Bolivia elige

El presidente del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, Salvador Romero anuncio finalmente que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que fijara un nuevo plazo para realizar las elecciones generales hasta el 6 de septiembre. El candidato presidencial por el M.A.S. Luis Arce Catacora  informó que su fuerza política viabilizó un acuerdo con las demás fuerzas políticas para concertar que la fecha de elecciones sea el próximo 6 de septiembre.

Por Verónica Zapata * para Del Pueblo Noticias

El T.S.E.  Informo que en las próximas semanas se definirán los protocolos para que en las actividades preparatorias y la misma jornada electoral se cumpla con las debidas medidas de protección, tanto de distanciamiento social como de equipamiento, a partir de recomendaciones de autoridades nacionales y expertos internacionales.

Por otra parte, el secretario general de la O.N.U. realizo un pedido a los partidos y autoridades para que cooperen con el T.S.E. en la celebración de elecciones pacíficas, trasparentes e inclusivas: “A solicitud del T.S.E. y con el apoyo de la Unión Europea, Suecia, Canadá y el Reino Unido, las Naciones Unidas seguirán brindando asistencia técnica al Órgano Electoral Plurinacional, incluso sobre las medidas de mitigación que permitan que las elecciones se lleven a cabo en las mejores condiciones sanitarias posibles”, sostuvo.

La lucha del pueblo boliviano para exigir elecciones generales

El 3 de mayo pasado se postergaron las elecciones generales en el país por la emergencia sanitaria. De esta manera, por segunda vez se venció el plazo del mandato del llamado “gobierno de transición” de Áñez.

El primer vencimiento fue el 22 de enero cuando la presidenta de facto, se auto prorrogó el mandato junto a la asamblea legislativa hasta el 3 de mayo, en un accionar de avasallamiento al derecho jurídico. La intención de los golpistas es de volver a auto prorrogarse el mandato, pero esta vez, de manera indefinida utilizando la pandemia como estrategia para mantenerse de manera indefinida en el poder, lo que fue rechazado por las organizaciones sociales.

 El pueblo boliviano exige la realización de las elecciones generales para elegir un gobierno legítimo y con liderazgo para convocar a cada sector de la sociedad con el fin de enfrentar en conjunto la situación dramática de crisis sanitaria y económica que atraviesa el país.

Hasta el momento el gobierno de facto no ha podido garantizar los elementos básicos para enfrentar el Covid-19, reactivos y respiradores mecánicos, desatando el colapso sanitario en Beni y Santa Cruz. El país se ha endeudado vía F.M.I. y B.M., pero no se conoce el destino de los fondos, pues no se observan en inversión en sistema sanitario.

El 29 de abril se realizó el primer cacerolazo y petardazo masivo a nivel nacional en plena cuarentena para exigir al T.S.E. que fije fecha de elecciones. Tras la presión del pueblo, el 30 de abril se sancionó la Ley 1.297 de Postergación de las Elecciones Generales que dio un plazo de 90 días para que el tribunal electoral fijara la fecha de las elecciones generales hasta el 3 de agosto.

Áñez rechazo la medida y presentó un amparo de inconstitucionalidad al Tribunal constitucional, y diferentes golpistas siguieron la misma línea y fueron rechazados.

Para lograr que se vuelva a retornar el tema electoral y reencauzar al país en la vía democrática, el pueblo boliviano sostuvo una fuerte lucha con medidas de presión en plena cuarentena.

Se realizaron cuatro cacerolazos y petardazos con acatamiento absoluto, marchas de protestas y numerosos bloqueos en diferentes regiones del país. El primer cacerolazo fue el miércoles 29 de abril, y los domingos  10, 24 y 31 de mayo a las 19 horas.

Durante el primer y exitoso cacerolazo, en UNITEL el principal medio de comunicación funcional al golpe de estado, distorsionaban la realidad y afirmaban que el contundente reclamo tenía el objetivo de exigir la anulación de la personería jurídica del M.A.S.

Uno de los bloqueos más importantes se llevó a cabo en kara kara, ciudad situada al sur de Cochabamba donde se desató una fuerte represión con gases lacrimógenos y balines.

También, en El Alto se reprimió y los militares manosearon a una mujer mientras era detenida.

Ante el éxito de los cacerolazos que se vivieron como una “noche de festejo de año nuevo” en Bolivia, el gobierno de facto decidió desplegar a los militares en las principales ciudades para amedrentar y hacer gala de su fuerza.

Diversos reclamos se fueron sumado a las protestas, entre ellos, la flexibilización de la cuarentena para poder iniciar las actividades económicas para sobrevivir en medio de la pandemia del Covid.19, el rechazo a los numerosos casos de corrupción del gobierno de facto, el cese de la persecución política y encarcelamientos, la derogación del decreto que permite el uso de semillas transgénicas, etc., fueron  caldeando densamente el clima político y social en el país las últimas semanas.

Ante la lucha del pueblo boliviano, el grupo paramilitar “Resistencia Juvenil Cochala”, se reorganizó y llamó a atacar a los movimientos sociales si estos continuaban con los bloqueos, el pedido de elecciones, y como contrademanda exigieron el cierre de la asamblea legislativa y la postergación de las elecciones.

Por otro lado, una institución que en el pasado apoyó a Áñez como la iglesia le realizó fuertes criticas. El 10 de mayo el presidente de la conferencia episcopal de Bolivia (C.E.B.) Monseñor Ricardo Centellas critico a Áñez por “preocuparse demasiado” en repartir cargos a familiares y prorrogar su mandato y no dedicarse con eficiencia  a cuidar la salud de las y los bolivianos. 

Ofensiva militar a la asamblea legislativa para evitar elecciones.

La situación política y social de crisis tuvo su pico el 21 de mayo cuando el comandante en jefe  de las F.F.A.A. de Bolivia general Sergio Orellana ingresó a la asamblea legislativa  para dar un ultimátum con plazo de una semana con el fin de que se apruebe una lista de ascensos de militares presentada a la asamblea por Áñez en febrero pasado, y que la cámara rechazó el 18 de mayo siguiendo la normativa constitucional que establece que: “La propuesta de ascensos debe ser enviada por el ejecutivo al senado para que esta cámara en sesión reservada apruebe o rechace la proposición”.

Eva Copa, la presidenta del senado rechazó las amenazas, sostuvo que no era indispensable tratar ascensos en plena pandemia del Covid-19, y que ello debería realizarse posterior a  la elección de un gobierno democrático.

Evo Morales definió a esta situación como el tercer golpe, el primero contra su persona el 10 de noviembre del 2019, el segundo el 22 de enero cuando Áñez se auto prorrogó el mandato, no convocó a elecciones generales, se mantuvo en el poder y se presento como candidata presidencial para una próxima elección.

Y un tercer golpe o “autogolpe” ante la amenaza de cerrar la Asamblea Legislativa y gobernar por la vía militar como única opción con cierre de la asamblea legislativa de la cual dos tercios pertenecen al M.A.S., la derogación de la Constitución Política de Estado, retrotrayéndola la de 1994 con el objetivo de evitar el proceso electoral. Volver a la constitución de 1994 implicaría disolver el Estado Plurinacional y restablecer la República, con la consiguiente  exclusión de la vida política y de la distribución de la riqueza del país a los indígenas y a las mujeres.

Anteriormente el 10 de mayo Evo Morales realizó una grave acusación y exigió por Twitter explicaciones al jefe de las F.F.A.A. que amenazó a los asambleístas: “El comandante en jefe Orellana, debe informar al país por qué y para qué  los norteamericanos entregaron en el estado mayor el pasado 14 de abril, paquetes de dinero y con qué fin los comandantes reciben 50 mil dólares por día”.  

Esta situación de ofensiva militar a la asamblea legislativa, último bastión democrático e  institucional en pie dentro del país pos golpe d estado, se llevó a cabo con el silencio cómplice de Áñez y su gabinete, de los fuerzas políticas de derecha de Fernando Camacho y Carlos Mesa, principalmente, y de los sectores civiles empresariales, medios de comunicación, etc., que apoyaron el golpe de estado del 10 de noviembre del 2019.

Por otro lado, fue fuerte el repudio a nivel mundial por el accionar antidemocráticos del jefe de las F.F.A.A.  Sergio Orellana a quien se le pidió la renuncia y se le exigió respetar la constitución nacional que en su Art. 245 afirma: “Las F.F.A.A. son una institución esencialmente obediente, no delibera, no realiza acción política, y está sujeto a órdenes del presidente”.

Aislados con Derechos

La APDH dio a conocer en una cartilla los derechos y obligaciones que tenemos los ciudadanos en el marco del estado de excepción que rige por la propagación del COVID-19. Del Pueblo Noticias comparte esta información vital para saber como comportarnos mientras perdure la pandemia.

LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS:

1.- Las personas deben permanecer en sus residencias habituales
y abstenerse de concurrir a sus lugares de trabajo.
2.- Las personas no deben desplazarse por rutas, vías y espacios
públicos.
3.- Las personas solo podrán realizar desplazamientos mínimos e
indispensables para aprovisionarse de artículos de limpieza,
medicamentos y alimentos.
LA EXCEPCIÓN:
1.- Están exceptuadas del cumplimiento del aislamiento y de la
prohibición de circular, las personas afectadas a las actividades y
servicios declarados esenciales en la emergencia.
2.- Las personas que se encuentran exceptuadas deberán contar
con una certificación que acredite su condición frente a la
autoridad competente en el caso de ser requerido. (a fin de lograr
el certificado ingresar a: https://www.argentina.gob.ar/
coronavirus/aislamiento/exceptuados
3.- Son considerados como supuestos de fuerza mayor, todas
aquellas situaciones por las cuales las mujeres y/o personas
LGBTI+ solas o junto a sus hijxs salgan de sus domicilios para
realizar denuncias penales respecto de hechos de violencia o
para pedir auxilio, asistencia o protección en razón de la
situación de violencia que se encuentren transitando. Por ello,
aquellas personas que salgan de su domicilio por tal motivo, no
podrán ser detenidas ni se les podrá prohibir circular.
EL ROL DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD:
1.- Procurar el máximo acatamiento del cumplimiento del
aislamiento social.
2.- Contener situaciones de conflicto y violencia.
En cumplimiento de su rol, las fuerzas de seguridad deben:
1.- Contar con gafete de identificación personal.
2.- Consultar sobre los motivos por los que la persona está
circulando, teniendo presente que existen numerosas
excepciones a la prohibición de circular.
3.- Si la persona que se encuentra en la vía pública dice estar
alcanzada por algunas de las excepciones, debe solicitar que lo
acredite.
4.- Interpretar de manera razonablemente amplia la certificación
que la persona interceptada le presente.
5.- Si la persona se encuentra transitando el espacio público y
acredita vivir por la zona, el personal policial puede
acompañarla hasta su domicilio y asegurarse que ingrese al
mismo.
6.- En caso de que se compruebe que la persona está violando la
cuarentena, transitando una zona alejada de su domicilio y sin
estar contemplado en las excepciones legalmente previstas, debe
comunicar a la justicia penal para que se evalúe la pertinencia o
no de iniciar acciones legales. Al mismo tiempo, deberá
informarse a la persona acusada el juzgado, fiscalía y defensoría
interviniente.
7.- Si la persona es trasladada a la comisaría, deben hacerle
conocer sus derechos de forma que sea comprensible. El personal
policial y de las fuerzas de seguridad deberá informar sobre:

  • La razón concreta de la privación de libertad.
  • El derecho a realizar una llamada telefónica a fin de informar
    del hecho de la detención y el lugar donde se encuentra
    detenido/a.
  • El derecho a designar abogado o abogada de confianza o un
    representante de la defensa pública y a solicitar su presencia
    inmediata para asistencia en las diligencias policiales o judiciales
    que correspondieren.
  • El derecho que le asiste a que se realice un reconocimiento
    médico que verifique el estado psicofísico y, en caso de ser
    necesario, a recibir en forma inmediata asistencia médica.
    Las fuerzas de seguridad NO podrán:
    1.- Alejarse de los principios fijados en los protocolos de
    actuación que regulan el uso racional de la fuerza, esto es:
    legalidad, necesidad, proporcionalidad y progresividad.
    2.- Realizar tareas de dispersión masiva a bordo de motocicletas
    o vehículos, de grupos de personas que se encuentren en la vía
    pública.
    3.- Proceder a la detención de manera compulsiva sin antes
    recabar los motivos por los que la persona se encuentra fuera de
    su domicilio.
    4.- Realizar detenciones sin informar inmediatamente a la
    autoridad judicial interviniente.
    5.- Realizar traslados a comisarías o dependencias de las fuerzas
    de seguridad sin la intervención del Poder Judicial o el Ministerio
    Público Fiscal.
    6.- En caso que otra persona se encuentre tomando registro
    fílmico de la intervención policial, no podrá impedirse dicha
    actividad.

Vientos de Cambio

La Subsecretaria de Asuntos Penitenciarios e interventora del Servicio Penitenciario Federal (SPF), la ex jueza María Laura Garrigós de Rébori en diálogo con #LaMecha explicó la situación actual del Sistema Penitenciario Federal y en ese marco contó el objetivo principal que se plantea en este rol: “Quiero adecuar nuestro sistema penitenciario a los requerimientos de Naciones Unidas, ya con eso me daría por contenta”.

Las cárceles no pueden ser para castigos. Para poder reinsertar a la gente que sale en libertad, se trabaja con el Patronato de Liberados y con organizaciones sociales que nos van a poder dar una mano. Toda persona que pueda estar detenida en su domicilio, en casos de delitos leves, debería estarlo porque hay métodos electrónicos de control”, agregó.

Por otro lado, detalló cómo se vienen desarrollando las tareas prevención sanitaria en medio de la pandemia, y contó que hoy “hay 11 mil presos en el sistema penitenciario en la actualidad. Estamos trabajando con las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación  porque todos estamos aprendiendo, hoy no se ingresa a la unidad penitenciario si no hay 14 días previos de revisión, se le está tomando la temperatura y hay controles médicos previo al ingreso y a los internos que ya están detenidos; también se realizan controles médicos y construcciones de cubículos para tratar a los contagiados”, indicó la funcionaria.

Al consultarla por la causa de espionaje ilegal que derivó en la intervención del Servicio, Garrigós de Rébori indicó que “la Ministra y el Secretario de Justicia me pusieron al tanto y nosotros lo que podemos hacer es en principio un sumario administrativo que controle la situación para que no se siga reproduciendo y eso es lo que vamos a hacer”.

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