Lo aseguró Federico Bernal, actual interventor del ENARGAS, a la Agencia Paco Urondo y habló sobre la denuncia penal que realizó en contra del ex ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren y otros ex funcionarios, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública.
Por Álvaro Erices
En su carácter de interventor del ENARGAS Federico Bernal, dialogó con AGENCIA PACO URONDO sobre la denuncia penal que impulso contra el ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Juan José Aranguren, y otros funcionarios por violar, a fines del año 2017, el marco regulatorio del gas (según la Ley 24.070) mediante la implementación de un pacto de precios denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”. Según la denuncia el objetivo era garantizarles a las empresas gasíferas un ingreso superior al que supuestamente hubiese surgido de la libre negociación.
La denuncia penal recayó en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la jueza Elizabeth Alejandra Paisán y expresa la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 248 del Código Penal de la Nación) y negociaciones incompatibles con la función pública (art. 265 del Código Penal de la Nación) por parte de Juan José Aranguren, ex ministro de Energía y Minería de la Nación, Mauricio Ezequiel Roitman, ex presidente de ENARGAS, Daniel Alberto Perrone, los ex directores del organismo, Diego Fernando Guichón, Griselda Lambertini y Marcos Pourteau, el ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, Carlos Alberto María Casares, y Marcela Paula Valdez, ex gerenta de Legales.
La denuncia solicitó que los perjuicios económicos sean soportados por los imputados en los términos de los arts. 23 y 29 del Código Penal de la Nación, agregando el “perjuicio preliminar” generado por el Decreto 1053/2018 que en su art. 7 expresa: “Que el Estado Nacional asume, con carácter excepcional y con el alcance previsto en este artículo, el pago de las diferencias diarias acumuladas mensualmente entre el valor del gas comprado por las prestadoras del servicio de distribución de gas natural por redes y el valor del gas natural incluido en los cuadros tarifarios vigentes entre el 1º de abril de 2018 y el 31 de marzo de 2019, generadas exclusivamente por variaciones del tipo de cambio y correspondientes a volúmenes de gas natural entregados en ese mismo período”.
ENARGAS actualmente está a la espera del dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, el mismo que en su momento denunció penalmente al ex secretario de Energía Javier Iguacel por intentar socializar entre las usuarias y usuarios la enorme deuda de las distribuidoras para con las productoras de gas tras la megadevaluación efectuada por Mauricio Macrì desde el Poder Ejecutivo de la Nación. Según la acusación, el perjuicio generando por las maniobras denunciadas asciende a un total de 561 millones de dólares.
AGENCIA PACO URONDO: ¿Con qué se encontró al llegar a ENARGAS?
Federico Bernal: De lo que puedo decir, porque está en marcha un proceso de revisión y auditoría, es que me encontré un organismo vaciado en gerencias estratégicas que deberían haber trabajado en la protección de los usuarios y usuarias; gerencias abandonadas o con muy poco personal; otras relacionadas a ciertas cuestiones de regulación de contratos de licencia con muchísima gente, sobrepobladas. En definitiva, me encontré con un ente desmantelado, tal como el presidente Alberto Fernández se encontró el país el 10 de diciembre pasado.
APU: ¿Tiene la Argentina la “crisis energética” que expresaba el macrismo?
FB: Macrì al asumir como presidente planteó que había heredado una situación de “crisis energética” y también lo hizo a través de Juan José Aranguren, su ministro de Energía y Minería. Yo no comparto esa aseveración. En cambio, el presidente Alberto Fernández sí recibió una crisis energética producto de la política neoliberal en la materia, tanto tarifaria como energética en general, con paralización y demoras en las obras de infraestructura en materia de gas natural; de lo cual estoy viendo mucho en este momento. Sobre la política tarifaria, la estoy estudiando y ya hay indicios y pruebas de alejamiento del marco regulatorio de ciertas cuestiones y en otras estamos en proceso de ese trabajo. Por eso la denuncia formal.
APU: ¿Cuál es el objeto de la denuncia realizada contra Juan José Aranguren y otros ex funcionarios?
FB: Hay que dejar claro que no estamos denunciando aquí una política energética errónea. Lo que detectamos con pruebas es que Juan José Aranguren y sus funcionarios, tanto ministeriales como del anterior ENARGAS, realizaron una intervención ilegal para favorecer a empresas productoras de gas. Actuaron en contra de la ley 24.076 y establecieron un pacto no permitido por ella y lo trasladaron obligatoriamente a los usuarios y usuarias de nuestro país. El problema es que Aranguren violó el marco regulatorio del gas.
APU: ¿Cuál es el real perjuicio económico que expresa la denuncia?
FB: Estamos hablando de un grave perjuicio para el Fisco Nacional y para los bolsillos de los usuarios y usuarias. Por el primero, la violación del marco regulatorio generó un costo fiscal de 393 millones de dólares y, para los segundos, un costo de 168 millones de dólares. Es decir, Araguren le costó al Estado 561 millones de dólares. Esto debe ser resarcido por los denunciados.
APU: ¿Cuál es el rol que jugó el acuerdo denominado “Bases y condiciones para el abastecimiento de gas natural a distribuidoras de gas por redes”?
FB: Producto de todo ese acuerdo de “bases y condiciones” entre empresas amparadas por el Ministerio de Energía y Minería de la Nación a fines de 2017 se fijó una escala ascendente de precios en dólares, lo que se llamó “la tablita de Aranguren”, que fueron trasladados a las tarifas. Este pacto de “bases y condiciones” se usó de referencia para todas las resoluciones que dictó el ENARGAS respecto de los cuadros tarifarios que empezaron a regir en abril de 2018. De esa deuda enorme generada, a Javier Iguacel se le ocurrió trasladársela a los usuarios y usuarias de red de gas en veinticuatro cuotas. De acá derivó la denuncia del fiscal Marijuan. Pero luego del escándalo, Macrì decidió que la pague el Estado en treinta cuotas.
APU: ¿Habría que actualizar el marco regulatorio establecido por la ley 24.076?
FB: Puede ser que la 24.076 tenga muchas cosas para ser mejoradas. Es una ley que tiene casi treinta años. Ya el hecho del tiempo transcurrido es algo que debería llevar por lo menos a una actualización.
APU: ¿Argentina debería tener una nueva ley de hidrocarburos con una lógica adecuada a nuestro tiempo histórico?
FB: Por supuesto que hay mucho para cambiar. La ley 17.319 es de la década del sesenta y tenemos infinidad de resoluciones, leyes, normativas de otros tiempos. Lo que sí se debe reconocer es que los dos marcos regulatorios en el caso de la energía, es decir, el del gas y el de la electricidad, son tomados en el mundo como modelo. Lo que ocurre es que la clave es hacer y cuidar que se cumplan. La intervención que presido está abocada a eso. Hay muchas cosas por mejorar, pero eso tiene que darse en el marco de una política energética soberana y que recupere todos los grados de libertad respecto de lo que ha sido la influencia y la injerencia de intereses privados locales y extranjeros.
APU: ¿Qué es la soberanía energética?
FB: Ser soberanos energéticamente es poder decidir una política energética sin influencias de terceras naciones o de intereses sectoriales y privados. Así como en materia industrial el Poder Ejecutivo toma decisiones soberanas favorables a la Nación y a su pueblo, en materia energética es lo mismo.
APU: ¿Se ha recuperado la soberanía energética desde el 10 de diciembre de 2019 hasta hoy?
FB: Hoy la política energética volvió al Poder Ejecutivo. En la gestión anterior estaba lisa y llanamente en manos de intereses que no eran los de la sociedad argentina y, por supuesto, hay todavía mucho que desandar en materia de política energética heredada y eso tiene que ver con los resultados a los que arriben las intervenciones del ENRE y del ENARGAS y, por otra parte, de todas aquellas decisiones de política energética que emanen desde el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación conducido por Matías Kulfas y de la Secretaría de Energía de la Nación dirigida por Sergio Lanziani; que tiendan a posicionar a la energía y a los servicios públicos derivados de ella como Derechos Humanos.
APU: ¿Cómo sería el entrecruzamiento entre Energía y Derechos Humanos?
FB: Pensar, razonar y ejecutar la política energética en materia de servicios públicos como Derechos Humanos significa que, por ejemplo, las tarifas sean efectivamente justas y razonables, que sean servicios públicos y no bienes de lujo, que los mayores costos de producción vinculados al servicio público no los afronte la ciudadanía ni los sectores populares, sino que sean como una política de Derechos Humanos donde el Estado cumpla un rol protagónico para cuidar y promover que ese derecho humano que es tener luz y gas pueda ser un servicio público esencial y una herramienta para el desarrollo y para el crecimiento de la movilidad social ascendente y la calidad de vida de la población, en lugar de ser un bien de lujo o un commodity o un negocio para pocos como sucedió durante la gestión de Mauricio Macrì.
APU: Como interventor del ENARGAS se encuentra impulsando muchas mesas de trabajo como, por ejemplo, con la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur o con Empresas recuperadas y Cooperativas de trabajo, Inquilinas e Inquilinos, Pymes, entre otros. ¿Cuál es el objetivo de estas iniciativas?
FB: Todo lo que tiene que ver con las comisiones de trabajo que estamos creando son para volver a empoderar al ente de ciudadanía. El ente que recibimos no solo estaba desmantelado, sino que actuaba de espaldas a los usuarios y usuarias. Nosotros ni bien entramos pusimos en marcha mesas permanentes de trabajo revalorizando a los sectores más necesitados y residenciales; inquilinos, pymes, empresas recuperadas, adultos mayores, GNC, entre otros. Lo estamos haciendo también con distintas provincias al reactivar las obras paralizadas para que el gas no sea el beneficio de ocho millones de ciudadanos y ciudadanas, sino que podamos ir hacia los cerca de cinco millones de usuarios y usuarias que no tienen acceso al gas por red. Todo esto tiene que ver con el empoderamiento de la ciudadanía en el ENARGAS; que el usuario y la usuaria estén permanentemente trabajando con las autoridades para resolver sus problemas y proponer nuevos caminos para que el servicio público vuelva a adquirir el estatus de derecho humano.
