La llegada a Buenos Aires del secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ha generado una fuerte polémica en el ámbito sanitario argentino. El Frente en Defensa de la Salud Pública y la Vida emitió un comunicado repudiando su visita, señalando que representa “un modelo antisanitario y antiderechos” que amenaza los sistemas públicos de salud.
Kennedy Jr., designado por el presidente Donald Trump, es conocido por sus posturas críticas hacia las vacunas y por promover teorías que vinculan la vacunación con el autismo, afirmaciones ampliamente desacreditadas por la comunidad científica . Recientemente, ha liderado el informe “Make America Healthy Again” (MAHA), en el que atribuye el aumento de enfermedades crónicas en niños estadounidenses a factores como la dieta, la exposición a químicos ambientales y la “sobre medicalización”, incluyendo las vacunas .
Durante su gestión, Kennedy Jr. ha implementado recortes significativos en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, incluyendo el despido de 10.000 trabajadores y la reducción de fondos destinados a investigaciones científicas . Además, ha promovido la salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), retirando el 15% de su presupuesto, lo que ha debilitado las funciones de coordinación y regulación del organismo .
En Argentina, su visita coincide con una agenda compartida con el presidente Javier Milei y el ministro de Salud, Mario Lugones, centrada en la desregulación del sistema sanitario y la promoción de modelos privatizados . El Frente en Defensa de la Salud Pública advierte que estas políticas profundizan la brecha entre quienes pueden acceder a servicios de salud privados y la mayoría de la población, cada vez más vulnerable.
El comunicado también señala que la desregulación de organismos de control, como la ANMAT, puede tener consecuencias graves, como lo evidenció la reciente epidemia de intoxicación por fentanilo en el país, que ha dejado más de 30 fallecidos.
La visita de Kennedy Jr. ha sido interpretada por diversos sectores como un intento de reforzar una agenda sanitaria que prioriza la privatización y la reducción del rol del Estado en la salud pública. Organizaciones y profesionales de la salud han expresado su preocupación por el impacto que estas políticas podrían tener en el acceso equitativo a servicios de salud en Argentina.
