Ayer, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue escenario de una violenta represión contra jubilados que se manifestaron en las inmediaciones del Congreso Nacional. La protesta, que contó con el respaldo de hinchas del club Chacarita Juniors, buscaba visibilizar la crítica situación que atraviesan los pensionados debido a los insuficientes aumentos en sus haberes.
La concentración, integrada por jubilados y trabajadores de diversos sectores, se desarrolló pacíficamente hasta que las fuerzas de seguridad intervinieron de manera abrupta. Efectivos de la Policía Federal y la Prefectura Naval Argentina utilizaron gas pimienta y bastones para dispersar a los manifestantes, lo que derivó en enfrentamientos y detenciones. Imágenes captadas en el lugar muestran a adultos mayores siendo reprimidos violentamente por las fuerzas del orden.
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente descontento social debido a las políticas de ajuste implementadas por el gobierno del presidente Javier Milei. En septiembre del año pasado, Milei vetó una ley que proponía un aumento del 8,1% en las pensiones, argumentando que dicha medida comprometía el equilibrio fiscal del país.
Desde entonces, los jubilados han visto cómo la inflación erosiona su poder adquisitivo, llevándolos a situaciones de vulnerabilidad extrema.
La represión de ayer no es un hecho aislado. En semanas anteriores, se registraron episodios similares durante manifestaciones de jubilados que reclamaban por sus derechos. Estas acciones han sido condenadas por organizaciones de derechos humanos y sectores de la oposición, quienes exigen al gobierno garantizar el derecho a la protesta y atender las demandas de los sectores más afectados por la crisis económica.
La presencia de hinchas de Chacarita Juniors en la protesta refleja la solidaridad de distintos sectores de la sociedad con la causa de los jubilados. Sin embargo, la respuesta estatal ha sido la criminalización de la protesta social, profundizando la brecha entre el gobierno y la ciudadanía.
Mientras tanto, los jubilados continúan enfrentando dificultades para acceder a bienes y servicios básicos, evidenciando la urgencia de políticas públicas que garantizan una vida digna para quienes han contribuido al desarrollo del país durante toda su vida laboral.
