Espionaje ilegal en la gestión de Vidal

Espionaje ilegal en la gestión de Vidal

La AFI bajo el mando de Gustavo Arribas no fue el único ámbito donde se generó el espionaje ilegal impulsado por la gestión macrista. También la provincia de Buenos Aires gobernada por María Eugenia Vidal fue una de las usinas de la persecución a dirigentes de la oposición. 

Por Fernando Latrille

Así como a nivel nacional la ex secretaria de Documentación Presidencial Susana Martinengo y el Secretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto, eran alfiles del espionaje ilegal, en la provincia de Buenos Aires, lo era el titular de Asuntos Internos Guillermo Berra y su esposa, María Rosario Sardiña.

El 15 de mayo de 2018, la entonces diputada Elisa Carrió entrevistaba en el Instituto Hannah Arendt a la gobernadora María Eugenia Vidal. Ambas heroínas republicanas elogiaban a Berra (escuchar audio). “Con Guillermo éramos vecinos en Morón”, sostuvo Vidal. “Él trabajaba en la Auditoría de la ciudad con Paula Oliveto”, recordó y contó como estableció la relación. “Cuando me tocó ser gobernadora necesitábamos que el área de Asuntos Internos- que es la que controla la policía de la provincia-, dejara de estar en connivencia con la policía y fuera independiente”, señaló. “Así fue como lo convoqué a Guillermo en una tarea que era bien difícil”. La tarea difícil que hoy sale a la luz fue la de espionaje ilegal. En otro tramo de loas a Berra dijo que “había que resguardar su seguridad”, porque “se metió en allanamientos, en las comisarías, en municipios acusados de corrupción”, expresó con pasmosa naturalidad, elogiando la ilegalidad de sus actos.

Las heroínas republicanas sobre Guillermo Berra

Nunca bajó los brazos y sigue investigando como el primer día. Él es uno de los del equipo que hizo que cambiaran las reglas de juego”, aseguró Vidal sobre Berra. Las reglas de juego que fueron cambiadas fueron la de la democracia al montarse toda una estructura de espionaje ilegal desde la Auditoría General de Asuntos Internos de la policía bonaerense cuyo titular era Berra. Desde ese organismo administrativo encargado de analizar la conducta del personal policial se realizaron tareas de espionaje. Si durante la dictadura existió el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA) que se encargaba del seguimiento y persecución de ciudadanos durante el gobierno de Vidal se reinauguró esa modalidad delictiva.

Creo que ella (por Vidal) tenía tan naturalizado que confiesa conocer que el Auditor investigaba municipios bajo su frase: ‘investigaba municipios acusados de corrupción’, le faltó decir K. Un auditor no tiene facultades para investigar un municipio. Ella lo está reconociendo en esa exposición. Tampoco tiene facultades para ir a un allanamiento porque sus facultades son administrativas. Sus investigaciones son administrativas, no tiene carácter jurisdiccional”, señala sobre la descripción del trabajo que realizaba Berra- según la propia confesión de Vidal-, la diputada bonaerense Susana González en diálogo con AGENCIA PACO URONDO. “Ella lo dice tan livianamente como si fuera normal que un auditor de asuntos internos investigue municipios, investigue intendentes acusados de corrupción. Ahí hay una ‘confesión de parte, relevo de pruebas’, decimos en derecho, muy importante”, indica.

En la causa en la que se investiga el espionaje ilegal que tiene a Berra como imputado y a su esposa Sardiña, que estuvo a cargo de Auditoria Patrimonial donde hacía tareas investigativas de seguimiento con un oficial de policía que tenía a cargo. Berra y Sardiña se ocupaban de obtener información y almacenar datos sobre personas que nada tenían que ver con el contralor administrativo de la fuerza de seguridad provincial. Es una causa que debería avanzar si en verdad se pretende salir de los sótanos de la democracia. “Berra y Sardiña son alfiles de esta situación. Como en el orden nacional Susana Martinengo o Nieto son simples instrumentos de un autor intelectual que en el orden nacional es Macri, es Arribas, es Peña y que en el orden provincial es Vidal y Ritondo”, expresa Susana González que preside la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense.

La conexión Vidal-Berra

Guillermo Berra (izquierda)

Alex Campbell, actual diputado bonaerense y vicepresidente del bloque Juntos por el Cambio, fue subsecretario de Asuntos Municipales del gobierno de Vidal entre 2015 y 2019, y quien recibió informes de agentes de Inteligencia en el marco del espionaje ilegal, entre ellos del obispo Jorge Lugones y del ex intendente de La Plata, Pablo Bruera. Como se sabe, en el celular de uno de los ex agentes de la AFI, se encontró un intercambio de mensajes con Campbell. María Rosario Sardiña, casada con Guillermo Berra y que cumplía funciones bajo la órbita del Ministerio de Seguridad, solicitó un pedido de comisión de servicios a la Cámara de Diputados en mayo de este año. Al asumir Kicillof ella solicitó licencia por psiquiatría, luego una licencia por Covid-19 y el 6 de mayo el diputado Campbell pidió el pase a comisión de Sardiña a su público despacho. Ese pase a comisión fue denegado y Sardiña renunció.

Berra reportaba directamente a Vidal pasándolo de largo a Ritondo, que se disgustaba con esa actitud, según señala un ex funcionario de Vidal que era espiado. A diferencia de la causa del espionaje en Nación, donde existía un órgano de inteligencia-que violaba permanentemente el artículo cuarto de la Ley 25.520-, en la provincia de Buenos Aires no existe organismo de inteligencia y la Auditoría de Asuntos Internos es un organismo administrativo para investigar faltas de efectivos policiales. “Las provincias no tienen potestad para generar agencias de inteligencia. Las provincias solamente tienen direcciones de inteligencia dentro de lo que es la policía provincial. En nuestro caso, la policía bonaerense tiene una dirección de investigaciones que es la denominada DDI, que es la que investiga delitos en el marco de un proceso ordenado por un juez y un fiscal”, explica Susana González para que se entienda la magnitud de la ilegalidad del espionaje montado desde Asuntos Internos durante el gobierno de Vidal.

La gravedad del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires radica en que la Auditoría General de Asuntos Internos es un organismo administrativo que depende del Ministerio de Seguridad, cuya función es investigar faltas o constatar delitos de efectivos policiales en ejercicio de función”, explica la diputada bonaerense señalando que la función administrativa de ese organismo es la de constatar faltas de los uniformados y sancionar a aquellos efectivos que incurrieron en delitos hasta con exoneración, si es que se constata el delito haciendo la denuncia en el fuero penal que quien tiene a cargo su comprobación y su posterior condena. “Pero el organismo administrativo Asuntos Internos no tiene facultad para hacer investigación de ninguna otra persona que no sea un efectivo policial y éste es el punto más grave del espionaje ilegal en la provincia de Buenos Aires. Un organismo administrativo investigaba diputados, senadores, miembros de la Corte, al ex Gobernador, empresarios, etc. La cadena de ilícitos en esta investigación es completamente grave”, expresa González.

La diputada bonaerense González sostiene que el espionaje montado desde la estructura de Asuntos Internos en la provincia de Buenos Aires tenía una pata judicial y también mediática. “Una estrategia del poder judicial a través de ciertos actores, como el Procurador de la Corte de la provincia-Julio Conte Grand-, que junto al Ministerio de Seguridad y a través de seguimientos ilegales que se hacían desde la Auditoría de Asuntos Internos con efectivos policiales- constatado en la causa que lleva adelante la fiscal Corfield- ,y la existencia de una pata mediática, dado que Berra tenía dentro de su gabinete a una funcionaria, la señora Agustina María Aguinaga, esposa del señor Javier Mozo, productor del programa de Luis Majul”. Susana Gonzáles expresa que fue así como se produjeron un montón de programas dedicados a lo que los operadores catalogaban como mafia policial y judicial.

Informes que luego aparecían en programas de operadores mediáticos de Cambiemos y que provenían de la Auditoría de Asuntos Internos, que hizo un trabajo de investigación ilegal para carpetear funcionarios, empresarios, jueces y para extorsionar en base a la información que obtenían mediante datos obtenidos por Nosis, la empresa que brinda información financiera, tributaria y comercial de cada una de las personas y que el gobierno de Vidal utilizó los recursos de los bonaerenses para pagar 48.600 informes de personal que no era policial. “En la causa hay constataciones de que había oficios liberados a la Dirección de Migraciones. Oficios administrativos firmados por Berra, no por un juez, donde preguntaban y querían constatar entrada y salida de determinadas personas del país, situación que es completamente ilegal”, dice González.

Para Susana González, que Vidal haya sido espiada responde a la interna que había en Cambiemos y a la decisión de la gobernadora que aparecía como posible plan B de Cambiemos ante la caída estrepitosa de Macri en las encuestas. Ese espionaje hacia los propios formaba parte de esa interna que tuvo también operaciones por la posible decisión a que Vidal adelantara las elecciones para no hacerla en forma conjunta con Nación. A partir de ahí, fue que surgió la operación contra el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense Manuel Mosca, quien pidió licencia y fue denunciado solamente a nivel administrativo en la oficina de violencia doméstica en la Corte Suprema por presunta violencia de género que nunca fue plasmada en una acción penal. Hasta ellos mismos reconocían por aquel entonces que se trataba de fuego amigo liderado por Laura Alonso con otros actores de su propio bloque. “Terminó su mandato y por supuesto que está muerto políticamente a través de una causa que nunca se inició. No hay acción penal respecto de su supuesta violencia de género y acoso sexual efectuada por Manuel Mosca”, señala la diputada González.

En 2018 (entre el sábado 11 de agosto y el domingo 12), barretearon la puerta del despacho que la diputada González tiene en la legislatura. No sé sabe con qué fines, dado que la investigación- luego de formulada la denuncia-, se encuentra en la unidad fiscal de instrucción a cargo de Alvaro Garganta, sin movimiento. Nunca se pudo determinar, durante esas 24 horas en la que irrumpieron en su despacho, el motivo del corte de suministro eléctrico y el fallo generalizado de las cámaras de monitoreo, que debieron funcionar igual a pesar del corte de energía, por cuanto tienen una UPS, sus siglas en ingles significa sistema de corriente ininterrumpido. Lo curioso del caso es que el corte solamente se produjo en el primer piso donde se encuentra el despacho de Susana González. “Creo que el ataque no fue hacia mi persona sino fue hacia mi conductor político, el intendente de Ensenada Mario Seco”, expresa la legisladora quien se presentó como presunta víctima ante la causa de espionaje que investiga la fiscal Cecilia Corfield.

Fuente: https://www.agenciapacourondo.com.ar/

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