes de la provincia relacionando el peligro de la “revuelta indígena” con “los productores”.

El diario La Nación, por ejemplo, el día mismo de la masacre publicó una nota mencionando telegramas de preocupación de la Cámara de Comercio del Chaco y de la Sociedad Rural al presidente de la Nación, Marcelo T. de Alvear.

El propio Ministerio del Interior de la Nación mencionó en sus memorias en relación a la masacre que “dicha reducción sufrió grave retroceso (…) indígenas traídos de distintos puntos del territorio por agitadores de profesión cometieron desmanes de todo género”. El indígena aparece como el culpable. Como el sujeto que se relaciona con “agitadores” y pone en riesgos el desarrollo económico.

Más acá en el tiempo, se hizo la misma inversión con el Pueblo Mapuche, asociándolo a supuestos grupos terroristas, planteándolos como usurpadores de la propiedad privada. Definición de enemigo interno que terminó en el asesinato de Rafael Nahuel en 2017 y la represión en el Lof en Resistencia Cushamen que finalizó con la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado. Otra vez, como en La Nación de 1924, se mezclaron las tierras, el capital privado y el accionar represivo. La represión se asoció a una “necesidad de pacificación”, de restablecimiento de una “normalidad” que fue rota por ciertos grupos que estarían por fuera de ella.

En el caso de los pueblos indígenas, esos discursos han circulado desde la propia conformación del Estado-nación y han servido como legitimadores de la violencia. De la idea de “malón” a la de “terroristas”. Y, como en Napalpí, se ocultan tras la búsqueda de “paz y seguridad”.

Estos últimos meses estuvimos escuchando -en el marco de la pandemia de COVID-19- discursos sobre “indios infectados” en el Barrio Toba de Resistencia, que los marcaban como los culpables de poner en riesgo al resto de la población. Con ese mismo grito en la boca, la policía chaqueña entró violentamente a una casa en Fontana, cuyas imágenes circularon por todos lados, para golpear y abusar de una familia.

A principios de año, cuando fallecieron por desnutrición muchxs niñxs wichí en Salta, la respuesta de los funcionarios de salud de la provincia fue culpar a las propias familias por sus “costumbres”.

Discursos de ayer que se continúan reproduciendo hoy y que estigmatizan, marcan y matan. Ese “indios infectados” que apareció en la represión de Fontana en junio de 2020 se retroalimenta en ese “indios revoltosos” del 19 de julio de 1924.

La historia no termina

Como siempre dice el historiador qom Juan Chico, haberle cambiado el nombre de Napalpí al lugar donde ocurrió la masacre y colocarle el casi genérico de “Colonia Aborigen” es un intento de borrar la historia de lo que allí pasó.

La masacre de Napalpí intentó producir el disciplinamiento a través del terror. No sólo dirigido a la gente que allí vivía, sino como mensaje al resto de las comunidades indígenas de la zona. Para mostrar que una protesta se reprime. Siempre.

Pero no hay modo de borrar la memoria. Y la gente siguió recordando y contando. Cada vez que algún pedazo de tierra es arado aparecen signos de la represión: se encuentran fusiles, restos óseos, como recuerda Ramón Verdán.

Todavía hoy quienes aseguran que se sienten ruidos, de cadenas, de golpes. La memoria duele.

Durante muchos años, como cuenta Mario Paz -comunicador de la Colonia Aborigen- los ancianos no enseñaban la lengua como una forma de protección a las nuevas generaciones. Había sido muy fuerte el castigo. Muy violento. Se había aprehendido que ser indígena podía ser peligroso. Ir a los pueblos de al lado a vender mercadería o conseguir trabajo implicaba tratar de ocultar la identidad.

Recién 50 años después de la masacre comenzaron a aparecer los textos con los relatos. Muchos, por suerte. Con muchos abordajes. Con testimonios y documentos. Ya no se puede ocultar la Masacre de Napalpí.

Incluso, se fueron encontrando a través de un profundo trabajo de la Fundación Napalpí, a ancianas y ancianos sobrevivientes. Melitona Enrique, Pedro Valquinta y Rosa Grilo (que aún vive en la Colonia) pudieron contar lo que vieron de niños al ocultarse en el monte. Y sus testimonios pudieron incorporarse al proceso para llevar adelante el Juicio por la Verdad. Un proceso fundamental para sentar precedentes. Igual al que está llevando adelante la Federación Pilagá por la Masacre de Rincón Bomba, en octubre de 1947.

En uno de esos testimonios, Pedro Valquinta, moqoit, cuenta que también sobrevivió a la masacre de El Zapallar, Chaco, en 1933. Sobreviviente a dos masacres estatales en apenas nueve años.

El proceso de memoria sobre la Masacre de Napalpí lleva muchos años y el manto de terror y silencio que se intentó imponer fue horadando de muchas maneras.

En Colonia Aborigen la cacica Mercedes Dominga tiene su monumento en la zona moqoit de la Colonia Aborigen. Y un mural pintado colectivamente en la plaza central muestra el momento en que el avión sobrevoló y disparó sobre la gente. Es la memoria de generaciones.

Desde el Estado provincial, en 2008, se realizó un pedido de perdón por la Masacre de Napalpí y el tema se incluyó en la agenda pública y educativa. Ahora, se está inaugurando un memorial en la zona para recordar a los ex combatientes qom muertos en la Guerra de Malvinas y donde serán ubicadas las urnas con los restos óseos de nueve caciques que el Museo de Ciencias Naturales de La Plata restituyó en 2018. Sus esqueletos fueron exhibidos en sus vitrinas del Museo durante más de cien años, en otra violenta y cruel práctica del Estado y sus instituciones sobre los pueblos originarios de nuestro país.

Aún es un desafío que la Masacre de Napalpí trascienda lo provincial y pueda ser estudiada en escuelas de todo el país. Que el 19 de julio sea una fecha que no sólo tenga significancia en Chaco. Que exceda a investigadores, comunidades, docentes, periodistas y militantes de causas indígenas.

Pero son procesos que todavía, lamentablemente, encuentran fuertes resistencias. ¿Por qué no hay actos nacionales por esta masacre? ¿Por qué no está en las efemérides de todas las escuelas? ¿Por qué los medios masivos de alcance nacional no la recuerdan? ¿Cuánto de esto se explica en que fue una masacre sobre pueblos indígenas?

Las lógicas negacionistas sobre el genocidio indígena en Argentina siguen siendo muy fuertes. Las prácticas y discursos racistas siguen apareciendo y las represiones en los territorios continúan a la orden del día. Para romper esas resistencias es indispensable el ejercicio de la memoria y disputar los sentidos establecidos. Ahí radica la importancia de volver a Napalpí, de volver 96 años atrás. Para encontrar cómo opera la lógica de estigmatización sobre las comunidades indígenas que luego habilita la violencia estatal y cómo eso se sigue repitiendo una y otra vez en el presente.

(*) Sociólogo e investigador de la UBA, integrante de la Red de Investigadorxs en Genocidio y Política Indígena en Argentina. Escribió sobre Napalpí y Reducciones Estatales en los libros colectivos En el país de nomeacuerdo (Universidad Nacional de Río Negro) y en Historia de la Crueldad Argentina (Ediciones El Tugurio).

Fuente: Canal Abierto 

Se reunieron las comisiones de Género y Diversidad y Salud y Medio Ambiente

Ambas comisiones del Concejo Deliberante de Azul, mantuvieron encuentros para abordar diferentes expedientes que deben ser analizados por los ediles que forman parte de estas dos áreas de trabajo legislativo.

Reunión de la Comisión de Género y Diversidad

Se llevó a cabo, en el recinto del Concejo Deliberante, una reunión de trabajo de la Comisión de Género y Diversidad del poder legislativo.

De la misma participaron los ediles Paula Canevello, Graciela Bilello, Juan Ignacio Rampoldi, María Isabel Romay y Cecilia Martínez.

Durante el encuentro, se analizaron los diferentes expedientes que ameritan el tratamiento de dicha Comisión. Además, se trabajó sobre la capacitación que se está realizando en el marco de la Ley Micaela haciendo un análisis de la Ordenanza vigente y evaluando la posibilidad de generar actividades y talleres al respecto.

Por otro parte, se dialogó sobre el proyecto de Ordenanza, al que se le dio tratamiento en la 9° sesión ordinaria, vinculado con crear el Programa de Provisión gratuita de elementos para la gestión menstrual.

Sí bien el proyecto de Ordenanza fue girado a otras comisiones como son Salud, Interpretación y Presupuesto, los Concejales analizaron el alcance del mismo y la modalidad de implementación cuando se logre su promulgación.

Reunión de la Comisión de Salud y Medio Ambiente

Se concretó una nueva reunión de la Comisión de Salud y Medio ambiente con el objetivo de trabajar sobre los expedientes que se han girado para su tratamiento a dicha Comisión.

Durante la reunión se hicieron presentes los Concejales María Cecilia Martínez, Ramiro Ortíz, Joaquín Propato, Marcos Turón y Verónica Crisafulli.

En la oportunidad, los Concejales trabajaron sobre los convenios de licitación elevados por el Departamento Ejecutivo en oportunidad; colocación de cestos de residuos en diversos puntos de la ciudad y el análisis de informes entregados por Cooperativa Eléctrica.

Humor social ante la pandemia

Un estudio realizado por las consultoras COMUNA y Argumentaria, revelan el humor social ante la prolongación de las medidas de prevención que incluyen el aislamiento. “Habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de clase media y clase media baja entrevistados semanalmente entre abril y mayo expresaron temor por la conducta de las personas al abrirse parcialmente la circulación y reanudarse actividades. Reclamaron con énfasis
responsabilidad y propusieron que se difunda información que contribuya a ordenar los comportamientos” se señala en una parte del informe.

La necesidad de cuidado y de un desempeño responsable para evitar los contagios del coronavirus aparecieron como preocupación y reclamo ciudadano ya en abril, cuando comenzaron a aplicarse las primeras aperturas parciales del aislamiento. La toma de posición no estuvo exenta
de críticas hacia los demás, según una investigación de la consultora Argumentaria y Comunicadores de la Argentina (COMUNA).

Aparecen representaciones que generan juicios y acciones sobre qué es correcto o “normal”, el deber ser, y lo que es inapropiado y tendría que ser castigado. La atención se centra en lo colectivo y no en lo personal.

Se expresa un juicio de valor respecto de la modalidad en que los demás
cumplen o no con las medidas para no contagiar.

Si bien el Estado surge como el garante y responsable de organizar, administrar y conducir el cuidado de toda la población, la ciudadanía adopta también posturas pedagógicas y propone acciones disciplinarias hacia el “otro”. Emerge así una pedagogía de disciplinamiento, actos y prácticas que enseñan, habitúan a las personas. Es decir, frente a esta nueva cotidianidad deben incorporarse nuevas formas de comportamiento social, que deben aprenderse y requieren acciones educativas que buscan, de alguna manera, una nueva disciplina y normalidad.

Estos elementos se proyectan hacia julio, cuando en un período de crecimiento continuo del número de enfermos por el COVID-19 las autoridades resolvieron impulsar una reanudación paulatina de actividades cuyo sostén principal es la responsabilidad con la que cada ciudadano y ciudadana afronte las nuevas condiciones.

Una parte de las y los entrevistados en rondas semanales de intercambio no dudaron en afirmar que piensan en recurrir a las fuerzas policiales cuando observan, incluso en su vecindad más próxima, que hay personas o grupos que no asumen un desempeño socialmente responsable frente
al coronavirus.

Se profundiza el pedido de control gubernamental, aún en personas que no comulgan con esas prácticas.

A la hora de hacer valer la responsabilidad surge la acción punitivista, para disciplinar: “multas”, “sanción”, “trabajo comunitario”, son propuestas correctivas ante la falta de cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio.

Este clima de vigilancia se nota también en los pronunciamientos de usuarios de Facebook y Twitter en torno de noticias sobre la pandemia publicadas por medios de comunicación.

Allí abundan expresiones críticas, reclamos de castigos incluso crueles -como negar la atención sanitaria en caso de contagio-, también multas y cárcel para quienes violaran el aislamiento y realizaran reuniones, fiestas u otras actividades no permitidas.

En este registro de medios, en lo que refiere a la demanda de disciplina, hallamos expresiones que desestiman una posibilidad de aprendizaje y educación compartida.

No aparecen fórmulas d superación de conflicto o mecanismos para que las y los responsables de la “falta” tengan una alternativa de reparación. En suma, no hay ánimo conciliatorio.

Al igual que en el primer informe sobre esta investigación de Argumentaria y Comuna, se nota una distancia profunda entre las posiciones y propuestas de las personas entrevistadas y las que se expresan en esos ambientes digitales, en los que la intolerancia, la descalificación y la estigmatización de “los otros” está asiduamente en primer plano por motivos políticos, de clase social, de color de piel o de desempeño ante la pandemia.

Los ejes que prevalecen en las entrevistas, observados a través de las palabras más mencionadas, tienen una evolución muy significativa en el caso de la idea del respeto a las y los demás y la conciencia ante la emergencia: son definiciones que se vuelven mucho más frecuentes a medida
que transcurren las semanas, aun cuando las cifras de las víctimas de la enfermedad eran muy inferiores a las de julio.

En el universo de 2.749 mensajes registrados entre abril y mayo al pie de noticias sobre la pandemia, se nota la presencia de temas que también surgen de las entrevistas, pero siempre en un tono más terminante, cuando no agresivo.

En esos mismos ambientes, además, la crítica y la estigmatización va en todas las direcciones, si bien impera un discurso opositor, antiperonista, y constituye, por lo tanto, un microclima muy específico.

Las expresiones condenatorias no se dirigen únicamente hacia los sectores pobres, habitantes de barrios populares y beneficiarios de subsidios gubernamentales.

También hay, aunque en menor proporción, condenas severas y pedidos de castigo a los “chetos”, por caso los y las habitantes de un barrio acomodado que discriminan a una médica.

Una comunicación que ayude

Las personas entrevistadas señalaron dificultades en la comunicación oficial de las medidas ante la pandemia y las sucesivas etapas de aislamiento. La información brindada a la ciudadanía apareció como preocupación y fue planteada la necesidad de mejorar la comunicación gubernamental sobre las políticas públicas preventivas, así como también la información sobre el
avance del COVID-19.

Hubo demanda de mensajes más claros porque quedan muchas dudas luego de los anuncios oficiales.

Requerimientos para profundizar campañas en redes, radio y tv de concientización respecto al distanciamiento social y a la higiene personal.

El pedido de más y mejor información es simultáneo a la saturación por el flujo de noticias, datos, versiones, con malestar dirigido a los medios de comunicación de mayor alcance e influencia.

El ánimo crítico se dirige a los medios de comunicación, tanto que una de cada dos noticias publicadas recibe de usuarios y usuarias objeciones severas, cuando no acusaciones y expresiones
de desprecio.

IOMA: “La gestión de Vidal dejó 28 muertes documentadas”

Las víctimas y familiares de violencia institucional del Ioma publicaron una carta abierta en el cual denuncian tambíen hechos de corrupción de la AMP (Agremiación Médica Platense).

Por víctimas y familiares de violencia institucional del IOMA*

Ante los hechos de público conocimiento sobre el conflicto entre el IOMA (Instituto de Obra Médico Asistencial) y la AMP (Agremiación Médica Platense), nuestra organización se posiciona a favor de visibilizar los hechos de corrupción generados por esta agremiación, las pruebas determinan un desfalco no a la obra social en sí, sino a los afiliados. Por ende ese dinero que debe ser recuperado, es de los afiliados para sus remedios y tratamientos.

 Consideramos:

Que los 400 millones de pesos entregados a las clínicas privadas en forma de préstamo, el desfalco y el faltante declarado por el Ministro de Salud Gollan, durante la gestión Di Liscia- Vidal y la estafa generada por la AMP, determinan que los recursos económicos del IOMA son vastos para cubrir los tratamientos y las necesidades que los afiliados requieren por derecho humano de salud.

Durante las declaraciones del presidente del IOMA, Homero Giles, ante las Comisiones de Previsión y Seguridad Social, hace mención de un fallecido (no da su nombre) y responzabiliza a la AMP de la misma, nuestra organización Víctimas y Familiares de Violencia Institucional del IOMA, surge a partir de las muertes generadas en la gestión Vidal- Di Liscia – Naya y se originan por la misma razón, estafas, vaciamiento y desfalco, por eso decimos que no es una muerte, sino que son 28 muertes documentadas y cientos en investigación.

La carencia estructural se intenta recomponer pero las falencias en tiempo y forma todavía persisten y afectan con gravedad a los afiliados en su justo reclamo del derecho a la salud. 

Por todo lo expuesto reclamamos:

– Visibilidad y memoria de las víctimas del IOMA durante la gestión Vidal y durante ésta gestión.

– Efectividad en todas las prestaciones que requieran los afiliados (tratamientos, entrega de medicamentos en tiempo y forma) porque los recursos existen.

– La salud es un derecho humano, nadie es juez ni dueño de la vida del otro.

– Por eso como organización que defiende la vida y la salud de los afiliados, exigimos que ante el superávit generado por los puntos enunciados, no se dilaten más los tiempos en las prestaciones.

  – La salud es un derecho humano.

* Mirna Romagnoli, Luis Ciuffarella, Gabriela Fantin y Sergio Lucero

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

A partir del 10 de agosto se pagará la IFE

La ANSES informa que, a partir del 10 de agosto, se realizará el pago del tercer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de 10.000 pesos. El mismo se abonará en conjunto con el cronograma de pago de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

El IFE está destinado a cuidar en materia económica y social a las familias de los sectores más vulnerables que se ven afectadas por la emergencia sanitaria creada por el Coronavirus (COVID19). El bono volverá a llegar a casi 9 millones de personas.

A %d blogueros les gusta esto: