El exministro boliviano Arturo Murillo comenzará a ser juzgado el 23 de mayo en Estados Unidos, acusado de corrupción y lavado de dinero, según anunció hoy el procurador general de Bolivia, Wilfredo Chávez.
“El 23 de mayo está confirmada la fecha de inicio de juicio ante jurado del señor Arturo Murillo Prijic, allá en Miami; no ha existido al momento otra información de que pueda diferirse el proceso”, dijo Chávez a la prensa.
Murillo, quien fuera ministro de Gobierno de la presidenta de facto Jeanine Áñez, está acusado de dirigir una red que a fines de 2019 se apropió de al menos 2,4 millones de dólares en la compra de materiales antidisturbios para la Policía boliviana, dinero que luego llegó a bancos estadounidenses.
Otros cuatro detenidos e imputados en el mismo caso se declararon culpables, pero Murillo mantuvo su alegato de inocencia mientras tramitaba sucesivos postergaciones de su juicio.
“Se espera que exista una condena al señor Murillo, una condena por jurados y esperemos que se imponga la ley y le den varios años de reclusión, cumpliendo condena allí, en paralelo a lo que le espera en Bolivia, porque se está tramitando la extradición por otro hecho en el país”, afirmó Chávez, según la radio local Fides.
Agregó Chávez que el exministro irá a juicio “en condiciones muy contrarias a su pretensión, en la medida en que cuatro de los cinco coimputados ya se han declarado culpables y ellos han indicado con precisión los ilícitos que se han cometido a la cabeza del señor Murillo”.
El inicio del juicio coincidirá con el primer aniversario de la detención del exministro, que huyó de Bolivia cuando terminó la gestión de Áñez.
Otro ministro de Áñez, el de Defensa, Luis Fernando López, identificado también por la justicia estadounidense como parte del grupo liderado por Murillo, está refugiado en Brasil, según medios bolivianos.
La Fiscalía General de Bolivia acusó a los dos de incumplimiento de deberes y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, al margen de procesos en los que están acusados junto con la expresidenta Áñez, incluido uno por masacres y violaciones de derechos humanos.
