La tarde del martes 10 de junio de 2025 confirmó lo que muchos temían: la Corte Suprema ratificó por unanimidad la condena a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión domiciliaria y la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, por la causa Vialidad que investiga presunto direccionamiento de obras públicas en Santa Cruz a favor de Lázaro Báez. La noticia desencadenó una fuerte reacción en las calles de Buenos Aires, donde miles de militantes y ciudadanos se concentraron tanto en los alrededores del Congreso como en Comodoro Py, en un gesto de respaldo y solidaridad.
La reacción fue inmediata: sindicatos, movimientos sociales y agrupaciones políticas – entre ellos La Cámpora, el Movimiento Evita, MILES, ATE Capital y otros – desplegaron una vigilia ante Comodoro Py, bajo la consigna “en defensa de Cristina y de la democracia”. Tanto Daniel “Tano” Catalano (ATE) como Hugo Yasky (CTA) se comprometieron a convocar a “paro activo” si se avanza con una eventual detención.
El santuario del Instituto Patria se transformó en un punto de encuentro de referentes y legisladores peronistas, mientras que Axel Kicillof, en un acto sin precedentes, rechazó el fallo judicial y lo calificó de “juicio trucho de persecución política”.
Desde el kirchnerismo se denunció un lawfare sistemático: Cristina misma calificó su situación como “un certificado de dignidad” y acusó al máximo tribunal de integrarse a un accionar de “poderes concentrados”. Su abogado, Alberto Beraldi, aseguró que “nunca tuvo miedo de ir presa” y que esta causa refleja una persecución por sus reformas.
La condena, como subrayaron medios como Reuters y Financial Times, marca un quiebre en la política nacional: Cristina queda proscripta de las próximas elecciones de septiembre y 2027, al menos formalmente. Su ausencia en las urnas puede fortalecer al oficialismo libertario, pero también consolidar al ala peronista opositora, más unida en su defensa.
Con la definición de la Corte, Kicillof, Máximo Kirchner y otros dirigentes del PJ bonaerense avanzan en una estrategia que combina presión judicial, movilización social y articulación política para preservar la presencia de CFK en la arena pública. El Tribunal Oral Federal 2 ya notificó a la expresidenta para que se presente en cinco días hábiles, advirtiendo que en caso de no hacerlo podría ser detenida.
