Represión y muerte en el penal de Las Flores: ¿Qué pasa con la población carcelaria de Argentina?

A propósito de la muerte de cinco presos, brutalmente asesinados, en la localidad de Santa Fe, es preciso reflexionar por el rol del Estado a la hora de defender el derecho a la vida digna de la población que vive en contextos de encierro, en el contexto de una pandemia global que no ayuda para resguardar sus derechos básicos.

Por Rodrigo Lugones

El asesinato de cinco personas privadas de su libertad en el penal de la localidad santafesina de Las Flores, derivó en la intervención del ministro de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, Marcelo Sain, quien reestableció el orden a punta de pistola. El funcionario instrumentó el ingreso de grupos especiales de tareas de la policía provincial a las cárceles que dispararon contra los detenidos que se encontraban reclamando mejoras en sus condiciones de encierro.

Los internos de la Unidad 1 de Coronda (otra cárcel de la provincia que también se encuentra en conflicto), filmaron un video, dirigido a los jueces, fiscales, al Ministro de Seguridad y a los organismos de derechos humanos, donde exponen sus reclamos, comunes a toda la población carcelaria, a la cual le toca atravesar el estado de excepción propio de la pandemia del COVID-19, en un contexto de encierro.

Las autoridades penitenciarias no están cumpliendo la cuarentena, ya que, según el video, 2150 efectivos hacen el recambio de guardia por semana. Tampoco el resto del personal toma precauciones. Los mismos no usan guantes, ni tampoco barbijos. Muchos, inclusive, han vuelto recientemente del exterior, lo cual los vuelve más peligrosos a la hora de pensar el contagio masivo.

Los presos, de ésta manera, denunciaron el abandono de personas al cual están conminados. La ausencia de una política Estatal que les permita estar resguardados del virus, y transitar la pandemia, en un contexto de encierro, sin que se vean vulnerados sus derechos humanos, es el común denominador que recorre las cárceles argentinas.

Actualmente, los presos no pueden recibir alimentos de su familia, quedando, así, obligados a comer la comida (incomible) que provee, cuando puede y quiere, el servicio penitenciario.

Por otra parte, el cronograma de visitas (un momento de gran distención para quienes están privados de su libertad, ya que reciben a sus seres queridos y pueden disfrutar de su compañía) quedó suspendido, por lo tanto, los presos y presas de argentina han quedado incomunicados. Sabemos que el sistema de llamadas adentro de las cárceles es pago, y que circulan un sin número de negocios alrededor de la utilización de la telefonía al interior de los penales.

El ex ministro de Economía y viceopresesidente Amado Boudou, en relación a éste último punto planteado por los detenidos, hizo público un pedido en relación a la situación que atraviesa toda la población en contexto de encierro, en torno a evaluar la posibilidad de que tanto el servicio penitenciario como las empresas de telefonía liberen los teléfonos de las cárceles para que los presos y presas en aislamiento total pueden tener comunicación con sus familias.

El planteo no es excéntrico, sino perfectamente justificado. Los detenidos pretenden condiciones de aislamiento para evitar el contagio del virus. Alimento sano y digno, y la posibilidad de tener contacto telefónico con sus familiares y amigos, en tanto y en cuanto no se vuelva a habilitar el régimen de visitas.

Fuente: http://www.agenciapacourondo.com.ar/

Del pueblo Digital

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