Así lo advirtió el Defensor del Pueblo Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Walter Martello. El dato se desprende de las últimas estadísticas de natalidad difundidas por el Ministerio de Salud de la Nación. De cada 292 nacimientos que se registran en nuestro país, uno tiene como madre a una niña que no supera los 14 años de edad, lo que equivale a un nacimiento cada 4 horas.
En los últimos días, esta problemática fue puesta nuevamente en la escena pública a partir de campañas que fueron realizadas principalmente por organizaciones de la sociedad civil, a través de plataformas digitales, en el marco del Día de las Infancias. La instauración de lo que en su momento se denominó Día del Niño (también llamado en los últimos años Día de la Niñez y ahora considerado por el Estado nacional como Día de las Infancias), en sus comienzos fue pensada como una iniciativa global para concientizar sobre los derechos que le asisten a todas las niñas y niños.
Principalmente, salud, educación y protección. “Tomando como base esas premisas, y el verdadero sentido que hace 64 años le dieron desde las Naciones Unidas a esta jornada, entendemos que la problemática del embarazo infantil y adolescente no puede ser considerada como algo secundario. Por el contrario, merece ser ponderada como prioridad en materia de derechos humanos. Y debe reconocerse que es una cuestión pendiente que atraviesa transversalmente a los diferentes poderes del Estado, en todos sus niveles jurisdiccionales”, destacó Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría del Pueblo.
Ejemplo de esta situación es que, en los últimos años, los propios datos oficiales muestran que en la Argentina la tasa de recién nacidos con madres que no superan los 14 años se ha mantenido prácticamente inalterable. Solo se registran pequeñas variaciones.
¿Cuáles son las posibles soluciones? La respuesta tiene varias aristas. Por un lado, es indudable que se debe insistir en el fortalecimiento de las campañas de prevención del embarazo adolescente y en la aplicación de la Ley de Educación Sexual Integral, haciéndola abarcativa al conjunto de todo el sistema educativo, tanto de gestión pública como privada. Pero también es necesario apuntar al desarrollo de otro conjunto de medidas de prevención, detección y abordaje de la problemática en ámbitos sociales y comunitarios”, concluyó el Defensor del Pueblo Adjunto.
