2El 10 de julio de 1974, el ERP tomó la Fábrica Militar de Villa María, en la provincia de Córdoba. Allí fue apresado el subdirector, mayor Argentino del Valle Larrabure. La guerrilla lo necesitaba como técnico para la fabricación de explosivos. El 19 de agosto de 1975, el mayor Larrabure se suicidó estrangulándose con un cordel en la “cárcel del pueblo” donde se encontraba, ubicada en calle Garay 3254, en Rosario.

Las Fuerzas Armadas, parte de la justicia federal y grandes medios de comunicación impusieron la idea de que el oficial había sido torturado y luego asesinado por el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP). Pero el expediente original de la causa, que incluye la autopsia realizada en el momento del hallazgo, dice con absoluta claridad que no hubo tortura ni asesinato. Ese indispensable documento de obvio interés público descansa en la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

A 43 años de haber sido encontrado el cuerpo de Larrabure, el próximo 21 de marzo, la Cámara de Apelaciones de Rosario, atenderá la reapertura de la causa, por ese motivo diferentes referentes de distintas organizaciones sociales, políticas y culturales firmán la siguiente nota:

“Quienes por razones profesionales, políticas y personales nos sentimos comprometidos con la consolidación del estado de derecho, recibimos con alarma la noticia de la audiencia de apelación que se llevará adelante el próximo 21 de marzo ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, en la que se atenderá la solicitud de reapertura de la causa relativa a la muerte de Argentino del Valle Larrabure (caso por el que hubo investigación, instrucción, juicio y condenas entre 1975 y 1983). Dicha solicitud contraviene lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Derecho Penal Internacional al proponer la equiparación de los delitos cometidos por las organizaciones revolucionarias armadas de los años setenta y aquellos cometidos por el Estado.

En términos estrictamente jurídicos, los primeros, han prescripto; mientras los segundos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad, son imprescriptibles e inamnistiables.

Existen irrefutables razones jurídicas que impiden el tratamiento de los actos armados de los grupos revolucionarios de los años setenta como crímenes de lesa humanidad, tal como pretende hacerlo la querella en el caso Larrabure. De esas razones, se destaca, en primer lugar, la esgrimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “Arancibia Clavel” en el que se establece que un crimen de lesa humanidad es aquel cometido por el Estado en un ataque general y sistemático contra la población.

En segundo lugar, si bien actualmente en el Derecho Penal Internacional la categoría de crímenes de lesa humanidad no sólo comprende aquellos cometidos en conexión con una política estatal o bajo su amparo, sino también actos cometidos en virtud de una política “organizacional”, esta inclusión de agentes no estatales sólo es posible cuando esos agentes participan de las características de los autores estatales en tanto ejercen algún dominio o control sobre territorio o población y llevan adelante una política similar a la de la acción estatal. Y ninguna de las organizaciones de la izquierda armada argentina revistió alguna de estas características. Nunca. Afirmar lo contrario es faltar a la verdad histórica.

La desatinada pretensión de equiparar la violencia revolucionaria o insurgente a la desplegada por las Fuerzas Armadas desde el Estado encuentra otras objeciones no menos definitorias. La responsabilidad del Estado en la violación de derechos básicos y en la trasgresión y/o eliminación de normas de contención jurídicas, cívicas y éticas que debieran contener los conflictos en un marco de regulación es incomparable con la negación de estas normas por parte de una fuerza revolucionaria o insurreccional, puesto que la propia función del Estado es velar por aquellas normas. Al negar éstas y reemplazarlas por la ilegalidad, el Estado daña de manera incomparable la posibilidad misma de la vida política.

Finalmente, debe señalarse la indecible e inconmensurable desproporción respecto de los métodos empleados. La planificación y ejecución de la política de desaparición de personas, el empleo sistemático de la tortura más inhumana, el establecimiento en todo el territorio nacional de cientos de centros clandestinos de detención y exterminio, la apropiación de niños nacidos en cautiverio o secuestrados junto a sus padres, no tienen parangón alguno en la violencia revolucionaria argentina. La modalidad y naturaleza de la represión planificada y ejecutada por el Estado transgredió los principios éticos que fundamentan la existencia y preservación de una comunidad y supuso un verdadero quiebre civilizatorio, y allí no hay simetría posible.

La reapertura de una causa que ya ha sido juzgada, y la búsqueda de equiparación del hecho al que refiere con los crímenes de lesa humanidad, vulnera el estado de derecho, desconoce la abismal distancia jurídica, histórica, política y ética que separa ambos fenómenos y, al hacerlo, banaliza el Mal”.

FIRMAS

Vera Carnovale. Historiadora (CeDInCI/UNSAM-CONICET)
Marina Franco. Historiadora (IDAES/UNSAM-CONICET)
Horacio Tarcus. Historiador (CeDInCI/UNSAM-CONICET)
Hilda Sábato. Historiadora (CONICET)
Graciela Fernández Meijide
Maristella Svampa. Socióloga y escritora (CONICET)
Nora Cortiñas (Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora)
Claudia Hilb. Politóloga (UBA-CONICET)
Vicente Palermo. Politólogo. (CONICET)
Dora Barrancos (CONICET)
Laura Malosetti Costa. Historiadora del Arte (UNSAM-CONICET)
Guillermo Rozenwurcel. Economista (CONICET-Club Político)
Luis Zamora. Abogado. Diputado Nacional
Emilio García Méndez (Presidente Fundación Sur Argentina)
Daniel Lvovich. Historiador (UNGS CONICET)
Rubén Chababo (Sec. DDHH de la Universidad Nacional de Rosario)
Ezequiel Adamovsky. Historiador (UBA-UNSAM-CONICET)
María Cristina Tortti. Socióloga e Historiadora (UNLP)
Alejandro Katz. Ensayista y Editor (UBA)
Patricia Funes. Docente-investigadora (FSOC/UBA)
Ezequiel Saferstein. Dr. en Ciencias Sociales (CeDInCI-UBA-CONICET).
Ana Clarisa Agüero. Historiadora. (UNC-CONICET)
Marcela Patricia Ferrari. Historiadora (UNMdP-CONICET)
Natalia Bustelo. Docente Universitaria (UNSAM)
Norma Fatala. Docente e investigadora (FCC-UNC)
Fabio Wasserman. Historiador (Instituto Ravignani/UBA – CONICET)
Agostina Gentili. Historiadora (UNC)
Adriana Petra. Historiadora (CeDInCI/UNSAM-CONICET)
Jorge Cernadas. Profesor de Historia (UBA-UNGS)
Pablo Scatizza. Historiador. Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Gabriel Entin. Historiador (CONICET)
Natalia Vega. Dra. en Cs. Sociales. Docente e Investigadora (UNL-UNER)
Alejandra Oberti. Socióloga. Docente e Investigadora (UBA)
Roberto Pittaluga. Historiador (UNLPam-UNLP-UBA)
Karin Laura Otero. Docente y Secretaria de Extensión Universitaria (UNTDF)
Emmanuel N. Kahan. Historiador. (IdIHCS/ UNLP-CONICET)
César Mónaco. Historiador (UNGS)
Débora D´Antonio: Historiadora (IIEGE/UBA-CONICET)
Valeria Manzano. Historiadora (IDAES/UNSAM-CONICET)
Alejandro Eujanian. Historiador (Universidad Nacional de Rosario)
Ana Teresa Martinez. Socióloga (Conicet-UNSE)
Graciela Blanco.Historiadora. (IPEHCS-UNCo-CONICET)
Judith Farberman. Historiadora. (CONICET- UNQ-UBA)
Florencia Basso. Lic.en Comunicación Social (Univ. Nac. de Tierra del Fuego)
Juan Pablo Lattanzi, Productor audiovisual y docente. (Univ. Nac. de Tierra del Fuego)
Nicolas Barone (Universidad Nacional de Tierra del Fuego)
Lucas Martin. Politólogo. (UNMdP-CONICET)
Silvina Jensen. Historiadora. (UNS-CONICET)
María Lorena Montero. Historiadora. (UNS-CONICET)
Ernesto Bohoslavsky. Historiador. (UNGS-CONICET)
Patricia Flier, Doctora en Historia. Profesora Investigadora (UNLP)
Adrián Celentano. Docente Universitario. (UNLP)
Valentina Salvi. Socióloga. (IDES-CONICET)
Osvaldo Rubén Brest (UNTDF)
Federico Lorenz. Historiador. (UBA-CONICET)
Viviana E. Conti (Universidad Nacional de Jujuy-CONICET)
Luis García Conde. Profesor de Historia
José Garriga Zucal, Antropólogo (CONICET/IDAES-UNSAM)
Pablo Vommaro. Docente e Investigador. (UBA)
Mario Arias Bucciarelli. Historiador. (Clacso-Universidad Nacional del Comahue)
Mario Pecheny. Sociólogo. (UBA-CONICET)
Esteban Damián Pontoriero. Docente. (IDAES/UNSAM-CONICET)
Gonzalo Pérez Álvarez. (Dir. Inst. de Inv. Hist. y Soc. de la Uni. Nac. de la Patagonia)
Fernan Gustavo Carreras, Dr. en Filosofía, Docente e Investigador (UNSE-UNT)
Soledad Lastra. Docente – Investigadora. (IDAES/UNSAM-CONICET)
Javier Trímboli. Profesor de Historia. (UNLP-UNIPE)
Santiago Garaño. Antropólogo. (UNTREF-UBA-CONICET)
Gabriela Águila. Historiadora. (ISHIR/UNR-CONICET)
Claudio Ingerflom. Historiador. (UNSAM)
Mariano Nagy. Profesor en Historia. (FFyL/UBA-CONICET)
Silvia Palomeque. Historiadora (IDH/UNC- CONICET)
Marcela Beatriz Cabrera. Docente. (FFyL/ UBA)
Pablo Sebastián Gargiulo. Abogado
Samanta Casareto. Historiadora. (FFyL/UBA)
Jorge Luis Amoretti. Sociólogo (UBA)
Walter Delrio. Docente. (UNRN-CONICET)
Sandra Gayol. Historiadora. (UNGS-CONICET)
Lucrecia Teixidó. Politóloga (UBA)
Daniel Boccoli. Docente (Facultad de Derecho/UNR)
Rosario Badano. (Univ. Autónoma de Entre Ríos- Univ. Nac. de Entre Ríos)
Pilar Pérez. Docente e Investigadora. (CONICET-UNRN)
Celia Claudia Salomon Tarquini. Docente e Investigadora (UNLPam-CONICET)
Martín Bergel. Historiador (UNSAM-UNQUI-CONICET)
Agustina Cinto. Antropóloga (CIS-IDES-CONICET)
Ana María Barletta. Docente e Investigadora (UNLP)
Alberto Aníbal Pérez. Docente e Investigador (UNLP)
Hernán Confino, Historiador (IDAES/UNSAM-CONICET)
Jorge Palacios. Sociólogo
Julio Guidi. Docente y Abogado (Poder Judicial Bs As.- Univ. Nac de José C, Paz)
90.Andrea Bolcatto. Docente-investigadora (UNL-UNER)

PERIODISTAS Y MEDIOS

Eduardo Anguita. Periodista y Escritor
Sergio Bufano. Periodista y Escritor
Carlos Gabetta. Periodista
Quique Pesoa. Periodista. Locutor
Leda Berlusconi. Periodista
Sonia Tessa. Periodista. Colectivo Ni Una Menos, Rosario
Virginia Feinmann. Escritora
Andrea Schellemberg. Documentalista
Fernanda Nicolini. Periodista

INDIVIDUALES Y ORGANIZACIONES SOCIALES

Víctor De Gennaro. Unidad Popular

María Teresa Piñero
Claudia Pereyra. Docente Jubilada
Lito Borello. Secretario de DDHH CTEP
Nadia Martínez, Directora FM Riachuelo
Luciano Alvarez. “Los Pibes”, Organización Social y Política
Andrea Benites-Dumont. Militante DDHH
Stella Maris García. CTA
Nilo Cayuqueo
Roberto Arturo Martínez. Abogado
Humberto Jorge Pereyra
Raúl Mario Geary

Del exterior:
Hernán Ramírez, Historiador, Universidade do Vale dos Rios dos Sinos, CNP,Brasil