En un fallo que ha generado amplia preocupación entre organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, el juez federal Hugo Greca condenó a siete integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche Lafken Winkul Mapu por los delitos de usurpación y resistencia a la autoridad. Las penas, que van de dos a dos años y medio de prisión en suspenso, recaen sobre personas que, desde 2017, han estado reclamando la restitución de tierras ancestrales en Villa Mascardi, Río Negro.
La causa se originó en 2017, cuando la comunidad inició la recuperación de un territorio con el propósito de establecer un rewe, espacio ceremonial sagrado para la espiritualidad mapuche. La respuesta del Estado fue un violento desalojo que culminó con la muerte de Rafael Nahuel, joven mapuche asesinado por la espalda por efectivos del Grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Organizaciones como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) han expresado su repudio al fallo, señalando que “el Poder Judicial federal vuelve a criminalizar y a perseguir” a miembros de la comunidad que ejercen sus derechos ancestrales . La defensa legal, a cargo de la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, ha anunciado que apelará la sentencia.
La comunidad Lafken Winkul Mapu ha denunciado que el juicio estuvo plagado de irregularidades, incluyendo la falta de pruebas contundentes y la negativa del juez a permitir expresiones culturales durante las audiencias, como la exhibición de carteles que pedían la devolución del rewe.
Este caso se enmarca en una serie de acciones estatales que, según denuncian diversas organizaciones, buscan deslegitimar y despojar a las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. La reciente anulación de acuerdos de cesión de tierras a comunidades mapuches por parte del gobierno nacional refuerza esta preocupación.
La condena a los miembros de la Lof Lafken Winkul Mapu representa, para muchos, un retroceso en el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios en Argentina. La comunidad y sus defensores continúan exigiendo justicia y el respeto a sus derechos ancestrales, amparados por la Constitución Nacional y tratados internacionales.
