Este miércoles, la Cámara de Diputados selló la suerte del veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. El oficialismo y sus aliados lograron los votos necesarios para ratificar el veto, acumulando 160 votos positivos, 84 negativos y 5 abstenciones.
La coalición de La Libertad Avanza contó con el apoyo del Pro —con excepción de dos diputados—, además de partidos como el MID, Independencia, CREO, y cuatro legisladores de la UCR. Por el lado contrario, respaldaron la ley Unión por la Patria, una mayoría de la UCR, Encuentro Federal, Innovación Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda, y otras agrupaciones provinciales.
El proyecto vetado buscaba actualizar las partidas presupuestarias para las universidades nacionales y garantizar mejoras salariales para docentes y no docentes en línea con la inflación, una demanda que unió a varios sectores de la oposición desde principios de año. La propuesta había sido aprobada en Diputados el 15 de agosto y sancionada en el Senado el 13 de septiembre, pero fue bloqueada por el decreto presidencial 879/24, que observó completamente la ley.
El Gobierno argumentó que la medida no consideraba el impacto fiscal ni las fuentes de financiamiento, y acusó a la oposición de utilizar la norma con fines políticos. Según el Poder Ejecutivo, el proyecto no garantizaba el verdadero sostenimiento de las universidades, sino que buscaba “dañar políticamente al gobierno”.
La reacción fue inmediata: mientras las universidades se movilizaban por segunda vez en defensa de su financiamiento, el gobierno avanzó con anuncios salariales a contrarreloj. Se prometió un aumento del 6,8% —rechazado por los gremios— y la actualización de la garantía salarial docente hasta abril de 2024.
Con la decisión del oficialismo de ratificar el veto, el futuro del financiamiento universitario y los salarios sigue siendo una incógnita, mientras crecen las tensiones entre el gobierno, la oposición y la comunidad educativa.
